El Grupo de Puebla cuestiona las acciones del gobierno de facto de Bolivia

Bolivia y el necesario respeto al derecho internacional y las relaciones de paz y amistad entre países iberoamericanos

El grupo de Puebla rechaza la violencia del gobierno golpista boliviano de Jeanine Áñez, en contra de la diplomacia española y mexicana, que ha trastocado normas fundamentales de los derechos humanos e internacionales durante los últimos días.

Primero, por el asedio a la Embajada de México en Bolivia, donde se refugian perseguidos políticos del gobierno golpista, y del auto de la diplomacia española, ambos actos -so excusa de prestar protección- son, a todas luces, de presión y amedrentamiento. Acciones estas que son inéditas en la historia diplomática latinoamericana, ajenas, incluso, a las dictaduras militares del siglo XX, las que, pese al terror, supieron respetar el derecho internacional y la diplomacia.

Segundo, porque las decisiones del gobierno golpista boliviano violan las convenciones sobre asilo diplomático de Montevideo de 1933, y de Caracas de 1954, que consagran este derecho plenamente, y que nunca, ningún país, ha violado. Estas convenciones establecen claramente que, ante la tensión entre el país donde ocurre el asilo, que señala que se han cometido delitos comunes, y el país que otorga el asilo, que considera que las razones son políticas, prevalecerá siempre la razón argüida por el país que recibe al asilado, y, por tanto, el Derecho de las Américas esta claramente del lado de México en este caso.

Tercero, porque la decisión del gobierno boliviano impuesto, de declarar como personas non grata a diplomáticos y diplomáticas de España y México, están generando, no solamente una violación a convenciones fundamentales, como la de Viena y las ya señaladas sobre las relaciones diplomáticas, sino que, además, un escalamiento de tensiones entre países iberoamericanos que, hasta hace pocos meses, se preciaban de su integración y amistad.

Por eso el Grupo de Puebla llama a la comunidad internacional a repudiar estos actos, y a poner atención sobre el resguardo al respeto por el derecho que norma las relaciones internacionales,

Aloizio Mercadante
Gabriela Rivadeneira
Camilo lagos
Carlos sotelo
José Miguel Insulza
Rafael Correa
Ernesto Samper
Verónika Mendoza
Fernando Lugo
Alejandro Navarro
Guillaume Long
Marco Enríquez-Ominami
José Luis Rodríguez Zapatero
Esperanza Martínez
Jorge Taiana
Carlos Ominami

Grupo de Puebla


Por el respeto a la Democracia, la libertad y a la autodeterminación del pueblo boliviano

Analizamos con preocupación los intentos de supresión de las siglas del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del Presidente Evo Morales, que ha sido acogido por el presidente del Tribunal Supremo Electoral boliviano, Salvador Romero Ballivian, recientemente nombrado por el gobierno golpista de Jeanine Áñez.

La solicitud de esta proscripción, ha sido realizada por los movimientos Resistencia Unión La Paz y el Bloque Generación 21, que argumentan acusando al MAS y al Gobierno del presidente Morales de “sedición, separatismo y golpe de Estado”. Así mismo, junto a la aceptación de esta solicitud, el TSE ha comenzado un proceso de “saneamiento” de sus registros electorales. Todos estos, son hechos que nos hacen temer una nueva tormenta perfecta para la democracia.

Primero, porque son inadmisibles los supuestos argumentados para la tramitación de esta solicitud, por un lado, porque que ningún informe ha declarado la existencia de fraude electorales en las elecciones de octubre en Bolivia. Ni el demorado informe de la OEA, que, pese a su parcialidad, acredita el triunfo del Presidente Morales, y solamente cuestiona la distancia sacada al segundo lugar (Carlos Mesa), ni menos los informes académicos -del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), con sede en Washington, y el de Walter Mebane, de la Universidad de Michigan- que, luego de analizar los resultados de las elecciones de octubre, y el propio informe de la OEA, declaran no solo que no hay indicios de fraude, sino que además, el triunfo de Morales en primera vuelta no era solamente posible, dada la evolución de los resultados, sino que era también probable. Por otro, porque el presidente Morales fue depuesto de su mandato democráticamente obtenido el año 2014, y que debía durar, al menos, hasta 2020, por un movimiento cívico y militar golpista, que ha sido acusado de violar los derechos humanos de bolivianos y bolivianas.

Segundo, porque el procesamiento de esta solicitud está siendo tramitado por un Tribunal Supremo Electoral, nombrado a dedo por un Gobierno golpista, por tanto, irresponsable democráticamente.

Tercero, porque el anuncio de “depuración” de los registros electorales realizado por el nuevo presidente del TSE, puede abrir el camino para la persecución política de los miembros del MAS. La proscripción de partidos y de militantes, así como la persecución y violación de derechos humanos por razones ideológicas, que creíamos superadas luego de las dictaduras militares del siglo XX, tememos, puedan estar reeditándose.

Por eso, los y las acá firmantes solicitamos a la comunidad internacional se haga parte de esta preocupación y repudio a las decisiones que el gobierno golpista encabezado por Áñez están tomando en contra de la democracia, las libertades y el respeto a los derechos humanos.

Aloizio Mercadante
Gabriela Rivadeneira
Camilo lagos
Carlos sotelo
José Miguel Insulza
Rafael Correa
Ernesto Samper
Verónika Mendoza
Fernando Lugo
Alejandro Navarro
Guillaume Long
Marco Enríquez-Ominami
José Luis Rodríguez Zapatero
Esperanza Martínez
Jorge Taiana
Carlos Ominami

Grupo de Puebla


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