Chile: Piñera menciona por primera vez a las víctimas de la represión en el Día de los DDHH

Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 18 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Piñera sale a defender su gestión en DD.HH. y aplica ley del empate en casos de víctimas durante el estallido social

El Presidente Sebastián Piñera mantuvo a firme el acto por el Día Internacional por los Derechos Humanos en La Moneda, todo con un objetivo: salir a defender su gestión en la materia frente a los cientos de casos de violaciones y abusos registrados durante este estallido social, un punto que ha estado en el foco de los informes de organismos internacionales como los de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

La decisión de Piñera no fue casual, tomando en cuenta la acusación constitucional que se zanjará este martes y miércoles en el Senado contra su histórica mano derecha, el exministro Andrés Chadwick, y la acusación constitucional en su contra que se votará este jueves en la Cámara de Diputados, centradas justamente en las violaciones de los Derechos Humanos y abusos por parte de Carabineros durante estas siete semanas de estallido social.

En su alocución, el Presidente justificó en todo momento su gestión en la materia, citó el “nunca más” de Patricio Aylwin, y centró su discurso –repetitivo por varios momentos- en aplicar una ley del empate en los casos de víctimas durante el estallido social, tanto de las violaciones de los derechos humanos, como de la violencia callejera.

Así, en un intento de quedar bien con todos los sectores, valoró el trabajo de instancias como el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, que han tenido una mirada crítica del actuar del Estado.

Pero a la par alabó la gestión de Carabineros, dando todo su respaldo a la institución que encabeza Mario Rozas. En tal sentido, aseguró que “queremos terminar con todos los mitos y falsas dicotomías. Cuando se resguarda el orden público, se protegen los derechos humanos”.

“Nuestra posición es fuerte y clara: En primer lugar un compromiso absoluto sin ninguna ambigüedad, sin ninguna duda con el respeto de los DD.HH. de todos siempre, pero eso no es suficiente, por eso que también hay que tener una actitud fuerte y clara que cualquier atropello que se cometa a los DD.HHH., debe ser investigada por la Fiscalía y debe ser conocido, juzgado y cuando corresponda sancionado por los tribunales de justicia”, aseguró.

A modo de balance, el Mandatario dijo que en las últimas semanas “hemos tenido que reconocer y lamentar la muerte de 24 compatriotas y varios miles han sufrido algún tipo de lesiones, algunos de ellos muy graves”.

“Quiero expresar mis condolencias, mi solidaridad y reiterar compromiso con la verdad para quienes sufrieron consecuencias de la violación a los DDHH”, dijo el Jefe de Estado, quien luego se refirió por primera vez en concreto a dos de los casos más sensibles víctimas de la acción de Carabineros. “Estoy pensando en personas como Gustavo Gatica y Fabiola Campillay”, quienes perdieron la visión de ambos ojos, sostuvo.

Pero al mismo tiempo mencionó al “cabo segundo de Carabineros Sebastián Artigas, quien recibió un balazo en Pudahuel” y las carabineras quemadas con molotov en Plaza Baquedano, María José Hernández y Abigail Catalina Aburto. “Y junto a ellos a miles de víctimas, tanto civiles como de nuestras Fuerzas de Orden y Seguridad”, dijo equilibrando la balanza.

Finalmente, Piñera indicó que “vamos a hacer todos los esfuerzos para aprender las lecciones de estas siete semanas”, acotando que la experiencia de las últimas semanas “nos obliga a reforzar el perfeccionamiento de instrumentos, mecanismos e institucionalidad, y a la vez avanzar para que en Chile tengamos una verdadera cultura de derechos humanos”, tal como adelantó en la cadena nacional del lunes cuando presentó la agenda antiabusos.

Igualmente, en su alocución marcada por frases como “la libertad y los derechos humanos tienen enemigos formidables”, detalló algunas de las acciones tomadas por su Gobierno durante estas últimas semanas, tanto en el plano médico, social y psicológico, los programas de acompañamiento delineados por el Ministerio de la Mujer para las denunciantes de violencia sexual y otros tópicos como el fortalecimiento de la subsecretaría de Derechos Humanos.

Sin mea culpa

En su discurso, Piñera no hizo ningún mea culpa de la actuación del Gobierno frente a estos casos de abusos. De hecho, altas fuentes de La Moneda han relativizado los informes conocidos hasta la fecha –de Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En privado, señalan que los reportes recogen denuncias no chequeadas médicamente y dan por hecho todos los testimonios.

