Chile: diputados oficialistas presentan recurso para remover a parlamentarios de la oposición

271
Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Diputados oficialistas ingresaron recurso ante el TC para sacar de sus cargos a parlamentarios del FA y PC

Un grupo de diputados oficialistas, entre los que se encuentran Jorge Alessandri (UDI), Ignacio Urrutia (Partido Republicano) y Camila Flores (RN), presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para ver si es posible remover de su puesto a 12 parlamentarios del PC y el FA, bajo el argumento de que incitaron a la alteración del orden público en medio de la crisis política que vive el país.

El requerimiento está basado en el artículo 60 de la Constitución, donde se señalan cuáles son las causales de cesación del cargo parlamentario. La acción apunta a los nueve diputados de la bancada comunista, entre ellos Camila Vallejo, Karol Cariola y Carmen Hertz, junto con los parlamentarios del FA, Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix.

Según indica El Mercurio, el texto fue redactado por un grupo de abogados vinculado al Partido Republicano y reúne una serie de mensajes enviados a la ciudadanía por los congresistas acusados.

A juicio del diputado Urrutia estos mensajes “están llenos de llamados al desorden, a faltar a la ley y a provocar desmanes”, lo cual hace posible aplicar el artículo de la Constitución.

Por su parte, Alessandri señala que “dadas las declaraciones, llamados a ‘luchar’, tuits en redes sociales y videos que han difundido algunos diputados del PC y el FA, nosotros -que juramos respetar la Constitución cuando asumimos el cargo- queremos preguntarle al TC si, según ellos, estos parlamentarios están infringiendo el artículo 60 o no, y que tome las medidas que estime pertinente”.

Entre las pruebas presentadas por los diputados oficialistas hay un tuit de la cuenta de diputados del PC donde se respaldan las evasiones masivas en el Metro, que se produjeron luego del alza de la tarifa del tren subterráneo.

El mensaje señala que “como bancada del Partido Comunista, respaldamos las llamadas evasiones masivas convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del metro de Santiago. Son acciones legítimas de desobediencia civil, un a expresión de reclamo acumulado ante el aumento continuo del precio de los servicios básicos”.

El documento también describe la reacción que tuvo el diputado Boric en una protesta en Santiago, donde encaró a un grupo de militares en Plaza Italia.

El Desconcierto


Diputados de Chile Vamos y de Kast piden destitución de comunistas y frenteamplistas

Un grupo de 10 diputados pertenecientes a Chile Vamos y al Partido Republicano (en formación, extrema derecha) solicitó al Tribunal Constitucional que evalúe la destitución de 12 legisladores comunistas y frenteamplistas que -a su juicio- infringieron la Carta Magna en el contexto de las recientes protestas sociales.

La presentación, de 26 páginas, incluye a miembros de la UDI, como Jorge Alessandri, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, Cristián Moreira, Osvaldo Urrutia y Celso Morales; de RN -Harry Jurgensen, Carlos Kuschel, Camila Flores y Aracely Leuquén-; y a Ignacio Urrutia; miembro de la colectividad que lidera José Antonio Kast.

Éstos argumentan que 12 de sus colegas de la izquierda -los nueve de la bancada comunista, además de Gabriel Boric, Gonzalo Winter y Claudia Mix, del Frente Amplio- incitaron a la alteración del orden público, a la rebelión y a desconocer la autoridad de las fuerzas policiales y militares- durante la reciente convulsión social, consignó El Mercurio.

“Llamados a provocar desmanes”

El escrito fue redactado por abogados del movimiento kastista, e Ignacio Urrutia explicó al diario que, mediante diversas acciones, los denunciados hicieron “llamados al desorden, a faltar a la ley y a provocar desmanes”.

Durante esta jornada, en el Congreso, Urrutia señaló que la acusación a sus pares de la izquierda es “por faltar a sus deberes parlamentarios, faltar al juramento que hicieron cuando asumieron su cargo”.

“Esperamos que el Tribunal Constitucional acoja nuestra demanda y los termine destituyendo, cesando de sus cargos políticos”, indicó.

“Estamos convencidos de que aquí se hizo un llamado a faltar a la legalidad, justificando, por cierto, la evasión del Metro. En otro caso, ellos estuvieron en marchas -muchas de ellas que terminaron, desgraciadamente, en actos de gran vandalismo y violencia- incitando, por cierto, también a hechos de violencia”, dijo Camila Flores, también en el Congreso.

