Chile despertó: cinco meses de estallido social, represión y una nueva Constitución en el horizonte

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Contexto Nodal
El 4 de octubre de 2019 el presidente Piñera anunció el aumento del transporte público en unos 30 pesos (1,16 USD, aproximadamente), lo que provocó que estudiantes secundarios impulsaran evasiones masivas en el metro. Esa forma de protesta se masificó desde el 18 de octubre y dio lugar a un estallido social en el que salieron a la luz las múltiples demandas del pueblo chileno. La respuesta del gobierno fue la represión y la implementación del Estado de Emergencia. Las movilizaciones y cacerolazos continúan en todo el país mientras proliferan las denuncias de violaciones a los DDHH por parte de Carabineros. El 26 de abril se realizará un plebiscito para definir si se cambia la Constitución y, en caso de aprobarse, la modalidad con la que se llevará a cabo.

Balance de cinco meses de protestas y manifestaciones en Chile

En Chile se cumplen cinco meses desde que organizaciones y movimientos sociales chilenos decidieron unirse en las manifestaciones contra el presidente Sebastián Piñera, quien cumple su segundo año en la presidencia del país.

El estallido social inició el 18 de octubre cuando, principalmente, grupos estudiantiles se movilizaron para rechazar el aumento del precio del pasaje de Metro y fueron fuertemente reprimidos por Carabineros, un descontento que se sumó a otras áreas cansadas de las injusticias, las desigualdades y la impunidad en el país.

Las demandas reflejadas en estas manifestaciones que han durado cinco meses con presencia constante en las calles de la capital chilena, no han recibido mayor respuesta del Gobierno, más que represión, aprehensiones y el acordado plebiscito, que podría sufrir un cambio en la fecha pautada para el 26 de abril, motivo de la emergencia de pandemia mundial.

Chilenos no han parado de manifestarse en contra del presidente Piñera y su administración. A cinco meses de dar inicio a las movilizaciones, hoy lo hacen desde sus casas como medida de prevención ante el contagio de coronavirus, pues destacan que el sistema de salud del país no podría respaldar una crisis sanitaria como la que se vive actualmente en el mundo.

Denuncias violaciones DD.HH.

Sin duda las protestas sociales en Chile han puesto en evidencia la situación de los derechos humanos del país suramericano.

De acuerdo a organizaciones de DD.HH. Chile culminó el 2019 con la peor crisis en materia de derechos desde la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Desde el inicio las protestas se han reportado 31 fallecidos y miles de violaciones a los derecho humanos denunciadas por organismos nacionales e internacionales.

Según el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH) para los Derechos Humanos de diciembre de 2019.

El documento señala que en el marco de la protestas “se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos”. “Incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultó en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura, malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias”, indica el texto de la ONU.

Entre el 30 de octubre y el 22 de noviembre, la ONU desplegó una misión en Chile conoció los relatos de 235 “víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos”.

Acnudh denunció que tanto los Carabineros como el Ejército no se adhirieron a las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza para reprimir las manifestaciones.

La ONU alertó también sobre el número alarmantemente de personas con lesiones en los ojos o la cara (aproximadamente 350) muestra que hay razones fundadas para creer que las armas menos letales se han utilizado de manera indiscriminada”, indica la oficina.

La ACNUDH dedicó en su informe a la tortura y malos tratos en donde señala que pudo recopilar 133 casos.

A pesar de la denuncia de la ONU y otros organismos internacionales, el Gobierno de Piñera no ha cesado en las violaciones a DD.HH. por parte de los fuerzas de seguridad como lo han demostrado la represión del acto del domingo 8 de marzo.

Según el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, hasta el pasado 18 de febrero se registraron 3.765 personas heridas; unas 445 con lesiones oculares, entre ellas 411 con trauma y 34 con estallido o pérdida; así como 2.122 que recibieron disparos.

