Falsos positivos: hallan 136 cadáveres sin identificar en un cementerio

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La escalofriante historia de 136 cadáveres perdidos

A las 8:50 de la mañana del 29 de octubre pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) enlazó una serie hallazgos que podrían configurar un capítulo inédito en la historia del conflicto. Ese día, una comisión mixta llegó al laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia, en Medellín, para hacer una inspección judicial. Se suponía que en el lugar solo podía haber esqueletos ajenos a muertes violentas. Tras un vistazo general, a los funcionarios les llamó la atención un centenar de cajas rotuladas con las iniciales CU, la sigla de Cementerio Universal. Decidieron abrir una escogida al azar y hallaron la osamenta de un hombre joven, no identificado, con el agujero perfectamente circular que deja un tiro en la base del cráneo. Todos lo entendieron enseguida: la vida de ese joven terminó cuando alguien lo ejecutó de un disparo a quemarropa en la nuca.

El hallazgo impactó a los funcionarios y desde ese momento comenzaron un minucioso trabajo, aún inconcluso, en el que han inspeccionado, uno a uno, cientos de esqueletos que reposan allí. La situación los obligó a sellar una parte del laboratorio. En total contaron 136 individuos provenientes del Cementerio Universal de Medellín. Y descubrieron que de estos, 56 tienen evidentes señales de violencia. La mayoría, en jerga forense, “TCE x PAF”; es decir, con trauma craneoencefálico por arma de fuego. Hay otros con traumatismos tipo corte “por mecanismo indeterminado”. Estos serían víctimas de desmembramiento. La JEP trasladó a Medicina Legal los 56 cuerpos para que el instituto practique exámenes más detallados de las lesiones y para tratar de identificarlos.

El problema para la universidad es que esos cadáveres de quienes sufrieron actos de violencia no deberían estar en su laboratorio. Y mucho menos sin la documentación completa y clara de cada individuo. La JEP encontró que muy pocos de los 136 esqueletos del CU tienen la traza documental requerida. La mayoría aparecen como NN, sin carpeta, simplemente reseñados por sexo y edad. Otros tienen los papeles incompletos y hay varios que ni siquiera registran el acceso al laboratorio.

A los investigadores les llamó poderosamente la atención ver en el laboratorio cajas marcadas del Cementerio Universal porque desde hace un mes buscaban esos muertos. Pero no esperaban encontrarlos allí. De hecho, habían ido a buscar otros: centenares de cadáveres exhumados de la zona de influencia del proyecto Hidroituango. Efectivamente, en el laboratorio también hallaron 186 restos óseos, de 349 que buscan. De estos se ocuparon después.

Una comisión mixta de fiscales, forenses e investigadores de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas hicieron la inspección al laboratorio. Por la universidad estuvieron Mariela Zapata, abogada del alma mater, y la directora y fundadora del laboratorio, la antropóloga Timisay Monsalve Vargas. Estas explicaron que los cuerpos habían llegado mediante un convenio suscrito por la universidad con la Alcaldía de Medellín, responsable del cementerio municipal. Monsalve recalcó que los cadáveres no habían sido alterados y que estaban solo bajo custodia en el laboratorio.

El dato de un convenio también causó sorpresa. Los investigadores de la JEP habían trabajado durante semanas en el cementerio. Fueron con el objetivo de obtener toda la información existente sobre personas enterradas como NN y su ubicación exacta en sepulturas y bóvedas del camposanto. Pero solo encontraron un desorden monumental tanto en los archivos como en los entierros. Y nadie pudo ofrecer claridad. La comisión entrevistó a todo el personal, desde sepultureros y contratistas hasta el administrador.

En síntesis, nadie sabe cuántos cuerpos de personas no identificadas o identificadas y no reclamadas ha recibido el cementerio a lo largo de décadas. Tampoco se sabe dónde está cada uno de esos cadáveres, con el agravante de que muy probablemente haya cuerpos mezclados en sepulturas indocumentadas. La fiscalía de la JEP tiene intervenido el cementerio y la zona donde se solían enterrar los NN está aislada, bajo custodia especial.

