Bolivia: la represión en Senkata suma nueve muertos y la ONU exige investigación

Bolivianos protestan contra la represión en la planta de hidrocarburos de Senkata, que dejó nueve muertos

Cientos de bolivianos se movilizaron este miércoles hasta la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz, para repudiar la represión militar y policial en la planta de hidrocarburos de Senkata, que dejó nueve muertos y decenas de heridos.

«El Alto no está solo, carajo», gritaron miles de personas en esta ciudad, un día después de que miembros de la Policía y el Ejército reprimieran con armas de fuego una manifestación contra la autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez.

Los manifestantes llegaron a esa ciudad, desde al menos veinte provincias del país, para protestar por los fallecidos durante la violenta represión en la planta de hidrocarburos, así como para exigir la aparición de varios compañeros de los que se desconoce el paradero.

En los alrededores de la planta, de indígenas y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS) guardaron un minuto de silencio por los fallecidos, previo a la celebración de un cabildo abierto en el que acordaron, por medio de votación, los siguientes puntos:

  • Continuar con los bloqueos hasta lograr la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez.
  • La libertad a todos los detenidos durante las manifestaciones.
  • Una movilización hacia La Paz para el próximo jueves 21 de noviembre.

Cientos de personas acompañaron a los familiares de las víctimas de la represión durante el velorio en la Iglesia de San Francisco de Asís, en El Alto. Desde ahí, denunciaron que «con muertos no habrá paz» en Bolivia.

Hasta este miércoles, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia cifraba los fallecidos en ocho: Edwin Juchamani Paniagua; Rudy Cristian Vásquez; Juan José Tenorio Mamani, de 23 años; Joel Colque Patty (22); Antonio Ronaldo Quispe Ticona (23); Pedro Quispe Mamani (37); Clemente Eloy Mamani Santander (23); y Devi Posto Cusi (34).

No obstante, la representante de la Defensoría del Pueblo confirmó al corresponsal de RT en Bolivia, que han contabilizado nueve muertos.

Movilizaciones se intensifican

Las manifestaciones en El Alto, bastión de movimientos campesinos e indígenas que apoyan a Morales, se incrementaron luego de la fuerte represión de los cuerpos de seguridad del Gobierno de facto en contra de una marcha pacífica de cocaleros en Cochabamba, que dejó el pasado viernes nueve personas muertas por heridas de bala y más de 115 heridos.

Tras la represión en Cochabamba, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció la emisión de un «grave decreto» aprobado por el Gobierno de facto, que exime de «responsabilidad penal al personal de las fuerzas armadas de Bolivia que participe en los operativos de restablecimiento y estabilidad del orden interno».

El documento, firmado el 15 de noviembre por el Gobierno interino, autoriza a los militares a usar «todos sus medios disponibles» para controlar las manifestaciones.

Parar la represión

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno de facto desmovilizar a las Fuerzas Armadas, ya que «las intervenciones policiales y militares en el país están generando muerte y dolor en el pueblo boliviano».

Asimismo, la Defensoría llamó a suspender el sobrevuelo de aeronaves en el distrito 8 de El Alto para mantener la tranquilidad de la población.

Por su parte, en unas declaraciones a la prensa en Nueva York, Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, instó a las autoridades bolivianas a rendir cuentas en casos de violencia y fallecimientos durante las protestas.

«Ninguna muerte de manifestantes civiles es aceptable«, dijo Dujarric tras las denuncias sobre el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Ejército y la Policía para reprimir manifestantes que se oponen al golpe de Estado.

La Época


La ONU exige investigación imparcial por muertes y que la Policía rinda cuentas

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó la tarde de este miércoles una investigación “rápida, imparcial y exhaustiva” de las muertes de varias personas en choques con las fuerzas del orden en El Alto.

Guterres, a través de un portavoz, lamentó el fallecimiento de al menos cinco individuos –la cifra oficial se elevó este miércoles a ocho– y subrayó que debe haber “rendición de cuentas” por parte de la Policía.

El jefe de Naciones Unidas llamó a las autoridades a “asegurar que las fuerzas de seguridad cumplen con las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.

“Condenamos toda la violencia y llamamos a los actores políticos y sociales, incluidos los manifestantes, a actuar con contención para facilitar el camino a un diálogo pacífico y a soluciones para la actual crisis”, señaló el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su conferencia de prensa diaria.

Correo del Sur


Hay preocupación en la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamó ayer por el decreto que exime a las Fuerzas Armadas de toda responsabilidad penal en su tarea de contener los conflictos sociales en el país porque pondría en riesgo de impunidad posibles hechos de violación de los derechos humanos, a lo que el Gobierno respondió que no tienen una “carta blanca para actuar”.

