Golpe de Estado en Bolivia: la ONU documenta hechos “que podrían constituir graves violaciones a los DDHH”  

ONU documentó en Bolivia hechos que podrían ser “graves violaciones a los derechos humanos”

La misión de la ONU desplegada en Bolivia ha documentado hechos de violencia “que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”, respecto a los sucesos de Sacaba y Senkata.

La información fue divulgada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de una nota de prensa, respecto al trabajo que está realizando en Bolivia.

“Durante las tres semanas que lleva en Bolivia, la misión ha documentado hechos de violencia ocurridos a partir del 21 octubre, algunos de los cuales podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”, dice la nota de la Oficina.

Respecto a los hechos de Sacaba del 15 de noviembre, el reporte de la ONU señala que fallecieron al menos nueve personas, mientras que en Senkata el 19 de noviembre murieron al menos 10 personas durante una intervención del ejército y de la policía en el contexto de manifestaciones.

La misión anunció que “seguirá abogando porque todos los hechos de violencia, al margen de su autoría, sean investigados de manera pronta, transparente e imparcial por las entidades estatales competentes”.

El organismo agradeció la disposición de las autoridades para facilitar el trabajo de la misión y el acceso a la información, así como la generación de espacios para mantener intercambios, diálogo y recomendaciones.

También valoró la colaboración que la Defensoría del Pueblo para el desarrollo de sus actividades.

Anunció que en las próximas semanas la misión de ONU Derechos Humanos proseguirá con sus actividades, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las garantías de derechos humanos en Bolivia, con especial énfasis en la prevención.

La Época


La CIDH advierte que el decreto de indemnización no puede ser condicionado

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que las indemnizaciones aprobadas por el Gobierno de Bolivia dirigidas a las familias de las víctimas mortales de la represión de las protestas por la crisis política no pueden estar condicionadas a dejar de lado una investigación internacional de los hechos.

El Decreto Supremo 4100 prevé otorgar 50 mil bolivianos a las familias de las víctimas mortales registradas durante los disturbios acaecidos en Bolivia después de las elecciones del 20 de octubre. Sin embargo, de aceptarlos, el decreto prevé que los damnificados no puedan acudir a organismos internacionales con el objeto de emprender una investigación.

“La CIDH advierte de que el Decreto Supremo 4100, que establece una indemnización monetaria y algunos servicios de salud para las víctimas de la crisis, no puede jurídicamente cerrar ni obstruir el acceso de las víctimas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicó el organismo a través de su cuenta de Twitter.

En este contexto, el organismo recordó que la compensación monetaria “es sólo uno de los componentes del derecho a la reparación integral que tienen las víctimas en Bolivia”, pero que este derecho “también incluye medidas de satisfacción, rehabilitación, verdad, justicia y garantías de no repetición”.

“Las víctimas de violaciones de Derechos Humanos tienen acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en razón de los compromisos internacionales asumidos por el Estado de Bolivia”, añadió, al tiempo que ha tachado de “preocupante” que el decreto pretenda eximir a las víctimas de acudir a instancias internacionales.

Así, “la reparación administrativa es un avance y no exime a los organismos internacionales de analizar la responsabilidad estatal, ni de la obligación que tiene el Estado de adoptar otras medidas para reparación integral”, ha zanjado la CIDH.

Los familiares de las víctimas mortales de Senkata ya rechazaron el viernes el decreto de indemnización, que catalogaron de “expreso chantaje” porque, precisamente, les cierra la oportunidad de reclamar una investigación a instancias internacionales. El colectivo de víctimas también aseguró que esta medida es “discriminatoria y denigrante”.

El jueves, la presidenta Jeanine Añez promulgó el Decreto Supremo 41000 que autoriza otorgar asistencia humanitaria e indemnización a los familiares de los fallecidos y heridos que dejaron los hechos de violencia surgidos tras las elecciones – anuladas- del 20 de octubre.

Correo del Sur


Familias de víctimas de Senkata piden a Áñez diálogo con mediadores externos; piden bono vitalicio

Los familiares de las víctimas mortales y heridos en los hechos de violencia en Senkata, y la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos El Alto rechazaron el decreto de resarcimiento y demandó una mesa de diálogo con mediadores internacionales para tratar un pliego de ocho puntos, entre ellos un bono o renta “para todas las familias víctimas”.

La posición fue hecha conocer a través de una carta pública dirigida a Áñez, quien el jueves firmó el decreto para otorgar un resarcimiento de Bs 50 mil ($us 7.184) a las familias de los fallecidos en el conflicto derivado de las elecciones nacionales anuladas del 20 de octubre y de la posterior renuncia de Evo Morales, el 10 de noviembre.

Fue rechazada la norma y piden a Áñez la formación de una mesa de diálogo con mediadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Naciones Unidas y del Parlasur para “debatir” su pliego de ocho puntos que, recuerdan, no fue  respondido por las carteras de Salud, Defensa, Gobierno, Presidencia, Economía y Justicia.

Entre las ocho demandas están identificación y sanción penal de “los asesinos de nuestros familiares”; renta o bono vitalicio a todas las familias de las víctimas sobre la base de un salario mínimo; facilidades para becas a los hijos de las familias víctimas; y facilidades de reprogramación de deudas bancarias o cancelación.

En Senkata, El Alto, fueron registrados 10 muertos por herida de bala y varios heridos, en medio del operativo policial-militar para evacuar de la zona, bloqueada en apoyo a Evo Morales, un convoy de cisternas con combustible y carros con GLP. La Fiscalía y el Gobierno negaron que los militares hayan disparado sus armas de reglamento.

En la norma aprobada por Áñez no se hace referencia a la reparación a los heridos y cierra la posibilidad de que los beneficiados acusan a instancias nacionales o internacionales. Justamente esos aspectos, entre otros, fueron expresados en la misiva para rechazar el decreto 4.100 que –sostienen- “nos re-victimiza, nos discrimina y nos denigra en nuestra condición de seres humanos”.

“El DS 4.100 solo hace énfasis en la indemnización, presumiendo que la vida tiene un precio económico de cincuenta mil bolivianos”, pero además añade: “lo perverso está en el expreso chantaje a las víctimas (fallecidos y heridos) al disponer que al recibir la indemnización y la atención médica, expresamente estaríamos renunciando a reclamos internacionales”.

La carta está firmada por David Inca, representante de la  APDH, y otras 10 personas.

Los militares salieron a las calles para restablecer el orden, luego que la Policía se declarara rebasada por la ola de conflictos tras la dimisión de Morales, presionado por un paro cívico, un motín y la sugerencia de renuncia del alto mando militar de entonces. Un decreto, ya anulado, eximía a los militares que participaban de los operativos de responsabilidad penal por su accionar para frenar los conflictos.

La Razón


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