Estallido social en Chile: el INDH registra 697 víctimas de golpizas policiales

Contexto Nodal
El 4 de octubre el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran “evasiones” en el Metro para no pagar el pasaje. Esa forma de protesta se masificó desde el 18 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia y el Toque de Queda. Las movilizaciones, huelgas y cacerolazos continúan en todo el país. Hay numerosas denuncias de violaciones a los DDHH: asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones y abuso sexual por parte de las fuerzas de seguridad.

INDH cifró en 697 las víctimas de golpizas policiales durante el estallido: confirman nueva querella en Puente Alto por joven que quedó hospitalizado en el Hospital Sótero del Río

Este lunes, en el mismo día en que el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentó la querella por torturas en la golpiza grupal que sufrió Matías Soto en Puente Alto, una nueva denuncia de las mismas características remece a la comuna. Y hoy, el organismo confirmó que presentará la querella.

Se trata de un joven de 25 años que se encuentra en “delicado estado de salud” y hospitalizado en el Hospital Sótero del Río. El director (s) del INDH, confirmó este martes que presentarán el recurso judicial por torturas.

“Tenemos una nueva denuncia de un joven de Puente Alto que habría sido golpeado por un grupo de carabineros (…) El Instituto no busca acciones comunicacionales, sino penas ejemplificadoras” a agentes del Estado que han violado los derechos humanos, señaló.

La presunta golpiza habría ocurrido un día antes que la de Soto, el pasado 28 de enero.

Alto numero de palizas policiales

En tanto, el jefe jurídico del INDH, Rodrigo Bustos, indicó que el organismo “tiene registrados 697 víctimas de golpizas producidas desde el 18 de octubre. La denuncia por violaciones de derechos humanos después del 18 de octubre, han sido de una magnitud muy grande. Lo que se espera de las autoridades es que adopten medidas para que no sigan ocurriendo”, señaló.

Sobre el caso de Soto, Bustos agregó que “nos querellamos por tortura porque se dan todos los elementos de tortura según nuestra ley y los tratados internacionales de derechos humanos”.

Publimetro


Efecto colateral del estallido social: Fiscalía reveló que detenciones de menores de edad subieron 10,7%

Un dato que preocupa lanzó sobre la mesa la Fiscalía al revelar que las detenciones a menores de edad subieron un 10,7 por ciento desde octubre pasado, en comparación a las cifras de 2018.

“Vemos el aumento con bastante preocupación, ya que si miramos las cifras globales y las comparamos con las de los imputados adultos, se puede ver que estos últimos se mantienen estables en comparación con el mismo periodo de 2018, mientras que los infractores adolescentes aumentan”, sostuvo a La Tercera Nelly Salvo, directora de la Unidad Especializada Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional.

De acuerdo a lo revelado por este medio, entre el 18 de octubre y el 31 de diciembre de 2019 fueron registrados como imputados 9.689 menores de edad, mientras que en el mismo periodo de 2018 la cifra había llegado a 8.747 personas.

Estas cifras de la Fiscalía se complementan con los del informe de la Defensoría de la Niñez, “Situación de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto del Estado de Emergencia y Crisis Social en Chile”, entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reveló que a enero pasado se han recibido 602 casos de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes (541% más que igual fecha en 2018). De esos casos, un 95% de las víctimas denuncia que su agresor fue un carabinero, un militar o un funcionario de la PDI.

En el mismo informe se constatan otras irregularidades, como la detención de jóvenes que no llegan a los recintos policiales o sus procedimientos no son registrados y la detención de jóvenes en plazos excesivos e infundados de permanencia en recintos policiales. Esto se suma a que “muchos jóvenes se han visto en el mismo calabozo mezclados entre sexos y, además, con adultos, teniendo Carabineros de Chile, como justificación de esta infracción, que los recintos de detención se encontraban muy colapsados”, señala la entidad que exhortó a las autoridades a dar cumplimiento a las normativas nacionales e internacionales que rigen el tema.

Desórdenes públicos

De acuerdo a los datos de la Unidad Especializada Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, en el caso de los menores detenidos, el delito que más se repite es el de desórdenes públicos. Entre octubre y diciembre del 2018 solamente ingresaron tres menores por este delito, mientras que en el último año la cifra llegó a 200, con un aumento del 6.500 por ciento.

