Bolivia: Evo Morales denuncia la detención ilegal de Carlos Romero, uno de sus ministros de confianza

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El régimen de Bolivia persigue al exministro Romero

El exministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, fue detenido en la ciudad de La Paz, en la clínica donde permanecía internado por un grave cuadro de hipertensión. Bajo un fuerte operativo policial y tras ser dado de alta, Romero fue trasladado hasta la Fiscalía para prestar declaración por el denominado “Caso UELICN” (por la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico), una causa en la cual es acusado de corrupción. El presidente depuesto, Evo Morales, condenó a través de Twitter la “detención ilegal” del exfuncionario.

Romero debía prestar declaración el lunes, pero no pudo hacerlo debido a que permanecía internado por un cuadro de hipertensión, sumado a un fuerte dolor debido a una úlcera activada, trastornos de ansiedad y depresión. Se lo citó para comparecer ante la justicia debido a una denuncia por presunta corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (UELICN).

“Habiendo sido valorado por el médico forense de turno del Instituto de Investigaciones Forenses, una vez dado de alta médica por el caso asignado será conducido (Carlos Romero) a dependencias de la Fiscalía especializada Anticorrupción y Legitimación de ganancias ilícitas Delitos Aduaneros y Tributarios”, señalaron desde la Fiscalía luego de que Romero fuera revisado en la clínica de la Caja Petrolera de Salud, en La Paz.

El proceso abierto en su contra es por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, ya que la mencionada UELICN dependía de su despacho. La causa fue iniciada por la diputada de la derechista Unidad Demócrata, Rose Marie Sandóval.

Además del exministro, la diputada Sandóval amplió la denuncia en contra del exviceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres García, la excoordinadora General de la UELICN, Cecilia Urquieta, la exjefa de la Unidad Financiera de la UELICN, Ximena Berdeja Montero y los tenientes Rubén Rodríguez Arzadum y Freddy Oscar Taborga Soliz.

Tras la asunción del gobierno de facto, Romero reapareció públicamente el nueve de enero y desde ese día se instaló una vigilia del grupo de jóvenes llamado Resistencia (que el lunes participó del acto de retiro de un busto de Evo Morales ) frente a su vivienda, en la zona de Auquisamaña. Un grupo de policías también se desplazó hasta el lugar, antes de que el exministro fuera trasladado hasta la clínica.

En una entrevista publicada el lunes por el diario La Razón, el exministro se refirió a la acusación en su contra. “Yo soy el acusador y no puede ser que al acusador lo quieran convertir en acusado; eso no existe en materia jurídica, no tiene sustento”, dijo. “Más bien yo tomé todas las acciones necesarias: hice auditar los contratos en mi gestión, instauré sumarios e intervenimos administrativamente la entidad y me querellé penalmente contra funcionarios civiles y militares”, explicó.

“Me han tenido secuestrado en mi propia casa. Soy en este momento un símbolo de la persecución política”, afirmó el propio Romero ante la prensa y desde la clínica donde permanecía internado, visiblemente afectado y asistido por una sonda. “Yo soy un trofeo para ellos. Mi delito es haber defendido indígenas y ésta es su venganza”, agregó.

El expresidente Evo Morales fue el primero en repudiar lo que considera un nuevo caso de persecución contra su gestión en Bolivia. En ese sentido, se preguntó: “¿Dónde está el Fiscal General (Juan Lanchipa) cuando se trata de los grupos paramilitares que queman casas, golpean indígenas, asedian a ciudadanos y ahora persiguen a Carlos Romero en un hospital?” Para Morales, ese fiscal “solo defiende los intereses del régimen de facto”.

El expresidente, refugiado en Argentina y con una nutrida agenda de trabajo, usó su cuenta de Twitter para denunciar “ante la comunidad nacional e internacional la detención ilegal de Romero, en clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos”.

Página|12


Gobierno de facto de Bolivia informa que un equipo técnico de la USAID asiste a funcionarios, de cara a las próximas elecciones

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, reveló este martes que miembros de la Agencia de los EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) mantuvieron reuniones con departamentos de su Gobierno, con el fin de acordar una ayuda en el proceso electoral de abril, informó Reuters.

La misión del organismo norteamericano pisa suelo boliviano después de seis años de haber sido expulsada del país por el Gobierno del presidente depuesto, Evo Morales.

«Nos parece de mucha ayuda y mucha colaboración y, obviamente, en el marco de nuestra soberanía, pues vamos a recibir toda la ayuda que sea correspondiente y esperamos también que para el día de las elecciones tengamos también misiones internacionales importantes que van a dar fe», señaló Áñez.