Después, con la noticia del convenio y el hallazgo de los 136 cadáveres en el laboratorio, los investigadores de la JEP regresaron al cementerio y entrevistaron al administrador, Carlos Alberto Luján. Este explicó que llevaba menos de un mes en el cargo y que tenía “ciertas” funciones administrativas. Admitió saber de la existencia del convenio, pero negó conocer los detalles o las condiciones del mismo. Al cabo de buscar y buscar apareció una carpeta con el documento y algunos anexos.

El convenio data de 2008 y compromete el traslado del cementerio al laboratorio de 200 cadáveres “de diversa edad y género”, según la disponibilidad, para usos “académicos y científicos”. El contrato habilita al laboratorio para emplear los esqueletos en sus labores, pero también lo compromete a preservarlos y, en caso de aparecer una identificación, devolverlos a los dolientes. Ese tipo de convenios no es irregular siempre que los cadáveres no estén vinculados a procesos judiciales. Pero la ley obliga a preservar los despojos de personas no identificadas y de víctimas de violencia con miras a resolver su situación penal y a que algún día sus familias puedan recibirlos.

SEMANA entrevistó a la doctora Timisay Monsalve, quien asegura que desconocía si los cuerpos provenientes del Cementerio Universal pudieran corresponder a víctimas de desaparición forzada. La científica señaló que reiteradamente solicitó a varios administradores del cementerio la información respectiva de cada cuerpo y que nunca se la remitieron.

La JEP considera delicada la situación. En varios autos judiciales señala que cualquier persona con acceso al laboratorio podría alterar o destruir esos restos óseos. Además, señala que hay “serios y preocupantes indicios” de que los cuerpos han sido intervenidos con fines académicos, manipulación que podría producir “alteraciones irreversibles”. Y que ello, inevitablemente, implicaría procesos de identificación más complejos, sino imposibles.

La preocupación del tribunal de paz, a su vez, atiende el clamor de las víctimas. La hipótesis muy probable de que entre esos cuerpos haya víctimas de la Comuna 13, al mismo tiempo ofrece esperanzas a las familias de los desaparecidos. Y preocupa a los responsables, entre estos altos mandos del Ejército.

¿Son los de Comuna 13?

La JEP decidió revisar a profundidad el Cementerio Universal de Medellín luego de realizar una audiencia pública sobre el caso de las desapariciones en la Comuna 13, que fue un verdadero polvorín del conflicto. En la diligencia intervinieron familiares de las víctimas, investigadores y las autoridades. En ese territorio, al occidente de la ciudad, operaron las Farc, el ELN y los Comandos Armados del Pueblo; luego los paramilitares del Bloque Metro y del Cacique Nutibara. Y allí el Ejército, bajo declaratoria de Estado de excepción, ejecutó en 2002 las operaciones Mariscal y Orión, que dejaron centenares de desaparecidos.

En la audiencia pública, la Gobernación y la Alcaldía admitieron no tener certeza sobre el número de desaparecidos en la Comuna 13. El miércoles la JEP dijo que a partir de información suministrada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, Fiscalía, Unidad de Víctimas y organizaciones sociales, había establecido que 417 personas sufrieron desaparición forzada en la comuna, entre 1987 y 2016.

La organización Movice ha investigado el caso y considera que los reclutamientos forzados de la guerrilla, la posterior toma de los paras y las operaciones del Ejército dejaron más de 300 desaparecidos. “Y hoy, restando algunas exhumaciones, hay más de 250 personas que siguen en calidad de desaparición forzada en la comuna”, dice Adriana Arboleda. Movice y varias víctimas insistieron ante los magistrados de paz que muchas víctimas quedaron sepultadas clandestinamente en la zona de La Escombrera y en el Cementerio Universal. Por ello, la JEP decidió practicar prospecciones en ambos puntos.

