El Salvador: Bukele dice que “criminales controlan mayor parte del Estado” y decreta emergencia en cárceles tras muerte de soldado

Bukele decreta emergencia máxima en prisiones de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, decretó el estado de emergencia en las prisiones del país, tras una serie de ataques contra efectivos militares.

A través de su cuenta en Twitter, el mandatario ordenó al director general de Centros Penales, Osiris Luna, la implementación del estado de emergencia máxima, medida que ya mantuvo durante 21 días entre junio y julio pasados.

‘Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, cero actividades, cero patio, cero tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden’, publicó Bukele.

El jefe de Estado adoptó esta decisión tras el ataque sufrido esta madrugada a un soldado en el occidental municipio de Atiquizaya, donde un operativo sigue un rastro de sangre pero aún no encuentra el posible cadáver.

Además, el pasado viernes fue asesinado otro militar en el departamento de Morazán, justo cuando cerraba el mes con menos homicidios desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de conflicto armado.

‘Lastimosamente los criminales aún controlan la mayor parte del Estado. Vamos a dar el 100 por ciento, dentro de lo que la ley nos permita’, agregó Bukele, que aprovechó para presionar por fondos para seguridad.

Prensa Latina


Hallan muerto a soldado privado de libertad: “Criminales aún controlan la mayor parte del Estado”, admite Bukele y decreta emergencia en penales

El soldado José Rigoberto Reyes Medina destacado en la Segunda Brigada de Infantería de la Fuerza Armada en Santa Ana fue privado de libertad el lunes mientras se encontraba de licencia, en el cantón Joya del Zapote del municipio de Atiquizaya, en el departamento de Ahuachapán, y asesinado.

La privación de libertad ocurrió aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando el soldado pastoreaba su ganado en compañía de otras dos personas. Hombres armados se lo llevaron, pese a que él intentó escapar.

La Policía Nacional Civil (PNC) con el apoyo de militares realizaron el lunes un operativo de búsqueda, sin tener resultados, y fue suspendido. Fue reanudado este martes y el militar fue hallado muerto, confirmó el presidente Nayib Bukele.

El presidente, quien es comandante general de las Fuerzas Armadas, manifestó “impotencia” el lunes en la noche mientras se desarrollaba la búsqueda y señaló que hacía falta un “dron con cámara térmica” para encontrarlo en minutos.

En tanto, el fiscal general Raúl Melara dijo que los equipos de la institución que lidera estaban “en alerta máxima para localizarlo”.

El ministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas dijo que ya tienen una línea de investigación trazada pero que no darán detalles hasta haber realizado la captura de los responsables, a quienes les espera únicamente “muerte” o “cárcel”.

El director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas dijo que los atacantes son miembros de la pandilla 18.

Además, tanto Melara como Rivas aseguraron que unos rumores sobre privaciones de libertad en varias partes del país no son ciertas.

Por otra parte, en una declaración sorpresiva y que contrasta con el discurso gubernamental de los meses recientes, Bukele admitió en Twitter que son los criminales quienes controlan todavía la mayor parte del Estado salvadoreño.

El pasado 15 de enero, después de un repunte de asesinatos, el director de la PNC Mauricio Arriaza Chicas aseguraba en el programa Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS) que estaban detrás de las estructuras que creían que podían manejar el alza o baja de la cifra de homicidios en El Salvador. “No se dan cuenta que la PNC tiene el control territorial a nivel nacional”, aseguraba.

Como respuesta a los hechos violentos ocurridos fuera de las cárceles el lunes, el Gobierno anunció que se decretó emergencia máxima en todos los centros penitenciarios de El Salvador. “Todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, 0 visitas, 0 actividades, 0 patio, 0 tiendas, todos en sus celdas, incomunicados, 24/7, hasta nueva orden”, tuiteó el presidente.

Rivas aseguró que Inteligencia Penitenciaria detectó un intento de desestabilización de parte de los reos como medida de presión al Gobierno por la eliminación de la comunicación entre los penales y el exterior.

Según el artículo 23 de la Ley Penitenciaria, un estado de emergencia no puede durar más de quince días y la Dirección General de Centros Penales (DGCP) puede confirmarlo o revocarlo e informar “por escrito o de cualquier forma, inmediatamente, al procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República (FGR)”.

Además, la DGCP debe comunicar “inmediatamente la medida y sus alcances al Juez de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de la Pena competente, quien podrá confirmarla, modificarla o revocarla”, dice el artículo 24 de la Ley.

También establece que un estado de emergencia es instaurado cuando hay “situaciones de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina de los internos y desórdenes colectivos, actos de desestabilización como amotinamientos o motines”.