Organizaciones internacionales como la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunciaron que durante los diez días del Estado de Emergencia se incrementaron los abusos cometidos por Carabineros y el Ejército chileno.

Deudas de Sebastián Piñera

La protestas y el descontento social vigente en Chile han hecho que Sebastián Piñera presente una serie de reformas al Congreso como una referente al sistema de pensiones y el plebiscito para avanzar en la redacción de una nueva constitución el próximo mes de abril.

Ante las demandas del pueblo, el Gobierno elaboró una agenda social que otorga determinadas mejoras en algunas de las exigencias, sin embargo, no cumplen con lo que piden los manifestantes que desean un cambio en la política económica y social chilena.

Las políticas neoliberales han ocasionado que el costo de vida en el país andino sea muy elevado.

El 1 por ciento de los chilenos posee el 26, 5 por ciento de la riqueza y el 50 por ciento de las familias menos favorecidas tiene solamente el 2,1 por ciento de la riqueza total del país.

Asimismo, un informe de la Fundación Sol publicado en agosto pasado reveló que 7 de cada 10 trabajadores recibe un sueldo líquido inferior a 550.000 pesos lo que representa unos 745 dólares mensuales, mientras que sólo el 6,1 por ciento de los empleados chilenos gana más de 2.050 dólares mensuales.

Ante este panorama diferentes organizaciones sociales junto a ciudadanos independientes han continuado con las manifestaciones en Chile.

Telesur


Política de Estado: el foco de La Moneda para la reforma a Carabineros

A cinco meses del inicio del estallido social, la reforma a Carabineros está más cerca de concretarse. Este martes, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, presentó el informe del Consejo Asesor de Reforma a Carabineros, un documento que apunta a reconfigurar la institución a través de diversos proyectos de ley y medidas administrativas.

La creación del Ministerio de Seguridad Pública, un organismo que fiscalice la accountability de Carabineros y una reestructuración del proceso de ingreso a la policía uniformada son tres de los puntos anunciados. El informe tiene 76 páginas, y en él trabajaron el titular de la cartera de Interior, el exministro Jorge Burgos, el exsubsecretario Jorge Correa Sutil, la presidenta del Museo de la Memoria, María Luisa Sepúlveda; el director ejecutivo de Paz Ciudadana, Daniel Johnson; la economista Catalina Mertz y la coronel (r) Marta Salcedo, entre otros.

Este conjunto de medidas implican una reforma y no una modernización, como se había discutido anteriormente. El mismo Blumel reconoció que el Ejecutivo estaba trabajando “en una modernización, pero a partir del 18 de octubre se nos hizo necesario revisar este trabajo e incorporar otras variables fundamentales, como el resguardo del orden público con pleno respeto a los derechos humanos”.

La preocupación: cuándo y cómo se implementará

Si bien el secretario de Estado habló de un sentido de urgencia, la fecha concreta para empezar a ver cambios en la institución no es clara. Ya en entrevista con Cristián Warnken, Blumel había dicho que “pretenden que hagamos en dos o tres meses lo que no se hizo en 93 años de Carabineros”.

Este martes, puntualizó en que es un trabajo que se hará con miras al aniversario del centenario de la institución, en siete años más. “Todas las reformas de Estado de largo alcance toman tiempo: la reforma procesal penal tomó alrededor de 10 años y se creó una unidad coordinadora para conducirla, de manera tal que cuando cambian los gobiernos, no cambian las prioridades y se pueda conducir la reforma y llevarla a buen puerto” , dijo el jefe de Interior.

Eso sí, el Presidente Sebastián Piñera aclaró que “no queremos que se eternice en el tiempo, esta reforma ya está en marcha”.

