Colombia: gobierno decreta la emergencia carcelaria tras motines por hacinamiento 

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Así es el decreto de emergencia cárcelaria en Colombia

Este lunes 23 de marzo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Justicia y luego de los hechos ocurridos en diferentes penitenciarias en todo el país, declaran estado de emergencia carcelaria.

Los hecho en tema de salud y orden público que afectaron a los reclusos de las cárceles Buen Pastor, Picota, Modelo, Picaleña y Cómbita; así como a los de las cárceles de Palmira, Jamundí, y La Dorada en Caldas, fueron los detonantes para las medidas tomadas por estos organismos.

Esto trae consigo la declaratoria de emergencia cárcelaria

En primer lugar se determina que para descongestionar los centros de reclusión, se optará de manera transitoria por la medida de prisión domiciliaria a mayores de 60 años, enfermos, o personas con condenas menores a 5 años o por tengan delitos culposos; así como también darán permisos de de 72 horas a algunos reclusos. Acciones que por ahora tendrán un tiempo de tres meses prorrogables.

Se restringirá la salida a personas que estén recluidas por por delitos de lesa humanidad, delitos contra niños, niñas y adolescentes, delitos contra la Administracion Pública, o que tengan vínculos directos o indirectos con el conflicto armado.

A su vez se dará facultades al INPEC, para realizar traslados presupuestales a prioridades actuales; así como el Ministerio de Defensa diseñará una estrategia de defensa juridica con garantías procesales en acompañamiento de la Defensoria del Pueblo, en los diferente casos denunciados este fin de semana, empezando por los hechos dados en la cárcel Modelo.

Carta Abierta al Presidente Iván Duque

Por medio de un documento este lunes más de 200 organizaciones de derechos Humanos, y cerca de 600 personas presentaron una carta al Presidente de Colombia solicitando que tome medidas preventivas y para afrontar el COVID19 en el sistema carcelario, penitenciario y centros transitorios de reclusión.

Dentro de las peticiones hay cinco claves para los firmantes, la primera se refiere al personal penitenciario y administrativo, el cual debe ser regulado, teniendo en cuenta que los funcionarios «tienen contacto con el mundo exterior lo que lo convierte en un posible vehículo de contagio«.

Segundo se refieren al hacinamiento el cual oscila en un 55% en algunas cárceles, y otras supera un 260%, situación que «imposible generar espacios de aislamiento social al interior de las cárceles y prisiones».

Tercero señalan que muchas cárceles no tienen suministro de agua lo cual afecta las rutinas de limpieza corporal, espacios comunes y de celdas; conectado a esto está la solicitud de kits de aseo para las personas privadas de la libertad, los cuales hasta el momento deben ser entregados por el INPEC y han sido insuficientes.

Por último señalan que el sistema de salud de las cárceles no alcanza a atender las necesidades actuales, esto debido a la carencia de personal médico, áreas de sanidad, insumos y medicamentos.

Contagio


Proponen excarcelación de presos no peligrosos ante crisis por Covid-19

En carta al presidente Iván Duque, los senadores Rodrigo Lara, de Cambio Radical y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, le plantean la posibilidad de liberar algunos de los presos menos peligrosos detenidos actualmente en las cárceles del país o enviarlos a prisión domiciliaria, con el fin de evitar de que los penales se conviertan en “clusters” del coronavirus. La medida no incluiría a los presos considerados como los más peligrosos.

“Ahora bien, el éxito de una medida así depende de la celeridad con que se tome. Hacerlo tarde es no hacer nada. Si el Gobierno demora esta decisión, es posible que se vea en la necesidad de abrir más adelante las puertas de las cárceles a todos los detenidos, sin discriminar por su nivel de peligrosidad, tal como ocurrió recientemente en Irán”, señala la misiva.

Los congresistas solicitan una acción rápida en coordinación con los jueces de ejecución de penas, sin más dilaciones. “Es frustrante que la emergencia carcelaria se haya decretado después de los hechos de la madrugada del sábado, pero en todo caso los decretos que deriven de estas facultades extraordinarias, deben ser pertinentes para el fin principal que es combatir el Covid-19. El propósito, repetimos, debe consistir en liberar bajo la figura que considere el Ministerio de Justicia, a los reclusos que no representen peligro para la población”, agregan.

Lara y Velasco hacen alusión a lo sucedido en la noche del pasado sábado, cuando 23 reclusos murieron por impacto de bala en la cárcel Modelo de Bogotá, hecho en el que pidieron una investigación exhaustiva. “(…) también se presentaron protestas y cacerolazos en todas las cárceles del país, motivados por las infrahumanas condiciones sanitarias y de hacinamiento, pero en particular por el natural pánico que está produciendo en el país la propagación del Covid-19 (…) estamos contra el tiempo señor presidente”, señalan en la carta, advirtiendo que en las actuales condiciones de hacinamiento que tienen las cárceles del país, un solo caso de coronavirus sería “un contagio seguro para la mayoría, y una condena a morir para muchos”.

En su solicitud, los senadores plantean tres casos a priorizar en esa posible liberación o reclusión domiciliaria: 1) Personas condenadas o con medida aseguramiento por delitos menores a seis años. En particular las madres cabeza de hogar. 2) Presos no peligrosos, mayores de 55 años. 3) Presos no peligrosos, con enfermedad grave (enfermedades cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, enfermos con inmunosupresión y pacientes en tratamientos de oncología y diálisis o remplazo renal).

