Me too Costa Rica: Un grito más fuerte contra la violencia sexual – Por Hulda Miranda y Luis Fernando Cascante

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

“Cuando la prensa publicó, sentí que nuestras palabras tienen credibilidad, que ya no soy solo yo”.

Las palabras de Fabiana Cisneros, exestudiante de Derecho en la Universidad de Costa Rica (UCR) resumen las razones que otras personas dieron este año para presentar en la prensa sus denuncias públicas por agresiones sexuales sufridas en el ámbito político, educativo, cultural y religioso.

Los relatos empezaron a trascender con más fuerza -algunos desde redes sociales hacia los medios de comunicación masiva -luego de que 5 de febrero UNIVERSIDAD dio a conocer que la médica y activista, Alexandra Arce, denunció penalmente al expresidente Óscar Arias por el delito de violación. Ella decidió contar públicamente su historia luego de años en que muchas personas le aconsejaban callar.

“Simplemente yo ya no aguantaba más. Sentía que no podía seguir guardando eso en mi cuerpo, que iba a estallar. Vi el movimiento Me Too (denuncias en Estados Unidos) y pensé que tenía más sentido acudir a la prensa. Me dio confianza que investigaran y vieran que mi denuncia era creíble, sentí que podía denunciar”, dice ella muchos meses después.

Tras la primera publicación, surgieron más de una decena de señalamientos contra Arias por parte de otras mujeres que aseguraron haber sufrido acoso y abuso sexual. El movimiento Me Too (Yo también) tomó fuerza en Costa Rica.

En otros ámbitos, mujeres empezaron a encontrarse por medio de redes sociales y decidieron realizar sus denuncias de manera colectiva. Señalamientos a un escritor, a profesores de la Universidad de Costa Rica (UCR) y docentes del Ministerio de Educación Pública (MEP), así como nuevos testimonios sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes se contaron en la prensa.

“Se ha roto el silencio”, señala la ministra de la Condición de la Mujer, Patricia Mora, quien cree que esto obedece en parte a que las personas intentaron antes acudir a otros mecanismos de denuncia y “no fueron escuchadas”.

“Plantearlo en público es la posibilidad de hacer una reivindicación. Sobre todo cuando las denuncias son contra una figura pública que está un poco cubierta de un halo, de que es intachable. Hay una sanción moral para el denunciado”, agrega.

La jueza y próxima presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio, aplaude los movimientos de estudiantes de la UCR, universidad en la que ella estudió.

“Hemos ido perdiendo el miedo de hablar, antes se daba (la violencia sexual) pero había miedo de denunciarlo (…) Es realmente deplorable el manejo que han hecho las autoridades universitarias de las denuncias que se han presentado. Y yo quisiera instar muchísimo a las estudiantes y a los estudiantes solidarios a que no bajen la guardia, a que sigan denunciando y a que planteen la obligación de las autoridades universitarias de investigar correctamente y plantear las sanciones”, manifestó la jueza.

El miedo es la principal razón que manifestaron muchas personas que fueron protagonistas de denuncias este año para no haberlo hecho antes. En otros casos, cuando deciden hacerlo, el sistema y la normativa les colocan obstáculos como las prescripciones, procesos poco claros y falta de acompañamiento.

Claudia Rodríguez, egresada de la Facultad de Derecho de la UCR, fue una de las estudiantes que denunció en una publicación en UNIVERSIDAD al catedrático Mainor Salas Solís.

“Los primeros días sentí vergüenza porque no quería asumir un rol de víctima y sobre todo, quería evitarme el morbo ajeno. Creo que el morbo es una de las razones por las cuales uno no denuncia. Pero, siguieron días mejores. Recibí una cantidad increíble de apoyo (…) Como era un tema morboso, era comentado cerca mío por personas que, o no me conocían o no conocían mi relación con las denuncias, pero hablé para que el proceso no fuera en vano y me escucharon”, cuenta ahora.

