Chile: Piñera conmemorará el Día Internacional por los DDHH pese a las miles de denuncias por la represión

Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 18 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Piñera alista acto por conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos

Mañana, antes de viajar a Buenos Aires para participar de la ceremonia de cambio de mando en que asumirá Alberto Fernández en reemplazo de Mauricio Macri, el Presidente Sebastián Piñera tiene contemplado realizar un acto en La Moneda.

¿La razón? Conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Una materia que se ha vuelto un flanco para el gobierno debido a las múltiples denuncias en contra de uniformados por violaciones a los derechos de las personas desde el estallido de la crisis social el 18 de octubre.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se han interpuesto un total de 1.383 denuncias, entre ellas, 192 por violencia sexual, 405 por torturas y otros tratos crueles y 787 por uso excesivo de la fuerza. Esto, además, en un contexto en que informes de distintos organismos internacionales -como Amnistía, Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- han advertido la existencia de violaciones a los derechos fundamentales cometidas por parte de agentes del Estado, principalmente, Carabineros.

En este escenario, según fuentes de gobierno, el Mandatario está trabajando para mañana un discurso que apuntaría a reiterar “el compromiso” de su gobierno con el resguardo de los derechos humanos y realizar un resumen de las medidas que se han adoptando durante la crisis social, entre ellas acoger las recomendaciones de HRW sobre las funciones de Carabineros. De hecho, para enfrentar el desprestigio por el cual atraviesa esa institución, el gobierno anunció la creación de un consejo para reformarla (ver recuadro).
Reparación a víctimas

En la ceremonia, agregan fuentes del gobierno, el Presidente Piñera también podría anunciar una serie de medidas de reparación o asistencia a víctimas de abusos en las que el gobierno ha estado trabajando. Esto, dicen, en línea con la creación del “Programa Integral de Reparación Ocular” que el 11 de noviembre anunció el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Según el último balance del INDH, las personas que han sufrido traumas oculares ascienden a 352.

Preparación

En el gobierno señalan que aún están afinando el esquema de la ceremonia que esperan realizar mañana, además de los detalles del discurso y quiénes serán los invitados. Eso sí, sostienen que la idea es que esté presente el INDH, la Defensoría de la Niñez, representes del Poder Judicial y todos quienes participan del comité técnico asesor de derechos humanos -que fue creado para enfrentar las denuncias por violaciones a los derechos humanos- y que lidera el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos se realizará, además, en una semana considerada como “compleja” por La Moneda. Mañana, el mismo día en que Piñera podría materializar su primer viaje al extranjero desde el estallido social, se comenzará a discutir en el Senado la acusación constitucional contra del exministro del Interior Andrés Chadwick. Además, el jueves se votará en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del propio Mandatario, ofensiva en que un sector de la oposición lo acusa de haber permitido vulneraciones a los derechos humanos. De igual manera, esta semana podría publicarse el informe sobre las movilizaciones en Chile de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Respecto del manejo que ha tenido el gobierno en materia de derechos humanos, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, señaló ayer en Chilevisión que “tanto el Presidente Sebastián Piñera, como mi antecesor (Andrés Chadwick), en mi caso y todos los ministros de gobierno han tomado todas las preocupaciones”.

Además, recalcó que “la instrucción que tiene Carabineros es que todos los casos de denuncias a violaciones a los derechos humanos sean informados y los antecedentes sean entregados a la fiscalía (…). Lo que ha dicho el Presidente, y lo que hemos dicho desde el primer momento, es que no puede haber impunidad”.

La Tercera


La semana en que el piñerismo estará sentado en el banquillo

Nerviosismo. Eso es lo que impera en el núcleo duro del Presidente Sebastián Piñera, porque, si bien es casi inviable que la acusación constitucional en su contra avance en la Cámara de Diputados y la que pesa sobre su hombre de confianza, el exministro Andrés Chadwick, tiene un resultado incierto en el Senado, ni en sus peores pesadillas el “piñerismo” se imaginó una semana como esta: con sus dos principales figuras sentadas en el banquillo político, claramente días que jamás se les pasaron por la cabeza ni siquiera en sus peores pesadillas. Hace cuatro meses nadie lo habría imaginado, pero lo cierto es que ambas acusaciones confrontan la forma en que tanto el jefe de Estado como Chadwick manejaron políticamente las primeras semanas del estallido social del 18 de octubre.