La exsenadora opositora, quien reiteró que no será candidata, agregó que también está recibiendo apoyo por parte de la Union Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Cumbre opositora para derrotar al MAS

Por otra parte, Áñez confirmó en una entrevista brindada desde el Palacio Quemado, en La Paz, que prepara una cumbre de partidos políticos opositores al Movimiento al Socialismo (MAS), a fin de unificar fuerzas para derrotar al partido de Morales en los comicios.

«Si nosotros dispersamos el voto, pues obvio que sería en beneficio de Evo Morales», sostuvo. Y agregó: «No podemos arriesgarnos para volver a los mismos 14 años de opresión, de arbitrariedad, de autoritarismo de un Evo Morales totalmente enfermo de poder».

El primero de mayo de 2013, el presidente Evo Morales expulsó del país a USAID acusándola de conspiración e injerencia en asuntos políticos internos. El organismo operaba en ese país desde 1964.

La Época


El Gobierno pide a Argentina que “repudie” las “prácticas reñidas con ley” de Evo Morales

El Gobierno pide al gobierno del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que rechace las “prácticas reñidas con la ley y el orden público internacional” del expresidente Evo Morales, que se encuentra en el país vecino tramitando refugio político.

La Cancillería informó esta tarde en su cuenta de Twitter que envió hoy una “carta diplomática al embajador @felipe_sola, Ministro de Relaciones Exteriores de #Argentina sobre las declaraciones del expresidente Evo Morales de organizar milicias armadas en #Bolivia, si retornara al país (sic)”.

“Nos preocupa que Evo Morales induzca a la República de Argentina a infringir normas y principios internacionales que prohíben la injerencia en asuntos internos los Estados, la agresión, la violación de los derechos humanos y el territorio, con todo lo que esto implica”, señala uno de los puntos de la carta de queja.

“Los bolivianos no permitiremos que esto ocurra, por lo que pedimos al gobierno argentino repudiar las prácticas de Evo Morales, reñidas con la ley y el orden público internacional”, agrega, entre otros.

El domingo, según unas declaraciones que emitió la radio Kawsachun Coca, Morales sugirió a sus seguidores organizar milicias armadas en el país. “Si de acá a poco tiempo, si volvería, o alguien vuelva, hay que organizar, como Venezuela, milicias armadas del pueblo”, manifestó.

Correo del Sur


Embajador ante OEA pide que abogado de Evo sea apartado de Corte IDH

El embajador de Bolivia ante la OEA, Jaime Aparicio, planteó que Eugenio Zaffaroni sea apartado como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), puesto que el mismo también funge ahora como abogado de Evo Morales.

“El Abogado Zaffaroni, cumple funciones de abogado de Evo Morales, las que son incompatibles con su puesto de Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte debe separar a un agente político que la desprestigia”, publicó Aparicio en su cuenta de Twitter.

Zaffaroni fue presentado hace dos semanas como abogado de Morales en Argentina. El jurista aseveró entonces que Evo tiene inmunidad de jefe de Estado hasta el 22 de enero y planteó que, tras esa fecha, sea la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia que asume la Presidencia del Estado en Bolivia.

El abogado argentino es juez de la Corte IDH desde 2016 y su periodo es hasta 2021. Dicha Corte, son sede en San José de Costa Rica, es el órgano judicial de la OEA.

Actualmente en la Corte IDH se tramita, entre otros casos, una petición del Gobierno de Colombia para que esa entidad dilucide si la reelección indefinida es un derecho consagrado en la Carta Americana de Derechos Humanos.

ERBOL


Cámara de Diputados sanciona la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos

La Cámara de Diputados sancionó la tarde de este martes la Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, impulsada por la mayoría del MAS y que a juicio del Gobierno transitorio, promoverá la “impunidad”.

El texto fue modificado y aprobado por el Senado, razón por la que tuvo que volver a la instancia Baja para su reconsideración, mientras que autoridades del Ejecutivo anticipan que se frenará su puesta en vigencia.

La propuesta consta de nueve artículos y dos disposiciones finales, y fue analizada, incluso, entre disidencias al interior del propio MAS, debido a que los cambios realizados en la Cámara Alta, a juicio de algunos legisladores, le habría quitado el sentido a la norma.
Ayer, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, reiteró que la administración transitoria de Jeanine Áñez frenará la norma, debido a que sus preceptos ya se encuentran al interior de la Constitución Política del Estado (CPE).

“Vamos a consultar al Tribunal Constitucional Plurinacional si esta ley es o no constitucional. Vamos a activar los mecanismos extraordinarios que tenemos y uno de ellos es acudir al TCP”, dijo la autoridad.

En el objeto dela ley se señala: “prohibir las acciones de hecho, aprehensiones y detenciones preventivas arbitrarias, persecución judicial o cualquier otra medida ilegal de coacción”.

También contempla que cese la detención preventiva de las personas que estuvieron involucradas en las movilizaciones y, en su título segundo, contempla garantías para líderes sociales, dirigentes sindicales, dirigentes cívicos y políticos.

El Deber


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