Colombia | Primer paro nacional contra Duque: anuncios de toque de queda y preocupación en la ONU

Así se preparan las regiones para el paro del 21 de noviembre

Este jueves 21 de noviembre se llevará a cabo la jornada de paro nacional, en la que las principales ciudades del país presentarán marchas y manifestaciones por parte de diferentes sectores de la sociedad.

Ante esto, el Gobierno Nacional firmó un decreto para garantizar el orden público en el territorio, y de igual forma se dio a las autoridades regionales la facultad de anunciar medidas como ley seca con el fin de evitar disturbios.

De esta forma, las regiones se preparan para este paro, y desde este miércoles empezaron a anunciar las medidas con las que se busca proteger y garantizar la marcha de manera pacífica.

Cali

La capital del Valle del Cauca tendrá nueve puntos de concentración a partir de las 5 de la mañana: Sameco, Parque de las Banderas, Poblado de los Mangos, Universidad del Valle, sector de Puerto Rellena, La Portada al Mar, Juanchito y Paso del Comercio.

Sobre las medidas de seguridad, se implementarán Puestos de Mandos Unificados Móviles, para cubrir los diferentes puntos del departamento.

También los delegados de los Derechos Humanos de las organizaciones promotoras del paro y de la Policía Nacional, estarán en permanente contacto para cualquier situación que pueda atentar contra marchantes y comunidad.

Córdoba

El departamento decretó alerta naranja en los diferentes centros de salud y ley seca desde este miércoles, a partir de las 6:00 p. m. y hasta el día viernes 22 a las 6:00 de la mañana.

También habrá una restricción en el transporte de parrilleros, desde hoy jueves en el departamento, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., y la prohibición de venta y transporte de cilindros de gas y escombros, desde el 21 de noviembre, al igual que la restricción del porte de armas, con y sin permiso.

Cartagena

Desde las autoridades, tanto distritales como departamentales, se indicó que, gracias a los operativos que se vienen adelantando y las reuniones que se han sostenido con las centrales obreras y el magisterio docente, no se hará necesario imponer ni el toque de queda ni la ley seca.

Se estima que más de 12.000 personas participen en esta manifestación que iniciará las concentraciones desde las 7:00 a.m. en el Puente de Turbaco, Centro Recreacional Napoleón Perea, la zona industrial de Mamonal y la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar.

Santander

Una de las decisiones en el departamento está relacionada con la vigilancia en tres puntos neurálgicos sobre el río Magdalena. Mientras tanto, el secretario del Interior de Santander, Andrés Fandiño, indicó que como medida preventiva se ordenó la suspensión de clases en las instituciones educativas de carácter oficial, es decir, tanto en colegios como universidades.

Al tiempo en Girón, Santander, se ordenó la ley seca y la restricción del parrillero en motocicleta. En el caso de la ley seca, se estableció que irá desde las 6 de la mañana hasta la media noche de hoy, mientras que la restricción del parrillero se determinó desde las 9 de la mañana hasta la medianoche.

Asimismo, se decidió que en el departamento está declarada la alerta amarilla hospitalaria, con el fin de establecer prioridades en atención de emergencias.

Norte de Santander

El alcalde de Cúcuta, César Rojas, dijo a La FM que “se declara ley seca en la zona urbana y rural de Cúcuta, desde la medianoche de este miércoles 20 de noviembre hasta las 6 p.m del próximo jueves 21 de noviembre”.

Igualmente, el mandatario local informó que se prohibió el porte de armas, se restringe además el transporte de escombros, cilindros de gas y los trasteos en el área urbana y rural de Cúcuta, desde las 6 p.m del miércoles 20 de noviembre hasta las 6 a.m del viernes 22.

