Argentina: aprueban la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

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El Senado aprobó y convirtió en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva

La Cámara de Senadores convirtió esta madrugada en ley el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.

La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor, 23 en contra y una abstención tras un debate de casi ocho horas en el que 33 senadores, sobre 65 presentes, hicieron uso de la palabra.El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y que ayer a la mañana fue sancionado por la
Cámara de Diputados, recibió el apoyo de la bancada del Frente de Todos y de sus
aliados, como Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), pero también del santafecino Carlos Reutemann integrante del interbloque Juntos por el Cambio como representante del bloque Santa Fe Federal.

En contra lo hizo el resto del interbloque de Juntos por el Cambio, en tanto que la riojana María Vega, quien hoy juró como reemplazante de la radical Olga Brizuela y Doria (electa intendenta de La Rioja), se abstuvo.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o  atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

Cuando la medida comenzaba a debatirse, se conoció la decisión del presidente Alberto Fernández de enviar un proyecto de ley para que sea debatido durante las actuales sesiones extraordinarias para terminar con las jubilaciones especiales en la Justicia y en el Cuerpo Diplomático.

El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no
impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los
miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.

El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían llegado
a leer el texto aprobado por la Cámara baja tras una sesión de más de veinte horas que terminó cerca de las diez de la mañana.

Antes de pasar al cuarto intermedio, la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.

La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales.

La sesión, además, consistió en el debut de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como moderadora del debate como presidenta del Senado, en un rol que cumplió con rigor y ateniéndose al reglamento.

El presidente del bloque del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, reconoció que en la Argentina “hay un cuadro muy importante de injusticia social” y aseguró que “en 2001 la deuda superaba el 100 por ciento del PBI y ahora estamos en el 150 por ciento”.

Además, recordó que cuando Cristina Fernández de Kirchner entregó el poder en 2015 “la relación de la deuda con el PBI era del 40 por ciento”.

“Casi llegamos a la independencia económica. Nos faltó tiempo”, evaluó.

En tanto, el senador oficialista Jorge Taiana, en su discurso interpretó que el voto en contra de la oposición obedece a que “en líneas generales y muy mayoritariamente pretende negar la gravedad de la situación en la que han dejado el país”.

“La Ley de Emergencia, la reconstrucción, la necesidad de tomar medidas especiales, todo eso no se justifica si se logra limar la idea de que estamos efectivamente al borde del precipicio”, reflexionó.

Por su parte, el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff justificó la votación en contra de la oposición porque consideró que la declaración de la emergencia era innecesaria.

“Cuando se tienen mayorías y la voluntad de una oposición de construir, ¿para qué repetir la historia de nueve emergencias? Tienen un país gobernado y gobernable, no tienen necesidad de esta delegación”, precisó.

Además, insistió con que “esta es una ley que esconde un ajuste enorme, con mayor carga tributaria que pagan los sectores medios y los sectores productivos”.

Finalmente, el porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau manifestó que la Argentina “fracasó en su performance colectiva como sociedad” y que el país “está en situación de extrema fragilidad”.

Además, criticó el proyecto de Ley argumentando que “trae una emergencia, pero delega más facultades que la emergencia votada en 2002, con la peor crisis económica y política de la historia” y calificó a la ley aprobada hoy como “un impuestazo”.

Sobre las retenciones

El Congreso facultó al Poder Ejecutivo a aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo” para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las retenciones.

Asimismo, la norma -que sufrió modificaciones durante su tratamiento en la Cámara de Diputados promovidas por el Gobierno- plantea que “las modificaciones de las alícuotas deberán ser informadas por el PE ante una comisión integrada por miembros del Poder Legislativo, del Consejo Federal Agropecuario y representantes de las entidades y organizaciones representativas del sector agropecuario para que se expidan al respecto”.

La ley prevé darle la facultad al PE de aumentar en tres puntos porcentuales los derechos de exportación de determinados productos agropecuarios y establecer nuevos topes.

De esta manera, el Ejecutivo podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%.

Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones hasta el momento tributan 9%, aunque el Ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%.

Por su parte, las producciones agroindustriales de las economías regionales se ubicarán en 5%, productos a definir por el Gobierno.

En la sesión en Diputados se incluyó un artículo en el cual el Gobierno “deberá establecer mecanismos de segmentación y estimulo tendiente a mejorar la rentabilidad y competitividad de los pequeños productores y cooperativas cuyas actividades se encuentren alcanzadas por el eventual aumento de la alícuota de los derechos de exportación”.

Asimismo, “establecerá criterios que estimulen la competitividad de la producción federal en función de las distancias entre los centros de producción y los de efectiva comercialización”.

