Radiografía de la crisis haitiana – Por Arnold Antonin

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

En 1986, año del derrocamiento de la dictadura de 28 años de los Duvalier, todos los demócratas creyeron que el país había dado vuelta a la página y se dirigía hacia un nuevo sistema político y económico, y que el modelo depredador y la cleptocracia de un régimen de opresión iban a ser al fin sustituidos por un Estado de derecho y de desarrollo.

Una nueva Constitución, aprobada en un referéndum el 29 de marzo de 1987 por la gran mayoría de la población, cristalizaba estas aspiraciones. En el preámbulo se instituyeron los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, además de la democracia representativa, la nueva Carta apuntaba a la descentralización como uno de los ejes del nuevo sistema político.

No obstante, este mismo año de 1987, las primeras elecciones realmente libres fueron ahogadas en un baño de sangre atizado por los militares del antiguo régimen y los halcones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esas elecciones las habría ganado el fundador de la primera Liga de Defensa de Derechos Humanos en los últimos años de la dictadura de Jean-Claude Duvalier, el profesor y abogado Gérard Gourgue, candidato de un bloque que abarcaba las fuerzas de izquierda y de centroizquierda.

Finalmente, lo que la Guerra Fría impidió que se concretara se logró en 1990 con el triunfo electoral del cura católico Jean-Bertrand Aristide, cuyo discurso era mucho más radical. El Muro de Berlín había caído un año antes. La mayoría de la población vio en Aristide, como antes en Gourgue, la esperanza de un cambio real y la realización de las aspiraciones contenidas en la Constitución de 1987. Pero no fue el caso. Los militares volvieron a tomar el poder pocos meses después y en octubre de 1994, al regresar Aristide desde el exilio en un avión militar norteamericano, quedó en claro que, más allá de las convulsiones permanentes de la coyuntura política en Haití, el sistema que habían dejado los Duvalier no cambiaba. Al mismo tiempo, la situación de miseria del pueblo se mantenía intacta mientras un pequeño grupo se enriquecía, tanto por medio de negocios privados como en los puestos políticos (o en ambos sitios a la vez). En paralelo, la dependencia del país de la ayuda externa se acentuaba día a día.

Después del terremoto de enero de 2010 que destruyó gran parte Haití y puso en evidencia su gran precariedad, se pensó de nuevo que se iba a reconstruir el país sobre nuevas bases ecológicas, políticas y sociales. Treinta y tres años después de la caída de la dictadura y de la nueva Constitución de 1987 y diez años después del terremoto, constatamos que solo la libertad de palabra y la de asociación sobreviven hasta ahora como conquistas. El país se ha hundido en una crisis multidimensional que no se puede comparar sino con la que precedió a la ocupación militar estadounidense entre 1915 y 1934, y quizás con la crisis de 1867-1869 que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave.

Los sucesivos gobiernos después de 1986 eliminaron las barreras arancelarias, lo que contribuyó a destruir la producción local, particularmente de arroz. El presidente Bill Clinton confesaría que una de sus principales faltas fue haber favorecido la importación de ese cereal estadounidense a Haití, la cual, como efecto de la economía de escala y las subvenciones, destruyó la producción local y aumentó la dependencia alimentaria. Esta política neoliberal ciega hace que hoy Haití importe cuatro veces más de lo que exporta, sobre todo de Estados Unidos y de la República Dominicana, una situación insostenible para cualquier economía nacional.

Según los datos del Banco de la República de Haití (BRH), la tasa de crecimiento para el ejercicio 2018-2019 será negativa y se situará entre -0,6% y 0% a causa de la degradación del clima económico y de la persistencia de los disturbios sociopolíticos. El mismo informe subraya que no tiene en cuenta los acontecimientos que han golpeado la economía a partir del mes de septiembre, relacionado con la crisis de las actividades productivas y la ruptura de los circuitos de comercialización.

