Ecuador: el Gobierno critica el informe de DDHH de la ONU sobre las protestas de octubre
Ecuador expresa su desacuerdo con un comunicado de Naciones Unidas sobre las protestas de octubre del 2019
El canciller, José Valencia, remitió una carta el pasado lunes 2 de diciembre del 2019 a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, al considerar que el comunicado emitido por su oficina el 29 de noviembre pasado “no refleja en su real dimensión el contexto de violencia” de las protestas que se dieron en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre contra el Gobierno.
En parte de la misiva, cuyo contenido fue difundido este jueves 5 de diciembre por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Valencia le dice a Bachelet que las apreciaciones con relación al paro “no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos”.
“El comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”, subraya.
Valencia insiste en que “pese a la masiva conflictividad que vivió el Ecuador, el comunicado se limita a observar que ‘algunos manifestantes’ recurrieron a la violencia. Nos hemos quedado sorprendidos por ese cálculo tan frugal del número de personas que cometieron actos violentos, saqueos y hechos vandálicos, y sabotearon instalaciones públicas y negocios privados”.
“No fueron ‘algunos’ manifestantes sino, en realidad, centenares de atacantes que en varios puntos del país y en especial en Quito actuaron de una manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y evidente premeditación. Pruebas de ello son que hayan usado escudos claramente fabricados en serie, lanzadores de cohetes, bombas incendiarias, a más de ejecutar ataques en grupos coordinados como los que incendiaron el edificio de la Contraloría o Teleamazonas, todo lo cual fue registrado por las cámaras de telediarios locales e internacionales”, remarca.
A su vez, para Valencia llama la atención “el pedido del comunicado de que las autoridades ecuatorianas ‘se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros’. Se da a entender que hubo tales pronunciamientos y que posiblemente fueron múltiples. Aquello no ocurrió. No tenemos registradas palabras de autoridades que estigmaticen a otras personas por su origen étnico o nacionalidad”, dice.
Al contrario, “acusar de estigmatización a un Gobierno como el del presidente Moreno es una apreciación injusta y que a todas luces no se corresponde con la realidad”, enfatiza Valencia y recuerda que a la misión de la OACDH se le explicó que “el Gobierno del presidente Moreno devolvió a la Conaie su edificio sede, que le había sido expropiado por el ex presidente Correa; dio amnistía a 48 líderes indígenas que habían sido apresados en el gobierno de Correa por actos de supuesto terrorismo; restableció el Programa nacional de Educación Bilingüe que Correa había cancelado; y ha acogido a casi 400 mil ciudadanos venezolanos que huía de la crisis en su país, a quienes se está regularizando en su condición migratoria en colaboración con las Naciones Unidas”.
El Canciller reiteró en su carta que la política del Gobierno “es de total transparencia frente a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre”, lo que precisamente motivó a que se invitara a la Alta Comisionada a enviar una misión al país. Puntualiza que la Fiscalía General del Estado investiga los casos de denuncias de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía.
Para Ecuador reporte de la ONU no refleja la dimensión de la violencia de octubre
Ecuador cree que la comisión de la ONU que investigó la ola de disturbios del pasado mes de octubre se centró demasiado en el comportamiento de las fuerzas del orden y no tuvo en cuenta la violencia de los manifestantes ni la verdadera dimensión del conflicto.
En una nota difundida este jueves 5 de diciembre del 2019 por la Cancillería, el ministro José Valencia se refiere al comunicado, una suerte de informe preliminar, que la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (Oacdh), Michelle Bachelet, difundió el pasado viernes sobre los recientes disturbios en el país.
Y afirma que «contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos».
Así también lo transmitió el canciller en una carta que envió el lunes 2 de diciembre a Bachelet en la que le reiteró que la política de su Gobierno es «de total transparencia frente a los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre».
Con base a esa aspiración por la transparencia, indica, Ecuador invitó a la Oacdh a visitar el país e investigar.
«Con todo respeto a quien piense lo contrario», anota el ministro de Relaciones Exteriores en su carta, «el comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos».
En los disturbios de octubre murieron una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
El país estuvo además paralizado en gran medida, del 3 al 13 de octubre, por violentas manifestaciones en el centro de Quito y el bloqueos de vías cruciales por el territorio nacional.