La discusión parlamentaria de ambas acusaciones se dará en un escenario complejo. Con emplazamientos internacionales –Amnistía Internacional y Human Rights Wacht– por violaciones a los Derechos Humanos y abusos de parte de Carabineros durante el control de las manifestaciones, la violencia que se desbordó y se derivó de la protesta callejera y la bajísima aprobación ciudadana a la figura presidencial, que la semana pasada llegó a apenas y con esfuerzo al 10%.

Es cierto que Chadwick salió ya del Gobierno en el cambio de gabinete de finales de octubre, que La Moneda realizó para tratar de calmar los ánimos de la calle sin mayor efecto, pero también lo es que la propia Constitución establece que los ministros de Estado pueden ser acusados hasta seis meses después de dejar sus cargos y, de prosperar el libelo, quedan inhabilitados por cinco años de ejercer cargos públicos.

La apuesta en La Moneda es que, en el caso del Presidente, la acusación se caiga en la Sala de la Cámara de Diputados el jueves 12, que ni siquiera se discuta el fondo y que los parlamentarios acojan la llamada cuestión previa, que apunta a que en la forma el libelo no cumple con los requisitos para acusar al Mandatario. Por lo mismo, se instaló hace un par de semanas la teoría del “cordero de Dios”, que implica que sería inevitable que se sacrifique políticamente a Chadwick para salvar a Piñera y, así, dar la señal de que “alguien” asuma –ante los ojos ciudadanos– la responsabilidad del mal manejo de la crisis en la que ha estado el país por casi dos meses.

El Senado discutirá en sesión especial la acusación al exministro del Interior mañana martes 10 –se escucharán los argumentos de los diputados acusadores Gabriel Silber (DC), Gabriel Boric (CS) y Marco Ilabaca (PS) en la mañana y en la tarde del abogado defensor Luis Hermosilla– y el miércoles 11 de diciembre se votará. Para que sea aprobada la acusación, se necesita mayoría simple, o sea, 22 de los 43 votos en la Cámara Alta. Las cuentas frías apuntan a que el Gobierno cuenta con los 19 votos de la derecha y que la oposición tiene por sí sola unos 23, a lo que se sumaría el independiente, Carlos Bianchi, más aún, considerando que su hijo diputado, Karim Bianchi, ya votó a favor del libelo en la Cámara Baja.

La acusación se funda en dos puntos específicos: haber “violado las leyes y haber dejado estas sin ejecución al omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante la vigencia de las declaratorias de Estado de Emergencia en territorio nacional” y, además, haber “comprometido gravemente el honor y seguridad de la nación”, ya que Chadwick “participó de la declaración del Estado de Emergencia cuando esto afectó derechos contemplados en dicho estado de excepcionalidad constitucional”.

Una y otra vez se ha escuchado durante los últimos días la frase respecto a que los senadores actúan como jueces en esta instancia y, por ende, que cada uno votará en su propio mérito, pero la verdad es que la realidad dista mucho de eso. Las gestiones para intentar salvar a Chadwick han estado a la orden del día, nuevamente se ha aplicado la estrategia gubernamental del “pirquineo” de votos, y las “presiones” públicas y privadas del otrora llamado partido del orden –entiéndase la elite política de derecha y centroizquierda– han sido la tónica a medida que se acerca el día clave para el exministro.

