Perú: la Justicia interroga a Keiko Fujimori y a empresarios por financiamiento ilícito

Caso Keiko Fujimori: este lunes 25 continuarán interrogatorios a empresarios por aportes

El despacho del fiscal José Domingo Pérez continuará este lunes 25 con el interrogatorio a empresarios y ejecutivos, en el marco de las investigaciones por los aportes a la campaña presidencial de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el 2011.

A las 11.00 horas está programada la declaración de Gonzalo Andrade Nicoli, del grupo Trafigura, y a las 15.00 horas será el turno de Ricardo Trovarelli Vecchio, presidente ejecutivo de Impala Terminals Perú S.A.

El último viernes fueron convocados Roberto Ramallo Aldasaro, exdirectivo de PlusPetrol Norte, y Andreas von Wedemeyer Knigge, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Previamente, fueron citados José Piccaso Salinas, presidente de Compañía Minera Volcan, y José Ignacio de Romaña Letts, vicepresidente del directorio de la misma minera.

De Romaña Letts reveló que Volcan aportó U$S260,000 a una campaña de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

En total son 17 empresarios y ejecutivos los convocados por el fiscal Pérez para dar su testimonio en la investigación por lavado de activos que se sigue contra la lideresa fujimorista, quien cumple prisión preventiva por 18 meses.

Los empresarios fueron citados ante las declaraciones que brindó el exrepresentante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata, quien sostuvo que la constructora brasileña aportó U$S1 millón 200,000 a la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011.

Barata dijo a los fiscales peruanos que un millón fue entregado a Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, dirigentes de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), y U$S200,000 a la Confiep para una campaña publicitaria en aquel año.

Por su parte, la Confiep señaló que los aportes de los empresarios fueron empleados para una campaña en favor de la inversión privada.

El Comercio


Que deje de mentirle al país – Por José Alfredo Madueño

Tal como anunció el martes 19, el fiscal José Domingo Pérez interrogará mañana a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el Penal Anexo de Mujeres, en Chorrillos.

El objetivo del interrogatorio es recabar información sobre los millonarios aportes que distintos empresarios realizaron a su campaña electoral de los años 2011 y 2016. Entre ellas, la confirmada por el presidente de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, quien le habría entregado US$ 3.65 millones en efectivo.

El interrogatorio a Fujimori Higuchi fue decidido tras la publicación que se realizara en su página de Facebook. “Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público. El tiempo es el mejor amigo de la verdad: jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos”, publicó.

Con esta publicación, Keiko Fujimori prácticamente admitió haber mentido cuando afirmó que todos los aportes a Fuerza Popular habían sido bancarizados. “De acuerdo a la información y a los reportes que existen de nuestro partido. No hay dinero que haya entrado de manera ilegal, todo es bancarizado, todo ha sido transparente”, dijo en octubre del 2018.

PODRÍA ABRIRSE NUEVA INVESTIGACIÓN

Sin embargo, para el fiscal Pérez, las declaraciones del empresario Dionisio Romero Paoletti “permite acreditar la modalidad criminal que es esta captación de dinero en efectivo y como viene postulando el Ministerio Público en la fragmentación o pitufeo a través de falsos aportantes para ocultar información o ingreso de dinero a la entidad fiscalizadora electoral”.

Como han sostenido diversos analistas, los testimonios de empresarios aportantes al fujimorismo terminan por reforzar la tesis de la Fiscalía sobre lavado de activos. Por si fuera poco, el abogado penalista César Azabache, consultado por El Comercio, consideró que de comprobarse que los aportes no declarados superan el monto señalado ante la ONPE, podría presentarse un caso de defraudación tributaria y lavado de activos por parte de Keiko Fujimori. Esto, debido a que la lideresa naranja podría haberse quedado con el excedente del dinero gastado en la campaña, sin declararlo ni pagar impuestos por ello.

Azabache recordó que todos los ingresos que percibe una persona tributan, y que la única excepción son las donaciones. Sin embargo, en el caso de Keiko Fujimori, los millonarios aportes que han sido noticia esta semana dejan de ser donaciones en el momento en que vulneran las reglas electorales y se convierten en un acto ilícito. Así, si las fortunas se acumulan y se insertan en la economía mediante, por ejemplo, compras de inmuebles, se configuraría el delito de lavado de activos.

La misma interrogante acerca del destino del dinero donado por Dionisio Romero se hizo el exfiscal Avelino Guillén. “Hay que tener en cuenta que estas importantes sumas de dinero, en ningún momento ingresaron oficialmente a las cuentas de Fuerza 2011. El dinero lo entregó Dionisio Romero hijo a Keiko Fujimori en seis o siete oportunidades en una vivienda, el domicilio de Martín Pérez, expresidente de la Confiep y es excongresista. La entrega y recepción es admitida por todas las partes”, refirió el jueves en Ideeleradio.

“Ahora el problema es saber qué se hizo con ese dinero. Esa es la gran interrogante, solamente hay dos caminos: o se quedó con el dinero y no lo usó en la campaña o utilizó en la campaña mediante una modalidad de lavado de activos conocida como el ‘pitufeo’. Este gran problema es el que han omitido responder y es preocupante”, advirtió.

Diario UNO


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