Honduras: condenan de 30 a 50 años a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres

Condenas a 30 y 50 años de cárcel por crimen de Berta Cáceres

Un tribunal hondureño condenó este lunes a 50 años de cárcel a cuatro hombres por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, mientras que otros tres implicados recibieron penas de 30 años de prisión.

Henry Hernández, Elvin Rápalo, Edilson Duarte y Oscar Torres fueron sentenciados cada uno a 34 años de prisión el asesinato de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el 2 de marzo de 2016.

Los cuatro fueron condenados también a 16 años de prisión por tentativa de asesinato del mexicano Gustavo Castro, quien esa noche acompañaba a Cáceres en la casa y al que dejaron baleado creyendo que había muerto.

El mayor del ejército Mariano Díaz, Sergio Rodríguez, y el exjefe de seguridad de esa compañía, Douglas Bustillo, cumplirán 30 años de reclusión, según el fallo.

La portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Villars, dijo a la AFP que la defensa tiene 20 días para presentar recurso de “casación”, en el que la condena puede ser ratificada o modificada.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida había solicitado en la audiencia individualización de la pena que se les dictara cárcel de por vida a los imputados.

La Prensa


Asesinato de Berta Cáceres sigue apuntando hacia familia Atala Zablah

La justicia hondureña impuso este lunes penas que oscilan entre 30 a 50 años de cárcel a siete asesinos materiales de la ambientalista, Berta Cáceres. Mientras los abogados de la extinta lideresa indígena advierten que se ha allanado el camino hacia la culpabilidad de la familia Atala Zablah.

La condena se dictó en la Sala I del Tribunal de Sentencia contra Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente de la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA); Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (mayor del ejército), Edilson Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Óscar Torres Velásquez.

En el caso de Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández, la pena dictada fue de 50 años cuatro meses de prisión, mientras que Douglas Bustillo y Sergio Rodríguez fueron condenados a 30 años seis meses de prisión y finalmente Mariano Díaz Chávez a 30 años.

Familia Atala Zablah

El abogado del equipo legal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) Víctor Fernández, recordó que el tribunal de justicia en su fallo dictado en octubre del año pasado contra los autores materiales hizo una vinculación entre esas personas con los ejecutivos de la empresa DESA, es decir que la propia institucionalidad allanó el camino hacia la familia Atala Zablah.

Fernández aclaró que el caso sigue abierto y adelantó que la prensa corporativa intentará manipular diciendo que la causa Berta Cáceres se cerró con la sentencia de hoy.

Asimismo, alertó a las indígenas lencas del occidente de Honduras sobre una amenaza latente del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, porque la concesión sigue intacta, pese a que la misma institucionalidad tiene abierto un proceso judicial contra 16 funcionarios por el supuesto delito de fraude sobre la concesión del río Gualcarque.

Fernández dijo que la sentencia dictada por la justicia hondureña no es la voluntad del Estado, sino que obedece a la presión internacional, a las demandas del Copinh y a la solidaridad nacional e internacional. Recordó que en primera instancia el Estado hondureño, a través de la secretaría de Seguridad, dijo que el asesinato de Berta Cáceres era un “crimen pasional”.

A la fecha suman nueve personas detenidas por el crimen de la presidenta del Copinh, quien fue asesinada en su casa de la ciudad de La Esperanza, Intibucá, la madrugada del 3 de marzo del año 2016.

Al momento de su crimen, Cáceres lideraba una lucha por la defensa del río Gualcarque y en contra de la empresa DESA desarrolladora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarza. Su muerte está íntimamente ligada a su resistencia y una evidencia de ello es que altos ejecutivos de la empresa DESA han sido acusados por el Ministerio Público de haber participado directa e indirectamente en su asesinato.

Entre los nueve detenidos figura, Roberto David Castillo Mejía, acusado a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Cáceres y quien en el momento del crimen fungía como presidente ejecutivo de DESA.

La presunta culpabilidad de Castillo Mejía se determinó mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas.

Además, por este mismo caso, el Ministerio Público procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen.

Este lunes al conocerse la condenada contra los autores materiales del crimen de Berta Cáceres, su hija y diputada al Congreso Nacional por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre) Olivia Zúniga Cáceres, dijo que este es un día de dolor porque su madre cumple 45 meses sin justicia porque los autores intelectuales siguen gozando de la “vil impunidad”.

Zúniga Cáceres manifestó que las personas que financiaron, planificaron y dieron la orden de matar a su madre siguen en libertad. “Hasta que estas personas estén en la cárcel nosotros vamos a creer que verdaderamente hubo justicia para Berta”, expresó la congresista.

Amplió que la familia de Berta Cáceres y el Copinh arreciarán la lucha para que “los autores intelectuales, que son de la familia Atala Zablah, sean encarcelados y paguen por el crimen de nuestra madre, hija, hermana, compañera Berta Cáceres”.

La joven diputada ha acusado en reiteradas ocasiones a la familia Atala Zablah—principales accionistas del proyecto Agua Zarca— de ser los asesinos intelectuales de su madre.

Zúniga Cáceres manifestó que entiende y comparte que los “gatilleros”, es decir las personas que le dispararon a su madre, merecen una condena en la cárcel, pero también los grandes accionistas que están detrás del asesinato merecen ir a prisión.

Criterio


Investigaciones continuarán para determinar la implicación de otros autores intelectuales en asesinato de #BertaCáceres : MP

En lo que para el Ministerio Público representa un nuevo logro de persecución penal efectiva, la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) lograron penas 50 años cuatro meses, 30 años seis meses y 30 años de reclusión en contra de las siete primeras personas condenados por el asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres Flores e intento de asesinato contra un testigo protegido, hecho ocurrido en marzo del 2016.