Estos dos nuevos puntos no contaron en la aprobación de la Ley con mayores detalles o informes de los montos de compensación.

Otro cambio que se realizó fue que los tres puntos porcentuales del valor incremental de los derechos de exportación previstos en la ley se destinarán “a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial para estimular la actividad de pequeños productores y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado de valor y costos logísticos”, que será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Télam


Con la ley de Solidaridad de fondo, el Senado dio media sanción al Consenso Fiscal

Por Gimena Fuertes

En la primera sesión de Cristina Fernández como presidenta del cuerpo, se dio media sanción al proyecto de Consenso Fiscal 2019, por 63 votos positivos, uno negativo y una abstención. Era un pedido expreso del presidente Alberto Fernández, quien había incluido el tema en el llamado a sesiones extraordinarias, luego de haber sellado el acuerdo con los 24 mandatarios y mandatarias.

Cristina volvió a la cámara en la que asumió una banca en 1995, en 2001 y en 2005. Marcó los tiempos y las palabras. Abogó por el acortamiento de los cuartos intermedios y retó al formoseño presidente de la bancada del Frente de Todos, José Mayans, que de manera reiterada se refería a ella como “presidente”, para cumplir con la formalidad de dirigirse a la autoridad de la cámara cada vez que hacen uso de la palabra. “Presidenta, ta ,ta”, remarcó Cristina, y ante la intención de Mayans de argumentar al sostener que “no tiene sexo la palabra “presidente” la ex presidenta le respondió: “Naaa, eso lo dicen los machistas”. Mayans y el resto de los senadores y las senadoras comenzaron a usar la palabra “presidenta”.

Senado argentino – Foto: Juan Carlos Cardenas

“Antes de seguir con la lista de oradores, vamos a clarificar un poco”, dijo Cristina Fernández. “Habíamos acordado un cuarto intermedio de dos horas a fin de que los senadores y senadoras puedan leer el proyecto que salió del a cámara de diputados”, tras el pedido del presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Nidenoff.

“Sorry, estoy conociendo las caras”, dijo al dirigirse a la senadora radical Silvia Elías de Pérez. “Perdón por la palabra en inglés, no corresponde”, se corrigió después.

La primera en recordar su rol como presidenta del país fue la senadora santafesina kirchnerista María de los Ángeles Sacnun, quien recordó que el por entonces gobernador de su provincia, Miguel Lifschtiz, suscribió en su momento el Pacto Fiscal con el gobierno de Mauricio Macri, al que ella se opuso. “No solamente no se hicieron efectivos los pagos de la deuda (con su provincia), sino que se le retiró el Fondo Sojero que se recibía en forma automática durante su gobierno. Se buscó la sustentabilidad en las provincias y en los gobiernos locales”, recordó.

Luego, en medio de la sesión, la senadora Anabel Fernández Sagasti tuvo el rol de informar el pedido de extensión de sesiones ordinarias que hizo el presidente Alberto Fernández para tratar las jubilaciones de privilegio, tras las críticas que recibió la media sanción que obtuvo este viernes por la mañana la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.

En tanto, la iniciativa que promulga el nuevo acuerdo fiscal suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 las limitaciones sobre el impuesto a los ingresos brutos; impuesto a los sellos; tributo sobre la nómina salarial; tributos específicos; el consenso de 2018 del impuesto a las Ganancias y ley de Responsabilidad Fiscal; impuesto sobre los Bienes Personales e impuesto a los Sellos.

María Eugenia Catalfamo pidió la palabra solo para recordar que el gobernador de su provincia, Adolfo Rodríguez Saá, de San Luis, no firmó en su momento el pacto fiscal, “para proteger a los puntanos, para proteger las arcas provinciales y la autonomía provincial, y hoy justamente varias de las provincias que firmaron se dan cuenta que la anterior gestión de Cambiemos no les cumplió prácticamente en nada de lo que decían algunos de los puntos del Pacto Fiscal”. En tanto que Nora Giménez (Frente de Todos-Salta) aprovechó para criticar al gobierno de su provincia y el de la capital salteña por aplicar aumentos de los servicios.

Por último, el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, sostuvo que “más de catorce provincias tienen problemas de endeudamiento, inclusive en dólares”, y sugirió trabajar para ver cómo poder cumplir con sus obligaciones. Valoró además el gesto de algunos gobernadores que pidieron a sus legisladores acompañar el proyecto en discusión, como así también el de las emergencias, en clara referencia a los del radicalismo.

La sesión continuó con el debate de la media sanción recibida de Diputados, y se espera que se apruebe hacia la medianoche.

