El Salvador: amplio repudio en el Congreso, en la Corte y en la calle a la toma militarizada de Bukele

17

Diputados aprueban pronunciamiento público sobre ingreso de militares a Asamblea Legislativa

Los diputados de la Asamblea Legislativa acordaron durante este lunes, realizar una sesión plenaria extraordinaria y brindar un pronunciamiento público acerca del ingreso de efectivos de la Fuerza Armada al Salón Azul del parlamento el domingo por la tarde.

65 votos dieron por aprobado el pronunciamiento público de ese órgano de Estado, donde muestra su rechazo a las acciones ejecutadas el pasado domingo, cuando soldados de la Fuerza Armada y agentes antimotines de la Policía Nacional Civil irrumpieron en el Salón Azul justo cuando el presidente de la República, Nayib Bukele, ingresaba.

Además, condenaron las acciones que el propio presidente Bukele realizó al sentarse en el curul destinado a la presidencia del Legislativo, en este caso usado por el diputado Mario Ponce, quien no estuvo presente.

Hicieron un llamado especial a Bukele a abstenerse de estas prácticas, que según los diputados, ponen en peligro la institucionalidad del Estado.

Este pronunciamiento no contó con el respaldo de toda la bancada de GANA, quienes se abstuvieron a la hora de votar. Guillermo Gallegos, uno de los diputados de GANA, recalcó que el motivo para no apoyar este comunicado es que lo concebía como “el comunicado de la vergüenza y cobardía”.

En su cuenta de Twitter, el parlamentario hizo la mención hacia sus colegas sobre por qué sesionar para aprobar un pronunciamiento y no para aprobar los fondos solicitados por presidencia, que ha sido el punto de inflexión entre Ejecutivo y Legislativo.

“No se consigue nada poniéndole a alguien una pistola”, dice Ponce

Los diputados de la comisión política y los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa reunieron este lunes, tras ser convocados “con carácter urgente” por el presidente de la institución, Mario Ponce.

Ponce, en primera instancia, no especificó el motivo de la reunión, instalada sin acceso a la prensa, pero extraoficialmente se conoció que es para emitir un pronunciamiento sobre la irrupción que hiciera el Ejército, el domingo pasado bajo las instrucciones del presidente Nayib Bukele, al Salón Azul de la Asamblea.

El Consejo de Ministros convocó a una plenaria extraordinaria, para la tarde del domingo, y en la misma Bukele dio un ultimátum a los parlamentarios, con el fin de que aprueben, a más tardar esta semana, los $ 109 millones destinados a financiar la Fase III del plan Control Territorial.

En la reunión estuvieron representantes de todas las fracciones políticas, quienes llegaron al salón Cuscatlán de la sede legislativa, tras los hechos sucedidos el domingo por la tarde.

De manera adelantada, el presidente de la Asamblea anunció que, durante esta reunión, se decidió suspender la sesión plenaria programada para las 12:30 p. m. El anuncio surgió luego de que los partidos FMLN y ARENA mostraron su negativa de votar por la aprobación de los fondos del préstamo que el presidente tanto urge.

Sin embargo, poco antes de las 2:00 p. m., Ponce volvió a reaccionar y en un tuit aseguró que la sesión seguía en pie y se celebrará siempre este lunes, pero a las 5:00 p.m. El motivo de la convoctoria, según el diputado de ARENA, Carlos Reyes, es para aprobar un pronunciamiento en contra de las acciones registradas el domingo.

En su cuenta de Twitter, Ponce condenó los hechos ocurridos el domingo en la Asamblea e invitó al Ejecutivo a entablar una mesa de diálogo para solucionar la tensión política generada en los útltimos días entre ambas partes, por el tema de la aprobación de los fondos para la Fase III del Plan Control Territorial.

Ponce sostuvo que nada se puede conseguir a la fuerza cuando le están poniendo a alguien “una pistola en la frente”.

“Por eso pedimos a la Sala de lo Constitucional que se exprese de urgencia sobre este intento de golpe de Estado al Organo Legislativo”, agregó a Ponce. Agregó que, sea cual sea el fallo que dé la Sala al respecto, lo respetarán.

La fracción del partido ARENA, en una conferencia de prensa brindada esta misma mañana, también se pronunció y rechazado “la militarización impulsada por el presidente de la República y comandante general de las Fuerzas Armadas, Nayib Bukele, a la Asamblea Legislativa el domingo 9 de febrero de 2020”.

La fracción del partido tricolor exigió a Bukele “desmontar de inmediato el proceso de autogolpe, el ultimátum a la Asamblea Legislativa y la persecución a los diputados electos democráticamente y a sus familias”.

De igual forma, Nidia Díaz, diputada del FMLN, se unió estos pronunciamentos y agregó que, como fracción política, han propuesto interpelar a los ministros de Defensa, Francis Merino Monroy, y de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, para que respondan por la militarización llevada a cabo el domingo en todas las instalaciones del Congreso.