Felipe Alessandri había señalado a El Mercurio que hubo “llamados a ‘luchar, tuits en redes sociales y videos que han difundido algunos diputados del PC y el FA”, y la idea es “preguntarle al TC si, según ellos, estos parlamentarios están infringiendo el artículo 60 (de la Constitución) o no, y que tome las medidas que estime pertinentes”.

“Cesará en sus funciones el diputado o senador que, de palabra o por escrito, incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la Nación”, dice el señalado Artículo 60.

Dentro de las pruebas se cita un tuit de la cuenta de la bancada de diputados del PC que declara, el 18 de octubre (día que estallaron las protestas masivas): “Como bancada del Partido Comunista respaldamos las llamadas evasiones masivas convocadas y desarrolladas por estudiantes y ciudadanos ante el alza de la tarifa del metro de Santiago. Son acciones legítimas de desobediencia civil”.

También se acusa la actitud de Gabriel Boric cuando, en una protesta en Plaza Italia, encaró a militares.

Carmen Hertz: “Escorias”

La noticia fue comentada con dureza por la diputada Carmen Hertz, una de las acusadas por sus pares de derecha.

En su cuenta de Twitter, la abogada de derechos humanos acusó una “pretensión delirante” de lo que calificó como “verdaderas escorias dictatoriales”, que “meterían preso hasta a Gandhi , baluarte de la desobediencia civil”.

Teillier: “No hemos llamado a la desobediencia civil”

“Calificar de legítima una acción del pueblo, cuando es éste el que en su pleno derecho la realiza, no es un delito. Sí lo es declarar la guerra a un pueblo desarmado”, afirmó, por la misma vía, el timonel PC, Guillermo Teillier.

En la sede parlamentaria, Teillier afirmó que “hay que tener una mentalidad muy obtusa para hacer una acusación como ésta, porque nosotros no hemos llamado a la desobediencia civil. Sólo calificamos un acto que ha sido legitimado por el pueblo, y tan legitimado que el Gobierno cedió a las peticiones”.

“Yo creo que es mucho más grave llamar a la guerra contra un pueblo desarmado. Eso sí que es grave”, apuntó Teillier.

También se expresaron en redes sociales otros legisladores PC:

En tanto, desde el Frente Amplio, Gabriel Boric expresó: “La derecha nos intenta destituir x apoyar la movilización. Ante esto reitero mi compromiso cn la movilización del pueblo de Chile”.

Boric contó en el Congreso que el episodio por el que se le critica “en una protesta, donde estábamos en Plaza Italia, había militares con armas de guerra y, evidentemente, militares con armas de guerra no pueden controlar una manifestación que, en su gran mayoría, era pacífica”.

“Esa convicción es la que, yo creo, representa a quienes no queríamos a los militares en la calle, y en ningún caso he tenido ninguna agresión ni llamado a la violencia. Jamás lo he tenido”, dijo el ex presidente de la FECh.

“Seguiremos apoyando la manifestación social y las justas demandas por una vida digna. No nos amedrentaron ayer, no nos amedrentan hoy”, indicó Claudia Mix.

Cooperativa


Acusación Constitucional a Chadwick: Un difícil escenario en el Senado

“No tengo opinión”. La respuesta de los senadores de oposición es estándar al ser consultados por su posición frente a la acusación constitucional al exministro del Interior Andrés Chadwick. El ex senador de la UDI fue uno de sus pares hasta julio de 2011 cuando saltó a La Moneda en la primera administración de Sebastián Piñera. Hasta hoy mantiene vínculos de amistad con parlamentarios de su sector y también tiene sintonía con algunos de oposición como Guido Girardi y Jorge Pizarro, entre otros.

Ninguno de esos criterios pesará si la acusación prospera en la Cámara de Diputados -que debería votar el libelo a fines de mes- y los senadores se ven obligados a actuar como jueces. Aunque en el Senado la oposición no ha tomado una determinación conjunta sobre el tema, en La Moneda tienen poca confianza de que la acusación se logrará contener en ambas cámaras.

