Una ley conflictiva – La Razón, Bolivia
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
El martes, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley de Cumplimiento de Derechos Humanos, un conflictivo instrumento normativo que según sus impulsores busca resarcir los daños causados a las víctimas de la violencia desatada después del 20 de octubre. En cambio, sus oponentes aseguran que esta ley busca garantizar la “impunidad” para los miembros del gobierno del MAS.
Los elementos conflictivos en la norma, que el fin de semana fue aprobada en el Senado encendiendo alarmas entre miembros del Ejecutivo y del Legislativo, son varios. El primero y más evidente es el hecho de que al establecer en sus nueve artículos disposiciones que no hacen más que reafirmar algunos de los derechos ya establecidos en la Constitución Política del Estado da cuenta del estado de cosas en el país respecto de estos asuntos.
Por un lado, el hecho de que la Asamblea impulse esta ley es una constatación de que la institucionalidad democrática está dañada, y que el Estado está fallando en su misión de proteger los derechos humanos. Y por otro, evidencia que el Gobierno transitorio no ha logrado devolver al país la paz social ni tampoco la confianza en las instituciones como el Ministerio Público y la Policía, las cuales por ahora dan cotidianas muestras de estar embarcadas en una persecución de tintes políticos y de no respetar el debido proceso.
Así, a la Presidenta interina le resulta conflictivo promulgar una ley que le recuerda la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, más aún cuando afirma, en cuanta ocasión tiene, que su gobierno busca la pacificación y la reconciliación en el país. Tal vez por eso el Ministro de la Presidencia se apresuró a anunciar que presentarán un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra esta ley. Habrá que ver cómo responde el Tribunal Constitucional Plurinacional ante una norma que en los hechos redunda en los contenidos de la CPE.
También resultó conflictivo el modo en que el proyecto de ley atravesó el trámite legislativo, pues uno de los senadores denunció que se aprobó sin haber recibido el informe respectivo de la Comisión de Constitución en la Cámara Alta, de la cual es presidente.
El conflicto podría continuar, dependiendo de la sentencia del TCP al anunciado recurso de inconstitucionalidad y cuando la Mandataria interina se rehúse a promulgarla, dejando la decisión en manos de la presidenta del Senado, quien ya manifestó su voluntad de hacerlo. Conflictivo será, también, ponerla en práctica, habida cuenta del señalado estado institucional.
Con todo, es más saludable que el conflicto ocurra en este nivel, donde prima el debate político (y a menudo mediático, con todos sus problemas), que en las calles, donde suele imponerse la voluntad del más fuerte y donde los perdidosos resultan acrecentando la lista de víctimas de un Estado que debería proteger a todas y todos y sigue sin hacerlo.
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