En este sentido cuestionan las cifras de víctimas con heridas oculares, que según los últimos datos del INDH llegan a 352. Señalan por ejemplo que el informe de HRW atribuyó a Carabineros en el cien por ciento de los casos de heridos con balines, lo que -de acuerdo a sus datos- no es efectivo.

Desde el Gobierno se ha señalado que el Presidente ha estado en permanente contacto con Michelle Bachelet, y le han solicitado que no den por verídicas todas las denuncia, considerando que se espera para los próximos días que la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU dé a conocer el informe de la misión que estuvo en terreno en Chile, y que podría añadir aún más presión sobre la administración Piñera.

El Mostrador


Acusación constitucional: el Senado decide este miércoles el futuro político del ex ministro Chadwick

ste miércoles los 43 senadores decidirán el futuro político del ex ministro del Interior Andrés Chadwick al votar la acusación constitucional en su contra, con la que diputados de la oposición apuntan a su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estado de emergencia que se vivió en el país a mediados de octubre, tras el estallido social.

Ayer martes comenzó el proceso en la Sala de la Cámara Alta -que actúa como jurado- con la exposición de los diputados que integran la comisión de defensa del libelo, Marcos Ilabaca (PS), Gabriel Silber (DC) y Gabriel Boric (Convergencia Social); a la defensa de su Chadwick, su abogado Luis Hermosilla; y, por último, al ex ministro, que aseguró ser inocente: “Jamás he realizado o he dejado de realizar ninguna acción para permitir la violación de los DDHH”.

Para que la acusación constitucional sea aprobada, y por ende el ex ministro Chadwick suspendido de cualquier cargo público por los próximos cinco años, se necesitan 22 votos, de los 43 posibles.

Los dos capítulos del libelo, el que lo acusa de infringir la Constitución al omitir su accionar para evitar la violación a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y el que dice que vulneró la Constitución, al ser cómplice en el decreto de Estado de Emergencia en el que se vulneraron garantías, como si fuera un Estado de Sitio, se votarán por separado y basta con que uno de ellos sea aprobado.

El Senado está compuesto por 19 parlamentarios oficialistas, 23 de oposición y un independiente. Sin embargo, el demócratacristiano Jorge Pizarro no estará en la sesión por un viaje y el socialista José Miguel Insulza ha hablado sobre la dificultad de votar en contra de Chadwick por un vínculo afectivo que los une.

Cada senador tendrá 15 minutos para dar fundamentar si la aprueba o rechaza, por lo que se cree que la decisión del Senado se conocerá entre las 21:00 y las 22:00 horas.

Cooperativa


INDH: Una menor está con “riesgo vital” tras impacto de bomba lacrimógena

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció este martes la situación de una adolescente de 15 años que se encuentra grave en la ex Posta Central tras recibir el impacto de una bomba lacrimógena en su cabeza durante una manifestación celebrada este martes, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el sector de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago.

De acuerdo con la información del INDH, la menor fue ingresada al Hospital de Urgencia Asistencia Pública (HUAP) junto a un hombre de 35 años que sufrió una herida similar.

“INDH se encuentra en la Posta Central constatando el estado de salud de un hombre adulto de 35 años y de una niña de 15, quienes -según informó jefa de turno-, estarían con riesgo vital producto del impacto de bombas lacrimógenas en su cabeza durante manifestación en Plaza Italia”, detalló la entidad en su cuenta de Twitter.

Beatriz Contreras, directora regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, explicó que tras recibir información de heridos en la ex Posta Central dos abogados del INDH concurrieron al recinto hospitalario.

Contreras dijo a Cooperativa que los antecedentes recabados en el lugar dieron cuenta de un adulto que en un primer momento se había señalado que mantenía una fractura craneal, pero que “la información que hemos podido recabar nos señalan que la lesión es algo más leve”.

“Estamos recabando el detalle de esta información, pero en primera instancia no es fractura, sino que una lesión de menor gravedad”, explicó.

La directora regional del INDH precisó además que los abogados tomaron conocimiento de la situación de otras seis personas ingresadas a la ex Posta Central con heridas en el marco de las protestas que se desarrollan en Plaza Baquedano desde el 18 de octubre.

