A un mes del golpe, denuncian a Luis Camacho por violencia intrafamiliar

Camacho fue denunciado por violencia intrafamiliar

El exlíder cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, habría sido denunciado por su exesposa, Susana Roca Serrate por un hecho de violencia familiar.

La denuncia fue realizada el año 2016, por la expareja de Camacho, así lo da a conocer el Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ) del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El SIREJ es un sitio web de seguimiento de expedientes a nivel nacional, en el que se encuentran los actuados y expediente judiciales.

Demandado por violencia familiar o doméstica, la denuncia contra Luis Fernando Camacho fue realizada el pasado 13 de agosto de 2016 en el Juzgado de Instrucción de Violencia contra la Mujer y Anticorrupción N°1.

Página Siete


Un mes de golpismo en Bolivia, Evo asegura que la lucha continúa

Bolivia vive un escenario marcado por la represión militar y policial, persecución política y la censura de medios entremezclados con la desideologización y desarticulación del Estado Plurinacional.

En ese contexto el líder indígena y presidente depuesto Evo Morales aseguró que seguirá la lucha y su actividad política mientras tenga vida.

El 10 de noviembre, hace exactamente un mes, altos mandos militares y de la policía obligaron a Evo Morales a renunciar al cargo, en un ambiente de denuncias de fraude electoral, un motín policial y manifestaciones convocadas por los cívicos.

Desde antes de las elecciones del 20 de octubre y en las que resultó ganador Evo Morales con una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre Carlos Mesa, su rival más cercano, los sectores radicales de la derecha advertían que no reconocerían su victoria y ya cantaban un supuesto fraude.

El gobierno de Evo invitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) a revisar el proceso electoral, sin embargo el llamado Ministerio de colonias de Estados Unidos, sin un análisis profundo emitió un informe donde hablaba de irregularidades, pero no de fraude e incendió la chispa que faltaba para el golpe.

Ante esa ruptura del hilo institucional, Evo primero convocó a nuevas elecciones, pero ante las amenazas de sectores extremistas, se vio obligado a renunciar para evitar un baño de sangre.

‘Lamento mucho este golpe cívico con una parte de la Policía para plegarse y atentar contra la democracia, contra la paz social, con violencia, con amedrentamiento para intimidar al pueblo boliviano’, aseguró en una intervención realizada desde Chimoré, Cochabamba, bastión del proceso de cambio que lideró.

Durante la intervención en la que también estuvo presente la exministra de Salud Gabriela Montaño, indicó que la lucha no terminaba en ese momento.

Aseguró que los más humildes, los pobres, los sectores sociales, los buenos patriotas continuarían con esta lucha por la igualdad, por la paz.

Sin embargo, el baño de sangre ocurrió a pesar de todo tras las protestas de miles de personas que rechazaban la asonada en distintos puntos del país. Los golpistas sacaron a las calles a los militares y policías fuertemente armados.

El día 12 de noviembre, la senadora de oposición Jeanine Añez Chávez, en una sesión extraordinaria que no contó con el quórum requerido por la Cámara Alta, dada la ausencia de los legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS), Chávez se declaró presidenta interina de Bolivia.

‘Con su autoproclamación se consumó a sobre la sangre de hermanos asesinados por fuerzas policiales y militares usadas para el golpe’, escribió Evo en su cuenta @evoespueblo, desde México, a donde llegó en condición de asilado político.

Después, se trasladó junto a todos los legisladores de oposición al viejo Palacio Quemado, donde con la Biblia en la mano llamó a la unidad y agradeció a la Policía y a las Fuerzas Armadas por su acompañamiento. A su lado se encontraba el máximo representante del Comité Pro Santa Cruz, protagonista del golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, quien anunció que a la medianoche de ese día se levantará el paro por tiempo indefinido al que había convocado.

Sectores sociales desde la ciudad de El Alto y otras zonas paceñas protestaban a unas cuadras, cuestionaban y rechazaban el irrespeto y agravio a la wiphala (bandera indígena), y la autoproclamación, y fueron contenidos por gases lacrimógenos lanzados por militares.

Una treintena de muertos, decenas de heridos, cambios en las relaciones internacionales, nombramiento a la carrera de nuevos ministros, amenazas a periodistas, persecución a seguidores de Evo y funcionarios de su gobierno, ha sido la tónica de estos días calificados de pesadilla por muchos bolivianos.

