No se puede pasar encima de la ley por intereses personales – Diario El Salvador

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Es un grave error pretender pasar por encima de explícitas normas constitucionales, en este caso forzar una militarización de la Asamblea Legislativa, lo que revierte la función del Ejército como un garante de la seguridad general y ordena su apoliticidad. Su lealtad la debe a la República y al orden constitucional, no a un presidente o gobierno.

Nadie puede pasar por encima de la ley sin quedar expuesto a sanciones, sean de la naturaleza que sean.
El recién pasado fin de semana será recordado por actos de fuerza en la Asamblea Legislativa sólo vistos hace varias décadas y, por tanto, que se creían superados, como los golpes de Estado de 1972 y 1979, la toma de los bancos y propiedades por la Guardia Nacional en febrero de 1980 por la reforma agraria y bancaria, o la invasión de la misma Asamblea por fuerzas especiales de la policía que querían capturar a un diputado en 2002.
Ahora un presidente se da el lujo de militarizar el Palacio Legislativo, entrar al son de la marcha y sentarse en la silla del presidente de la Asamblea, haciendo recordar a los golpistas de 1979 que gobernaban por decreto y ejercían los tres poderes.

Human Rights Watch, la organización internacional de derechos humanos, ha llegado a calificar esto como “exhibición de fuerza bruta”.

Actos de fuerza frente y dentro del recinto legislativo y más despliegue de tropas pueden llevar, en casos por ahora inimaginables, a un desplome de la institucionalidad, pero nunca a alterar el orden democrático como el sistema de gobierno constitucional.

La irritación de quienes vienen instigando este desorden tiene una causa: que se autorice un préstamo de ciento nueve millones de dólares para gastarlo en un “plan de seguridad”, entre otras cosas, en la compra de un buque, así como destina $20 millones para cámaras de videovigilancia cuando hay un proyecto similar en la alcaldía de San Salvador y una donación de $25 millones para cámaras.

Lo que se pretende es “entréguenme el dinero y yo lo gastaré como tenga a bien hacerlo”, sin que nadie cuestione su uso.

El dinero, debe siempre tenerse presente, no es de los diputados, no es del Ejecutivo, no es de nadie más que de los contribuyentes que sufragan labores y proyectos aprobados por sus electos representantes. Y como representantes de ese pueblo soberano, de los salvadoreños, su deber es cuidarlo con todo celo.

El “plan de seguridad” consiste en incrementar patrullajes y poner más policías y tropas en las calles, sin que se complemente con medidas que lo hagan viable, como cambios en la legislación y acciones efectivas y permanentes para recuperar territorios que siguen en manos de las pandillas.

La República no puede asentarse sobre la arbitrariedad y la intolerancia

En el actual embrollo es importante volver a las raíces ideológicas y espirituales de nuestra República, a lo que inspiró a los Padres de la Patria, el lema que ondea en nuestra Bandera: “Dios, Unión y Libertad”.
—Dios, porque debemos obedecer la ley de Dios, que es la fuente de principios esenciales, de los mandamientos que rigen la moral.

—Unión porque los esfuerzos del quehacer general deben encaminarse a unificar, a conciliar diferencias, a superar lo que divide;

—Libertad, como una aspiración de toda persona bien nacida, un fundamento de todo orden institucional;
Una república no puede asentarse sobre actos arbitrarios, calumnias, permanentes amenazas a quienes piensan distinto, sobre la intolerancia y actos de fuerza.

El Salvador