El viernes pasado, después que una misión de la OACDH visitara el país, la oficina de Bachelet difundió un comunicado en el que afirmaba haber recogido denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos.
Valencia, en su carta a la alta comisionada, se queja de que el comunicado no refleja la «real dimensión» y «contexto» de los disturbios.
«Aunque transmitimos a la misión los dramáticos efectos de la violencia, vemos con desaliento que el comunicado no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y su impacto social», subraya.
Y agrega que «antes bien el comunicado refiere el supuesto uso excesivo de la fuerza por las fuerzas antidisturbios, apreciación que el Ecuador encuentra injustificada».
«La fuerza pública ecuatoriana actuó dentro del marco de la ley, con disciplina y con respeto a los protocolos y estándares internacionales aplicables, bajo la presión que suponía actuar en una atmósfera de violencia extrema por parte de agresivos grupos de manifestantes», asegura el ministro.
También reitera que las fuerzas ecuatorianas no emplearon «medios letales para rechazar los ataques de los violentos, por expresas órdenes de sus superiores» y como prueba reafirma que «no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la fuerza pública».
En base a todo ello, Valencia considera que «las apreciaciones del comunicado a este respecto son subjetivas, no se ciñen a los hechos y reflejan solo los puntos de vista de la oposición o de entidades cercanas a los violentos».
«Pese a la masiva conflictividad que vivió el Ecuador, el comunicado se limita a observar que ‘algunos manifestantes’ recurrieron a la violencia», se queja el ministro al recordar que fueron «centenares de atacantes en varios puntos del país» que actuaron «de manera concertada con tácticas de guerrilla urbana».
«Nos hemos quedados sorprendidos por ese cálculo tan frugal del número de personas que cometieron actos violentos, saqueos y hechos vandálicos, y sabotearon instalaciones públicas y negocios privados», insiste la carta.
También se queja a Bachelet de que el comunicado instara a «las autoridades ecuatorianas» a que «se abstengan de hacer declaraciones o cualquier otra acción que estigmatice a los pueblos indígenas y a los extranjeros», dando a entender que hubo tales pronunciamientos de parte del Gobierno.
«Aquello no ocurrió. No tenemos registradas palabras de autoridades que estigmaticen a otras personas por su origen étnico o nacionalidad», concluye el canciller.
Bachelet: Los disturbios en Ecuador tuvieron un alto costo humano
Una misión de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos visitó Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos a las garantías fundamentales cometidos durante las protestas debidas al anuncio de un paquete de austeridad que incluía la eliminación del subsidio al combustible y una serie de medidas económicas y fiscales.
Al divulgar los hallazgos de ese equipo, Michele Bachelet declaró este viernes que los disturbios tuvieron un alto costo humano. “Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, subrayó.
Según los datos recabados, durante los 11 días de disturbios sociales (del 3 al 13 de octubre), al menos nueve personas murieron y 1507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente.
Bachelet instó a todos los actores de la sociedad ecuatoriana a dialogar para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.
Violencia e investigaciones
Asimismo, pidió realizar investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos – incluyendo muertes, violaciones de las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, y detenciones arbitrarias – y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las manifestaciones.
La Alta Comisionada reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, pero hizo hincapié en que deben indagarse las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves.
Además, recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.
Algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar y ejercer actos violentos. Disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo se usaron para mostrar descontento. Según datos gubernamentales, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.
La sociedad civil, por su parte, reportó más de 100 agresiones a periodistas, tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes, e indicó que fue cortada la señal de algunos medios de comunicación.
En este renglón, llamó a las autoridades a abstenerse de hacer declaraciones o emprender acciones que estigmaticen a los pueblos indígenas y a los extranjeros, así como a los periodistas y opositores políticos, para evitar exponerlos a riesgos adicionales.
Detenciones
Con respecto a las presuntas detenciones arbitrarias, los arrestos masivos y las denuncias de tratos crueles y falta de debido proceso, Bachelet consideró que el Gobierno debería velar porque a los liberados sin cargos no se les atribuyan antecedentes penales como consecuencia del arresto.
“Por la misma razón, quienes sí han sido imputados deberían obtener un juicio justo y un trato acorde a la normativa internacional”, afirmó la Alta Comisionada, que también pugnó por la reparación de las víctimas.