Durante el estado de emergencia se “restringen” los derechos previstos en los numerales del seis al diez del artículo nueve de la referida ley, los cuales son el derecho a “un trabajo rentable que no sea aflictivo”, “libertad ambulatoria dentro del centro de detención, sin más limitaciones que las propias del régimen que se le esté aplicando”, “obtener información ya sea escrita, televisiva o radial, que a criterio del equipo técnico criminológico asignado por la Dirección General de Centros Penales, favorezca su rehabilitación o su readaptación”, “mantener sus relaciones de familia” y “disponer dentro de los establecimientos de detención, locales adecuados y dignos para la realización de visitas familiares e íntimas”.

En lo que va del año han sido asesinados tres policías y tres militares. Los policías asesinados son José Domingo Hernández Hernández, asesinado en San Juan Nonualco (La Paz) el 6 de enero; Luis Alberto Rodríguez Quinteros, en Ciudad Barrios (San Miguel) el 23 del mismo mes y Alexander Ramírez Martínez, en Atiquizaya (Ahuachapán) el día 28. Por otra parte, los militares asesinados son Óscar Armando Bravo Morales, en Ahuachapán, el 1 de febrero; Santos Elías Díaz Amaya, en Yamabal (Morazán) el 29 de febrero y Reyes Medina, ejecutado ayer.

El 1 de noviembre del 2019, Bukele se dirigió a los pandilleros durante una conferencia de prensa desde Casa Presidencial para pedirles que no incrementaran los asesinatos en El Salvador y les ofreció a cambio, “como buena voluntad”, que su gobierno implementaría programas de salud en las cárceles, con la condición de que cumplieran con no subir la cifras de violencia.

Por otra parte, el Gobierno ha destacado que la reducción de homicidios ha sido consecuencia del éxito del Plan Control Territorial que ejecuta desde el 20 de junio del año pasado.

La Prensa Gráfica


Abogados afirman que estado de emergencia en cárceles debe ser ordenado por jueces

Dos abogadas salvadoreñas y un jurista internacional cuestionaron ayer el estado de emergencia que ordenó el presidente Nayib Bukele en el sistema penitenciario por considerar que la medida tiene que ser autorizada por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y además porque no puede declararla con carácter indefinida.

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó de “abusiva” la medida de Bukele, en su cuenta de twitter. Escribió que “no es admisible castigar a todos los presos del país, por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular. Principio básico de la responsabilidad individual, no colectiva”.

La abogada constitucionalista, Erika Saldaña, aseguró a El Diario de Hoy que el principal error de la orden de Bukele recae en el carácter de indefinida que le dió a la medida.

Señaló que “una de mis críticas viene a que el presidente manifestó en su tuit que cero visita, cero sol, cero nada, hasta nuevo aviso, hasta que él dijera, creo que ahí está el error”.

Agregó que “no es algo que indefinidamente va a depender del Director de Centros Penales o del Presidente de la República, sino que la ley establece cuales son los requisitos que tienen que cumplirse para esa declaratoria”.

A su juicio, Centros Penales tendrá que justificar ante los jueces de Vigilancia Penitenciaria, la emergencia o la situación de fuerza mayor que obligó a imponer el estado de emergencia.

Por su parte, la abogada penalista, Marcela Galeas, dijo a El Diario de Hoy que para decretar la emergencia en un centro penal se debe de atenderse circunstancias graves en el recinto penitenciario.

Además, el artículo 23 de la Ley Penitenciaria hace mención a un centro penal, no todos los penales de manera general. A su juicio, las autoridades penitenciarias no hay una justificación para que se les restrinjan los derechos establecidos en el artículo 9 de la misma ley a los reclusos.

“Ellos no pueden pasar por encima de lo que establece la ley, no pueden pasar por encima del mandato constitucional, en el cual limita las funciones…Lo que están haciendo ellos es deslegitimar la función jurisdiccional de los jueces”, dijo Galeas.

Horas después del plagio del soldado Rigoberto Reyes Medina por parte de pandilleros, Bukele ordenó al director de Centros Penales Osiris Luna a imponer la emergencia en los 27 centros penales, entiéndose que la medidas se había derivado del crimen.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, aseguró ayer que la medida obedecía a información de inteligencia penitenciaria de posibles acciones desestabilizadoras de parte de los reclusos .

“Producto de que han estado incomunicados desde las cárceles hacia el exterior. Hemos incautado también algunos manuscritos donde también han tratado de comunicarse entre ellos en las mismas cárceles para generar medidas de desestabilización “.

Aseguró que han vuelto a aplicar las medidas tomadas con el plan Control Territorial porque “si apretamos adentro de las cárceles, también apretamos afuera de los territorios, a eso obedece las medidas”.

El Salvador