Los senadores de oposición tienen poco margen para no acusar a Chadwick, tal como lo reconocieron en las bancadas de la DC, el PPD y del PS. La tensión interna de los socialistas no ha sido menor, debido a las relaciones personales que dos de sus senadores tienen con el extitular de la cartera del Interior, una “contradicción vital” que la semana pasada relató a sus pares del PS el senador José Miguel Insulza, en una cena en el piso 14 del Congreso. No hay que olvidar que el senador por Arica tiene una historia de exilio estrechamente ligada a María Teresa Chadwick, hermana del otrora ministro, y a su marido, el exsenador y exminitro PS José Antonio Viera-Gallo, quien este domingo abogó públicamente –en La Tercera– por su “cuñado”: criticó el libelo, porque “dejó de ser ministro y las acusaciones constitucionales tienen por objetivo principal que la persona deje el cargo (…), pretender inhabilitarlo no corresponde”.

El otro caso es el del senador PS Juan Pablo Letelier, quien tiene una estrecha relación con Chadwick, con quien no solo compartió pasillos, comisiones y escaños en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado por años, sino que también el poder en la Sexta Región, donde ambos han ejercido casi como caudillos locales.

El caso de sus dos parlamentarios no pasa inadvertido en el socialismo, a quienes el partido les recordó que en la Cámara Baja la totalidad de la bancada de diputados votó a favor de la acusación, lo que implica una señal clara que no puede ser dejada a un lado. Que Letelier o Insulza –quien mantiene sus aspiraciones presidenciales– se inhabiliten o voten en contra de la acusación, confesaron en la colectividad, sería “dramático y un nivel de entreguismo gigante” y advirtieron, además, que sería inexplicable para las bases del PS que, en este contexto político y social, dos de los suyos salven a Chadwick, cuando sus huestes están marcadas a fuego con la violación de los Derechos Humanos en dictadura.

En La Moneda confesaron estar temerosos con lo que vaya suceder esta semana. “Siempre creímos que el escenario estaba muy difícil”, reconocieron en Palacio. Saben que, más allá del mérito jurídico del libelo, lo que realmente está en juego esta semana es el carácter político de la gestión de Chadwick como ministro del Interior y que, en tal marco, jugará un rol determinante el asesinato de Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, caso por el cual la comisión investigadora –en agosto de este año– lo sindicó como responsable político de dicha muerte.

El analista político Axel Callís precisó que “muchos perciben que entregar la cabeza de Chadwick es comenzar a solucionar el problema de que alguien pague por esto, es decir, este ha sido un estallido social donde no han corrido cabezas y, literalmente, se transforma en la primera ofrenda”. Respecto de la posibilidad de revertir el escenario, Callís señaló que “el que el Gobierno prácticamente haya estado ausente de la sesión en que lo acusan en el Parlamento, te indica que está entregado. Fue Hermosilla solo, no había ningún ministro”.

En la Democracia Cristiana también hay dudas de lo que hará su bancada en el Senado, partido en el que se refieren a sus senadores como “cada uno es su propia isla”. Los casos de Carolina Goic y Ximena Rincón –explicaron en la tienda– estarían amarrados a sus aspiraciones presidenciales, por lo que optar por el rechazo de la acusación a Chadwick podría traerles costos difícilmente reembolsables de cara a las bases de la colectividad. En el caso del senador Francisco Huenchumilla, el caso Catrillanca lo dejaría sin siquiera margen para la reflexión y su única opción es aprobar el libelo, lo mismo su par Yasna Provoste, quien también votará a favor. El senador, Jorge Pizarro, debía viajar fuera de Chile pero finalmente se quedó, aunque en la falange tienen dudas sobre su voto e, incluso, creen que terminaría apoyando a Chadwick, con quien también tendría una relación cercana.

Para los que tienen dudas en la DC, en la oposición dicen que las palabras del diputado Matías Walker marcaron un camino. El 28 de noviembre, en plena discusión en la Cámara Baja, el diputado democratacristiano argumentó su voto a favor de la acusación señalando que, si bien no compartía el punto dos de esta, sí estaba de acuerdo con el primero y que dice relación con “omitir adoptar medidas para detener violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos”. No es un detalle menor porque, si bien en la Cámara se votó la acusación como un todo, razón por la cual Walker dio el voto favorable, en el Senado los artículos se votan por separado y basta que se apruebe solo uno para que la acusación pase.

