Costa Rica: Fiscalía allana Casa Presidencial e investiga al presidente Alvarado por presunta violación de datos personales

Fiscalía allana Casa Presidencial, Mideplan y cuatro casas por caso de UPAD

La Fiscalía está realizando un allanamiento en la Casa Presidencial en Zapote por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Los agentes y fiscales cayeron a la Casa Presidencial a las 8 de la mañana, en este allanamiento participa la Fiscal General Emilia Navas. Se desconoce si el Presidente Carlos Alvarado se encuentra en ese sitio.

La Fiscalía informó que este viernes se están realizando 10 allanamientos por los presuntos delitos de violación de datos personales, abuso de autoridad y prevaricato.

Además de la Casa Presidencial, también se están allanando el MIDEPLAN y cuatro casas más.

Las ocho personas investigados son de apellidos Alvarado Quesada (Presidente de la República), Morales Mora (Ministro de la Presidencia), Soto Castro, Madrigal Villalobos, Villalobos Villalobos, Fernández Montero, Salazar Muñoz y Salas Hernández.

“De acuerdo con la investigación, desde mayo del 2018 hasta octubre del 2019, Madrigal, Rivas y Fernández se habrían desempeñado como asesores de datos de la Presidencia de la República y, en apariencia, conformaron una Unidad gubernamental para compilar y analizar datos para la supuesta ejecución de políticas públicas, al parecer, sin ningún respaldo legal. Se presume que, entre las labores de este grupo, se habría ordenado pedir datos personales y sensibles de los ciudadanos a diferentes instituciones y se cree que Alvarado tenía conocimiento de esto”, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Añadió, “al parecer, Alvarado, Morales y Soto emitieron un decreto para que se continuara desarrollando esta actividad, a pesar de que, presuntamente, conocían que infringía la ley. No obstante, ante distintos cuestionamientos, el 21 de febrero anterior, la Presidencia de la República habría informado sobre la derogatoria este decreto”, señaló.

“El allanamiento lo dirige la Fiscalía, el papel del OIJ es de apoyo, soporte, orientación y consejo, nuestra función corresponde al levantamiento de la evidencia y de lo que los fiscales que se encuentren en los sitios nos indiquen, hay 250 agentes trabajando y la unidad de análisis de datos y los de ciber delitos que se encargarán de revisar los equipos de cómputos o aparatos de almacenamiento. Adicionalmente tenemos un área de análisis de eventos criminales que es una sección muy importante del OIJ que va revisar el caso y presentar la conclusiones que corresponda”, dijo Walter Espinoza, director del OIJ.

El caso se lleva con el expediente 20-005433-0042-PE.

Unidad nunca gustó

Fue la Fiscalía General de la República la que abrió una causa penal con el objetivo de confirmar o desechar si la esta Unidad Presidencial de Análisis de Datoss tuvo acceso a datos confidenciales de todos los costarricenses.

Tres denuncias interpuestas por tres diferentes abogados penalistas y un informe contundente de la Defensoría de los Habitantes, sirvieron como fundamento para que se abriera el expediente del caso.

Si bien el presi Alvarado le puso candado a la Unidad, eso no dejó satisfechas a las autoridades, en particular no dejó satisfecha a doña Catalina Crespo, la defensora de los Habitantes, quien dijo que ella se comprometía a ser la líder de una investigación profunda y total sobre esta Unidad.

Diferentes sectores del país se ha manifestado en contra de la creación de una base de datos, con accesos discrecionales para que fuesen usados por el presidente de la República, con toda la información de los ticos, incluidos datos confidenciales.

Precisamente, sobre esto, el presidente Alvarado, ya había asegurado que la Unidad se creó para que la ciencia y la estadística ayudara en la toma decisiones y en la creación de políticas que le ayudaran a todos los costarricenses. Alvarado fue contundente al advertir que nunca la Unidad tuvo fines políticos, sin embargo, sí aceptó que se cometieron errores.

Todo tipo de datos

La UPAD fue creada mediante el decreto número 41996, firmado por el presidente Alvarado el 16 de octubre del año pasado; el decreto se publicó en el diario oficial La Gaceta (el pasado 17 de febrero) y lo firmó el ministro de la Presidencia, Víctor Morales y el ministro interino (en ese momento) de Planificación, Daniel Soto, quien ahora es ministro.