La Prensa Gráfica


Sala le ordena a Bukele no utilizar a militares y policías para fines políticos

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó este lunes por la tarde al presidente Nayib Bukele que se “abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes”.

En la resolución, el máximo tribunal constitucional de manera unánime, también le ordena “al Consejo de Ministros, del cual forma parte el Presidente de la República, el cese de los efectos de la convocatoria girada con el propósito de una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa a efecto que se apruebe el préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica para la implementación de la Fase III del Plan Control Territorial, así como cualquier convocatoria relacionada con el tema”.

La orden de los magistrados es parte de la admisión de una demanda de inconstitucionalidad, que presentaron dos ciudadanos el sábado anterior, contra la convocatoria que hizo el Gobierno para que los diputados en sesión extraordinaria del 9 de febrero avalaran los $109 millones para el plan de seguridad.

Los jueces constitucionalistas también mandan al presidente a “suspender los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del acuerdo de convocatoria impugnado”, es decir, que cualquier acuerdo alcanzado por la Asamblea tras el llamado por el Consejo de Ministros, no tendrá validez.

Asimismo, La Sala le ordena ordena al Ministro de Defensa Nacional y al Director de la Policía Nacional Civil, “que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados”.

Por último, los magistrados, solicitaron un informe al Consejo de Ministros como autoridad demandada en el plazo de diez días hábiles, como lo indica el artículo 7 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

Minutos después de la publicación de la demanda, Bukele se pronunció en Twitter y publicó: “Y vamos a luchar contra eso. Con la ayuda de Dios, del pueblo, de nuestra @FuerzaArmada y nuestra @PNCSV  Por más resoluciones que emitan. Sabemos que van a tratar de proteger el sistema. Estamos dispuestos a dar todo, incluso este cargo, que como la misma vida, es prestado”.

Una orden dentro de la ilegalidad

El Consejo de Ministros convocó el jueves al Congreso para el domingo 9 de febrero, lo que recibió el rechazo de los legisladores porque no había una emergencia que la justificara más que la discusión de la aprobación de los fondos.

Para presionar por el préstamo, Bukele había invocado a una “insurrección” contra la Asamblea y convocó a una concentración ciudadana para dicha fecha.

De esa manera, en un hecho sin precedentes, usando al Ejército y a la Policía Nacional Civil (PNC), el mandatario se tomó el Congreso la tarde del domingo.

Pocos fueron los diputados que acudieron al llamado del Ejecutivo, quienes terminaron retirándose al ver la presencia de soldados con armas de asalto en el Salón Azul.

Desde el salón de la plenaria, Bukele advirtió a los parlamentarios que, si en una semana no aprueban el crédito que generó el conflicto, le dará el poder al “pueblo” para que se tome la Asamblea.

La crisis entre poderes de Estado ha generado la reacción de la comunidad internacional que ha desaprobado la actuación del Gobierno al militarizar el Parlamento.

La acción provocó que dos ciudadanos interpusieran el sábado una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala en la que pedían de forma “urgente” una medida cautelar para resolver la situación.

El Salvador


«No al Bukelazo»: Colectivos protestan contra acciones del Gobierno en El Salvador del Mundo

Al menos unas 200 personas de diversas organizaciones y movimientos ciudadanos se han concentrado en la Plaza al Divino Salvador del Mundo, como protesta ante las acciones ejecutadas por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele de este fin de semana, quien militarizó la Asamblea Legislativa como una forma de presión en contra de los diputados por la aprobación de un préstamo.

Son cientos de carteles con una gran cantidad de mensajes los que diversos ciudadanos han llevado a la concentración. «Feministas contra el militarismo y en defensa del Estado laico», se lee en un texto. «Pido renuncia del Ministro de Defensa Nacional por falta de vocación democrática», se lee en otro.

«Yo hablé con Dios», se burlan en otro cartel, haciendo referencia a que el mandatario afirmó «haber hablado con Dios», para decirle que tuviera «paciencia». «¡Nayib Fascista, vos sos el terrorista!», agregan también.

Estas son algunas de las publicaciones que se están compartiendo en redes:

El Salvador Gram


Abuso de fuerza de Bukele genera condena dentro y fuera de El Salvador

Nayib Bukele ya no tiene quien lo defienda. Al menos no con argumentos sólidos. Llevar policías y militares al Salón Azul de la Asamblea Legislativa ha alejado a algunas personas que le daban un voto de confianza al presidente de la República.

Con las acciones del pasado domingo, el mandatario mostró un tinte de autoritarismo que no se había visto en El Salvador en varias décadas. Hay gente que sigue avalando las acciones del mandatario, pero estos son funcionarios de gobierno o del círculo cercano del mandatario.

Al margen de estos grupos, parece haber un consenso entre académicos, profesionales del derecho y observadores nacionales e internacionales de que Bukele cruzó una peligrosa línea.