En el PPD aseguraron que “no tenemos ni un Insulza ni a un Letelier, que sus senadores están alineados y nadie figura con compromisos personales de ninguna índole con Chadwick.

Para el analista y académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, “el Gobierno ha llegado a una situación en la que aparentemente no tiene nada más que perder, si es que el exministro Chadwick, como todo parece apuntar, llega a ser condenado, eso significaría que la primera parte de la administración ya se puede dar como muerta absoluta (…). El primer ministro del Interior condenado por casos de Derechos Humanos, por otra parte, sería herir al círculo de hierro del Presidente Piñera. Esto tiene implicancias político-institucionales para el Gobierno, pero también tiene implicancias familiares para el Presidente, es un doble golpe, porque su hombre de confianza cae y es su primo también quien cae, es decir, hay un daño mayor al Gobierno”.

La hora del Presidente
La acusación contra Piñera tiene otros ribetes más allá de la situación de Chadwick. Desde que se anunció la idea, ha generado resquemores en la propia oposición, al punto que en sus bancadas de diputados reconocen que es bien posible que la defensa del Jefe de Estado logre que el libelo naufrague en la cuestión previa, la que solo requiere de mayoría simple, es decir, el 50% más 1 de los presentes en la Sala. De los 13 diputados de la DC, por ejemplo, solo 4 o 5 estarían por rechazar la cuestión previa, para forzar que la Sala debata el fondo de la acusación.

Eso es precisamente lo que La Moneda quiere evitar, que durante horas la imagen del Mandatario esté públicamente en tela de juicio, debate en el que una y otra vez se pondría sobre la mesa la cifra de heridos, más de 20 muertos y las más de 300 personas con daño ocular, cuyo caso más emblemático es el del joven Gustavo Gatica. Las gestiones han sido de toda índole, desde las declaraciones del ministro del Interior Gonzalo Blumel, quien ayer insistió en que el libelo contra Piñera “no tiene fundamento”, hasta las conversaciones de pasillo en el Congreso, en las que se puso el foco en el gesto “desestabilizador” que tiene dicho debate, lo que estaría inhabilitando a más de uno en las bancadas de oposición.

El jueves Piñera no asistirá a la Sala de la Cámara, pero sí lo hará su abogado defensor, Juan Domingo Acosta, quien en los argumentos contra el libelo y por los que invocó la cuestion previa, precisó que “utilizar la acusación constitucional en este escenario, implica una banalización de este instrumento y podría significar un grave atentado contra la gobernabilidad del país, paralizando la atención de los altos mandos”. Además, “los acusadores tampoco han acompañado antecedentes suficientes para acercarse a una acreditación” y que “los acusadores no han apuntado hacia ningún acto del Presidente que pueda contravenir abiertamente la Constitución”.

No hay dos voces entre los que afirmaron en el Congreso que, de rechazarse la cuestión previa y debatir la acusación en Sala, no están los votos para que la acusación sea aprobada en la Cámara.

A diferencia de las acusaciones a otras autoridades, en el caso del Presidente de la República se exige un quorum de la mayoría de diputados en ejercicio, esto es, 78 de los 155 y, en el caso del Senado, de 2/3.

El analista Tomás Duval afirmó que la acusación contra el Primer Mandatario “va a complicar y conflictuar a la oposición, dado que parte de dos supuestos: uno, inculpar al Jefe de Estado (ético o moral), pero a sabiendas que no se tienen los votos para ello dado el quorum. Ello, impulsado por el PC y otros integrantes del Frente Amplio, es deducir las fuerzas más extremas del espectro político. En el fondo, culpar a Piñera de todo, que en paralelo puede chocar con el acuerdo constitucional; por el otro lado, Chile Vamos tendrá que cerrar sus filas con el Mandatario aun si baja la aprobación. En este sentido, será complejo por el tema de los Derechos Humanos. Si no se enfoca de forma adecuada, sería un problema complejo”.