“Por último, si bien estas son las categorías prioritarias, de ser necesario se justificaría ampliarlas para lograr la reducción de los niveles de hacinamiento actuales, con los cuales es imposible evitar la propagación del virus Covid-19. El propósito principal deber ser la salud pública y mantener en prisión a los reclusos más peligrosos”, dice el mensaje.

Y concluye: “Esperamos que esta situación lleve a que el país, los medios y las autoridades, reflexionamos sobre las consecuencias de políticas criminales desordenadas y populistas. Ante estado de cosas inconstitucional, la urgencia y el interés superior del país apremian”.

El Espectador


Alerta por nuevo motín en la cárcel Modelo de Cúcuta

Durante la mañana de este martes se escucharon detonaciones de armas de fuego y se registró un incendio en uno de los patios de la cárcel La Modelo en Cúcuta.

Mientras algunos familiares se preparaban para ingresar al centro penitenciario con el objetivo de entregar a los presos elementos de aseo personal, se escucharon disparos dentro de la cárcel.

Al menos 250 internos atacaron a los guardias e incendiaron colchonetas. Los reclusos lanzan rocas y amenazan a los miembros del Inpec con armas de fabricación artesanal.

La situación es crítica, desde los techos de casas vecinas y cerros cercanos, se han grabado videos aficionados que muestran a un grupo de reclusos corriendo sobre el techo de la cárcel y a guardias del Inpec disparando para neutralizar a los internos.

En otro video que circula en las redes sociales se evidencia humo negro alrededor de uno de los patios, producto de un incendio que se registra dentro de la cárcel.

Hasta el momento varias ambulancias han acudido al centro de reclusión y salen con destino a centros médicos cercanos. Según las autoridades, se reportan 3 uniformados heridos.

Algunos familiares han difundido audios enviados por los reclusos desde el interior del centro penitenciario. Denuncian abuso de poder por parte del Inpec y afirman que varios internos permanecen heridos.

El amotinamiento no cesa y la Policía metropolitana de Cúcuta controla el acceso principal a la cárcel. El Escuadrón móvil antidisturbios intervino para contener los reclamos de los familiares. El panorama fuera de la cárcel es tenso.

“Nos están corriendo con gases lacrimógenos, necesitamos entes de control. No hay presencia de la Defensoría ni Procuraduría, hay muchos atropellos contra las esposas y mamás de los internos”, afirmó Ángela Ochoa, integrante de la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (Asofamintercuc).

El pasado sábado se registró un motín que dejó como saldo cuatro reclusos y un guardián herido en Cúcuta. El hecho ocurrió de manera simultánea con desmanes ocurridos en otras penitenciarias de Colombia.

El Tiempo


El hacinamiento en las cárceles colombianas sobrepasa 54,9% según estadísticas del Inpec

Luego de que este fin de semana los presos decidieran amotinarse en varias cárceles del país para exigir medidas contra el Covid-19, la cartera de Justicia evalúa tomar medidas en los centros carcelarios, los cuales tienen una sobrepoblación 54,9%.

No es casual los hechos que trascendieron, ya que los mismos son una consecuencia de algo que se viene presentando hace varios años en las cárceles de Colombia, así lo piensa Indira Velásquez, quien ha llevado diferentes investigaciones de cárceles del país y es profesional de Acción Scial del Instituto Seres, de la Universidad del Rosario.

“Desde hace varios años, se conoce que existe una crisis carcelaria, de hecho, estamos hablando desde la sentencia T-253 y la T-296 de 1998 en la que se declaran una serie de inconstitucionalidades en las prisiones y responde en la medida de las condiciones de hacinamiento, de salubridad, de alimentación, incluso, condiciones laborales que no aportan a ninguna medida del tratamiento penitenciario a todos los involucrados”, aseguró Velásquez.

Según las últimas cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), existen 124.188 personas que están en condición de intramuros, pero según la capacidad que tienen las 132 instalaciones en el país, solo hay espacio para 80.156 reclusos, por lo que hay una sobrepoblación de 44.032. Las cifras han venido aumentando ya que 2019 había 123.802 privados de la libertad y en 2018 la cifra era de 118.513.

Entre alguna de las medidas que quieren adoptar el Gobierno está la de poder enviar a detención domiciliaria a la población vulnerable, es decir, a mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de tres años; personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal crónica, diabetes insulinodependiente, trastorno pulmonar hipertensión, hepatitis C y hemofilia, entre otros.

La Defensoría del Pueblo también se pronunció en un comunicado indicando que deberían tener en cuenta la situación de otros internos como quienes no superen los ocho años de prisión y para quienes hayan cumplido la mitad de la pena, salvo delitos atroces. Para Germán Pabón, delegado de política criminal y penitenciaria de la Defensoría del Pueblo, existe la sentencia C-228 de 2011 de la Corte Constitucional que establece claramente que las medidas que se adopten con fundamento de emergencia a diferencia de los de conmoción interior, tienen carácter de permanecía , por lo que resaltó, “ cuando salga un sin número de privados de la libertad y pasada la crisis tengan que regresar, su regresó impactaría de manera muy fuerte en el hacinamiento carcelario”.

Entre los 41 establecimientos en la ciudad de Bogotá hay 45.041 internos solo tiene la capacidad de 30.535.

Asuntos Legales


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