En un comunicado, la CIDH expresó su “enérgica condena al uso excesivo de la fuerza por parte de operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para reprimir recientes manifestaciones en Bolivia” y urgió al Estado “a tomar las medidas necesarias para evitar la impunidad”.

El organismo demandó al Gobierno “garantizar el derecho a la reunión pacífica y a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas y de los organismos autónomos de protección y defensa de los derechos humanos”, en medio de la crisis.

Consideró “crucial” que se construya un diálogo.

“Es de particular preocupación para la Comisión el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal”, refiere otro punto del documento en referencia al Decreto 4078, que exime de responsabilidad penal a los militares que, junto a los policías, participan de los operativos de desbloqueo y contención de movilizaciones, como el ocurrido en Cochabamba.

La CIDH informó ayer que su secretario ejecutivo Paulo Abrão, estará en el país entre el 22 y 25 de este mes para evaluar la situación de derechos humanos. En Twitter, la CIDH confirmó la “visita de trabajo” liderada por Abrão junto con un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, órgano autónomo de la OEA.

RESPUESTA DE LA CANCILLERÍA

Las Fuerzas Armadas “no tienen carta blanca para actuar” y el Decreto 4078 busca preservar la integridad de los bolivianos y evitar el vandalismo, respondió ayer el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez.

La Cancillería recordó, en un comunicado, que los militares “deben conducirse bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad ante los disturbios violentos, para contener el ataque que se está desarrollando contra la vida y la propiedad de ciudadanos bolivianos”.

Para el Gobierno el decreto en cuestión está enmarcado en la legislación y respeto a los derechos humanos. “El objetivo del Decreto es preservar la integridad de los bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo, que ya se efectuaron en contra de domicilios privados, establecimientos comerciales y reparticiones de la Policía nacional, incluyendo la quema de buses del transporte público y el saqueo a reparticiones estatales”, agrega el comunicado.

LA ONU

La ONU, a su vez, llamó a la contención a todos los actores de la crisis y subrayó que la muerte de manifestantes civiles no se pueden aceptar y que tiene que haber una rendición de cuentas.

“Estamos preocupados por los acontecimientos. Es importante volver a llamar a todos los actores a que den una oportunidad al diálogo, incluyendo con el ejercicio de contención tanto en actos como en palabras”, dijo ayer en la sede de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, el portavoz del jefe de la organización, António Guterres.

Aunque no quiso referirse al Decreto 4078, Dujarric recordó que el delegado de la ONU, Jean Arnault, mantiene en el país contactos con actores políticos y sociales con el fin de subrayar la necesidad de que termine la violencia y se protejan los derechos humanos y para apoyar una salida “pacífica a la crisis” con unas “elecciones libres, creíbles e incluyentes”.

DEFENSORÍA

La Defensoría del Pueblo presentó ayer una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto 4078 y exigió al Gobierno la desmilitarización para evitar más muertes.

La defensora Nadia Cruz enfatizó que la desmilitarización podría ser un primer paso para que el Gobierno pueda abrir un acercamiento e iniciar un proceso de diálogo efectivo para promover una real pacificación del país. Recordó que la intervención militar solo está dejando muertes, la anterior semana en Huayllani (Sacaba) y ayer en Senkata.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, demandó la derogación de este decreto durante una reunión sostenida con el Gobierno de la presidenta Jeanine Áñez. El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, al respecto señaló que está de acuerdo con derogar el decreto, pero condicionó la demanda a la desmovilización de los sectores violentos.

En la jornada

• Campesinos afines al MAS decidieron mantener cercos y bloqueos en departamentos sobre todo de la zona andina.

 Representantes de los Yungas expresaron su respaldo al Gobierno y pidieron a los sectores en conflicto que depongan actitudes de violencia.

 Legisladores de UD anunciaron una demanda contra cuatro alcaldes de La Paz y un diputado del MAS por sedición.

 Productores apoyaron ayer a los Policías para desbloquear carreteras bloqueadas en los valles cruceños.

 El Transporte Pesado denunció que 5.000 camiones están varados en las carreteras.

 La Policía investiga la identidad de quienes torturaron y provocaron la muerte de un sargento de Policía en El Alto.

 Rafael Chambi, el ciudadano que le gritó “Bolivia dijo no” a Evo Morales en Potosí, obtuvo su libertad.

 Una turba quemó y destrozó la estación policial del municipio de Punata.

 La Fiscalía ordenó la aprehensión del Director de Informática del Tribunal Supremo Electoral, procesado por delitos electorales y corrupción.