En la oposición se sinceraron al hablar de las posibilidades reales de la acusación. La DC ya advirtió que no está por apoyar el libelo, que “buscaría ahondar en la ingobernabilidad”. El PPD está dividido, ya que su timonel, Heraldo Muñoz, ya se mostró crítico de la acusación. En el PS en un principio no estaban de acuerdo, por considerar que había “falta de informes” y que el rechazo garantizado de la acusación le va a “regalar un manto de impunidad” a Piñera, pero ahora dicen que el escenario cambió, que dada la información que se maneja públicamente, no les queda otra que votar a favor.

Para Callís, “el costo que tiene (acusar) es que Piñera no tiene prácticamente ningún respaldo de la población, o sea, menos de dos dígitos, y tener un dígito de respaldo es prácticamente gratis la acusación, ni siquiera la gente de su sector lo apoya”. Respecto del resultado de la acusación contra Chadwick, agregó que “puede haber un despertar de tipo vampiro, que cuando se huele la sangre, se va por ella también”.

En la misma línea, Morales apuntó que “de caer (Chadwick), podría minar a los legisladores que en un principio no estuvieron de acuerdo con la acusación constitucional a Sebastián Piñera, pero que en este ambiente en que el Presidente tiene entre 5% y 10% de aprobación, podrían animarse para dar el golpe final. Esto se podría dar por la presión de la propia militancia sobre el cuerpo de legisladores, ellos están particularmente con los oídos abiertos a la ciudadanía y escuchan a la militancia, que son más polarizados que la elite. No me sorprendería que la militancia DC y FA insista para avanzar contra”.

El Mostrador


Anef anunció nueva jornada de paro nacional para este 10 de diciembre

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), anunció para este martes un nuevo paro nacional, mismo día en que la Mesa del Sector Público discutirá con el Gobierno el reajuste salarial para 2020.

Desde la Anef manifestaron su rechazo ante la aprobación en la Cámara de Diputados de la “Ley anti saqueos”, iniciativa que contó con los votos de la oposición, y por la cual los diputados del Frente Amplio Giorgio Jackson y Gabriel Boric pidieron disculpas.

Pese a ello, el vicepresidente de Negociación y Relaciones Gubernamentales de la ANEF, Yuri Contreras, calificó como lamentables las disculpas de los parlamentarios.

“Es lamentable que la oposición siga llegando a acuerdos con el Gobierno, mientras en Chile la policía reprime mutilando a los ciudadanos demandando justicia social. Es lamentable que aquellos que dicen representar al pueblo, representar a los ciudadanos que los eligieron, hoy día tengan que salir a pedir disculpas”, comentó Contreras.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, calificó de “indecente” la propuesta del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que consta de un reajuste nominal de 2,7% para aquellos trabajadores que ganen menos 1,7 millones de pesos brutos, mientras que quienes ganan un monto superior, no tendrían reajuste.

“Que el Gobierno pretenda que un porcentaje de trabajadores reciba únicamente la recuperación del IPC en relación a diciembre de 2018, y que otro porcentaje de trabajadores ni siquiera reciba eso (…) es francamente una propuesta indecente”, sostuvo Aguilar.

Además, desde la Anef acusaron al Gobierno de traspasar la crisis al sector público debido a los aproximadamente 1000 despidos de funcionarios en todo el país.

El Mostrador


Reforma profunda a Carabineros: La Moneda finalmente anuncia creación de un consejo que modernice la policía uniformada

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, informó que el Gobierno convocará -esta semana- a un “consejo” para reformar Carabineros. Esto luego de informes de organismos internacionales que acusan a la policía uniformada de violar los Derechos Humanos durante las protestas sociales que se iniciaron el 18 de octubre.

De acuerdo al secretario de Estado, la instancia es parte de los compromisos del Ejecutivo después del informe de Human Rights Watch, que estableció la existencia de violaciones de los DDHH por parte de agentes del Estado.