Desde las 12 de la noche y hasta las 5 a.m del viernes 22 de noviembre, todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país fueron cerrados, medida que es aplicada en doce Puestos de Control Migratorio, con el propósito de garantizar el orden público en el desarrollo de las marchas que se adelantarán, en diferentes regiones del país este jueves

Antioquia

La Gobernación de Antioquia expidió un decreto con seis medidas que buscan garantizar la seguridad durante el paro nacional de este jueves. Una de ellas es instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) en las principales regionales y prohibir el transporte de gasolina, pipetas de gas, escombros y trasteos el día de la movilización ciudadana.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que habrá ley seca en el departamento entre la medianoche del miércoles y las 8 de la noche de hoy, pese a que la Alcaldía de Medellín había descartado inicialmente esta restricción. Todas las medidas podrían extenderse, si las condiciones de orden público así lo ameritan.

La FM


Razones de convocatoria para el paro nacional en Colombia

Diversos sectores populares de Colombia participarán el próximo jueves en la jornada de Paro Nacional, donde expresan su rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por el Gobierno de Iván Duque, así como respeto a la vida y garantías de participación política.

Desde la posesión de Duque como jefe de Estado, el país padeció la intensificación de la violencia originada por incumplimientos en los Acuerdos de Paz, así como los asentamientos de grupos paramilitares en los territorios y el empoderamiento de carteles mexicanos en producción de coca; contexto que se traduce en la sistematicidad de asesinatos a líderes sociales y políticos.

Aunque medios hegemónicos tildan el paro como “una tensión social para destruir y polarizar el país”, acontecimientos suscitados en el departamento del Cauca donde masacran con bombas a niños e indígenas, así como el incumplimiento del Ejecutivo a los estudiantes universitarios, aumento del desempleo, entre otros problemas, impulsan una manifestación popular que al unísono reclame la reivindicación de sus derechos a un presidente que está alejado de la realidad de su propio pueblo.

El paro se convocó antes de la masacre en Tacueyó, departamento del Cauca, donde cinco indígenas fueron asesinados y el debate de moción de censura y posterior renuncia del entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, por ordenar bombardeos donde murieron al menos, ocho niños.

Educación

La desfinanciación de la educación pública, originó que estudiantes desplegaran masivas manifestaciones para exigir aumento de inversión Estatal para las universidades públicas. En diciembre de 2018, el jefe de Estado llegó a un acuerdo con 32 universidades y el presupuesto aumentó a 1.2 billones de pesos en los próximos cuatro años.

Tras once meses del acuerdo los estudiantes y docentes denuncian incumplimiento del Gobierno, aún no se destina el dinero y la policía continúa agrediendo las manifestaciones pacíficas con gases lacrimógenos.

Asimismo, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) señala la ausencia de garantías para ejercer la docencia en el país. De acuerdo a la asociaciones de Educadores en las regiones, 17 maestros están bajo amenaza por grupos ilegales, 20 en el departamento del Caquetá y 25 en La Guajira.

Reforma laboral y pensional

De acuerdo a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el 44 por ciento de los trabajadores están por debajo del salario mínimo legal, es decir, inferior a los 828.116 pesos (240 dólares). Asimismo, el modelo de contratación laboral, conduce a la eliminación de organización sindical.

En el modelo pensional de Colombia, más de 8.5 millones de personas cotizan mensualmente, pero sólo 3 millones logran adquirir una jubilación.

Aunque los datos son alarmantes, el Gobierno propuso una polémica Ley de Financiamiento, la cual establece el gravamen de casi toda la canasta familiar en un 18 por ciento por dos años y luego fijarla en un 17 por ciento a partir del 2021; asimismo, para combatir el desempleo en los jóvenes el Ejecutivo propone que éstos trabajen con un 75 por ciento del salario mínimo, propuesto que causó un fuerte rechazo por el sector.

Asesinatos sistemáticos

La masacre suscitada en Tacueyó (departamento del Cauca) que dejó cinco indígenas asesinados junto con otra masacre en el departamento que tuvo como resultado otros cuatro muertos, revelan el acrecentamiento de la violencia y zozobra de la población.

