El canciller ecuatoriano cuestiona informe de la Alta Comisionada de la ONU y justifica la represión

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La Cancillería informó este jueves 5 de diciembre de 2019 que el Estado ecuatoriano envió una respuesta oficial al comunicado de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACDH), sobre las protestas de octubre.

La carta fue enviada el 2 de diciembre por el canciller, José Valencia, a la titular de la OACDH, Michelle Bachelet, que a finales de noviembre indicó que las manifestaciones “tuvieron un alto costo humano”.

La extensa misiva empieza señalando que el comunicado avalado por Bachelet contiene algunas apreciaciones subjetivas y no refleja en su real dimensión el contexto de violencia y el impacto social que tuvieron los violentos sucesos del pasado mes de octubre.

“Con todo respeto a quien piense lo contrario, el comunicado pone un desmesurado acento en los supuestos excesos de la fuerza pública, mientras muy de paso describe el gran daño causado por los manifestantes a personas y bienes públicos y privados, o la virulencia de los disturbios, que provocaron terribles efectos”, escribió Valencia.

Agregó que la fuerza pública actuó respetando las leyes internas y externas para estos casos: “Incluso bajo las difíciles condiciones en las que operó, no empleó medios letales para rechazar los ataques de los violentos, por expresas órdenes de sus superiores. Por ello en el Ecuador no se produjeron ni heridos ni muertos por disparos de armas de fuego de la fuerza pública”.

El comunicado de la OACDH, que fue emitido el 29 de noviembre, también habla de que “algunos” manifestantes recurrieron a la violencia durante las protestas. Al canciller le sorprende este cálculo al que calificó como frugal.“No fueron ‘algunos’ manifestantes sino, en realidad, centenares de atacantes que en varios puntos del país y en especial en Quito actuaron de una manera concertada, con tácticas de guerrilla urbana y evidente premeditación”, señaló.

Prueba de aquello, según las autoridades ecuatorianas, es el uso de escudos fabricados en serie, lanzadores de cohetes, bombas incendiarias y los ataques en grupos coordinados como los que incendiaron el edificio de la Contraloría o Teleamazonas.

Al final, la Cancillería rechaza el llamado de Bachelet a que las autoridades dejen de hacer declaraciones que estigmaticen a los dirigentes indígenas. Valencia asegura que estos no se han producido ni antes ni después de las manifestaciones.

Por el contrario, recuerda a la Alta Comisionada que fue el Gobierno de Lenín Moreno el que devolvió a la Conaie la sede ubicada en Quito que fue expropiada, así como la entrega de amnistías a 41 indígenas que fueron procesados por supuesto terrorismo durante la década pasada.

Expreso

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