Bolivia: el Senado posesiona a nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral para los comicios 2020 

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Posesionan a los vocales del TSE encargados de las elecciones 2020

La presidenta del Senado, Eva Copa, tomó juramento esta tarde, a los seis vocales titulares y seis suplentes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) elegidos esta madrugada para llevar a cabo las elecciones generales del 2020.

“Hemos devuelto la confianza al pueblo boliviano de que esta comisión iba a trabajar minuciosamente y ahora tenemos a estas personas al frente en cuyas manos están las próximas elecciones”, dijo Copa en el acto.

Las nuevas autoridades electorales son: Daniel Atahuichi Quispe, Rosario Baptista Canedo, Nancy Gutiérrez Salas, Óscar Hassenteufel Salazar, Francisco Tarquino Blanco y Ángela Ruiz Vacadíez.

Atahuichi elegido en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con la mayor votación, pidió profundizar la democracia y la institucionalidad en el nuevo Órgano Electoral. Sin embargo no quiso referirse al trabajo que lllevó a cabo en el Ministerio de la Presidencia y abandonó la sala de la Vicepresidencia donde se realizaba la posesión.

El vocal, Oscar Hassenteufel Salazar, por su parte, negó cualquier tipo de “cuoteo” para la designación de los cargos en el TSE, como habían denunciado algunas legisladoras de PDC.

Hassenteufel evitó adelantar criterios sobre la personería jurídica del Movimiento Al Socialismo (MAS) después de las denuncias de fraude en las elecciones de octubre. El vocal fue quien le entregó la credencial a Evo Morales en la primera elección que ganó el 2005, posteriormente renunció al cargo.

“El exvicepresidente Álvaro García Linera y el expresidente me pidieron que me quedara, sin embargo yo había decidido irme y creo que merecía un descanso”.

Posesión de los vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral.

Publicado por Los Tiempos en Jueves, 19 de diciembre de 2019

Los Tiempos


Evo Morales: La orden de aprehensión no procede; sigo siendo presidente

El exmandatario de Bolivia Evo Morales afirmó este jueves desde Argentina que la orden de detención que emitió en su contra la Fiscalía boliviana “no procede legalmente” porque sigue “siendo presidente” del país, ya que la Asamblea Legislativa “no aceptó ni rechazó” su renuncia.

“La orden de aprehensión es injusta, ilegal e inconstitucional porque no procede legalmente. Sigo siendo presidente y por eso se debe cumplir con los procedimientos de la ley boliviana”, afirmó en una rueda de prensa en Buenos Aires.

Argumentó que “la Asamblea Legislativa Plurinacional no aceptó ni rechazó” la renuncia que presentó el pasado 10 de noviembre, por lo que “según la Constitución” sigue siendo presidente hasta el próximo 22 de enero.

“Estoy demostrando que Evo sigue siendo presidente y entonces no procede esta orden de aprehensión”, señaló, antes de agregar que “la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar por dos tercios el juicio por responsabilidades al presidente”.

El ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, compartió ayer en Twitter una fotografía del documento en el que se ordena aprehender a Morales y trasladarlo ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción para prestar su declaración informativa.

El Gobierno interino de Jeanine Áñez presentó en noviembre pasado contra él una denuncia en la Fiscalía en La Paz por delitos como terrorismo, al acusarlo de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde México, país al que llegó en primer lugar como asilado tras salir de Bolivia el pasado 11 de noviembre.

La denuncia se sustenta en pruebas como un video en el que se oye una voz atribuida a Morales, pero cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes.

Esa voz incita a un dirigente cocalero en Bolivia, contra quien también hay una orden de arresto, a mantener el bloqueo a las ciudades para impedir ingresar alimentos.

Morales llegó a Argentina el jueves de la semana pasada, procedente de México, e inició los trámites para ser acogido como refugiado, y hoy afirmó que Buenos Aires es el mejor lugar para “operar”.

“Tengo tanto deseo de estar en Bolivia, en el norte. Pero la mejor forma de operar es desde Buenos Aires”, afirmó Morales, quien será el jefe de campaña de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), para los comicios que anunció el Gobierno de Áñez y para los que todavía no hay fecha.