“Como parte de los compromisos que tomamos después del informe de Human Rights Watch (HRW), vamos a convocar a un consejo para la reforma a Carabineros”, dijo el secretario de Estado en conversación con CNN Chile.

Según Blumel “necesitamos una policía del siglo XXI” y adelantó que la instancia que se realizará esta semana en La Moneda “se va a enfocar en revisar todo lo que veníamos haciendo en la modernización de Carabineros para ver si están a la altura de lo que se requiere; en segundo lugar, para abordar el tema de orden público; y, tercero, tenemos que ver cómo estas actuaciones en materia de orden público se consolidan bien con la protección absoluta de los Derechos Humanos”.

“No solo debemos dejar que las instituciones funcionen (…) sino que hacer que funcionen. Por eso, hemos tenido todas las coordinaciones con el Poder Judicial, con la Fiscalía y con Carabineros para que se investigue y la justicia resolverá si efectivamente hubo violaciones de causas más particulares u otras que tienen que ver con temas más estructurales, pero que se resuelva en función de algo que está dentro de Estado de Derecho”, añadió.

La gestión de Rozas

Consultado por la gestión del general director de Carabineros, Mario Rozas, y su manejo de la crisis social, Blumel afirmó que la institución “venía enfrentando una crisis gigantesca hace mucho tiempo: primero, producto del mal uso de los fondos reservados -de lo que se conoció como el Pacogate en su momento- y, posteriormente, con la Operación Huracán”.

Así, “lo que nosotros hicimos como gobierno al asumir fue hacer todos los esfuerzos posibles, primero, por terminar con esas malas prácticas; segundo, entregar los antecedentes a la Justicia para que se investiguen y se sanciones; y, tercero, impulsar un proceso de modernización a Carabineros”, que constaba de 150 medidas y 71 de ellas enfocadas en la modernización de la institución.

En esa misma línea, aseveró que el estallido social “enfrentó a Carabineros en un proceso de cambio muy complejo y también es cierto que uno de los temas que no estuvo en el acuerdo por la seguridad fue la revisión de la actuación en materia de orden público”, concluyó.

El Mostrador


Escaños indígenas, independientes y cuotas de género, las piedras de tope del proceso constituyente

La pugna por escaños indígenas reservados, participación de independientes y cuotas de género en una eventual Convención Constituyente se transformó en la nueva piedra de tope del proceso para una nueva Carta Magna. Sobre este último punto ya hay propuestas sobre la mesa, mientras que los otros dos aspectos siguen en la nebulosa, sin definiciones claras de parte de la clase política.

Tras calmarse las aguas de la acalorada discusión que se suscitó por el quórum de dos tercios acordado el 15 de noviembre pasado, el foco del debate ahora se centra en dirimir cómo asegurar la representación de independientes, miembros de pueblos originarios y de mujeres.

Algunos sectores esperaban que las dudas quedaran zanjadas en el borrador de la comisión técnica mandatada por los partidos políticos, pero los tres puntos de las discordia no formaron parte de éste, por lo que dichos aspectos se deberán resolver ahora por la vía legislativa.

Cuotas de género, lo más avanzado

La participación de mujeres es el punto más avanzado, pues ya existen algunas propuestas a diferencia de los otros dos aspectos mencionados. De todos modos, las posturas son dispares, principalmente en el oficialismo, coalición dentro de la cual aún no hay una definición clara.

En efecto, pese a que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, señaló el domingo recién pasado que se llegó a un acuerdo sobre las cuotas de género, hay militantes dentro de su partido que no se mostraron muy convencidos.

“Respecto de la paridad, hay una propuesta que se acordó con la oposición y es que al menos que haya 45%-55% participación en mujeres y hombres y que además las mujeres encabecen las listas, inscribiendo en los votos primero a las mujeres y después alternado entre hombres y mujeres para facilitar la elegibilidad”.
– Mario Desbordes, presidente RN

El diputado de esa misma colectividad, Miguel Mellado, se manifestó en desacuerdo con la medida, puesto que el mecanismo privilegia un sector de la sociedad por sobre las demás, por lo que anticipó una votación negativa en caso de presentarse la indicación.

