Ordenan prisión preventiva para cinco de los 12 carabineros acusados por el delito de torturas

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Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 17 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

Ordenan prisión preventiva para cinco de 12 carabineros acusados por el delito de torturas en Plaza Ñuñoa

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó la prisión preventiva para cinco de los 12 carabineros de Fuerzas Especiales, acusados por el delito de torturas en el marco del estallido social del 18 de octubre pasado.

Los policías son acusados de golpear el 21 de octubre a un hombre identificado como Moisés Órdenes, lo que fue transmitido en vivo por la televisión.

Órdenes resultó con trauma ocular cerrado izquierdo grave, trauma torácico cerrado izquierdo contuso, fracturas costales múltiples, fractura dental incisivo central izquierdo, luxación anterior del hombro izquierda reducida y fractura nasal izquierda.

Tanto la Fiscalía como querellantes solicitaron al tribunal la prisión preventiva, por considerar que los uniformados son un peligro para la sociedad.

Sin embargo, la defensa de los acusados aseguraron que solo existe el delito de apremios ilegítimos y no tortura, según informó Radio Bío Bío.

Los otros siete imputados -que no habrían evitado la golpiza al manifestante- fueron condenados a firma semanal en la 33° Comisaria de Ñuñoa, arraigo nacional y prohibición de acercarse con la víctima.

La formalización de los uniformados debió ser suspendida en dos oportunidades. La primera por una petición de la defensa de los carabineros y la segunda por el tribunal.

El tribunal determinó no mostrar los rostros ni dar las identidades de los imputados.

El Desconcierto


Oposición prepara texto para impulsar acusación constitucional contra Guevara

Distintos documentos hicieron llegar este jueves los jefes de bancada de la oposición a su par de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio. Esto, con el fin de recopilar los antecedentes jurídicos para impulsar una acusación constitucional en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara (RN).

La idea se había comenzado a evaluar el viernes pasado, luego de que el exalcalde de Lo Barnechea dispusiera un amplio despliegue policial en Plaza Italia para evitar las manifestaciones no autorizadas y cercara el monumento al general Baquedano. El episodio, donde además un carro de Carabineros atropelló a un manifestante, fue cuestionado por la oposición, quienes pidieron la renuncia inmediata de Guevara.

En ese contexto, en el sector -desde la DC al Frente Amplio, incluyendo al Partido Comunista- se coordinaron para iniciar la elaboración de un libelo, el cual esperan poder ingresar la próxima semana.

Así, según un borrador preliminar elaborado por la DC y el PS -al que tuvo acceso La Tercera-, la autoridad regional habría infringido la Constitución al impedir la libertad de circulación y el derecho de reunión.

“El intendente Guevara ha violado la Constitución y las leyes, ya que si bien señaló que las personas podrían llegar el día viernes 20 de diciembre a la Plaza Italia, esto se hizo imposible por el ‘copamiento’ por parte de Carabineros en el lugar”, se lee en el escrito.

Y se agrega: “La autoridad violó el Artículo 19 N° 13 de la Constitución, ya que su estrategia de mantenimiento del orden público no permitió el derecho a reunión”.

Además, en el texto se plantea que el intendente metropolitano también habría transgredido algunas de las normas establecidas por tratados internacionales y que estaría haciendo “oídos sordos” a las sugerencias entregadas por organismos como la oficina de la alta comisionada para los DD.HH. de la ONU.

Así, desde las distintas bancadas afirmaron que se sumarán a la acción que coordinan los democratacristianos. “Hemos estado aportando con antecedentes jurídicos y la DC es la que está articulando”, afirmó el jefe de los diputados comunistas, Boris Barrera.

Su par de RD, Catalina Pérez, sostuvo que “el intendente Guevara debe dar un paso al costado (…), y si lo necesario para garantizar el respeto de los derechos humanos es una nueva acusación constitucional, no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, y estamos como oposición recopilando los antecedentes”.

Libelo contra Blumel pierde fuerza

Mientras en la oposición se discutía sobre la eventual acusación contra Guevara, el PC y el PR anunciaron que al interior de sus partidos se estaba evaluando la posibilidad de presentar una acción de este tipo en contra del ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

Sin embargo, la idea no ha permeado del todo en el sector. Según explican algunos diputados, si bien el tema aún no se ha discutido formalmente, en algunas bancadas analizan que un eventual libelo contra el jefe de gabinete no tendría suficiente sustento jurídico y que, por tanto, sería más conveniente apuntar primero a Guevara.