A diferencia de la acusación constitucional que enfrentó la ministra de Educación Marcela Cubillos, el gobierno esta vez cree que la presión de las organizaciones sociales ante las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el marco de las movilizaciones dificultará contar con “votos descolgados”.

Esta vez el libelo se ingresó con todos DC que suelen estar a favor del gobierno como el del diputado Gabriel Silber, y en las bancadas del PS y el PPD se llegó al consenso de que era más viable apuntar constitucionalmente al exministro que aventurarse a una acusación contra el Presidente Sebastián Piñera.

Un marco complejo en la Cámara, dificulta también el escenario en el Senado. La apuesta de La Moneda -dice un alto funcionario- es apelar a que en el Senado pesen los argumentos de la defensa de Chadwick que representa el abogado Luis Hermosilla. “Hay gente que entiende mejor el tema de la seguridad pública y las atribuciones que debe ejercer un gobierno. Gente más reflexiva, donde pesan los argumentos”, dice un alto funcionario.

Representantes de todas las bancadas de oposición aseguran que el tema de la acusación a Chadwick ha estado lejos de ser un tema protagónico. Aseguran que en un escenario de crisis social la prioridad ha sido avanzar en los acuerdos con el Gobierno y que el asunto sólo cobrará relevancia si pasa la Cámara.

Un senador PPD reconoce que hace una semana el tema se intentó abordar en un almuerzo de la oposición. Uno de los parlamentarios dijo que era relevante tomar una decisión conjunta. Sin embargo, asegura la misma fuente, el senador Pedro Araya dijo que no valía la pena desgastarse en ese asunto pues podría perderse en la Cámara en último minuto.

Otro senador PS asegura que el tema también se abordó ayer en una reunión con el ministro Gonzalo Blumel y el subsecretario Claudio Alvarado. “Se les dijo que el escenario sería complicado en el Senado si la Cámara aprueba la acusación”, comenta un asistente a esa reunión.

La Tercera


Tribunal admite a trámite una querella contra Piñera por violaciones a los derechos humanos

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada contra el Presidente Sebastián Piñera y quienes resulten responsables por permitir la violación a los derechos humanos durante las últimas semanas tras el estallido social del pasado 18 de octubre.

Uno de los 16 abogados que presentó este libelo, Óscar Castro, detalló que también pueden existir otras autoridades responsables de los ataques perpetrados por Carabineros y militares contra civiles.

“Lo que se busca es deslindar responsabilidades en los delitos de violación a los derechos humanos en las autoridades. Nosotros evaluamos que la última autoridad responsable es el Presidente de la República”, dijo el jurista.

“No obstante lo anterior, pueden haber otras autoridades civiles y naturalmente autoridades militares que también pueden llegar a tener responsabilidad”, añadió el abogado.

La querella pide que se nombre un fiscal exclusivo para indagar al Presidente Piñera y a las otras autoridades y también solicita que se realicen múltiples diligencias para establecer responsabilidades.

La querella quedó en la Fiscalía Centro Norte donde se nombrará a un persecutor para seguir adelante con la indagatoria.

Cooperativa


Piñera anuncia que visitará a “civiles que han sufrido de la violencia” sin precisar si se trata de heridos que el INDH contabiliza en más de 1.600

El Presidente Sebastián Piñera descartó que el Gobierno haga una diferencia de trato entre los carabineros heridos y las víctimas civiles, uno de los principales cuestionamientos que se han lanzado al Ejecutivo en medio de la crisis.

Tras la firma del proyecto que aumenta el ingreso mínimo esta mañana en La Moneda, el Mandatario respondió una pregunta al respecto, y se comprometió a visitar personalmente –él y sus ministros- a “civiles víctimas de la violencia”, tal como lo ha hecho con los efectivos lesionados.

“No hay ninguna diferencia, igual como hemos visitado a los carabineros y carabineros heridos en confrontaciones, también algunos ministros y yo también lo haré personalmente, vamos a visitar a civiles que han sido víctimas de la violencia durante esas últimas semanas”, indicó.

La crítica al Gobierno por la diferencia de trato ha apuntado en especial a la ministra de la Mujer, Isabel Plá, a quien organizaciones feministas y de oposición le han enrostrado su silencio frente a los casos mujeres víctimas de detenciones y violencia sexual, y en cambio solo pronunciarse sobre el caso de las dos carabineras heridas con una bomba molotov en la manifestación del lunes en Plaza Baquedano.