Desde 1986 hasta la fecha actual, en Haití ha habido ocho golpes de Estado, 34 cambios de gobierno (por cambio de primer ministro), cinco elecciones abortadas, tres intervenciones militares extranjeras y cinco misiones de laOrganización de las Naciones Unidas (ONU) para la estabilidad y la paz. Respecto al Consejo Electoral Permanente que estipulaba la Constitución de 1987, nunca se logró constituir y hasta ahora todas las elecciones se realizaron con 19 Consejos Electorales Provisionales. En este contexto, ha venido bajando la participación electoral. Jovenel Moïse, el actual presidente, conocido como «rey del plátano», fue elegido con 55,6% de los votos, pero la participación fue de solo 21%. Pertenece al Partido Haitiano Tèt Kale (Partido de las Cabezas Calvas) del ex-presidente Michel Martelly (lo de las cabezas calvas es una suerte de autohomenaje).

Los acontecimientos que llevaron a la crisis actual

A principios de junio de 2018, en plena etapa final de la Copa Mundial de Fútbol, el gobierno trató de aumentar el precio de la gasolina, lo que suscitó una violenta ola de protestas a escala nacional que duraron tres días. Las autoridades debieron retroceder, y el entonces primer ministro Jacques Guy Lafontant renunció como un fusible para distender la situación. Pero el descontento generalizado acumulado desde hacía muchos años desencadenó una crisis que dura hasta hoy y mantiene al país a la deriva.

Moïse designó a un nuevo primer ministro, Jean-Henry Céant, notario y ex-candidato a la Presidencia, quien fue aprobado por el Parlamento el 17 de septiembre de 2018. Y fue el mismo Moïse quien contribuyó a destituirlo el 21 de marzo de 2019, solo seis meses después, mediante su mayoría en el Parlamento. Desde entonces, el presidente no ha logrado, en dos ocasiones sucesivas, que el Parlamento apruebe a dos de sus candidatos a primer ministro. Ante la ausencia de un gobierno que responda a las normas constitucionales, Moïse decidió nombrar, de manera inédita, a Jean-Michel Lapin, uno de los candidatos no ratificados por el Parlamento, como primer ministro ad interim. En el marco de una disgregación casi total de los poderes del Estado, incluido el Parlamento, Moïse tampoco logró tampoco que se aprobara el presupuesto nacional 2019-2020. A menudo la oposición parlamentaria apeló a formas poco ortodoxas, como romper el mobiliario, arrancar los micrófonos o cortar la electricidad.

Acusado de estar implicado en la dilapidación de los fondos de Petrocaribe, Moïse vio agravarse su situación tras la difusión de un informe del Tribunal de Cuentas que lo implica directamente en actos de corrupción. Frente a esto, Moïse lo descalificó diciendo que es un informe político y propuso que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara una comisión especial de expertos que ayudara al Estado haitiano a realizar una auditoría del uso de esos fondos.

La rebelión popular

A raíz del informe del Tribunal de Cuentas, los «Petrochallengers», un movimiento de jóvenes que organizó el 2 de septiembre de 2018 con gran éxito la primera marcha multitudinaria contra la malversación de los fondos multimillonarios de Petrocaribe, se unió a otros grupos de oposición para exigir la renuncia del presidente.

Este fue el comienzo de la última ola de manifestaciones que ha sacudido al país desde entonces y que persiste hasta la fecha. No han logrado hasta ahora ni la renuncia del presidente ni alguna salida negociada aceptable, ya sea para el gobierno o para la oposición. Los «Petrochallengers» y los autodenominados «Nou Pap Dòmi» (No dormimos) anunciaron un programa de reivindicaciones con cuatro letras «R»: ruptura, rectificación (fiscal), reorientación y rigor, en un documento de seis páginas de lineamientos para organizar el país luego de la renuncia de Moïse. Esta transición debía romper con la política « antipopular», «antidemocrática» y «antirrepublicana». La característica de este movimiento es que se trata sobre todo de jóvenes en un país donde más de la mitad de la población tiene menos de 20 años. Tienen además un lenguaje muy diferente del acartonado de los viejos políticos.

Sin embargo, este movimiento inicial de protestas fue sobrepasado por grupos con más medios y con un lenguaje más radical e incluso violento.