La estudiante de Derecho de la UCR y activista Paula Pastor cree que, tras las publicaciones, “por primera vez, la administración se vio irremediablemente comprometida a brindarnos un espacio en los grupos de trabajo y mesas de discusión sobre el tema. Visibilizó la violencia que hemos vivido y resistido diariamente, especialmente para nosotras como estudiantes a pesar de que actualmente representamos una mayoría en las aulas. Legitimó nuestra lucha a nivel nacional e internacional, potenció procesos de denuncia formal y nos unió como comunidad estudiantil. La valentía de las personas que brindaron su testimonio se convirtió en nuestro principal motor ”, comentó.

Pastor considera que las denunciantes acudieron a los medios de comunicación porque persiste desconfianza en las autoridades universitarias, pero comentó que la Comisión Alto al Acoso, integrada por estudiantes de Derecho, “busca informar a las y los estudiantes sobre el proceso de denuncia formal y brindar un sistema de apoyo”.

Me too llegó a Guanacaste

Como parte del éxito del movimiento estudiantil de la Rodrigo Facio, un colectivo feminista en Guanacaste se organizó para exigir cuentas a las autoridades de la UCR, localizada en Liberia.

“El surgimiento del movimiento #MePasóEnLaUCR en la sede Rodrigo Facio fue clave para hacer visible la problemática de violencia sexual que se vive en la Universidad y que por muchos años estuvo en el silencio”, dijo Stephanny Rodríguez Zapata, estudiante de psicología y derecho.

Rodríguez relata que el movimiento se articuló luego de asesorarse con las compañeras de San José. A partir de esto, se creó un formulario anónimo en la web para que los estudiantes denunciaran de manera pública.

Tras una serie de denuncias publicadas en este medio, el colectivo paralizó las labores en esa sede y exigió la salida del director Édgar Solano, señalado de acoso sexual por parte de exestudiantes de esa sede.

El grupo tomó el edificio administrativo y exigió al rector Henning Jensen mayor apoyo para descentralizar el sistema de denuncias de acoso sexual, así como la destitución de Solano, quien fue suspendido mientras se le investiga por inacción ante una presunta red de prostitución en la sede.

“No solo se generó un impacto sino que a nivel externo nos han llegado casos de víctimas que han sido víctimas de funcionarios de la universidad”, agregó Rodríguez.

Más allá de la denuncia pública

La Fiscalía Adjunta de Género todavía no tiene las estadísticas para determinar si este año aumentaron las denuncias judiciales por delitos sexuales.

La fiscala adjunta de Asuntos de Género y Delitos Sexuales, Gabriela Alfaro Zúñiga, explicó que “si hay alguna conducta que se ejecuta en un mismo ámbito, con condiciones particulares en las cuales existe más de una víctima, y alguna de estas relata lo acontecido, es factible que las otras se reconozcan como ofendidas y puedan, eventualmente, interponer una denuncia”.

Alfaro recordó que como estos delitos suelen ocurrir en el ámbito de la intimidad, usualmente se carece de testigos presenciales, pero que eso “no implica que se considere que no exista prueba para demostrar la comisión de un hecho delictivo. La Fiscalía realiza la investigación y recaba la prueba que considere oportuna, valorando inclusive la posibilidad de que se cuente únicamente con el dicho de la víctima”.

Para la fiscala es importante pensar en una reforma que permita que en este tipo de delitos el tiempo de prescripción no se acorte a la mitad a partir de que hay gestiones como indagatorias, “sino que se cuente con mayor tiempo para que el proceso continúe sin peligro de prescribir, para mayor protección a los derechos de las víctimas”.

En el ámbito educativo, datos del MEP muestran que las denuncias por violencia sexual en escuelas y colegios se dispararon en 2019, año en que se dieron 215 procesos por acoso sexual, mientras que el 2018 fueron 128.

