Chile: cuando reaparece lo colectivo – Por Gabriel Ossandón
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Gabriel Ossandón (*)
En Chile van tres semanas de la manifestación social más grande desde el retorno a la democracia. Plaza Italia, el lugar donde las y los santiaguinos se reúnen, es hace diecinueve días un campo de batalla. El Estado de Emergencia no detuvo la manifestación. Tampoco los veinte muertos, las ciento treinta personas torturadas o las ciento setenta con heridas oculares por balines de la policía. Van veinte días en que el presidente le declaró la guerra, le pidió perdón y le agradeció al mismo pueblo.
Las causas han sido correctamente recogidas por varios medios internacionales. El país laboratorio del neoliberalismo, a su vez custodiado por la Constitución de la dictadura de Augusto Pinochet, ha sostenido una desigualdad que las y los chilenos ya no soportan. ‘Chile despertó’ contra una estructura de sociedad que le resulta abusiva. La transición ejemplar, el oasis latinoamericano, ocultó bajo la alfombra una democracia escuálida, corrupta y, muchas veces, violenta.
La victoria de Piñera en 2017 pareció maciza. El programa de gobierno, que buscaba relegitimar el Chile neoliberal, fue pensado para ocho años. Aquello era un botón de muestra de la confianza que otorgaban los vientos favorables dados por la elección de Macri en Argentina, el “fin del ciclo progresista” en América Latina y el descrédito del último gobierno de Michelle Bachelet y su intento transformador.
Los primeros meses, no se veía desde dónde detener la ofensiva derechista. Lo que es, quizás, el mayor legado de los veinte años de la Concertación: el descampado en el que se encontraban las fuerzas transformadoras. Durante los largos noventa y comienzos de este siglo, desincentivaron la sindicalización, la defensa de los derechos humanos y la organización social y cultural. Probablemente, convencidos de ser la transición ejemplo y que, efectivamente, gobernaban en el fin de la historia.
En medios de comunicación, el desamparo es total: el dueño de Canal 13, es además propietario del banco más importante de Chile, de la cadena de bebidas más grande, de una distribuidora de petróleo y de gran parte de la minería chilena. Chilevisión es de Turner, una transnacional. Mega, otro canal, de los dueños de uno de los clubes de fútbol más populares del país, de al menos cuatro radios FM, de clínicas y de gran parte del negocio hípico. El canal “público”, sujeto a las reglas del mercado, es un privado más. Hoy, a 20 días del estallido, mientras la arteria principal de los barrios acomodados estaba tomada por jóvenes manifestantes, había una cadena nacional de teleseries, programas de entretención y variedades.
A pesar de todo, las y los chilenos no dejan de sorprender a sus élites. Este es el mayor estallido de nuestra historia reciente, pero el cúmulo de tantos otros. El movimiento estudiantil del 2006 impugnó el lucro económico como motor de la sociedad y el del 2011 exigió una educación para todas y todos. El 2016 el movimiento No+AFP –contra el sistema que trató de replicar las AFJP– llenó nuestras calles y, más reciente, las mujeres crearon un histórico 8M, el marzo recién pasado. Todos estos movimientos crearon nuevos actores políticos. Además, le enseñaron a toda una generación cómo organizarse y por qué desconfiar de sus instituciones. La política chilena fue incapaz de procesar ninguna de aquellas demanda y siguió alimentando esta bomba de tiempo.
Esta vez, tal como en 2006, fueron los estudiantes secundarios quienes comenzaron la movilización. Evadieron el transporte público gritando “otra forma de luchar”. A su corta edad, solo han visto sucederse gobiernos de Piñera y Bachelet, durante trece años. Al volver a sus casas, ven a sus a padres y madres viviendo del endeudamiento, a abuelos con pensiones de pobreza y propia necesidad de tomar un crédito a quince años para optar a la universidad. Razones para dudar de esta democracia, les sobran.
A los estudiantes se sumaron todas las demandas y movimientos. Feministas, ciclistas, barras bravas, sindicatos, organizaciones ambientales, de la salud y personas, muchísimas personas. Ancianos, adultos y jóvenes, se aplauden y dan fuerzas entre ellos. Del descampado concertacionista, nacieron lentamente muchas y pequeñas organizaciones que, sin capacidad aún de coordinarse unas con otras, se encontraron en la indignación. Así llegaron un millón doscientas mil personas –en un país de diecinueve millones– a reunirse en el centro de Santiago hace ya dos viernes. Apareció el pueblo chileno. Y canta el pueblo unido. Apareció, en definitiva, lo más importante que nos cercenó la dictadura: lo colectivo.
La fortaleza del movimiento es precisamente la transversalidad de su impugnación. “No son 30 pesos, son 30 años”, fue el slogan de los primeros días. Los treinta años de democracia bajo la Constitución dictatorial. Aquella transversalidad, no se resuelve con un “paquete de medidas”, sino que obliga a exigir un cambio constitucional. Reafirmando aquello, las encuestas son reveladoras: ocho de cada diez chilenos quieren una nueva Constitución.
La derecha chilena, consciente de la ventaja que obtiene de las actuales reglas constitucionales, no está dispuesta a un plebiscito que abra un proceso de transformación. Por ello, en su desesperación, abandonó su programa de gobierno y ha ofrecido paquetes de medidas sociales. Hasta acá, la movilización no ha retrocedido. Recorriendo las calles de Santiago se ve la misma rabia, fuerza y convicción.
(*) Abogado, director ejecutivo de la Fundación La Casa Común de Chile
