Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora feminista: “Guatemala es un país con profundas desigualdades y altos niveles de violencia”

Entrevista a Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora feminista

Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL

A pocos meses de finalizar su mandato como presidente de Guatemala, Jimmy Morales firmó acuerdos migratorios con Estados Unidos ubicando al país como “tercer país seguro”. ¿De qué manera afectan a la ciudadanía?, ¿qué legado deja el actual mandatario? En esta entrevista con NODAL, la socióloga y comunicadora feminista Ana Silvia Monzón realiza un balance sobre la gestión de Morales y evalúa las expectativas sobre el gobierno de Alejandro Giammattei, que asumirá el 14 de enero.

Desde la Casa Blanca se ha celebrado que Guatemala reciba a personas “peligrosas” en el marco del acuerdo de “Tercer País Seguro” con EEUU. ¿Qué significa esto y cómo suponen que impactará este tratado?

Es pertinente plantear que no es un tratado. Desde el punto de vista jurídico se habló de un acuerdo que generó polémica porque según una corriente de opinión en cuestiones jurídicas un acuerdo de esa naturaleza debería ser aprobado vía el Congreso de la República, pero según el actual presidente es potestad de él como líder del Ejecutivo. Hubo acciones de diversos sectores, un grupo de exministros de Relaciones Exteriores, el Procurador de Derechos Humanos, por ejemplo, ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que entrara en vigencia. La opinión de la Corte, en julio de 2019, no fue definitiva pero sí planteó que si compromete la soberanía del país, debe ser aprobado por el Congreso.

El tema, a mi juicio, es también político. Esta acción del gobierno estadounidense está en la línea de restringir cada vez más el ingreso de migrantes, y de una retórica xenófoba y discriminatoria. Además, en el lenguaje político se confunden y vacían de contenido los conceptos de “migración” y “refugio” que son figuras distintas, legal y políticamente hablando.

En términos de la geopolítica, el discurso y la forma como se ha impuesto este tipo de acuerdo evidencia la debilidad del gobierno guatemalteco, que ha sido poco convincente en sus argumentos a favor de esta figura del “tercer país seguro”, cuando los indicadores perfilan a Guatemala como un país con profundas desigualdades, con altos niveles de violencia social e institucional, expulsor de migrantes desde hace varias décadas. Es incongruente que un país que no garantiza la seguridad para sus habitantes sea idóneo para recibir a personas que solicitan refugio. Se ha insistido desde los sectores y organizaciones más críticas en que no existen condiciones institucionales y materiales para brindar ese apoyo.

Este 23 de diciembre fue promulgado el Acuerdo gubernativo 318-2019, que no tiene el mismo rango legal que un acuerdo o ley aprobada por el Congreso, que crea la Política Pública de Protección y Atención a la Persona Migrante entre 2019-2022 y asigna al Ministerio de Relaciones Exteriores la función de implementarla. Esto obvia que existe una autoridad migratoria, rectora de la política en la materia, que aún no ha entrado a funcionar plenamente, pero que está regulada en el Código migratorio.

Durante este gobierno la situación de las mujeres y de los indígenas han sido motivo de grandes movilizaciones, ¿qué legado deja Morales en ese sentido?

Las políticas, leyes e instituciones que se fueron creando en los años noventa, sobre todo en el marco de los Acuerdos de Paz, para el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas, se han venido debilitando a través de medidas políticas y gubernamentales, sobre todo desde el 2012 con la llegada del Partido Patriota al Poder Ejecutivo. En el período del actual presidente, la precarización de esos espacios se ha hecho más evidente, al asignarles menos recursos, o reduciendo su ámbito de acción, limitando la interlocución con las organizaciones sociales.

En este período se eliminó la figura del Gabinete de la Mujer, un espacio cuyo propósito era dar más fuerza a las acciones a favor de los derechos de las mujeres. Asimismo, se debilitó a las Unidades de Género en todas las dependencias gubernamentales, creadas para fortalecer la implementación de la Política Nacional de promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres.

Los pueblos indígenas también han reclamado el incremento de medidas represivas contra sus reclamos por tierras y contra proyectos mineros, extractivistas y de monocultivos que están colocando en peligro su sobrevivencia comunitaria, así como los bienes naturales. La persecución, asesinato, judicialización de la protesta, dirigida contra activistas indígenas, ha venido en aumento y se ha agudizado en el último período gubernamental.

Parte de ese debilitamiento es el conjunto de iniciativas de ley que persiguen el retroceso en los derechos ganados en las décadas anteriores, que son acompañadas por un discurso racista, misógino y discriminatorio, basado y promovido por grupos fundamentalistas, religiosos y políticos. Por ejemplo, la iniciativa de ley 5272 que penalizaría aún más el aborto, y que, en la práctica, pretende prohibir la educación sexual y atenta contra los derechos sexuales y reproductivos.

Y finalmente, hay un evidente interés en debilitar a las instituciones que constituyen un contrapeso al poder ejecutivo y judicial, a favor de la ciudadanía, la oficina del Procurador de Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad que son desprestigiadas constantemente porque han emitido sanciones éticas, y advertencias legales, respectivamente para limitar algunas acciones gubernamentales.

Parte de ese debilitamiento fue la forma como se cerró el acuerdo que dio vigencia a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala-CICIG, instrumento inédito a nivel mundial, pero que logró develar el accionar de estructuras paralelas al Estado, basadas en la corrupción, desde autoridades al más alto nivel, hasta el sistema de partidos políticos, y sus relaciones con las élites económicas y políticas del país.

El deterioro institucional y político, la instauración de un discurso antidemocrático y fundamentalista, tienen impacto en los avances que habían logrado las mujeres y los pueblos indígenas, secularmente excluidos social, económica y políticamente.

¿Cuáles son las expectativas con el gobierno de Alejandro Giammattei?

Del lado de las organizaciones sociales, y de una ciudadanía excluida y enfrentando niveles de pobreza cada vez más altos, las expectativas no son halagüeñas. Continúa el discurso que apela a la fuerza más que al diálogo, el perfil del gabinete que tomará posesión en enero es, en primer lugar, inequitativo, pocas mujeres se anuncian como funcionarias de alto nivel, y menos aún indígenas.

No se perfilan cambios significativos en el modelo de desarrollo, discusión que ha estado fuera del debate público y que sería urgente dadas las condiciones globales cuyas proyecciones son negativas. Siendo Guatemala un país dependiente, tendrá impacto en su economía, en los niveles de empleo, y de bienestar general. El presidente que tomará posesión ha planteado que hará más eficiente al Estado, eliminando dependencias que considera innecesarias, pero no hay información pública al respecto.


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