En La Escombrera determinaron siete puntos de “alta probabilidad”. Sin embargo, hasta ahora la búsqueda no ha dado frutos. En uno de los puntos los forenses encontraron una cruz con un nombre inscrito. Excavaron dos metros y solo hallaron la osamenta de una vaca en posición invertida, es decir, patas arriba. En otro punto auscultado, los investigadores encontraron media docena de casquillos de proyectiles de fuego. La Escombrera es una inmensa faja de montaña en donde extraen y vierten escombros desde hace décadas. Buscar restos humanos allí es como buscar una aguja en un pajar

En el Cementerio Universal, en la zona de no identificados, los investigadores también han hecho perforaciones, algunas con hallazgos y otras nulas. Pero el caos es tal que uno de los pocos datos concretos, aportado por la Alcaldía, indica que entre 2002 y 2012 ingresaron al cementerio “un total de 906 cuerpos sin identificar”, pero que “no fue posible encontrar información del número de cuerpos entre 1990 y 2001”. De ahí la importancia del hallazgo de 136 cadáveres del cementerio en el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Hay una alta probabilidad de que allí estén algunos desaparecidos de la comuna.

Cementerios empantanados

Ahora el desafío consiste en lograr identificarlos con pruebas de ADN y luego conectarlos con sus dolientes. Tras más 20 años de impunidad e incertidumbre, las familias víctimas de la Comuna 13 por fin avizoran una esperanza. Pero lo relatado hasta ahora es solo la mitad de lo hallado en el laboratorio. Allí también reposan, bajo custodia, 180 cadáveres provenientes de un cementerio informal del corregimiento de Orobajo, en Sabanalarga, Antioquia, uno de los territorios afectados por el megaproyecto de Hidroituango.

La historia de los cementerios aledaños a Hidroituango también se desprende de una audiencia convocada a solicitud de las víctimas. Se trató de la segunda gran diligencia ordenada por los magistrados, después de la de Comuna 13, a fin de evaluar la pertinencia de impartir medidas cautelares para salvaguardar evidencia clave que contribuya a esclarecer hechos relevantes del conflicto armado.

En el caso de Hidroituango, las víctimas argumentan que en los seis municipios de influencia directa del proyecto (Briceño, Peque, Sabalarga, Ituango, Toledo y Valdivia) hay centenares de desaparecidos. Ese eje en torno al cañón del río Cauca ha sido una de las zonas más estremecidas por la violencia a lo largo de décadas. Los cañoneros aseguran que muchas veces bajaban cadáveres por el río y los enterraban en las playas. El Centro Nacional de Memoria Histórica registra que desde 1982 hasta 2016, hubo cerca de 600 casos de desaparición forzada en esos 6 municipios. Además, los actores armados perpetraron 51 masacres que dejaron 318 víctimas mortales. Entre 1995 y 2005 corrieron los años más oscuros. Por su parte, la Fiscalía reporta que en la zona, hasta mayo de 2019, ha exhumado 196 individuos no identificados (la mitad en cementerios municipales y el resto en fosas en zona rural). Según esto, al contrastar la información de Memoria Histórica con las de la Fiscalía, habría 400 casos sin hallar.

La JEP hizo un estudio de georreferenciación al superponer en un mapa regional los tres fenómenos (desaparición forzada, masacres y exhumaciones oficiales). Estos coinciden en un 90 por ciento. Una sombra reiterada que sigue el trazo del cañón del río Cauca.

En relación con ese panorama, varias comunidades y organizaciones critican el proyecto de Hidroituango de Empresas Públicas de Medellín, pues para llenar los 79 kilómetros del embalse hubo que inundar muchas zonas y hasta trasladar comunidades. Así pasó con la comunidad indígena Nutabe, de Orobajo, la cual por la megaobra quedó fragmentada y reubicada en otro territorio. También hubo que levantar el cementerio de esta población marginal. Y la profesora Timisay Monsalve hizo ese trabajo.

Los documentos indican que EPM contrató a Integral, una firma de ingeniería, y que esta a su vez subcontrató con el convenio 14 de 2017 a la Universidad de Antioquia para trasladar tres cementerios. Esto dentro del marco de la licencia ambiental otorgada al proyecto Hidroituango. De ese modo Monsalve lideró un equipo de 25 profesionales que hicieron las exhumaciones. De Orobajo, donde la comunidad decía tener cerca de 100 muertos, exhumaron 180; de Barbacoas, donde la gente también calculaba 100 muertos, recuperaron 151, y de Fortuna, donde estimaban 10 individuos, resultaron 18 a pesar de que las retroexcavadoras ya habían arrasado la mitad del cementario.