De acuerdo al Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 777 líderes sociales y 137 excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Indepaz señaló que en 2019, 155 líderes han sido masacrados por grupos ilegales.

Telesur


Duque expide decreto para preservar el orden público y garantizar el derecho a la protesta pública, pacífica y sin armas

El presidente Iván Duque Márquez expidió el Decreto 2087 de noviembre de 2019, mediante el cual se dictan medidas para la conservación del orden público y garantizar y respetar “el derecho a la manifestación pública, pacífica y sin armas”.

En el citado decreto, firmado también por la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, el Gobierno hace un llamado especial a los alcaldes municipales y distritales para que en su deber de conservar el orden público en sus territorios, tomen las medidas requeridas contempladas en la Ley 1551 de 2012.

En el artículo 29 de la citada norma, con relación al orden público, se faculta a los alcaldes para adoptar las siguientes medidas:

1.Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones del Presidente de la República y del respectivo gobernador. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante.

2.Dictar para el mantenimiento del orden público o su restablecimiento de conformidad con la ley, si fuera del caso, medidas tales como:

a) Restringir y vigilar la circulación de las personas por vías y lugares públicos;
b) Decretar el toque de queda;
c) Restringir o prohibir el expendio y consumo de bebidas embriagantes;
d) Requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley;
Promover la seguridad y convivencia ciudadanas mediante la armónica relación con las autoridades de Policía y la Fuerza Pública para preservar el orden público y la lucha contra la criminalidad y el delito.
En el mismo sentido, el Decreto 2087 ordena a los gobernadores velar porque los alcaldes tomen las medidas requeridas para la conservación del orden público en sus territorios y que estas respondan a los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad.

Además, el Gobierno ordena el cierre de los pasos fronterizos y fluviales autorizados de frontera en el lapso comprendido entre las 0:00 horas del 20 de noviembre y hasta las 5:00 horas del 22 de noviembre de 2019.

Las medidas deben incluir los controles migratorios en los puestos terrestres y fluviales fronterizos.

Eje 21


La ONU preocupada por la presencia de militares durante el paro nacional

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el aumento de la presencia de militares en las principales ciudades del país antes de las manifestaciones programadas para hoy en contra el Gobierno del presidente Iván Duque.

El representante de esa oficina en Colombia, Alberto Brunori, aseguró que, “de acuerdo con las normas y los estándares internacionales, la atención a situaciones de disturbios que podrían derivar de protestas o manifestaciones públicas, así como el mantenimiento del orden público, son responsabilidad de los cuerpos policiales”.

“La Oficina nota con preocupación la expedición en las últimas horas de varios decretos, circulares e instructivos que contemplan la posibilidad que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda y el apoyo militar para el control de orden público”, agregó.

Desde el lunes, soldados del Ejército colombiano con fusiles fueron vistos en varias avenidas de Bogotá tres días antes de la jornada de protestas sociales del jueves, lo que causó sorpresa y zozobra en los ciudadanos.

Sin embargo, el Gobierno, que el lunes anunció una serie de medidas para mantener el orden el día de las protestas, afirmó que no se trata de una militarización sino de un apoyo a la Policía en sus patrullajes diarios.

En ese sentido, Brunori explicó que “los Estados deben limitar y condicionar al máximo el uso de las Fuerzas Militares para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento, equipamiento, y perspectivas propias de la naturaleza militar no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles”.

En medio de las tensiones por la jornada de hoy, defensores de derechos humanos denunciaron que la Policía hizo allanamientos en Bogotá, Medellín y Cali a viviendas de líderes que promueven las manifestaciones.

Asimismo, el medio digital cultural Cartel Urbano fue allanado por policías con el argumento de que en sus instalaciones se guardaban explosivos y material impreso para causar desórdenes.

Al respecto, Brunori detalló que la oficina “recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, cinco en Cali y cuatro en Medellín a domicilios y oficinas, algunas de ellas de organizaciones de la sociedad civil y medios alternativos de comunicación”.