Sobre las cuotas de género, en Chile existe el antecedente de su inclusión en las elecciones parlamentarias de 2017, tras la sustitución del binominal. El mecanismo obliga a presentar un porcentaje a los partidos políticos no menor del 40% de mujeres entre sus candidatas.

Según señala un estudio del equipo de Asesoría Técnica Parlamentaria del Congreso Nacional, la entrada en vigencia de la iniciativa tuvo como resultado que de un 15,8%, se aumentó a un 22,6% la representación de las mujeres en la Cámara de Diputados (de 19 a 35 diputadas, de un total de 155 escaños) y de un 18,4% a 23,3% en el Senado (de 6 a 10 senadoras, de un total de 43 escaños).

Listas nacionales: la propuesta de la UDI

En parte, la iniciativa de Desbordes tiene aspectos similares con la presentada por Jacqueline van Rysselberghe. El lunes 2 de diciembre, en la casa del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, la presidenta de la UDI, dio a conocer su propuesta para tratar de destrabar el debate.

Si bien la idea de JVR se basa en listas nacionales cerradas (en lugar de distritales), ambas coinciden en que se aplicaría un método cebra. Es decir, que en las listas los hombres y mujeres aparezcan de forma intercalada para que así, en caso de que esa lista obtenga un 10%, en un escenario ficticio de 100 constituyentes, salgan electos cinco hombres y cinco mujeres.

Vía legislativa

Una vez conocida la ausencia de definiciones respecto a los puntos de la discordia en el borrador de la comisión técnica, la representante del Partido Liberal, Alejandra Zúñiga, lamentó que no haya sido posible acordar mayor representatividad ciudadana en esta primera instancia.

“Estos no son caprichos de la oposición, sino el piso ineludible para que el proceso se despliegue de manera legítima y creíble”, acotó.

Poco antes de revelarse el escrito acordado ese mismo día, el pasado viernes, la oposición anunció -mediante una carta de los presidentes de los partidos Socialista, por la Democracia, Radical, Revolución Democrática, Comunes, Liberal y Democracia Cristiana- una ofensiva para lograr destrabar la discusión.

¿La idea? Precisamente asegurar la paridad de género, la participación de independientes y pueblos originarios, las que garantizarían “la máxima inclusión social”.

¿Cómo? “Consideramos que algunas de las medidas propuestas son garantías democráticas para el proceso y tienen que ver con la participación de quienes han estado excluidos del poder: los pueblos originarios por medio de escaños reservados, mujeres a través de mecanismos que aseguren la paridad de género; e independientes mediante medidas que permitan competir en igualdad de condiciones con militantes de partidos políticos”, precisaron.

Escaños indígenas reservados y participación de independientes: en la nebulosa

No obstante lo señalado por la oposición, aún así persisten dudas respecto de los escaños reservados para pueblos originarios al no haber propuestas concretas sobre la materia. Tibiamente, desde los partidos de centro y de izquierda se ha deslizado la posibilidad de garantizar que el 10% del total de los constituyentes sean indígenas, como mínimo, pero nada formal.

Así las cosas, la oposición buscará el apoyo de RN y Evópoli para incluir a los pueblos originarios en el proceso, según dijeron este domingo.

Paralelamente, la diputada mapuche, Emilia Nuyado, aseguró que “una nueva Constitución no se puede hacer sin la participación de las primeras naciones preexistentes”.

“No se puede permitir hoy avanzar en nuevo proceso constitutivo sin las voces, sin la representación en escaños reservados de pueblos indígenas. Es un malestar que se ha sentido en diversos territorios y quiero señalarlo públicamente”, afirmó la parlamentaria.

Caso aparte es lo que ocurre con la participación de independientes, de lo que sólo se conocen buenas intenciones, mas nada concreto.

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