“El ministro ha tomado acciones para evitar ser acusado por omisión y ha radicado la acción represiva en el intendente. Creo que esa ha sido una decisión pensada, porque las acusaciones contra los intendentes solo pueden ser por acción y no por omisión”, afirmó el jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve.

En la misma línea, Barrera aseguró que “vamos a acusar primero a Guevara y veremos si las cosas cambian”.

Asimismo, en algunas bancadas de la oposición afirmaron que no sería “oportuno” acusar al secretario de Estado. “No hemos analizado, ni creemos que sea oportuno hoy avanzar en el tema con el ministro del Interior”, afirmó el jefe de bancada PPD, Ricardo Celis.

La Tercera


Piñera evita elevar la tensión y sale a clarificar dichos sobre “videos filmados fuera de Chile”

La teleserie se niega a terminar. Las posturas contrapuestas en torno a la supuesta intervención extranjera siguen escalando entre La Moneda y Fiscalía. Y puntualmente entre el presidente Sebastián Piñera y el titular del Ministerio Público, Jorge Abbott.

Como era de esperar, las declaraciones del Mandatario en CNN en Español, el 15 de diciembre -pero que fueron difundidas el miércoles- no cayeron nada bien. Y no sólo en Fiscalía, sino también en el INDH y en la oposición.

En la entrevista, en la que analiza la situación en medio de la crisis, insistió en la influencia extranjera en el estallido social, según información que -según dice- le han entregado gobiernos amigos y el polémico informe de big data, cuyo contenido no era conocido en esos días.

Como ejemplo, el Presidente aseguró que “muchas de las noticias, de los videos relacionados con derechos humanos, que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados. Sin duda hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar, porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad”.

Acto seguido, remarcó que todos esos antecedentes están en manos del Ministerio Público. Pero una vez más fue desmentido por el fiscal nacional Jorge Abbott, quien descartó tener vídeos que sustenten la afirmación del Mandatario: “Hasta el momento, en las imágenes que hemos analizado no tenemos esa situación (que provengan del extranjero), lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro”, señaló.

Ambas partes ya habían protagonizado dichos cruzados la semana pasada, y La Moneda intentó zanjar el asunto con una reunión entre Abbott y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en la que comprometieron la entrega de “información extraordinariamente sofisticada a partir de análisis con tecnología de big data”, cuyo informe -según se supo días después- apuntaba a la relación del estallido social con actividad en redes sociales del extranjero y particularmente la influencia de fanáticos del K-Pop.

Al fiscal nacional se sumó el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, quien dijo en Radio Duna que la inmensa mayoría de los videos que ha observado la institución son verdaderos y muchos ratificados con testimonios confiables. Admitió que han existido videos de otros momentos de la historia o extranjeros, pero que esos no han sido considerados en los análisis de organismo.

En tanto, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, fue un paso más allá y acusó que Piñera intenta negar las violaciones a los DDHH.

“Forma parte de un intento por tratar de deslindar sus responsabilidades. A mí me recuerda mucho a lo que ocurrió durante la dictadura de Pinochet. Los representantes diplomáticos de la dictadura en los foros internacionales de Naciones Unidas decían que los desaparecidos, asesinados y torturados eran un invento”, acusó.

Tras las críticas, el Gobierno salió en grupo a respaldar al Presidente. Blumel, por su parte, dijo que hay mucha información que no es veraz, que es falsa, aunque -en un intento por bajar el tono- matizó el asunto subrayando que ninguno de esos antecedentes constituye una realidad jurídica.

La vocera de La Moneda, Karla Rubilar, blindó a Piñera diciendo que ella misma había visto 4 ó 5 videos, y que el Mandatario no ha negado la existencia de violaciones a los Derechos Humanos. En la misma línea, su par de Justicia, Hernán Larraín, precisó por su parte que la existencia de estas vulneraciones no significan que todas las denuncias sean reales.

“El cargo le quedó grande”

Ante dicho escenario, la oposición acusó negacionismo y aseguró que el Presidente relativiza las violaciones a los Derechos Humanos.

La presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, calificó de graves estas acusaciones, ya que “eligen el camino de la desinformación. Está claro que no tienen ninguna capacidad política para enfrentar la crisis y en vez de buscar soluciones se dedican a poner en cuestión las imágenes registradas por los manifestantes intentando limpiar su imagen ante el mundo como si en Chile no se violaran los DDHH”.