Correo del Sur


El gobierno argentino no dará curso al pedido de detención de Evo Morales

La Cancillería argentina no dará curso al pedido de detención que se libró contra el destituido presidente de Bolivia, Evo Morales, según dejaron trascender desde el entorno del presidente Alberto Fernández. Argentina sigue sin reconocer al gobierno de facto que encabeza Jeanine Añez, por lo que tampoco considera válidas sus resoluciones. De esta manera, la “orden de aprehensión” emitida contra Evo por la Fiscalía Especializada en Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en el marco de una causa por los supuestos delitos de “sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo”, directamente no será respondida. Fernández se comunicó con Morales para transmitirle su apoyo. Le dijo que se quedara tranquilo y además reforzó su seguridad, por las dudas. En una conferencia de prensa, Evo consideró la orden judicial “inconstitucional” y adelantó que lo defenderá un equipo jurídico encabezado por el ex juez español Baltasar Garzón.

Sin dudas, el traslado de Evo Morales y algunos de sus colaboradores desde México a Argentina puso nervioso al gobierno de facto boliviano que libró la orden de captura basada en un supuesta conversación telefónica en la que el depuesto presidente pedía desde México que se bloquearan las rutas en Bolivia. Alberto Fernández analizó con el canciller Felipe Solá las implicancias que podría tener esta orden judicial y coincidieron que no modificaba en nada la situación previa. Morales está en el país en carácter de refugiado político, por lo que goza de protección diplomática y los derechos de cualquier ciudadano.

“No tiene ninguna seriedad”, respondieron en la Cancillería respecto a la orden librada con el sello del Ministerio Público de Bolivia y la firma de los fiscales Jhimmy Almanza y Richard Villaca que ya se encontraba en poder del área de legales. Si Fernández había movido cielo y tierra para ayudar a salir a Evo Morales de su país porque consideraba que su vida corría peligro, poco sentido tendría ahora avalar semejante orden que faculta “a cualquier funcionario público hábil o autoridad para que aprehenda y conduzca” a Morales ante las oficinas de la Fiscalía y que, en caso de ser necesario, podrá ser ejecutada con “la ayuda de la fuerza pública”.

Muy activo desde que llegó a la Argentina, Evo Morales se reunió ayer con la titular de Madres, Hebe de Bonafini. Más temprano, dio una conferencia de prensa en el Centro Cultural de la Cooperación para rechazar la orden en su contra dado que “todas las acciones del gobierno de facto de Bolivia son nulas”. Es más, agregó que “después de revisar legalmente la situación, debo decirles que Evo sigue siendo el presidente”. Explicó que presentó su renuncia -forzado por el Ejército- el 10 de noviembre pasado y que, de acuerdo al artículo 170 de la constitución boliviana, la Asamblea Legislativa debe reunirse para aceptarla o rechazarla. Hasta que eso no ocurra, no es efectiva. Y eso nunca sucedió, por lo que legalmente seguiría siendo el presidente.

“La autonombrada (dijo, aludiendo a la presidenta de facto Áñez) se reunió con su gente, sin convocatoria y sin quórum, y se autoproclamó. Eso es totalmente inconstitucional. No cumple ni con las normas de la Asamblea ni con las de la constitucional política del Estado”, dijo Morales, con lo que concluyó que “todos los actos del gobierno de facto son nulos”, lo que incluiría la orden de detención en su contra.

Reveló que armó un equipo jurídico para enfrentar la orden de arresto con el ex juez de la Audiencia española Baltasar Garzón a la cabeza, acompañado por “muchos expertos que vienen de la lucha de los pueblos de Sudamérica, a los que se han plegado abogados bolivianos aunque tenían mucho miedo”. “Vamos a demostrar jurídicamente que esa orden de aprensión no es constitucional ni legal”, adelantó.

“Si quieren elecciones libres y transparentes dejen de perseguir a los dirigentes y ministros, dejen de amedrentar”, sostuvo Morales, y reiteró que una vez que se convoque a elecciones el próximo 2 de enero será necesario la presencia de autoridades internacionales para que hagan cumplir las normas. “No creo en la delegación de la OEA a la cabeza de Luis Almagro”, lanzó. Subrayó la necesidad de la presencia de “instituciones de mucho respeto, como el Centro Carter” y que pedirá la participación de premios Nobel de la Paz latinoamericanos para que “hagan el seguimiento con sus técnicos de los comicios, para garantizar la transparencia”.

Como prueba de lo inquieto que está el gobierno de facto con la presencia de Evo cerca de Bolivia, ayer, la canciller interina Karen Longaric dijo que hará una consulta al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para que aclare si Morales tiene permitido desarrollar actividades políticas en Argentina. “Esperaremos que el Alto Comisionado responda sobre el particular y después de ello hacer la queja formal ante el gobierno de Argentina”, agregó Longaric. El gobierno de Fernández ya avisó que considera que Evo tiene los derechos de cualquier ciudadano por lo que es libre de realizar las actividades que le parezca.

Página 12

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