Tiempo Argentino


El bolsillo de los argentinos: las 15 principales medidas que comenzarán a regir con la ley de Emergencia Económica

Por Marcelo Batiz

Una vez que la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública se publique en el Boletín Oficial, y se reglamente por parte del Poder Ejecutivo Nacional, muchos aspectos de la vida económica de los argentinos quedarán sujetos a cambios de importancia. Como en toda ley ómnibus, el texto de la iniciativa abarca aspectos variados como jubilaciones, tarifas, compra de moneda extranjera, cálculo y pago de impuestos y hasta suba mínima de los salarios y cargas patronales sobre salarios.

Desde la presentación del proyecto el martes pasado, surgieron dudas sobre la aplicación de sus disposiciones e incluso luego de su ingreso a la Mesa de Entradas del Congreso el texto fue modificado en varios artículos en Diputados, en especial en cuestiones que se presentaban difusas como el pago de operaciones en moneda extranjera con tarjeta de crédito o cuántos jubilados estarán beneficiados con el bono de $5.000 de diciembre y enero, y el alcance de la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria que podría ser definido por el Poder Ejecutivo Nacional en la reglamentación.

Infobae identificó al menos 15 puntos principales que se deberán tener en cuenta a partir de la promulgación por parte de las Cámaras legislativas:

1. Bono para jubilados: Serán dos pagos de hasta $5.000, el primero el 30 de diciembre y en enero. Beneficia a quienes perciban el haber mínimo de $14.068 y hasta un tope de $19.067, para completar un nuevo piso total de $19.068. Abarca aproximadamente a 4.500.000 jubilados y pensionados. No se especificó si en febrero vuelven a los valores de noviembre o si se anticipará el ajuste trimestral por decreto, respetando el criterio de “solidaridad social”.

2.- Movilidad jubilatoria: Se suspende por 180 días el sistema de ajuste vigente desde marzo de 2018, con base el trimestre julio a septiembre de 2017 de variación de un 70% la tasa de inflación y 30% de la correspondiente a la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (Ripte). Los aumentos, en caso de haberlos, quedarán a criterio discrecional del Poder Ejecutivo. Para los casi 3 millones de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a $19.068 Economía no definió si tendrán aumento hasta junio. Los que cobran haber inferiores a ese monto volverían a percibir lo que se les liquidó en noviembre de este año.

3. IVA: Se reemplaza la rebaja a cero de la alícuota a alimentos básicos por un reintegro selectivo: a jubilados que perciben el haber mínimo y a beneficiarios de la AUH, hasta un tope de $700 por mes.

4. Asignación Universal por Hijo (AUH): Se pagará a todos los beneficiarios un adicional de $2.000, en diciembre y en enero.

5. Operaciones de ahorro y gastos en dólares: Se aplicará por hasta 5 años un recargo del 30% a la compra de moneda extranjera, incluidos los cheques de viajero y gastos de viajes en el exterior que se paguen en moneda en dólares. Se mantiene la restricción de límite máximo de compra de USD 200 mensuales para las personas humanas, con el adicional del 30% sobre la cotización de mercado, al tipo de cambio actual de $63 promedio de las entidades autorizadas, representa una paridad efectiva de compra de $81,90 por dólar. Las ventas de cambio de clientes recibirán el precio simple de mercado en pesos.

6. Dólar tarjeta previa a la ley: Las operaciones hechas antes de la sanción de la ley se liquidarán y pagarán al tipo de cambio de mercado, sin impuesto.

7. Tarifas servicios públicos: Se congelan por 180 días los cuadros tarifarios de electricidad y gas natural “de jurisdicción nacional”. Se intervienen los entes reguladores y se retoma la competencia nacional sobre las distribuidoras Edenor y Edesur, que habían sido transferidas a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires.

8. Autos: por la aplicación de alícuotas diferenciadas de impuestos internos, algunos vehículos con precio de venta al público de más de $1.829.000 tendrán aumentos que variarán según el modelo, desde 14% a 36%. El incremento puede ser levemente mayor si se tiene en cuenta que todas las unidades importadas y las autopartes pasarán a tributar una tasa de Estadística del 3%, hoy es de 2,5%. Los precios de los autos de alta gama, superiores a USD 53.600, tendrán un incremento de por lo menos 12,5%, sin computar la suba de la tasa de Estadística en el caso de las unidades ya ingresadas al país antes de la sanción de la ley.