Si bien Piñera no dio detalles sobre los “civiles víctimas de la violencia” que visitará, el rango es amplio tomando en cuenta que solamente de acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), los heridos constatados en hospitales son 1.659. De ellos, 160 tienen con lesiones oculares productos de balines disparados por Carabineros, uno de los temas más controvertidos del accionar policial en este estallido social.

Sin embargo, las cifras del Gobierno son distintas, porque según el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, hay 231 civiles lesionados.

“Respeto irrestricto a los Derechos Humanos”

El Mandatario aprovechó la pregunta para reiterar “el compromiso de nuestro Gobierno, el compromiso de este Presidente con el respeto irrestricto, absoluto y total a los Derechos Humanos en todo tiempo lugar y circunstancia es total”.

“Yo mismo hablé con los jefes de Defensa de la Región Metropolitana, Valparaíso y Biobío, para hacerles ver que se debe aplicar fielmente el uso de la fuerza, nosotros no tenemos nada que ocultar”, sostuvo.

Agregó por otro lado que “con la misma fuerza con la que vamos a perseguir a estos grupos criminales, que atentaron contra el Metro, comercio, supermercados, locales comerciales y los vamos a llevar a la Justicia; con la misma fuerza o rigor, se condenará cualquier exceso o falta de respecto al protocolo del uso de la fuerza también será investigado por la fiscalía y revisado por los Tribunales de Justicia”.

“Este puede no ser el mejor momento, pero los carabineros y miembros de FFAA que cumpliendo de la ley establecida en la Constitución salieron a las calles durante 9 días, lo hicieron para proteger a los chilenos, nuestras vidas, nuestros bienes, para evitar que destruyeran patrimonio, no confundamos la labor de Carabineros y las FFAA de Chile que dentro de la Constitución asumieron su deber, con aquellos miembros que pudieron cometer delitos”, indicó.

El Mostrador


Fiscalía procesará a 14 carabineros por torturas en Ñuñoa y La Florida

El jefe de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, anunció que 14 funcionarios de Carabineros serán formalizados por delito de torturas en contra de manifestantes en el marco de las protestas derivadas de la crisis social.

El persecutor además sostuvo que solicitará prisión preventiva para los uniformados involucrados en estos casos registrados en Ñuñoa y en La Florida durante el estado de emergencia.

“Hemos tomado la decisión de formalizar dos casos distintos por delitos de tortura cometidos por funcionarios públicos, en este caso, por funcionarios de Carabineros”, dijo Guerra.

“Ambos hechos ocurren el día 21 de octubre, a eso de las 21:00 horas, uno en la Plaza Ñuñoa, el cual tomamos conocimiento de hecho por imágenes de televisión donde se puede observar como un grupo de funcionarios de fuerzas especiales de Carabineros agreden luego de detener a una persona que se estaba manifestando en dicho luchar y le propinan una serie de golpes los cuales le originan lesiones de carácter graves”, dijo el persecutor.

La lesiones que sufrió la persona fueron “trauma ocular grave, fractura nasal, fracturas costales”, por lo que “12 funcionarios de Carabineros integrantes de las fuerzas especiales van a ser formalizados por el delito de torturas”.

De acuerdo al relato del persecutor, el otro caso corresponde a “un menor de edad de 16 años que había sido detenido por infracción al toque de queda que fue brutalmente golpeado de forma reiterada por dos funcionarios de Carabineros que se encuentran identificados y que pertenecen a la dotación de la 61ª Comisaría La Florida”.

“Estos hechos a nuestro juicio también constituyen torturas, si bien las lesiones no son de la entidad de la gravedad de lo que ocurrió en Ñuñoa no dejan de ser importantes”, añadió el fiscal Guerra.

Ante esto, el persecutor jefe de la zona oriente metropolitana cuestionó estos excesos y planteó el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos humanos.

“No es justificación que estos ciudadanos puedan haber cometido una infracción para cometer este tipo de excesos que como institución condenamos y que como institución además reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos”, concluyó.

Por el primer delito los funcionarios policiales arriesgan penas que van entre los 5 y los 10 años de prisión, mientras que en el caso del menor de edad, las condenas comienzan desde los 7 años de presidio.

Cooperativa


VOLVER
Más notas sobre el tema