El principal y más activo ha sido el Movimiento Democrático y Popular (MPD), dirigido por el abogado André Michel y por el senador Youry Latortue, los principales acusadores de Moïse en el caso Petrocaribe. El 7 de febrero de este año, MPD lanzó un movimiento que bloqueó las actividades a lo largo y ancho del país, al que llamaron «pays lok» (país bloqueado). Estas protestas devinieron en una insurrección popular con barricadas, incendios, saqueos y corte de carreteras nacionales y de las principales arterias de la capital y de las ciudades de provincia.

Tras diez semanas de bloqueo, la economía nacional comenzaba a desintegrarse: cierre de hoteles, restaurantes, negocios, fábricas, medios de transporte, etc, que tuvo como paso siguiente una ola de despidos. Los hospitales no trabajan y ni siquiera las oficinas públicas funcionan porque su personal no cobra y tampoco puede llegar al trabajo por las barricadas y manifestaciones. Las escuelas tampoco han podido abrir más de unos pocos días, con riesgo para alumnos y padres.

… pero Moïse no renuncia.

La pregunta es: ¿sin un verdadero ejército que lo respalde, cómo se mantiene el presidente en el poder? ¿Solamente por la represión? En este contexto, ha habido masacres y operaciones de grupos de bandidos que portan armas de guerra. Según la Comisión de Desarme del Estado mismo, hay 76 grupos operando. Estos grupos son armados por parlamentarios, el propio gobierno e incluso empresarios con fines de intimidación y autodefensa. Pero también a menudo actúan por cuenta propia en función de sus propios intereses.

Uno de los hechos más graves fue la masacre en La Saline, un barrio popular cerca del puerto, con 71 muertos, entre ellos mujeres y niños y 400 casas incendiadas, en la que estarían implicados altos funcionarios del poder. Pero esta matanza ocurrida en noviembre de 2018 no fue la única.

Además, en varias ocasiones, se ha revelado la presencia de extranjeros armados en las calles durante manifestaciones. El caso más relevante fue durante la gestión del primer ministro Céant. El domingo 17 de febrero de 2019, la Policía arrestó, casi por casualidad y en pleno corazón de la capital haitiana, a un grupo de ocho hombres: cinco ex-marines estadounidenses, dos serbios residentes en Estados Unidos y un haitiano fuertemente armados y en actitud sospechosa. Estos circulaban en un vehículo por las cercanías del Banco de la República de Haití. Habiendo entrado por el aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe con todo el arsenal que traían, el gobierno nunca aclaró las razones de su arribo al país, más aún cuando estos, luego de ser interrogados por un tribunal, fueron liberados y sacados de Haití por la Embajada de Estados Unidos.

Sin embargo, la represión no basta para explicar que Moïse se mantenga en el poder. La explicación hay que buscarla en las relaciones entre Washington y Caracas. Luego de unas cuestionadas elecciones presidenciales en las que Nicolás Maduro fue reelecto en Venezuela, Moïse fue personalmente a felicitarlo por su victoria. Más tarde, ante la ola creciente de protestas en su contra en Haití, el 22 de marzo de 2019 Moïse asiste a un breve y sorpresivo encuentro con Donald Trump en Florida. A su regreso, decide reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, apoyado por Estados Unidos y otros países de América Latina y Europa, y rompe con Maduro, cambiando el voto de Haití en la OEA. Es su última carta de salida. Hace un acuerdo con Trump, que se vuelve su último apoyo y su salvavidas.

Al mismo tiempo, en Haití el «Core Group», formado por diplomáticos de Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil, España y Canadá, pide la negociación de la oposición con el presidente. Pero las voces que piden la renuncia de Moïse aumentan. Se les unen grupos del sector empresarial que habían sido víctimas de los motines del 6 de junio de 2018 y las iglesias. Piden también la renuncia del presidente y un cambio del sistema corrupto y de exclusión social que impera en el país desde el asesinato del padre de la Patria, Jean-Jacques Dessalines, en 1806.

