El Esmad reprime protestas frente a la Universidad Nacional en Bogotá

Tras agotar los primeros dos puntos del protocolo de protestas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, autorizó la intervención de la Policía y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, en los bloqueos que se presentan desde las primeras horas de la tarde en inmediaciones a la Universidad Nacional.

“Lamento que a pesar del llamado a desbloquear de la mayoría de estudiantes, algunos manifestantes se niegan a desbloquear. Se retira Sec de Gobierno y Gestores de Convivencia al dar por cumplidos los dos pimeros pasos del protocolo de protestas. Recibimos informe de Personería”, expresó la mandataria a través de su cuenta de Twitter.

Un grupo de manifestantes bloqueó la Carrera 30 a la altura de la Universidad Nacional dificultando el tránsito de vehículos particulares y del sistema masivo de transporte Transmilenio.

Los secretarios de Seguridad y Gobierno de Bogotá, Hugo Acero y Luis Ernesto Gómez, hicieron presencia en el lugar para mediar con los líderes de la protesta, pero no consiguieron que se levantara el bloqueo.

En redes

El hecho se hizo tendencia en Twitter, donde muchos cuestionaron a la alcaldesa López, pues tan solo ayer sostuvo que el Esmad se usaría solo en hechos extraordinarios en el que haya un riesgo para la vida de los manifestantes.

El Universal


Tribunal estudia tutela contra presuntos excesos del Esmad

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá admitió, para estudio, una acción de tutela presentada por diversas organizaciones, por violaciones de Derechos Humanos, cometidas en el marco de las protestas que iniciaron el 21 de noviembre de 2019 en todo el país.

La tutela fue instaurada en contra de la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa y del Interior, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Dirección General de la Policía Nacional y el Comando Policía Metropolitana de Bogotá.

En la acción judicial se denuncian detalladamente conductas arbitrarias cometidas de forma sistemática por las autoridades públicas como: la disolución violenta de protestas pacíficas, el uso indebido de armas potencialmente letales y la retención arbitraria de personas que participan en protestas.

Según la tutela, las supuestas prácticas represivas y violentas de los organismos de seguridad del Estado, especialmente el Esmad, la Policía y el Ejército Nacional, vulneran el derecho fundamental a la protesta y significan un riesgo para los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la libertad de expresión, entre otros.

Todas las conductas documentadas en la tutela han ocurrido en movilizaciones indígenas, afro y campesinas del sur del país, en protestas estudiantiles en las grandes ciudades y, recientemente, han tenido su mayor expresión en la jornada de paro y movilización nacional, desde el 21 de noviembre de 2019.

Las organizaciones, manifestantes y víctimas le pidieron al Tribunal de Bogotá y a los organismos de control que tomen medidas efectivas para que cesen estas prácticas y se garantice la movilización, la protesta y el ejercicio pacífico de la política en las calles.

La magistrada ponente, Hilda González Neira, vinculó a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo para que participen en el caso.

Asimismo, el magistrado a cargo del estudio de la tutela solicitó a otras entidades no demandadas, como la Personería de Bogotá, la Cámara de Representantes, la Procuraduría, la Alcaldía de Medellín y las gobernaciones de Nariño y Boyacá, que entreguen información sobre los hechos ocurridos en las movilizaciones recientes en las que no se empleó el Esmad para reprimir protestas pacíficas.

La FM