Participación de todos los sectores
En cuanto a las causas de la crisis, la Oficina de la Alta Comisionada recomendó al Gobierno que promueva una estrategia de participación de todos los ecuatorianos en los asuntos públicos y vele porque ésta sea implementada.
Aseveró que la discriminación histórica y persistente contra los pueblos indígenas constituye una barrera que dificulta la eliminación de las desigualdades económicas estructurales y destacó la necesidad de que el Gobierno reconozca y aborde este problema con eficacia.
“La desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad, que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro”, declaró Bachelet. “Es sumamente importante que la sociedad en su conjunto, con el liderazgo del Gobierno, emprenda la búsqueda de vías que lleven a la comprensión mutua, con miras a construir una sociedad integradora, pluricultural y pacífica”.
Finalmente, la Alta Comisionada agradeció a las autoridades ecuatorianas que permitieran el escrutinio internacional y que las instituciones del Estados colaboraran con la misión.
El equipo de la Oficina se entrevistó, con funcionarios gubernamentales de alto nivel y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios, así como con testigos y víctimas de la violencia.
Misión ONU pide investigar posible uso desproporcionado de fuerza en Ecuador
La misión de expertos de Naciones Unidas que investigó sobre el terreno las protestas acaecidas en Ecuador del 3 al 13 de octubre recogió denuncias de detenciones arbitrarias por parte de la policía y de un posible uso desproporcionado de la fuerza, por lo que pidió la investigación de estos casos.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que envió un equipo de expertos del 21 de octubre al 8 de noviembre, determinó que en las protestas hubo al menos 9 muertos, 1 507 heridos (de ellos 435 miembros de las fuerzas de seguridad) y 1 382 detenidos, «muchos de ellos arbitrariamente», según un comunicado del organismo publicado este viernes.
Los expertos de la ONU citaron informes procedentes de víctimas y testigos para dictaminar que los agentes del orden -policía y militares desplegados tras la declaración del estado de excepción- no se ajustaron a normas u criterios internacionales al recurrir a un «empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza».
«Víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes», lo que causó cientos de heridos y probablemente algunas de las muertes, concluyó la misión.
El informe resaltó como un «patrón inquietante» el gran número de detenciones presuntamente arbitrarias ordenadas durante toda la crisis, en varios casos de forma masiva y «sin pruebas concretas contra los detenidos», señalaron los resultados del informe.
Entrevistados por la misión declararon que durante esos arrestos sufrieron tratos crueles, inhumanos o degradantes, y algunos denunciaron que no se observó el debido proceso, al ser incomunicados y trasladados a centros de detención no autorizados.
A la vista de las conclusiones de la misión, la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet señaló que los disturbios «tuvieron un alto coste humano» y resaltó que «las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas» mientras que los manifestantes «no han de recurrir a la violencia».
La expresidenta chilena, que también envió una misión investigadora similar para investigar las protestas en su país cuyos resultados serán pronto publicados, instó a todos los actores en Ecuador a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica.
Pidió asimismo que se lleven a cabo investigaciones «independientes, imparciales y transparentes» sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas.
La misión de expertos en derechos humanos viajó a Ecuador por invitación del Gobierno del presidente Lenín Moreno, y según subrayó hoy en rueda de prensa la portavoz de la oficina de la ONU dirigida por Bachelet, Marta Hurtado, dio libre acceso a las personas e instalaciones que ellos solicitaron.
La misión realizó 373 entrevistas, entre ellas a 83 víctimas, y estuvo en tres centros de detención, realizando visitas sobre el terreno en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.
El informe también admite que algunos manifestantes recurrieron a la violencia causando bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionados y otras destrucciones de propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, se registraron más de 100 agresiones a periodistas que cubrían las protestas, tanto por parte de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes, la señal de algunos medios de comunicación fue cortada y varias instalaciones de otros medios sufrieron actos vandálicos.
Las manifestaciones en Ecuador tuvieron lugar entre el 3 y el 13 de octubre, después de que el presidente Lenín Moreno anunciara unos ajustes económicos en los cuales se incluía el retiro del subsidio a la gasolina, medida que detonó las protestas sociales.
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