La oposición, frente a la crítica que le hacen tanto el gobierno como la comunidad internacional por estar dividida y carecer de un programa, decide unificar sus esfuerzos. Un grupo denominado La Passerelle (el puente) logra realizar el 8 y 9 de noviembre una reunión donde participaron la Alternativa Consensual por la Refundación de Haití, el MPD, la oposición llamada «institucional», constituida por un grupo de parlamentarios, el grupo Mache Kontre (Hacia el Encuentro), que nuclea a los partidos socialdemócratas, Fanmi Lavalas (Familia La Avalancha) del ex-presidente Jean-Bertrand Aristide, el Foro Patriótico de Papaya y el Bloque Democrático por la Recuperación Nacional. Cada uno de estos bloques está compuesto por varias organizaciones. Estos firmaron, el 10 de noviembre pasado y contra la opinión de Fanmi Lavalas, un documento titulado «Entendimiento Político Nacional».

En este documento, los firmantes deciden adoptar una fórmula común para la transición post-Moïse, así como un plan de transición: en el momento de la renuncia del presidente, si es que llega, el presidente provisional será, como lo estipula la Constitución de 1987, un juez miembro de la Corte de Casación. Y al momento de escribir este artículo, aún discuten una propuesta de programa que prevé siete objetivos para la transición de tres años y un organigrama con los objetivos de la transición: terminar con la inestabilidad política, reactivar la economía, restablecer la seguridad, concretar y llevar adelante los procesos de Petrocaribe y por otros crímenes económicos y un segundo proceso contra los responsables de la matanza de La Saline, Carrefour-Feuilles y otros, organizar una Conferencia Nacional para sentar las bases de las reformas económicas, políticas, sociales y culturales necesarias y negociar con la cmunidad internacional para poner fin a la tutela extranjera.

El presidente también lucha por el cambio de sistema

Mientras tanto, Moïse se defiende diciendo que lo quieren sacar del poder porque fue precisamente él quien se dio cuenta de estos hechos de corrupción sistémica y trató de revertirlos combatiendo a los «oligarcas» corruptos, casualmente hasta ese momento sus aliados. Su caballo de batalla se vuelve el «cambio del sistema» y los ataques a uno de esos tres grupos privados, Sogener, que le vende energía eléctrica al Estado haitiano. De esta manera, Moïse quiere atribuirse, en esta fase en la que ya tiene casi todo perdido, esta lucha para así quitarles un argumento a los que piden «cambio del sistema corrupto» que utilizan sus opositores. Es así como todo este año Haití se ha visto sacudido por protestas, muchas veces muy violentas, que según la ONU han dejado al menos 42 muertos y 89 heridos desde mediados de septiembre.

Es evidente que Moïse no cumple con ninguno de los requisitos de un presidente en funciones y que él y su grupo no dirigen nada, a punto tal que el mandatario ni siquiera puede desplazarse libremente dentro del territorio nacional. Sin embargo, se aferra al poder y no acepta renunciar como le pide la inmensa mayoría de la población. En este contexto, Trump envió a Haití el 20 de noviembre de 2019 a Kelly Craft, su amiga personal y representante estadounidense en la ONU y en el Consejo de Seguridad. Esta se reunió con Moïse y con representantes de la sociedad civil y de los movimientos de oposición y pidió un diálogo entre estos sectores para formar un gobierno de consenso, al tiempo que señaló que Moïse debe terminar su mandato.

Mientras tanto, el 16 de octubre, la Misión de las Naciones Unidas para la Justicia en Haití (MINUJUSTH), ha sido reemplazada por el Buró Integrado de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). Sectores de la oposición temen una nueva misión militar de la ONU y rechazaron la posición del Consejo de Seguridad que pide también la formación de un nuevo gobierno sin la renuncia de Moïse.

En medio de todo este conflicto, no se realizaron las elecciones parlamentarias que debían renovar en octubre la Cámara de Diputados y dos terceras partes del Senado. De esta manera, a partir del 7 de febrero ya no habrá Parlamento en Haití. Muchos piensan que a eso apunta precisamente el presidente para así gobernar por decreto y preparar las elecciones legislativas de manera de asegurar la victoria de una alianza con el ex-presidente Martelly y el hijo de Jean-Claude Duvalier, Nicolas Duvalier, que podría ser un futuro candidato a la presidencia.


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