“Respecto a las demás personas, también se trataría de personas que recibieron impactos de bombas lacrimógenas, todas en la parte superior, es decir cabeza, algunos en la mandíbula, otros en el cráneo”, precisó la funcionaria.

La menor de 15 años está siendo intervenida de urgencia, de acuerdo con la información preliminar.

El doctor Juan Villagra, director médico de “Salud a la Calle”, la organización que asiste a las personas que resultan heridas en las manifestaciones, explicó a Cooperativa que en su puesto de atención de Barrio Lastarria recibieron “a una niña de entre 15 y 16 años que llegó inconsciente producto del impacto de una bomba lacrimógena director en su frente”, la “que progresivamente, en los minutos que estuvo con nosotros, comenzó a presentar depresión respiratoria”.

“Este impacto frontal le provoca un cuadro que se conoce como T.E.C. (Traumatismo Encéfalo Craneano), que en la evaluación está en el peor puntaje de gravedad, por lo tanto es un T.E.C. grave que implica riesgo vital”, informó el facultativo.

Ex Posta Central: Tres heridos graves por “objetos contundentes”
Por su parte, la jefa de turno de la Posta Central, Andrea Rodríguez-Peña, cifró en “seis a siete pacientes los que llegaron con heridas por objetos contundentes” en el marco de las protestas en Plaza Baquedano, pero no especificó con qué elementos fueron lesionados. Tres de ellos están graves “con indicación quirúrgica” y “a lo menos uno de ellos está en riesgo vital”, señaló.

“Uno de ellos está en pabellón en este momento, otro en Cuidados Intensivos y otro a la espera de cirugía”, indicó.

“Hay una investigación en curso, se encuentra la Fiscalía recabando antecedentes para el proceso”, añadió la facultativa.

HRW pide que responsables sean castigados
José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, reaccionó a esta noticia y denunció en su cuenta de Twitter que “desde que Carabineros suspendió escopeta de perdigones (19 de noviembre) se repiten los casos de lesiones graves por disparos de bombas lacrimógenas en la cabeza”.

“Espero que estas últimas víctimas se recuperen pronto y sin secuelas y los carabineros responsables sean castigados”, escribió el abogado.

También se refirió a estos casos la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien apuntó en un tuit que “están interviniendo a la niña de 15 años que está en riesgo vital por impacto de bomba lacrimógena, también el adulto estaría en riesgo vital, por favor, en lo que sea que crean, pidan para que se recuperen”.

Cooperativa


Gobierno oficia a Carabineros para esclarecer composición de líquido en carros lanza-aguas

Este martes, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reveló que ya ofició a Carabineros por el uso de líquidos tóxicos y/o dañinos en el agua que es lanzada por buses de la institución; comúnmente conocidos como “Guanaco”.

“Si hay algo que corregir, se deberá hacer. Para eso es la pregunta. Ahora esto aparece como noticia, pero hemos tenido muchas consultas de este tipo desde el 18 de octubre, personas que dicen tener algún tipo de quemadura, picazón o reacción alérgica. No es algo nuevo, por eso tenemos que definir bien si ha habido un cambio en la composición de este líquido”, dijo Mañalich a Radio Pauta.

Lo anterior ocurre luego que este lunes, en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Carabineros admitiera que utilizan, además de un estanque de agua en los buses tipo “Guanaco”, un estanque con el químico Ortoclorobencilidenmalononitrilo (CS).

Según explicaron desde el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), un experimento demostró que el CS puede generar quemaduras y ampollas tras una serie de horas en exposición; sumado a altas temperaturas.

“Recortamos trozos de piel de cerdo bien pelada y colocamos CS diluido y en polvo y los sometimos a los trozos de cuero. Los sometimos de 10 de la mañana a 18:00, tomando temperatura al sol y a la sombra. Ese día, la máxima fue de 32 grados. Efectivamente tuvimos quemaduras y ampollas en el CS concentrado luego de cuatro horas de exposición”, precisó la química Carla Hidalgo de Labocar.

“Lo que nosotros probamos es que efectivamente el CS produce quemaduras en altas concentraciones o cuando tuvo alto tiempo de permanencia en la piel: gente que no se sacó el zapato o el calzoncillo, siempre y cuando esta persona no se lave o no se trate. Pero las dosis de CS que se usa en esta mezcla es muy bajo para producir quemadura”, agregó.