Otro de los ilícitos imputados a adolescentes es el maltrato de obra a Carabineros, que aumentó desde 34 a 68 casos, con un alza de un 100 por ciento.

Para Salvo, estos delitos “se han ejecutado, principalmente, en el contexto o derivados de manifestaciones, ya que una vez que estas van finalizando se transforman en muchos casos en violentas, configurándose justamente los tipos penales de maltrato de obra a Carabineros y el de desórdenes públicos. Situación similar ocurre con el robo en lugar no habitado, el cual aumenta en un 81,7 por ciento respecto del mismo periodo del año anterior”.

El Mostrador


INDH pide revocar resolución que dejó libre a carabinero que atropelló a hincha de Colo Colo

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de la Región Metropolitana apeló a la resolución del 14° Juzgado de Garantía de Santiago que dejó en libertad al carabinero que atropelló con un camión y mató al hincha de Colo Colo, Jorge Mora, la semana pasada en las inmediaciones del Estadio Monumental.

Originalmente el tribunal, a cargo de la jueza Andrea Acevedo, decretó para Carlos Martínez sólo las medidas cautelares de firma semanal y arraigo nacional.

Durante la audiencia, la magistrada hizo una polémica argumentación de su dictamen respecto a que en el hecho no hubo dolo, que existió una “conducta negligente justificada” y que se trató de un hecho ocurrido tras un partido de Colo Colo que tiene “una carga histórica que para el deporte no hace ninguna contribución”.

El INDH solicitó que se decrete la cautelar de arresto domiciliario total para el funcionario policial.

“No debemos de olvidar que se trata de un sensible y lamentable fallecimiento de una persona por parte de agentes del Estado en un contexto de manifestación social. Nuevamente estamos hablando de criminalización de la protesta social, y de un uso de la fuerza alejado de todo estándar y protocolo”, planteó el coordinador de Litigios Estratégicos de la entidad, Pablo Rivera.

Familia interpuso querella criminal
En tanto, la familia de Mora presentó una querella criminal en contra del carabinero por el delito de homicidio calificado, dado que el Ministerio Público imputó al policía por cuasidelito de homicidio.

“Con la familia de Jorge Mora hemos interpuesto una querella criminal por el delito de homicidio calificado en contra del conductor del camión, Carlos Martínez, como autor directo y asimismo la querella la hemos interpuesto en contra del general director de Carabineros, Mario Rozas, y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, como autores mediatos de este delito, para que se indague su responsabilidad penal”, dijo el abogado de la Defensoría Popular Rodrigo Román, quien representa a la familia de Mora.

“Creemos que no es suficiente con lo que el Ministerio Público ha planteado hasta aquí, que estaríamos en presencia de un cuasidelito de homicidio. Como querellantes, en representación de la familia, creemos que estamos ante un delito más grave, como el homicidio calificado”, añadió el jurista.

En ese sentido, Román pretende que tanto a Rozas como a Blumel se les tome declaración como imputados en esta causa, entre otras diligencias.

Respecto a las declaraciones puntuales de la jueza Acevedo, la hermana de la víctima, Nataly Mora, señaló que “obviamente van a existir prejuicios, pero yo no estoy de acuerdo con que una persona que tiene que ser totalmente imparcial dé juicios de valor en una audiencia, porque no corresponde”.

“Todos tenemos derecho a tener nuestra opinión personal, pero no la podemos hacer notar en una audiencia, eso es inconcebible. Yo no entiendo cómo esa persona puede ejercer, y no quiero que ella vuelva a ejercer en otro caso, porque ¿qué va a pasar con otra familia?”, reflexionó.

Por otro lado, la Fiscalía Oriente acudió a la Corte de Apelaciones para revertir las cautelares que decretó la jueza Acevedo y que se reemplacen por el arresto domiciliario total, según confirmó el fiscal Miguel Ángel Orellana.

“Posteriormente al alegato, en definitiva, resolverá si mantiene la cautelar decretada, o revoca la resolución del día 29 (de enero)”, sostuvo el persecutor.

Cooperativa


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