La tendencia de los últimos tres años era de un aumento del 10% cada año, sin embargo, ahora se reporta un incremento del 68% con respecto a 2018.

Dahianna Chacón, jefa de la Unidad de Procedimientos Especiales del MEP, asegura que las campañas de concientización están llegando a más personas y esto ocasiona un mayor número de denuncias.

“Antes había una serie de conductas normalizadas que no se pensaban como acoso o violencia sexual y hoy hay una mayor conciencia e información entre las personas. Las personas ven que hay profesores que han sido denunciados por faltas de ese tipo. Eso ha influido en que la víctima denuncie”, dijo.

Las estadísticas también reflejan un aumento en las denuncias por abuso sexual, relaciones impropias y otras faltas de connotación sexual.

El MEP despidió a 52 personas por acoso sexual, 13 por abuso, tres por relaciones impropias y a cuatro por otras faltas de connotación sexual, en su mayoría docentes.

La cantidad de despidos (73) también es la más alta desde que se lleva registro. En 2016 esta cifra apenas llegaba a 18 y para este año se cuadruplicó.

La ministra Patricia Mora detalló que en la delegación de la Mujer de San José, aumentó en 20% la cantidad de personas atendidas. Para ella, no se trata solo de que antes se normalizaran estas conductas, sino de que, aunque resultaban incómodas, las personas temían denunciar porque no se les iba a creer.

Mora reconoce, sin embargo, que el movimiento Me Too no llega a poblaciones muy vulnerables, como mujeres que dependen económicamente de sus parejas o de trabajos en zonas alejadas como en siembras de monocultivos.

Por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), órgano que dirige Mora, en colaboración con otras entidades, está llevando ferias informativas y centros de atención a comunidades fuera del Gran Área Metropolitana.

Los otros ejes de trabajo son la sensibilización en materia de género en ámbitos como el judicial o policial, la educación desde la niñez y el trabajo con hombres para combatir conductas machistas.

En la Universidad de Costa Rica, a partir de las denuncias y los movimientos estudiantiles de protesta, se empezó a analizar posibles cambios al reglamento para castigar el hostigamiento sexual, por ejemplo, aumentar el monto de las sanciones.

Denuncia contra sacerdotes llevó a reforma legal

Otra de las instituciones que estuvo bajo el escrutinio de la opinión pública es la Iglesia Católica, luego de que se destaparan los detalles del caso de Mauricio Víquez, del cual la Iglesia tenía conocimiento desde hace 15 años.

Víquez, exvocero de la Iglesia católica en temas de familia, fue expulsado del clero en febrero por supuestamente haber abusado de exmonaguillos de las comunidades de Patarrá de Desamparados y Tres Ríos, entre 1993 y 1998.

Meses atrás, el juez eclesiástico Alfonso Molina dijo a este medio que las denuncias contra sacerdotes del clero católico se dispararon después del caso de Víquez, quien se resiste a un proceso de extradición para ser juzgado en Costa Rica por estas acusaciones.

En agosto pasado se contabilizaban unas 27 causas abiertas contra curas de Alajuela y San José. A criterio de Molina, el caso de Víquez disparó el flujo de denuncias.

Michael Rodríguez fue uno de los primeros en hacer público su caso. Inclusive, viajó en busca del sacerdote a México y en medio de su visita, el cura fue detenido en Monterrey.

Este hombre de 39 años, junto a Anthony Venegas, impulsó la reforma que extendió de 10 a 25 años el periodo de prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad.

“Cuando ves a quien abusó sexualmente de vos siendo vocero de temas morales, ética, familia, pregonando el proteger la vida de menores, y sabés lo que esa persona hizo con decenas de niños, es un claro detonante para atreverse a salir del silencio. Además, cuando te das cuenta que una institución mantuvo oculto estos delitos por más de 15 años y que privó el mantener el buen nombre y reputación de la misma antes de los niños que eran abusados, es claro que la verdad debía salir a la luz”, dijo.

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