“Esto es gravísimo. Si no tienen pruebas sólo demuestra que el cargo hace rato le quedó grande”, añadió.

Del mismo modo, el senador Alejandro Guiller lo acusó de no decirle la verdad al país y confundir a la opinión pública. “Un día dice que a él le maravillan las marchas y las movilizaciones. Después las demoniza y dice que son movidas por potencias poderosas y esto es una guerra. Ya eso habla de una persona que está un tantito desequilibrada”, aseguró.

Lo anterior, en directa alusión a un discurso contradictorio del Mandatario ante la prensa chilena y otra diametralmente opuesta en el plano internacional. Como cuando en entrevista con BBC Mundo dijo que él había estado en las marchas, mientras ante los medios locales hablaba de un enemigo poderoso. O cuando en nuestro país habla de investigar debidamente los casos de violaciones de DDHH y, a contramano, en CNN dice que los videos que constatan esos episodios no son reflejo de la realidad.

En ese contexto, el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, ofició a La Moneda para que especifiquen esas pruebas y el informe en el que se basó para sostener la afirmación.

Con todo, si bien pudo haberlo dicho a primera hora para evitar que su gabinete saliera a dar explicaciones, a última hora del jueves optó por retractarse de sus polémicos dichos.

“No me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad”, señaló mediante una publicación en Twitter, acompañada de un video en el cual admitió que “han habido abusos, atropellos y violaciones de Derechos Humanos” y que su administración se ha preocupado que cada antecedente llegue a manos de la Fiscalía.

Biobio


Académicos que rechazaron hacer informe Big Data revelan que Gobierno les pidió comprobar intervención extranjera

Un grupo de académicos del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos (IMFD) reveló que el Gobierno los contactó a ellos en primera instancia con la idea de que participaran del controvertido informe de Big Data presentado por el Ejecutivo a la Fiscalía.

Según relataron Sebastián Valenzuela (UC), Juan Pablo Luna (UC) y Jorge Pérez (U. de Chile) a La Segunda, ellos sostuvieron una reunión con el titular de la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno, psicólogo y experto en big data, Jorge Selume, y la jefa de gabinete del presidente Sebastián Piñera, Magdalena Díaz, el 6 de noviembre en La Moneda.

En la instancia, Selume y Díaz pidieron a los académicos que confeccionaran un documento de “inteligencia” a través de informaciones disponible en redes sociales. Lo que buscaban era a comprobar la existencia de una “intervención extranjera” en el estallido social.

Según relató Valenzuela, “Magdalena Díaz partió muy honestamente comentando que no cachaba mucho de tecnología y que no tenía muy claro por qué estábamos ahí“. Luego les comentó que quería saber sobre inteligencia, ante lo cual los presentes se miraron “como diciendo ‘esto no va a salir bien’. Se confirmaban nuestros temores de que el Gobierno estaba realmente obsesionado con una cuestión que no se sostiene mucho”.

De acuerdo a Luna, les preguntaron si podían elaborar un informe con respecto a bots: “Dijimos que no, más allá de que tenemos un mandato de contribuir al Estado”.

“Le dijimos que la información de redes sociales no puede vincular influencias extranjeras en desórdenes, ni identificar a personas que generan disturbios, ni nada de ese tipo de cosas que era lo que ellos estaban buscando”, dijo, por su parte, Pérez.

Valenzuela recalcó que “ellos estaban muy preocupados de averiguar si los saqueos se podían predecir a partir de la información de redes sociales. Nosotros le respondimos que a partir del grueso de la información que habíamos recopilado a través de Twitter, que es la única red pública, y algo de Facebook, es que la gran mayoría de la información que hay ahí tiene que ver con los abusos policiales. Eso aparentemente no les importó”.

Los académicos les explicaron que no había una operación de intervención clara. “No habíamos visto evidencia clara que apuntara a eso”, sostuvo Valenzuela, y agregó que “cualquier usuario más o menos intensivo de Twitter te puede dar cuenta de que es muy difícil sostener que toda la conversación en torno al movimiento social ha sido una campaña orquestada. Pero ellos estaban con esa tesis”.

Al finalizar la reunión, Selume y Díaz pidieron un contacto que pudiera estar interesado en el trabajo, pero los académicos respondieron que “no se puede hacer inteligencia con datos no estructurados de redes públicas y quien diga que puede hacerlo, vende humo. Claramente no nos escucharon”.

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