Se trata de un tema que ha tomado importancia en las últimas semanas, sobre todo después de la prohibición de uso de balines por parte de Carabineros, ya que después de dicha medida los casos de manifestantes con quemaduras comenzaron a aumentar, según explicaron los expertos presentes en la comisión: Enrique Morales y Roberto Macchiavello.

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Universidad de Chile y organizaciones sociales exigen nuevo acuerdo por los DD.HH.

En una nueva conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, este martes, en el patio Andrés Bello de la Casa Central de la Universidad de Chile, autoridades y académicos de la casa de estudios, en conjunto con organizaciones sociales ligadas a la defensa de los derechos humanos, hicieron un llamado al que denominaron “Gran Acuerdo por los Derechos Humanos”.

Luego de 52 días de movilizaciones que han evidenciado una profunda crisis política y social, los representantes de la casa de estudios y dirigentes sociales exigieron el cese de las graves violaciones a los derechos humanos; así como políticas de seguridad y orden con enfoque en esta materia y la creación de, por una parte, una ley general de víctimas de violaciones de derechos humanos y, por otra, una ley de acceso a la justicia.

En representación de la Universidad, la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zerán, abrió la convocatoria señalando la importancia del contexto actual en el debate sobre la protección de los derechos humanos.

“Este es un día muy especial no sólo porque es el Día Internacional de los Derechos Humanos, sino que porque estamos en un momento clave en nuestro país, justamente, en esta materia, una situación que jamás pensamos que volveríamos a vivir; que al cabo de los años el ‘Nunca Más‘ finalmente no ha sido respetado”, sentenció la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones.

Por su parte, el académico y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash, explicó en detalle todos los elementos que componen la propuesta que las organizaciones, en conjunto con la casa de estudios,.

A las exigencias antes mencionadas, se sumaron la creación de un organismo estatal que reúna información sobre las denuncias y establecer claramente las responsabilidades de cada uno de los actores.

En este último punto Nash hizo un llamado a los parlamentarios en el marco de las acciones constitucionales que se llevan en el Congreso en contra del Presidente Piñera y el ex ministro Chadwick.

“El Parlamento tiene una posibilidad única en la historia de fijar el estándar de derechos humanos con los cuales van a ser juzgados en 20, 30 ó 50 años más, cómo la clase política respondió frente a las violaciones graves, masivas y sistemáticas ocurridas durante este período“, invitó el doctor en Derecho.

“Pero además nos parece que es necesario avanzar en las responsabilidades institucionales y, particularmente, en las responsabilidades de mando en Carabineros de Chile”, agregó Nash.

“Es impresentable que hoy las principales autoridades de la institución que ha sido responsable de estas violaciones de derechos humanos sigan en sus cargos. No hay credibilidad en un nuevo acuerdo de derechos humanos sin responsabilidades de tipo institucional, además de las responsabilidades políticas y penales”, sostuvo el académico de la Universidad de Chile.

El documento también busca hacerse cargo de la que, señalan, es una de las grandes deudas que dejó la transición: la verdad, justicia y reparación. En ese sentido, exigieron la creación de una comisión para redactar un informe que incluya toda la verdad sobre los hechos.

Fue la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, quien se refirió a este punto, asegurando que para este ítem es necesario otro de los puntos que abarca el acuerdo: el terminar con los discursos de confrontación y empate.

“Queremos en este informe ser muy rigurosos, que no venga la política del empate. Aquí no aceptaremos y no nos pasarán el gol como lo hicieron en el informe de verdad y reconciliación“, indicó la presidenta de la AFEP.

“La idea es entregar los elementos, la fuerza y la presión al Gobierno, porque esto tiene que partir de parte del Estado, ya que es el Estado el que tiene que reparar políticamente, socialmente y económicamente, tanto a las víctimas como a sus familiares”, añadió Lira.

En concreto, totalizan nueve las propuestas del llamado “Gran Acuerdo por los Derechos Humanos”, que la Universidad de Chile y las organizaciones sociales anunciaron como “la única forma en que se puede enfrentar los desafíos que tenemos en la agenda social, constitucional y de seguridad”. Este documento, señalaron los suscritos, será enviado al Poder Ejecutivo a través de la oficina de partes La Moneda y entregado al Poder Legislativo a través de las presidencias de ambas cámaras del Congreso.

Radio UChile


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