9. Bienes Personales: Se aplicarán alícuotas de 0,50% a 1,25%, según el excedente de patrimonio. Las tasas se duplicarán en el caso de activos radicados en el exterior, pero se las reducirá al nivel original si esos activos son repatriados. En la medida que no se modifique el mínimo no imponible de $2 millones, no solo se pagará el doble de lo actual sino que más personas quedarán alcanzadas, al no actualizarse el mínimo no imponible por inflación.

10. Pymes: Se establece un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 30 de noviembre hasta en 120 cuotas. Se condonan los intereses hasta el 100% y, si se paga al contado, una quita del 15% en el capital.

11. Contribuciones patronales: Los empleadores de servicios o comercio con ventas de más de $48 millones anuales pagarán una alícuota de 20,40%, el resto el 18%. Como se baja el tope de facturación para recibir el beneficio (actualmente es de $50,95 millones en las empresas de servicios y $178,86 millones en comercio), en muchos casos implicará un aumento del costo laboral. Además, se deja sin efecto la actualización de esas bases por la inflación.

12. Retenciones: Se faculta al Poder Ejecutivo a aplicar derechos de exportación de hasta 33% para soja y derivados y del 15% para trigo y maíz. Los productos industriales y agroindustriales y los servicios tendrán un máximo del 5%. Respecto de los niveles vigentes al viernes 13 de diciembre, las retenciones a la soja pasarían de $14,77 a $19,74 por dólar (+33,6%) y las de trigo y maíz de $4 a $ 8,97 por dólar (+124,25 por ciento).

13. Impuesto a las Ganancias: Como se reduce el ajuste por inflación de un tercio a un sexto, el saldo a pagar por el corriente año fiscal será mayor.

14. Impuesto a la Renta Financiera: Se exime a todas las colocaciones en moneda nacional a plazo fijo y en títulos públicos.

15. Impuesto al Cheque: Las grandes empresas deberán tributar 0,6% adicional en los casos de retiro de dinero en efectivo de las entidades bancarias, el doble que en la actualidad. No alcanza a las personas humanas, ni a las jurídcas que revistan y acrediten la condición de micro y pequeñas empresas.

Infobae


Alberto Fernández: “Queremos que el salario de los jubilados deje de caer”

El presidente Alberto Fernández defendió los cambios previsionales previstos en la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Senado convirtió esta madrugada en ley, al sostener que su gobierno busca que los salarios de los jubilados “dejen de caer y dejen de perder”.

“Queremos recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad”, sostuvo Fernández anoche en el programa Nada personal que emite Canal 9, mientras el proyecto de ley aún era debatido por el Senado. “Los que dicen estar preocupados por el sueldo de los jubilados hoy en día, son los que en cuatro años de gobierno les hicieron perder el 20 por ciento del salario real”, afirmó en relación a la postura de Juntos por el Cambio en el debate parlamentario.

En ese marco, el Presidente remarcó que su gestión está “garantizando que el salario de los jubilados deje de caer y que dejen de perder, y tratando de recomponer un criterio de mayor igualdad”.

“Se escuchan muchas voces de la oposición, de los que gobernaron hasta hace muy poquito y dejaron lo que dejaron, y no advierten que esta ley va a beneficiar a mucha gente, y propone una revisión del sistema jubilatorio tratando de garantizar un modo de actualización que sea justo para jubilados”, añadió el jefe del Estado.

Ayer Fernández anunció la ampliación de las sesiones extraordinarias, para enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley que “termine” con las “jubilaciones de privilegio” en el Poder Judicial y el Cuerpo Diplomático , con el “propósito de garantizar la igualdad” en el sistema previsional. “No es ir en contra de nadie, es poner un poco equilibrio y orden. Donde más se manifiesta ese desequilibrio es en el caso de los jueces y los diplomático, que además tienen sueldos en dólares”, dijo.

Al ser consultado sobre la necesidad de un ajuste en la política, el Presidente dijo que “es un tema recurrente, pero no necesariamente justo” y, tras recordar que “un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana cuatro veces lo que gana el presidente”, señaló que “cuando uno vive de sus ingresos, tampoco es muy entendible ese reclamo”.

Además dijo que “ya la política ha hecho un enorme ajuste en ese punto”.

Por otro lado, al retomar sus críticas contra el desempeño de los dirigentes de Juntos por el Cambio en el debate legislativo de los últimos días, arremetió especialmente contra el titular del interbloque de esa fuerza en Diputados, Mario Negri, y contra el presidente de la UCR, el diputado Alfredo Cornejo. “Me llamó mucho la atención lo que dijeron Negri y Cornejo. Parece que ellos no tienen nada que ver con lo que pasó y son corresponsables de lo que pasó. Deberían dejar de lado su soberbia y su altanería y darse cuenta de lo que han hecho”, aseguró.

Página/12

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