Uno de ellos, acaso el más importante de los actores que el lunes se pronunció, fue el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson. “No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea”, dijo. Además, el diplomático añadió que los avances del país solo se mantendrán “si todas las ramas del gobierno trabajan de manera independiente, respetan el estado de derecho, mantiene el rol no político de la Fuerza Armada y la PNC, y promueven la estabilidad”. Antes de estos eventos, públicamente se había mostrado cercano al mandatario y le respaldó en múltiples ocasiones.

Las palabras de Johnson van en línea del artículo 211 de la Constitución que estipulan que la Fuerza Armada es “apolítica y no deliberante”, algo que la Sala de lo Constitucional validó al admitir un recurso: “Esto supone que el uso de la fuerza armada no puede emplearse con fines políticos, partidistas u otro fin que no sea constitucionalmente legítimo”, dijo el máximo tribunal constitucional.

El gesto de poder de Bukele le trajo críticas en otros actores: el presidente del Legislativo, Mario Ponce, llamó a instancias como la ONU y la OEA a activar mecanismos para dar seguimiento a la crisis “generada por el Ejecutivo”. El diputado pecenista se habían mostrado dispuesto a colaborar con el mandatario en ocasiones anteriores, pero en vista de la violenta toma del Congreso, añadió que “existió un intento de golpe de estado al Órgano Legislativo” y hasta retiró del Salón Azul la silla donde Bukele se sentó “a orar”.

Militarización genera alarma

La estampa de militares en el Congreso “no es un nuevo estilo millennial de hacer política”, dijo Kevin Casas, prestigioso académico y exvicepresidente costarricense. “Esta es la política más vieja que hay en Latinoamérica y no la queremos de vuelta”, manifestó.

Estas palabras fueron replicadas por otros observadores que vieron con miedo las acciones de Bukele. El director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostuvo que “usar la religión en política es una de las formas típicas de los autócratas”. Esto, pues Bukele manifestó haber discutido con Dios su incursión militar.

En el Congreso de EE. UU., esto no pasó desapercibido. El senador demócrata Patrick Leahy dijo que esta intimidación recuerda los tiempos en que las diferencias se dirimían con violencia y lo calificó de inaceptable por ser “un gobierno que quiere ser socio de los Estados Unidos”. Eliot Engel, que dirige el comité de relaciones exteriores de la Cámara de Representantes de ese país, manifiesta que “el Ejército no debería ser usado para resolver disputas entre el presidente y el Congreso” y advirtió a Bukele que los ojos del mundo están en él.

Carlos Fernando Chamorro, periodista nicaragüense que ha sido víctima de persecución por la dictadura orteguista, también reaccionó de manera contundente: “este es el momento más bajo que la democracia salvadoreña ha vivido en tres décadas”.

El presidente Bukele no tiene quien defienda ese abuso de poder con argumentos sólidos. Con los eventos del domingo, pareció dilapidar gran parte de su capital político. Al menos ese que le ganaba admiración internacional. En línea de lo advertido por Kevin Casas, detrás de la imagen millennial se esconden las prácticas más antiguas y podridas de abuso de poder en la región.

El Salvador


EUA no aprueba Fuerza Armada en la Asamblea

El Gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajador en El Salvador, Ronald Johnson, desaprobó la presencia de miembros de la Fuerza Armada en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa el pasado domingo, tras una convocatoria a plenaria realizada por el Consejo de Ministros el pasado 6 de febrero y que ayer fue declarada sin efecto por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

“No apruebo la presencia de la Fuerza Armada en la Asamblea ayer (domingo) y me sentí aliviado que esa tensa situación terminó sin violencia. Ahora reconozco los llamados a la paciencia y la prudencia. Me uno a todos los actores que están pidiendo un diálogo pacífico para avanzar”, escribió el representante norteamericano en su cuenta de Twitter.

“El Salvador solo mantendrá los avances positivos en seguridad e impulsar el crecimiento económico si todas las ramas del gobierno trabajan de manera independiente, respetan el estado de derecho, mantienen el rol no político de Fuerza Armada y PNC y promueven la estabilidad. Insto a todas las partes involucradas a que rechacen cualquier otra forma de superar el desacuerdo actual”, agregó Johnson.

Por su parte, el senador demócrata del Congreso de Estados Unidos, Patrick Leahy, también criticó las acciones cometidas por un Gobierno que quiere ser socio de Estados Unidos.

“La crisis política en El Salvador, en la que se han desplegado las fuerzas de seguridad para intimidar a la Asamblea Nacional, recuerda los días en que las disputas políticas se resolvieron con amenazas y violencia. Eso no puede ser tolerado hoy, especialmente por un gobierno que quiere ser un socio de los Estados Unidos”, señaló el político.

Entre tanto, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) invitó a la Fuerza Armada de El Salvador y a la Policía Nacional Civil “a mantener su lealtad a la Constitución”, al tiempo de hacer que ver “por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz han puesto en riesgo el respeto, la confianza y la credibilidad que se han ganado entre la población”.

FUSADES también invitó a los salvadoreños a comprender las implicaciones políticas y económicas que el rompimiento del orden constitucional tendrá en las perspectivas de riesgo.

La Prensa Gráfica


VOLVER

Más notas sobre el tema