Se trata de Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (ex militar), Mariano Díaz Chávez (Mayor del ejército), Edilsón Atilio Duarte, Elvin Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Torres Velásquez.

En el caso de Elvin Rápalo, Óscar Torres, Edilson Duarte y Henry Javier Hernández la pena dictada fue de 50 años cuatro meses de prisión, mientras que Douglas Bustillo y Sergio Rodríguez fueron condenados a 30 años seis meses de prisión y finalmente Mariano Díaz Chávez a 30 años.

Recordar que todos los condenados fueron capturados por la ATIC en el marco de la Operación “Jaguar” entre mayo de 2016 y febrero de 2017.

En este caso, el Ministerio Público había solicitado privación de libertad de por vida, lo que se fundamentó en el artículo 27 del Código Penal en base a las siguientes circunstancias agravantes: obrar por motivos fútiles o abyectos; actuar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz; abusar de superioridad o emplear medios que debiliten la defensa; ejecutar el hecho en despoblado o aprovechándose de la oscuridad de la noche; ejecutarlo en lugar que merezca respeto o reverencia o en la mirada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso; efectuarlo con escalamiento; ejecutar el hecho con rompimiento de pared, techo o pavimento o con fractura de puertas o ventanas; ejecutarlo en cuadrilla; y cometerlo utilizando automóvil, nave o aeronave o cualquier otro medio análogo de eficacia bastante para asegurar la agresión o la huida.

Además de ello, dicha pena máxima se peticionó de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código Penal, en lo que se refiere al grado de peligrosidad de los condenados y la magnitud e importancia del caso.

Como se recordará, el juicio por el crimen de Berta Cáceres duró cinco semanas y los jueces de la Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional emitieron Fallo de Culpabilidad el 29 de noviembre de 2018 en un hecho que enlutó a toda Honduras. Para ello los Fiscales asignados al caso presentaron más de 100 pruebas entre testimoniales y científicas donde se demostró la participación que tuvieron los hoy condenados antes, durante y después del hecho.

Vaciados telefónicos, escuchas, declaración de testigos, pruebas balísticas y testimonios de los acusados sirvieron como carga probatoria expuesta en el juicio contra cada uno de los imputados, por lo que en las conclusiones del mismo se pidió por parte de la Fiscalía condenas por los delitos de Asesinato y Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa.

Desde que 3 de marzo de 2016 sucedió este crimen de la líder ambientalista y ganadora del Premio Goldman (2015), el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla, conformó un Equipo Multidisciplinario que en tiempo récord logró recolectar la prueba técnica y científica, útil, pertinente y proporcional para judicializar el caso y dar una respuesta a la comunidad nacional e internacional que exigía justicia.

En ese sentido, los jueces condenaron a siete de las ocho personas que ya estaban tras las rejas por los delitos de Asesinato y a cuatro de los ocho acusados de Asesinato en su Grado de Ejecución de Tentativa.

Todo lo anterior es el esfuerzo de un completo Equipo Fiscal de la Sección de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y de la Sección de Instrucción de la FEDCV, quienes hicieron lo propio para demostrar la vinculación de cada procesado con los hechos que se les imputan, a través de los distintos medios de prueba, entre ellos los análisis y pericias respectivas al arma con la cual le quitaron la vida a la líder ambientalista.

De la acción promovida ante los Tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Isabel Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra un Testigo Protegido, han sido garantes diversas organizaciones de derechos humanos quienes participaron como veedores en las distintas audiencias del proceso penal.

OTROS ACUSADOS

A la fecha suman nueve personas detenidas por este caso, el último capturado fue el ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía acusado a título de Autor Intelectual del delito de Asesinato en perjuicio de Cáceres Flores y quien en el momento del crimen fungía como Presidente Ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de la ejecución del Proyecto Agua Zarca, cuya presunta responsabilidad se determinó mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas.

Además, por este mismo caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al ex policía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres Flores.

Vale destacar, que las diligencias investigativas por parte del Ministerio Público continúan para determinar la implicación de otros autores intelectuales en el asesinato de Berta Cáceres.

HCH


Defensor de DDHH es víctima de atentado en el sur de Honduras

Minutos antes de subirse a su vehículo el pasado fin de semana, el abogado defensor de DDHH Ely Portillo sufrió un nuevo atentado en el sur del país.

Según relató el letrado a Radio Progreso, un sujeto se le acercó mientras intentaba subir a su carro y le apuntó con una pistola a la cabeza.

«Siento la pistola en la cabeza y me dijo que no hiciera nada. Después yo reaccioné y me le fui a los golpes, estaba en desventaja porque yo estaba para atrás y lo que me preocupó es que él me dijo que esto no se iba a quedar así y que había más gente que me está esperando», contó el abogado.

En ese sentido, dijo que después del altercado, llamó al servicio de protección, pero que la respuesta del mismo fue lenta y casi ineficiente.

«Cuando llamamos al mecanismo de protección, pues en la línea contestan, el problema son las acciones que coordinando esfuerzos para que viniera una escolta y así poder llegar a la casa seguro», indicó.

Cabe mencionar que en la zona sur del país es la región en donde más se han mantenido las protestas anti gobierno. Por tanto, las acciones contra las manifestantes y defensores de Derechos Humanos son más continuos.

No es el primer atentado contra el defensor de DDHH

Es preciso recordar que el togado ha sido víctima de varios atentados en el pasado. Como en noviembre de 2018, cuando Portillo recibió un atentado provocado por dos sujetos desconocidos que en el forcejeo le dejaron dos heridas en el cuerpo.

Además, el abogado Ely Portillo goza de medidas de protección. Sin embargo, estas no han impedido que opositores a él, sigan atacándolo y amenazándolo con quitarle la vida.

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