El domingo 22 de noviembre, Áñez promulgó la Ley Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, la cual desconoce los comicios del pasado 20 de octubre.

Tras su aprobación por la cámara de senadores, la autoproclamada presidenta firmó la normativa que no permitirá la postulación del líder Evo Morales, ganador con el 47 por ciento de los votos en dichos comicios.

A un mes de perpetrado el golpe una derecha dividida y un Movimiento Al Socialismo que mostró su unidad el pasado sábado en una reunión ampliada es el panorama con miras a las nuevas elecciones en Bolivia.

El MAS decidió el sábado último en un Consejo Ampliado Extraordinario profundizar la unidad de todos los sectores sociales y políticos con Evo Morales como jefe de campaña.

La sesión del MAS se realizó en el Coliseo La Coronilla de Cochabamba, repleto de partidarios de 20 organizaciones, entre direcciones departamentales, autoridades originarias y otros.

Acordaron exigir a la Asamblea Plurinacional la instalación de un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, y conformar una comisión de Derechos Humanos que se encargue de hacer seguimiento a los casos de dirigentes del MAS perseguidos y apresados por las autoridades de facto.

Más allá de buscar un binomio electoral se priorizó la unidad frente al actuar del Gobierno golpista y quedaron en realizar un próximo encuentro ampliado en El Alto.

Para hoy, cuando el golpe cumple un mes, un llamado en las redes sociales convoca a rechazarlo con las etiquetas #GolpeDeEstadoEnBolivia, #SigueLaWiphala e invitan a poner esa bandera multicolor en el perfil.

La Época


Ley de Garantías: Áñez va al TCP y activistas y MAS anuncian pulseta

Convencido de haber otorgado todas las demandas a las diferentes organizaciones sociales, producto de los enfrentamientos por el presunto fraude electoral, el Gobierno transitorio considera inconstitucional e innecesario promover el proyecto denominado Ley de Garantías, que impulsa el MAS, por lo que anunció que enviará el documento en consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), por considerar que la tienda política busca la impunidad para sus dirigentes políticos y sociales.

La pugna por esta norma reactivó las amenazas de movilizaciones de sectores del MAS, que respaldan la norma, y activistas, que la rechazan.

“Todos los pedidos que hicieron las organizaciones se han cumplido mediante decreto supremo. No corresponde dar garantías, cuando eso ya lo establece la Constitución y las leyes”, explicó el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Aseguró que el proyecto del MAS será enviada al TCP antes de que se considere en la Cámara de Senadores.

Willams Bascopé Laruta, abogado constitucionalista, señaló que el proyecto que busca llevar adelante el MAS es inconstitucional, porque plantea que el Ejecutivo coordine con el Ministerio Público la liberación de detenidos, lo que considera como tráfico de influencias, toda vez que cada órgano tiene sus propias competencias.

En tanto, la presidenta del Senado, Eva Copa (MAS), refirió que no corresponde la consulta porque no está en la agenda su consideración, y descartó que con la norma se busca la impunidad de personas.

La senadora del MAS, Adriana Salvatierra, desahució la idea del Gobierno de enviar la norma al TCP. “(El ministro)Yerko Núñez dice que enviará el la Ley de Garantías al TCP. Pero sería bueno que antes lea el art. 134. 1. de la Ley 027 que contradice sus deseos. Sólo pueden consultar cuando la iniciativa legislativa nace en el Órgano Ejecutivo, y éste no es el caso”, escribió en Twitter.

Como antecedente, en 2014, el TCP admitió un recurso contra la Ley del Notariado y paralizó la aplicación de esta normativa. Esta decisión provocó que la ALP, dominada por el MAS, inicie juicios de responsabilidades contra los magistrados, culminando el proceso con la destitución de tres de ellos.

Reactivan conflicto

La tensión social y posible resurgimiento de conflictos en el país se mantienen latentes por el proyecto de Ley de Garantías, que es rechazado por diferentes sectores sociales por considerar que con este instrumento se busca liberar de culpa a personas que promovieron la violencia entre octubre y noviembre.

“La población tiene que salir otra vez a la calles junto a los mandiles blancos para rechazar el proyecto de ley promovido por el MAS para dejar impune la violencia que se generó después de las elecciones”, señaló el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea.