Correo del Sur


El Alto anuncia que radicalizará medidas frente a muertes en Senkata

Vecinos de la ciudad de El Alto se encuentran en estado de emergencia frente a la pérdida de al menos seis vidas en los enfrentamientos suscitados en la zona de Senkata.

Información brindada por el periodista Humberto Pacosillo da cuenta que los vecinos del norte y sur de ese municipio se organizan para llevar adelante bloqueos y una vigilia permanente en repudio a las muertes y heridos en Senkata, además del temor a ser víctimas de saqueos.

Las vigilias con el pedido de pacificación se llevan adelante en diferentes puntos de ésta ciudad, uno de ellos fue el protagonizado por vecinos de la urbanización Lotes y Servicios de la zona de Río Seco que marcharon con banderas blancas pidiendo paz para Bolivia.

Otros puntos de bloqueo reportados por Pacosillo están en la zona de Santigo II, Rosas Pampa, Senkata, Tilata, el puente y extranca de Río Seco.

Por otro lado otro grupo de personas manifestó que no permitirán el ingreso de ningún carro cisterna proveniente de Chile y Perú, que estarían prestos a ingresar por la localidad fronteriza de Desaguadero, motivo por el que instalaron un fuerte resguardo en el lugar.

EJU


Potosí: Campesinos afines al MAS marcharon exigiendo el respeto a la Wiphala

Más de medio millar de campesinos de la provincia Cornelio Saavedra llegaron a la ciudad en una marcha pacífica con la finalidad de desagraviar al símbolo de la whipala y exigir la abrogación del «decreto de la muerte», además de otras cuatro demandas sectoriales.

Las personas del área dispersa fueron trasladadas en buses y camiones hasta la localidad de Karchipampa. Desde ahí entraron en una manifestación y avanzaron 10 kilómetros hasta llegar al centro de la ciudad, plaza de armas 10 de Noviembre. En el frontis de la Gobernación se izó las banderas boliviana, potosina y la whipala.

Los campesinos de esta provincia del Departamento de Potosí instalaron al menos cuatro bloqueos entre Potosí y la población de Millares, camino troncal que une con Sucre.

El dirigente de los campesinos, Simeón Charcas, afirmó en el acto preparado que los saavedreños iniciaron la resistencia civil contra Jeanine Áñez porque consideran que el Gobierno es «de facto» al auto proclamarse presidenta de Bolivia. Lamentó que en el poco tiempo que está la presidenta hay más 20 personas fallecidas. «Eso nunca debe ocurrir en nuestro territorio. No vivimos en una dictadura. Vivimos en una democracia», señaló al demandar que el Gobierno debe respetar la vida humana y los derechos de todos los bolivianos.

«Por eso estamos exigiendo la renuncia inmediata de la señora Jeanine Áñez, por las muertes de los hermanos campesinos, 800 heridos y más de 600 detenidos en todo el territorio nacional», expresó a viva voz.

El dirigente, a nombre de los movilizados, exigió la abrogación inmediata del Decreto Supremo 4078, el cual es calificado como el «decreto de la muerte», además del repliegue de los militares a los cuarteles.

Charcas solicitó garantías para todos los dirigentes de las organizaciones sociales que presuntamente son perseguidos por las fuerzas del orden.

También pidió el respeto a las autoridades electas de manera soberana y, finalmente, los campesinos exigen el respeto a la whipala.

«Esta es nuestra voz de los pueblos indígenas originarios, por eso estamos aquí en pie de lucha, en pie de resistencia», sostuvo y, al final, solicitó la renuncia de los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

Por su parte, el gobernador del Departamento de Potosí, Omar Veliz, expresó a la multitud que Potosí es el ejemplo de «humildad y paz» y que la actitud pasiva debería replicarse en los distritos donde existe extrema violencia.

«Queremos decirle a Bolivia y al mundo, una vez más, que tenemos la capacidad de articular con la Policía, con el Ejército, con nuestras organizaciones vivas, que podemos vivir sin represión», exclamó y los campesinos al unísono respondieron: «¡sí, bravo!». También remarcó que los campesinos tienen el derecho a la libre expresión y la locomoción en todo el territorio nacional. Los campesinos negaron que la banda de músicos de la Policía acompañe la marcha debido a que, dijeron, están de luto por la muerte de Marcelino Jarata que perdió la vida a raiz de un impacto de bala en los enfrentamientos que hubo en la capital de la provincia Cornelio Saavedra. Uno de los campesinos portaba una bandera de color negro como símbolo de dolor por el deceso del campesino.

500

Campesinos llegaron a la ciudad de Potosí en una manifestación haciendo conocer sus reclamos y peticiones.

EJU


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