No obstante, la aplicación de esta reconfiguración de la policía uniformada es una preocupación para el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “Más que las medidas concretas, lo que al instituto le preocupa es que se apliquen de la forma más urgente e integral posible. Sobre todo las que dicen relación con el respeto a los protocolos y la acción policial en la calle, con pleno respeto a los derechos humanos, porque, como hemos visto a partir de marzo, hemos tenido hechos de violencia que se han traducido nuevamente en violaciones a los derechos humanos, en denuncias que hemos recibido y querellas que estamos presentando”, dice a PAUTA el director del INDH, Sergio Micco.

El senador Felipe Harboe (PPD), líder de la otra mesa técnica que trató la idea de reformar la institución, también aborda aquel punto. “Valoro la disposición del Gobierno a haber incorporado dentro de la propuesta final una parte importante de las reformas propuestas por expertos y expertas que me tocó convocar […] Creo que el Gobierno se hace cargo de parte importante de los informes de violaciones a los DD.HH y de las críticas que hemos hecho algunos parlamentarios. Aquí la importancia va a estar dada por si la institución es capaz o no de materializar en la práctica lo que se enseña en la escuela con estos nuevos estándares. Ahí está el gran desafío de la institución y es reponsabilidad exclusiva del Gobierno y de Carabineros”, comenta Harboe a este medio.

Los primeros resultados

Las primeras medidas tendrán que ver con poner indicaciones al proyecto de modernización de las policías que se encuentra en segundo trámite de la Cámara de Diputados. También se consideran dentro de este plan, las nuevas tecnologías y estrategias que ya se están implementando en la fuerza policial desde el verano.

Con respecto a los otros puntos, el primer plazo se cumplirá en un mes más. Esto, ya que el de este martes no fue el anuncio de la reforma, sino la presentación del informe que la guiará. Para implementarla, Piñera firmó un decreto que crea una Comisión para la Reforma de Carabineros. Integrada por los tres poderes del Estado, tendrá 30 días para elaborar un plan de implementación de lo anunciado.

Pauta


INDH limitará atención presencial y observaciones de manifestaciones durante cuarentena por COVID19

Las visitas de los funcionarios y funcionarias del INDH a centros hospitalarios serán suspendidas hasta nuevo aviso, mientras se asistirá a todas las audiencias imprescindibles, como juicios orales, durante la emergencia que enfrenta el país por la pandemia del coronavirus.

En el contexto de LA emergencia sanitaria por covid19 y de manera de seguir cumpliendo nuestra misión institucional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos adecuó su modalidad de trabajo, limitando la atención presencial en todas las oficinas del nivel central y sedes regionales; y fortaleciendo los canales de atención vía página web y canal telefónico. De ahí que se reforzará el ingreso de solicitudes ciudadanas y denuncias a través del portal www.INDH.cl, manteniendo además la recepción de llamadas telefónicas a las oficinas regionales y del nivel central. Sin perjuicio de lo anterior, serán evaluados posibles atenciones presenciales exclusivamente en casos extremadamente graves, como riesgo para la integridad y vida de la persona.

La labor en los tribunales de justicia continuará realizándose por nuestroabogados, pero privilegiando las audiencias imprescindibles, como juicios orales, alegatos, audiencias de preparación de juicio oral y revisiones de medidas cautelares.

En el contexto actual de estallido social, el INDH mantendrá las observaciones, pero ello estará condicionado a la disponibilidad de funcionarios y funcionarias, medidas de seguridad sanitaria y envergadura que revista la manifestación. A nivel central se mantendrán turnos de observaciones, pero respetando las medidas sanitarias correspondientes.

En caso de mantenerse la convocatoria de los viernes en los alrededores de Plaza Italia, las y los observadores de turno, que no pertenezcan a ningún grupo de riesgo, asistirán extremando las medidas de seguridad a fin de registrar la reacción policial ante este nuevo escenario.

Se ha resuelto suspender las visitas a los centros de salud en el contexto de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Mientras las visitas a comisaría deben restringirse a aquellas de las que se reciban graves denuncias de violaciones de derechos humanos (tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes).

INDH

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