4100 Decreto Supremo que establece una indemnización de 50 mil bolivianos a los familiares de las personas que fallecieron en los enfrentamientos de octubre y noviembre.

CINCO DÍAS PARA ACEPTAR O RECHAZAR

El Código Procesal Constitucional, en su artículo 26, establece que las acciones, demandas, consultas o recursos ante el Tribunal Constitucional Plurinacional podrán ser presentadas de forma personal o por cualquier otro medio, reglamentado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, con cargo a remisión de original, mismo que se registrará en Secretaría General remitiéndose en el plazo de dos días a la Comisión de Admisión.

Verificado el cumplimiento de los requisitos, la Comisión de Admisión, en un plazo no mayor de cinco días, se pronunciará sobre la admisión o rechazo del recurso presentado.

La Prensa


UE y ONU dejan en manos de ALP la Ley de Garantías

Los mediadores o garantes externos de la pacificación del país dejan en manos de la Asamblea Legislativa la aprobación y sanción del denominado proyecto de Ley de Garantías Constitucionales, documento que fue trabajado de manera paralela a la Ley de Convocatoria a Elecciones, pero que en el camino sufrió una serie de modificaciones en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El delegado de la Unión Europea (UE) en Bolivia, León de la Torre, fue uno de los artífices en el proceso de pacificar Bolivia, debido a las irregularidades descubiertas en los comicios del 20 de octubre y posterior renuncia del expresidente Evo Morales, que en determinadas oportunidades llamó a defender su administración.

“Es un acuerdo entre partes políticas que la mediación, que dirige la Conferencia Episcopal Boliviana ha favorecido, pero ya la concreción de ese acuerdo es un tema político en que tienen que llegar a un acuerdo las partes. Esperemos que lleguen”, afirmó De la Torre e indicar que es un texto que todavía está recibiendo sugerencias.

Al respecto, el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas, Jean Arnault, señaló que no se encuentra en manos de los mediadores la aprobación del proyecto de garantías.

“Yo no apoyo determinado texto. Ha habido varios textos a lo largo que hasta la fecha no hemos podido lograr por lo menos un acuerdo, lo que es el propósito. Unos ven amnistía, otros protegerse del hostigamiento judicial y velar sus derechos políticos, entonces, pongamos de acuerdo qué es lo que se busca”, refirió.

Sobre la aprobación del documento por la mayoría del MAS en Diputados, el delegado de la UE señaló que no le compete opinar al respecto, pero reiteró que “aún es un texto vivo”.

Los Tiempos


Conade exige que Camacho y Pumari den un paso al costado

El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) exigió que Luis Fernando Camacho y Marco Pumari den un paso al costado en sus aspiraciones electorales, puesto que considera antiética y antidemocrática la actitud de ambos en los últimos días.

“Conade les exige que den paso al costado porque no se puede utilizar la lucha cívica, no se puede utilizar las luchas democráticas, ponerles un precio ahora, una factura para aprovecharse y auto impulsarse como candidatos presidenciales”, dijo Waldo Albarracín, representante del Comité.

En los últimos días, Camacho y Pumari fueron el epicentro de la polémica puesto que salió a la luz un audio en que ambos hablan de dinero y pegas. Se escucha a Pumari expresar su requerimiento de 250 mil dólares y las aduanas de Oruro y Potosí para encarar una candidatura en binomio.

Albarracín dijo “menos mal” que con esta situación los cívicos fueron “desenmascarados”. Saludó que esto ocurra antes de que el pueblo les entregue su confianza de manera inocente, lo cual hubiese sido más grave.

También expresó sus críticas a ambos. Dijo que uno “ha demostrado su avidez por el dinero con la intención de enriquecerse ilícitamente a cualquier precio”, mientras que el otro “muestra su obsesión individualista de ser candidato a la Presidencia a como dé lugar”.

El también Rector de la UMSA  manifestó que Bolivia necesita personas desprendidas y no con obsesiones individualistas.

“Bolivia, en la política, si ha tenido tanta mala suerte de tener políticos antiéticos, corruptos, ególatras, etcétera, pues ahora el pueblo boliviano tiene derecho a que la política estèn los mejores elementos humanos, los más éticos, los más desprendidos”, agregó.

La Prensa


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