Los desafíos de la Política Ambiental del Nuevo Gobierno de Argentina

Los desafíos de la Política Ambiental del Nuevo Gobierno de Argentina

Por Silvia Oliviero Ghietto*

Durante su discurso inaugural ante el Congreso de la Nación, el Presidente Alberto Fernández anuncio los lineamientos generales en materia ambiental, expresando que “Argentina necesita una política ambiental activa, que promueva una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales” y que dicha política tendrá como inspiración la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Por otro lado reafirmo “los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris, promoviendo un desarrollo integral y sostenible mediante una transición justa que asegure que nadie quede atrás. en particular, los sectores más vulnerables, que son los que más sufren los efectos del Calentamiento Global”.

Al mismo tomo la decisión de jerarquizar el área ambiental, con rango de Ministerio, y nombrar como responsable a Juan Cabandie.

El flamante Ministro inicio su mandato participando como disertante en el Panel de Alto Nivel de la COP25 en Madrid, expresando que: “El Cambio Climático es una política de Estado en Argentina y buscamos que se consolide como política pública participativa, transparente y federal”, reconociendo en este aspecto, “el rol que ha tenido la juventud a nivel internacional y en nuestro país, poniendo en evidencia el impacto de la crisis climática en las actuales y futuras generaciones”.

El rumbo político en materia ambiental puesto de manifiesto por el Nuevo Gobierno, permite abrir un espacio para reflexionar sobre algunos desafíos, que basados en los antecedentes históricos y atendiendo la crítica situación actual, deberían ser considerados en forma prioritaria.

1. Crisis Climática

En virtud de que el Calentamiento Global es la principal amenaza que enfrenta la humanidad y sus impactos serán mayores en los países más frágiles y vulnerables, la adopción de acciones integrales para su mitigación es una cuestión urgente.

La Ley No. 27520 de Presupuestos Mínimos para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, promulgada recientemente, resulta una herramienta fundamental de abordaje integral que deberá ser puesta en funcionamiento lo antes posible, promoviendo la transición energética, la soberanía alimentaria, la preservación de la biodiversidad y ecosistemas, adaptando los programas de atención a la salud y desarrollando la infraestructura necesaria para atender a las poblaciones que sufren las emergencias climáticas. Al mismo tiempo permite asegurar el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris, bajo la consideración de la responsabilidad histórica de los países desarrollados.

2. Conflictos ambientales y territoriales asociados al Modelo de Desarrollo

Los Conflictos Ambientales se encuentran determinados por el Modelo de Desarrollo Económico dominante basado en la explotación de los bienes naturales, es decir, Minería (Oro, Plata y Litio), Extracción de Combustibles Fósiles (Convencionales y No Convencionales) y Agricultura de Cultivos Transgénicos (Soja). Es necesario un debate “honesto y sincero” con la participación de las poblaciones que sufren los impactos en su territorio, de manera de formular políticas y regulaciones que respeten sus derechos y preocupaciones, y que a su vez incorporen saberes, tradiciones y medios alternativos de producción. Los pueblos originarios, particularmente, siguen siendo despojados violentamente de sus territorios o sometidos a la pobreza extrema, a pesar de que la Constitución reconoce su preexistencia y el derecho a ser consultados.

3. Cuenca Matanza- Riachuelo

Es la gran “deuda ecológica” de Argentina que se remonta a 1815 con la instalación de los primeros Saladeros, la mención al Rio más contaminado del mundo en la Carta de Rodolfo Walsh, pasando por la promesa de “saneamiento en 1000 días” de María Julia Alsogaray en los 90s, hasta la actualidad donde persisten los altos niveles de contaminación ambiental y los efectos tóxicos sobre la salud de la población, agudizada por el aumento de la pobreza. Es importante recordar la existencia del Fallo “Mendoza” de la CSJN del 2006, que responsabilizo por el deterioro ambiental a la “desidia” del Estado Nacional, Provincia de Bs. As. y Ciudad Autónoma de Bs. As., aun así los avances en el cumplimiento de las medidas establecidas son escasos, y en algunos casos se ha retrocedido.

Es necesario reformular urgentemente ACUMAR, autoridad de aplicación, priorizando la salud de niños, niñas y adolescentes que acumulan altos valores de Plomo en Sangre, “humanizar” los programas de relocalización habitacional y evitar las descargas industriales clandestinas que siguen ocurriendo.

4. Cooperación Internacional y Regional

El presupuesto asignado al área ambiental históricamente ha sido exiguo para atender las demandas existentes y prácticamente el 50% proviene de fondos y donaciones de Cooperación Internacional, principalmente del PNUMA, por lo tanto en virtud de la situación económica actual es imperioso desarrollar una estrategia que facilite el acceso a financiamiento para poder garantizar la aplicación efectiva de la Política Ambiental.

A nivel Regional también se deberán reconstruir, reformular y reforzar los organismos de integración (MERCOSUR, CELAC, UNASUR) para avanzar en la consolidación de una visión común alternativa para enfrentar los desafíos Emergencia Climática y Ecológica Globales.

5. Educación, Ciencia y Participación social

Los tres ejes son esenciales para construir el conocimiento necesario para dar respuesta a la complejidad de la cuestión ambiental. Como dice el Joseph Stiglizt “una nueva educación para una nueva economía” Una educación integral multidimensional, multidisciplinario, pluricultural y que acompañe los intereses crecientes sobre el futuro de la casa común de nuestros jóvenes.

La Ciencia debe ser “escuchada” porque nos alerta sobre las consecuencias del deterioro progresivo del planeta y nos da la posibilidad de crear las alternativas para evitarlo…
La participación social es una instancia imprescindible para garantizar el derecho a un ambiente sano y a la justicia ambiental. El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la participación Pública y el Acceso a la Justica en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Escazú) del cual Argentina es signatario, es un buen punto de partida para avanzar en la consagración de este objetivo.

Para concluir y sintetizar las ideas expuestas anteriormente, nada mejor que apelar a un pasaje de la “Encíclica Laudato Si”, que dice: “Las razones por las cuales un lugar se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios, ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza”.

(*) Lic. en Química, Docente Posgrado Ingeniería Ambiental UTN y Licenciatura en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable UMET. Docente invitado Cátedra Ambiente, Ciencia y Tecnología, CCC- Licenciatura Historia UNDAV. Experta PNUMA.


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