El artículo 7 del decreto deja claro que las instituciones de Gobierno deben permitir a la UPAD el acceso a toda la información que le pidan desde la Presidencia de la forma electrónica que así se ocupe, además, establece que: “en cumplimiento de los incisos e) y f) del artículo 8º de la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, Ley Nº 8968, también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”.

Agrega el decreto: “dicha información mantendrá en todo momento su carácter confidencial, independientemente del acceso que se le brinde a la UPAD. En estos casos, la UPAD y las instituciones deberán establecer acuerdos de gobernanza para garantizar un uso responsable y coherente de los datos que beneficie a los ciudadanos y fortalezca la confianza pública”.

La Teja


Mandatario guarda silencio y delegó vocería en Ministra de Comunicación

El presidente, Carlos Alvarado, no quiere referirse a los allanamientos de este viernes en la Casa Presidencial que forman parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

El Mandatario no se ha referido ni en sus redes sociales a estos allanamientos que iniciaron a las 8 a.m. En su lugar, Alvarado puso a la Ministra de Comunicación, Nancy Marín, a dar la cara por el Poder Ejecutivo.

En un breve video que de un minuto y diez segundos Marín dijo que la Presidencia “está de puertas abiertas a la Fiscalía” para que realice la investigación y revise la documentación y las computadoras con los que trabajan los funcionarios de UPAD.

Agregó que a la hora de los allanamientos Alvarado no se encontraba en la Presidencia. Según dijo el Mandatario llegará en horas de la mañana y sostendría reuniones en la Presidencia con jerarcas de su administración.

crhoy


Estas son algunas de las bases de datos que utilizó la UPAD

La planilla del Estado y el impacto salarial en los presupuestos era uno de los objetivos de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) según se desprende de la lista de solicitudes de información que hicieron a las diferentes instituciones públicas.

Bajo un proyecto llamado “Empleo público”, la UPAD buscaba -mediante el acceso a la planilla de trabajadores del Estado- poder establecer cuántas plazas se habían creado, el impacto salarial que esto había significado y dar seguimiento a los indicadores de empleo público.

Para este fin, la UPAD hizo solicitudes de datos a la Dirección General del Servicio Civil; a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda y a la Contraloría General de la República.

CRHoy.com dio a conocer que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le negó a la UPAD información de los asegurados, ya que dichos datos están resguardados por ley.

La Unidad Presidencial quería acceder a una información estadística que comparten, por medio de un convenio de cooperación, el Banco Central de Costa Rica y la CCSS.

“La solicitud indicaba que el despacho ‘está diseñando una serie de políticas de reactivación económica con enfoque territorial’ por lo que requerían recopilar información de distintas instancias públicas para elaborar estas políticas. Tal como se indicó previamente, dicha solicitud fue denegada”, informó la CCSS tras la consulta de este medio.

Otra información solicitada a la CCSS fue la planilla de sus trabajadores, según ellos con el fin de establecer el impacto de Ley 9635 en la Caja. También le pidió a la Caja el detalle de los trabajadores según cada empresa, cosa que la Caja negó. Pidió también toda la planilla de la Caja así como la de todos los trabajadores del Estado.

Sin embargo, otras instituciones como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes sí compartieron información con la UPAD.

La UPAD quería además rastrear la ubicación y movimientos de la población nicaragüense ubicada en el país. Por ello, solicitó la inormación sobre los movimientos migratorios por puestos migratorios y la población migrante por DIMEX.

Le pidió al Banco Central de Costa Rica “la caracterización de la estructura productiva de Costa Rica por territorios, sectores productivos, empleos, ingresos y exportaciones”, información que no le fue entregada.

En respuesta a una consulta realizada por CRHoy.com, Casa Presidencial indicó una serie de entidades a las que solicitó información. Entre ellas:

– MEP. Elaboración de una metodología para ubicar los centros educativos que tienen más carencias y más población estudiantil, a fin de que el MEP pueda priorizar políticas de infraestructura y calidad educativa.
– MOPT. En coordinación con el MOPT elaboró una herramienta geográfica que combina información demográfica, de carreteras e infraestructura para la toma de decisiones en materia de transporte público.
– Ministerio de Hacienda. Junto al Ministerio de Hacienda trabajó en un análisis que permitió aumentar eficiencia de los presupuestos de la República, llevándolo a cero crecimiento.
– IMAS. Creó una herramienta en coordinación con el IMAS que permitió elaborar la política social de precisión, la cual ha sido dada a conocer a diferentes sectores de la sociedad y que ya se encuentra en implementación.

crhoy


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