“Hasta el momento tenemos información que solo dos personas habrían sido detenidas en el marco de estos allanamientos. Estos allanamientos aparentemente provienen de diferentes investigaciones, abiertas en distintas fechas, con respecto a hechos ocurridos en diferentes momentos, y cuya orden de ejecución coincide 48 horas antes del inicio de las marchas”, advirtió.

Según los convocantes, el Gobierno de Duque prepara un “paquetazo” de medidas que causarán fuerte impacto económico y social en los trabajadores, como eliminar el fondo estatal de pensiones Colpensiones, aumentar la edad de jubilación y contratar a los jóvenes con salarios inferiores al mínimo, entre otras medidas.

RCN Radio


Fiscalía declaró ilegales algunos allanamientos hechos por la Policía antes del paro

La Fiscalía General dio detalles sobre los allanamientos realizados por la Policía Nacional durante el día martes, que fueron ampliamente criticados por un aparente abuso de autoridad de los uniformados al ingresar a organizaciones artísticas y medios culturales. El fiscal encargado, Fabio Espitia, informó que 27 de los procedimientos realizados en varias ciudades del país se hicieron con base en informes de inteligencia que apuntaban a la existencia de planes para crear material explosivo que sería utilizado por los manifestantes.

Y aunque en el caso de Bogotá sí se encontraron elementos químicos como aluminio, azufre, puntillas y latas de pintura, el funcionario señaló que algunos de los allanamientos fueron declarados ilegales “porque no se encontraron elementos materiales de prueba suficientes que permitiera vincular los objetos o personas con eventuales conductas crimínales”.

A pesar de que no señaló los casos puntuales que fueron declarados como ilegales, Espitia respondió a los cuestionamientos sobre el operativo que afectó a la revista cultural Cartel Urbano; a la cual ingresaron varios policías con una orden de allanamiento por supuesta “fabricación y porte de arma de uso privativo de las fuerza militares”. El fiscal dijo que en ese caso la operación se hizo por “labores de inteligencia que se venían adelantando desde antes y que no tienen nada que ver con la jornada de protesta del jueves de esta semana”.

Por su parte, la Policía de Bogotá explicó que estas diligencias se han desarrollado en el marco de investigaciones para “identificar e individualizar a los encapuchados que en protestas anteriores han generado hechos de vandalismo y terrorismo en la ciudad”. Durante estas diligencias en la capital fueron capturados, según la institución, alias Chiqui y El Diablo, quienes al parecer tenían en su poder una granada lacrimógena y elementos para fabricar explosivos. Sin embargo, El Diablo fue dejado en libertad en la tarde de este miércoles por falta de material probatorio para dictarle medida de aseguramiento.

Ante el anuncio del fiscal, las críticas por la actuación de la Policía no se han hecho esperar y algunos se preguntan qué intenciones hubo detrás de esos procedimientos faltando dos días para el paro nacional.

Semana


Denuncian amenazas de muerte contra líderes estudiantiles a pocas horas del paro nacional

La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) denunció a través de su cuenta de Twitter que los líderes estudiantiles Alejandro Palacios, Julieth Rincón y Jennifer Pedraza, fueron amenazados este miércoles por medio de un panfleto, presuntamente firmado por las Águilas Negras de bloque capital D.C.

“Ni usted, Julieth Rincón, dizque representante, ni el perro de Alejandro Palacios y mucho menos la arrodillada mandada por don Robledo, Jennifer Pedraza, son los líderes del movimiento estudiantil”, dice el pasquín, en el que afirman que “es el momento de limpiar este país”.

Según el panfleto, los estudiantes “están camuflados de guerrilleros y milicianos haciendo daño a las ciudades y a las universidades, buscando con esto desestabilizar y conseguir poder”.

La líder estudiantil, Julieth Rincón rechazó las amenazas y afirmó que recibió el panfleto en horas de la mañana en su universidad.

Acrees solicita al Gobierno garantías plenas durante la movilización de este jueves 21 de noviembre.

El Espectador