Perú: el Tribunal Constitucional evaluará un amparo contra la disolución del Congreso

El pleno del Tribunal Constitucional, el órgano supremo en la interpretación y control de la constitucionalidad en el país, inicia este jueves el abordaje de la demanda de competencia promovida por la Comisión Permanente contra el Poder Ejecutivo en torno a la disolución del Parlamento.

Los siete magistrados del colegiado elegirán, primero, al ponente encargado del caso, explicó Ernesto Blume, presidente del TC, al reaparecer ayer, en silla de ruedas, luego de varios días en descanso médico tras una cirugía. “Luego —prosiguió Blume—, iniciaremos el debate sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la demanda, sobre la procedencia o improcedencia de la demanda”, explicó leyendo un documento. No precisó plazos, pero ofreció una rápida pincelada sobre el procedimiento:

“En el supuesto de que se admita, se corre traslado de la misma a la parte emplazada, que tendrá un plazo para contestar la demanda, y con contestación o sin ella, en esa eventualidad, se podrá citar a una audiencia y escuchar a los abogados y resolver”.

Expertos consultados estiman que todo el proceso podría concluir a fin de año, incluso en enero de 2020. El propio Blume estimó en setiembre pasado entre tres y cuatro meses.

El magistrado remarcó con bastante énfasis la independencia y autonomía del TC.

“Además, comenzaremos a analizar, con el cuidado y la prolijidad que caracteriza a todos los magistrados del TC, el pedido de medida cautelar que ha formulado la parte demandante (Pedro Olaechea)”. añadió.

Anunció que analizarán la medida cautelar “con mucha prudencia y seriedad”.

No especificó en qué momento evaluarán la medida cautelar, si al comienzo o al final del proceso. Según los expertos, si el TC resuelve la medida cautelar en favor de la Comisión Permanente, quedaría anulada la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

Elección

El jueves será evaluado también la elección, por parte del Congreso, del abogado Gonzalo Ortiz de Zevallos como posible magistrado del TC. Recibió solicitudes del citado abogado en dos ocasiones, así como de congresistas a favor y en contra.

Opinión

Horas antes de que el TC diera a conocer su apretada agenda, la Comisión de Venecia publicó la opinión solicitada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, sobre la posibilidad de someter las reformas constitucionales a cuestiones de confianza.

El documento mantiene una postura neutral sobre la crisis en el país; sin embargo, sostiene que la Constitución del Perú no establece ninguna limitación explícita respecto a los temas que puedan ser vinculados a una cuestión de confianza.

“Dependerá del TC decidir si las iniciativas de reforma constitucional pueden ser sometidas a una cuestión de confianza”, se lee en el texto.

En la misma línea, remarca que “es inusual vincular las reformas constitucionales a una cuestión de confianza”.

Conclusiones

En el documento de 12 páginas, destaca que cualquier proceso de reforma constitucional debe preservar “el principio de separación de poderes”.

“El poder del Presidente para vincular una cuestión de confianza a las enmiendas constitucionales puede crear un riesgo de ser usado para alterar este equilibrio”, señalan.

Además, refieren que la amenaza de la disolución, después de la segunda votación sobre una cuestión de confianza, puede “dificultar que el Congreso resista los intentos de alterarlos a favor del Presidente”.

En ese sentido, admiten que en el Perú existen límites para las reformas; sin embargo, sus alcances no están claramente definidos.

El texto del grupo europeo sugiere que las reformas deben basarse en un amplio consenso.

“Por esta razón, normalmente una Constitución está diseñada para que modificarla sea difícil”, agregan.

Para los especialistas, así se asegura la permanencia, estabilidad, predictibilidad y continuidad de los procesos.

Por último, la Comisión de Venecia espera que el presidente Vizcarra y el Congreso puedan llegar a un acuerdo y encontrar soluciones.

Insumo

El constitucionalista Víctor García Toma consideró que la opinión de la Comisión de Venecia será un insumo importante para que el TC resuelva los casos pendientes. “En principio, porque el TC forma parte de la Comisión de Venecia, confía en sus opiniones porque son acertadas y válidas. De hecho que sí le sirve para los temas de la cuestión de confianza y adelanto de elecciones”, indicó.

En diálogo con Correo, el exministro de Justicia aclara que la opinión del grupo europeo no genera ninguna consecuencia, pero contribuye a la discusión. “No es un informe de manera tajante que se coloque en una posición u otra, pero lo que hace es dejar sentado puntos que denotan, por lo menos, alguna parte de la argumentación del Congreso”, manifiesta García Toma.

Diario Correo


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