Colombia: Gloria Ocampo, la primera lideresa social asesinada del año

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Una mujer es la primera líder social asesinada este año en Colombia

La activista Gloria Ocampo, de 37 años, fue asesinada junto con otra persona en una zona rural del departamento colombiano de Putumayo, fronterizo con Ecuador, caso que constituye el primer homicidio de un líder social este año en el país, se informó este martes.

«Anoche en Putumayo asesinaron a Gloria Ocampo, otra líder social que silencian en nuestro país. El hecho ocurrió en la vereda La Estrella, del municipio de Puerto Guzmán. Triste noticia confirmada por Gobernación de Putumayo», afirmó en su cuenta de Twitter el congresista César Pachón.

El representante a la Cámara, que hace parte de los movimientos sociales, afirmó que con este crimen «el 2020 empezó de luto» tras un 2019 particularmente violento para los líderes sociales del país, 86 de los cuales fueron asesinados, según denunció en diciembre pasado la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Ocampo era secretaria de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la aldea La Estrella y junto con ella fue asesinado a tiros un hombre identificado como Heladio Moreno, de 69 años.

«Los asesinos llegaron hasta su vivienda y se aseguraron de su identidad antes de cometer el crimen», agregó Pachón.

Ocampo era activista a favor de la sustitución de cultivos ilícitos en La Estrella, según algunas versiones de personas de la región.

El último asesinato de un líder social en 2019 en Colombia ocurrió la víspera de la pasada Navidad cuando un sicario disparó a la gestora cultura Lucy Villarreal en Tumaco, en el departamento de Nariño, también limítrofe con Ecuador, cuando salía de un taller con menores.

Las intimidaciones contra líderes sociales también han provocado tensión en Bojayá, en el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, donde el defensor Leyner Palacios fue amenazado de muerte la semana pasada por grupos armados ilegales que le dieron 24 horas para abandonar esa localidad.

Ante esas amenazas y después de una visita a la región del alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, Palacios afirmó que se reunirá con el presidente Iván Duque para exponer la grave situación que viven los defensores de derechos humanos en la región.

Eje 21


ONU solicita al gobierno proteger a excombatientes de Farc

En Colombia, unos 86 líderes sociales y 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019. El Secretario General de la ONU llama a que se adopten medidas más efectivas para protegerlos, tales como una política pública para desmantelar grupos armados ilegales y organizaciones criminales que llevan a cabo reclutamiento forzado, homicidios, desplazamientos, ataques y amenazas.

Unos 77 excombatientes de las FARC fueron asesinados en 2019, elevando la cifra a un total de 173 desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, firmado en 2016, señala un nuevo informe del Secretario General de las Naciones Unidas.

La falta de seguridad es aún más crítica para los líderes sociales: desde la firma del Acuerdo de Paz, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha verificado 303 asesinatos de defensores y defensoras de las garantías fundamentales y líderes sociales, 86 de los cuales (incluidas 12 mujeres) ocurrieron en 2019.

De acuerdo con António Guterres, la seguridad de los líderes sociales y defensores de los derechos humanos, así como de los excombatientes, está intrínsecamente vinculada a la seguridad de sus comunidades.

“A pesar de las mejoras generales en la seguridad registradas tras el Acuerdo de Paz, las comunidades continúan siendo atacadas por grupos armados ilegales y organizaciones criminales en áreas donde la limitada presencia del Estado ha dejado vacíos institucionales y donde la falta de oportunidades económicas ha hecho que las comunidades sean vulnerables a las economías ilícitas”, aseguró el Secretario General.

Dijo además estar alarmado por las consecuencias, especialmente para las comunidades étnicas, de los combates entre grupos armados ilegales en el corredor de tráfico ilícito que se extiende desde la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia, hasta el departamento del Chocó, así como la incesante violencia en el departamento del Cauca.

“La presencia de grupos armados ilegales en los territorios étnicos sigue teniendo consecuencias devastadoras, como reclutamientos, reclutamientos forzados de menores, homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques y amenazas contra las autoridades y los líderes étnicos”, expresó.

El Secretario General reiteró su llamamiento al Gobierno colombiano a adoptar medidas más efectivas para proteger la vida de los líderes sociales, los defensores de los derechos humanos y las personas involucradas en la implementación del Acuerdo de Paz, incluidas provisiones específicas para las lideresas y defensoras y para los líderes y lideresas indígenas y afrocolombianos.

“Reitero también mis llamamientos a que se adopten medidas más efectivas para proteger la vida de los y las excombatientes, teniendo en cuenta especialmente que el 2019 ha sido el año más violento para los exmiembros de las FARC-EP desde la firma del Acuerdo de Paz. Los familiares, incluidos los niños, de los excombatientes asesinados desde la firma tienen vulnerabilidades particulares, y se deben considerar acciones específicas para apoyarlos”, dijo.

António Guterres destacó que una política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales y organizaciones criminales y sus redes de apoyo, como se estipula en el Acuerdo de Paz, es esencial para frenar la violencia que estos grupos infligen a las comunidades vulnerables.

“Aliento al Gobierno a que vuelva a convocar a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para avanzar en la finalización e implementación de esta política. Se debe considerar la posibilidad de seguir avanzando en la implementación del Decreto núm. 660 de 2018, relativo al Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, que es otro vehículo importante para mejorar la seguridad de las comunidades en las antiguas zonas de conflicto”, agregó.

El titular de la ONU recordó que, si bien el Acuerdo de Paz preveía una transformación a largo plazo de Colombia, particularmente de las zonas devastadas por el conflicto, los fundamentos de esa transformación deberían construirse desde ahora a través de acciones concretas de todos los actores para implementar el Acuerdo en su totalidad.

“Con el Acuerdo de Paz como hoja de ruta, Colombia puede continuar construyendo la paz que sus ciudadanos tanto anhelan. Las Naciones Unidas siguen plenamente comprometidas con ese objetivo, trabajando en asociación con las partes, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional”, concluyó.

PARES


Denuncian presencia paramilitar en Jiguamiandó, Chocó

A través de su cuenta de Twitter, la Comisión Eclesial de Justicia y Paz denunció este martes presencia paramilitar en Jiguamiandó, Chocó; según la entidad,cerca de 30 hombres de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) ingresaron al corregimiento el domingo pasado.

Al parecer, los paramilitares ingresaron al lugar, reunieron a la comunidad y preguntaron por los líderes y lideresas sociales, aseguraron tener el control territorial y finalmente pidieron a los pobladores deforestar para sembrar coca.

En otras comunidades, las Agc han ordenado a los líderes guardar silencio sobre sus operaciones y han establecido ‘puntos’ en los que permanecen hombres vestidos de civil, con armas cortas y radios de comunicación.

Según Justicia y Paz, desapareció el pasado mes de julio un poblador, que se negó a entregar las siembras de coca al grupo paramilitar; por su parte, los pobladores han reiterado la ineficacia del Ejército en la zona.

Red MÁS

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