La profesora Monsalve ha explicado ante la JEP que en total recuperó 349 cadáveres. “Uno a uno rotulado y documentado”, dice, y recalca que hizo el trabajo con todo el rigor profesional a pesar de las condiciones adversas del terreno y de la precariedad de esos lugares. Define lo hecho como una operación “bioantropológica” y asegura que siempre estuvo en compañía de la comunidad. También explica que al aceptar la misión asumió que no eran muertos vinculados a la violencia. “Nosotros no estábamos buscando desparecidos, lo que hicimos fue un traslado administrativo que venía dentro de la licencia ambiental de EPM”.

Respecto a los 180 cadáveres de Orobajo que están en el laboratorio en Medellín, la antropóloga dice que la comunidad le autorizó la custodia con documentos escritos, dado que no tenían definido a dónde trasladarlos. Así mismo, señala que los demás cuerpos recuperados quedaron inhumados nuevamente en el municipio de Peque. Por su parte, los magistrados de la JEP consideran que el traslado de los tres cementerios está plagado de irregularidades. En la audiencia pública cuestionaron duramente a la profesora Monsalve cuando esta narró que había lavado la ropa de los muertos para que las familias pudieran identificarlos mejor. Desde el punto de vista forense eso es una alteración de evidencia.

También está en entredicho el rol de la Fiscalía en Antioquia. En la audiencia pública las directivas de EPM explicaron a los magistrados que el ente acusador dio luz verde para actuar sobre los cementerios, con el argumento de que las búsquedas oficiales ya se habían agotado. La JEP considera que la Fiscalía no podía delegar esa labor. “No estamos hablando de Noruega, estamos hablando de zonas con altísimos índices de violencia”, le dijo el magistrado Gustavo Salazar al fiscal regional que intervino en la audiencia.

Esta semana los forenses de la JEP avanzaban en la inspección de los 180 esqueletos de Orobajo para determinar si entre estos hay víctimas de violencia. Los magistrados también ordenaron corroborar dónde yacen los cadáveres removidos de los cementerios irregulares de Barbacoas y Fortuna. Que en los tres cementerios haya 140 individuos más de los que calculaba la población hace pensar que los actores del conflicto también enterraron víctimas allí.

Todos estos desarrollos se presentaron al mismo tiempo que en el cementerio de Dabeiba, Antioquia, donde las autoridades lograron recuperar e identificar los restos del joven Édison Lezcano, una víctima de falsos positivos del Ejército. De ese cementerio han exhumado ya 50 cuerpos no identificados. Fuera de Antioquia, el tribunal de paz examina una decena más de camposantos. Hasta el momento se ha tratado de lugares precarios que por décadas funcionaron sin mayores protocolos ni vigilancia. En esas fosas comunes los responsables mezclaban los restos de personas no identificadas e incluso los incineraban. Mientras tanto, la JEP sigue escarbando una tierra sembrada de cadáveres.

Semana


Los derechos en pugna tras el afiche ‘¿Quién dio la orden?’

Por Juan David López Morales

“No pienses en un elefante. Hagas lo que hagas, no pienses en un elefante”. Con este ejercicio cognitivo, el lingüista estadounidense George Lakoff quiso demostrar que negarse a nombrar algo en el marco de una discusión lleva a pensar en ello.

Algo similar ha sucedido con el afiche ‘¿Quién dio la orden?’, en el cual aparecen las caras de cinco altos oficiales del Ejército bajo cuyo mando, supuestamente, se habrían cometido ejecuciones extrajudiciales.

Esta semana se conoció que un juez de Bogotá ordenó al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), en un fallo de tutela, borrar el afiche de “murales, redes sociales o cualquier otro medio de comunicación” tras considerar que allí había una “presunción de culpa soterrada” sobre quienes “aún no existe declaración judicial de culpabilidad”.

El fallo de la tutela, interpuesta por el general Marcos Evangelista Pinto, es de segunda instancia. Por eso, a menos que prosperen las solicitudes de nulidad que el Movice y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) presentaron el jueves, la decisión quedará en firme.

Al margen del resultado judicial, este proceso ha suscitado un debate con varias aristas. La primera tiene que ver con la tensión entre los derechos a la libertad de expresión y la presunción de inocencia y el buen nombre. La segunda, con el efecto que tuvo el afiche, pues terminó replicándose en redes sociales aún más después de la prohibición del juez.

El expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dice que mientras no sea revocado o modificado, el fallo de tutela tiene que ser cumplido, pero se puede discrepar de él.

“Se confundió el derecho a la honra y buen nombre con una inquietud, una pregunta. No se está sindicando a nadie de dar la orden”, asegura el exmagistrado. Sin embargo, sobre los derechos enfrentados, dice que prefiere no inclinarse en favor de ninguno y que la Corte Constitucional debería seleccionar este caso con el fin de dar pautas para otros similares.

Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry explica que “los movimientos de víctimas pueden manifestar lo que consideren, sin llegar a condenar”. Asegura que esto deja una “zona gris entre la pregunta capciosa y la condena real”. Para Charry, el juez “se pasó un poco” al ponderar el buen nombre por encima de la libertad de expresión en este caso.

Y es que en su decisión, el togado Gabriel Ricardo Guevara, del juzgado 13 civil del circuito de Bogotá, dijo que el Movice no puede “presionar, endilgar, publicar, ni tan siquiera referirse, así fuere a título de pregunta, capciosa por demás, en cuál de los investigados puede recaer la responsabilidad que se pretende por las muertes que, dice, se han ocasionado”, pues sentencia que esto es competencia exclusiva de las autoridades judiciales del país.

En sentido parecido al del fallo de tutela opina el abogado penalista David Espinosa. Dice que, si bien los derechos en tensión deben coexistir en sociedad, como no hay ningún fallo judicial contra los militares –además de Pinto aparecen el general (r) Mario Montoya, el excomandante del Ejército Nicacio Martínez, el general Adolfo León Hernández y el coronel retirado Juan Carlos Barrera–, su presunción de inocencia debe mantenerse “incólume”. “Esta manifestación pública, en aparente ejercicio de la libertad de expresión, termina vulnerando derechos fundamentales”, considera.

Al contrario, el abogado Sebastián Escobar, del colectivo José Alvear Restrepo, considera que en el afiche no se hacen juicios de responsabilidad penal y que la interpretación que hizo el juez es “una de muchas posibles”. Agrega que preguntar quién dio la orden tras crímenes probados y en algunos casos condenados “es una pregunta legítima de las víctimas”.

Por eso, dice que si el juzgado mantiene en firme su decisión acatarán lo que esté en capacidad del Movice, pero solicitarán a la Corte Constitucional, con firmas en mano, elegir la sentencia, estudiarla y fallar de fondo. Incluso, piensan llevar la decisión judicial hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al grupo de justicia transicional de Naciones Unidas, pues este debate también se ha dado en el marco de la comparecencia de algunos militares a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como el excomandante del Ejército Mario Montoya.

El 12 y 13 de febrero, cuando Montoya acudió a esa justicia a rendir versión sobre las menciones que otros militares e informes han hecho de él respecto a los ‘falsos positivos’, las víctimas hicieron un plantón a las afueras de la JEP en el cual portaron el afiche.

En el estudio de la tutela, el juez Guevara recibió un informe de la JEP en el cual le informó que allí cursa un caso sobre ejecuciones extrajudiciales. Una de las unidades priorizadas en ese caso es el Batallón de Infantería 27, del cual Pinto fue comandante entre 2007 y 2009, y que está adscrito a la Quinta División del Ejército, que “se caracterizó por un incremento sustancial de casos entre 2005 y 2008”.

Cuando se inició la campaña del afiche, cuenta Escobar, no proyectaron que lograra tanto alcance, pero dice que la apropiación social de la imagen es una consecuencia de “estos lamentables hechos de censura”. Y para el exmagistrado Hernández, es claro que aunque el juez quiso proteger la honra y buen nombre de Pinto, “no tuvo en cuenta la situación de las víctimas y el alcance de la tecnología”, que lo expuso más.

En cambio, Espinosa considera que, aunque “en la práctica el cumplimiento de la orden va a ser muy difícil”, esta decisión sienta un precedente de que no se puede, a través de fórmulas semánticas, “traspolar debates judiciales fuera de su jurisdicción como mecanismo de presión”. Para él, las víctimas tienen todas las garantías para que su participación ocurra en las etapas procesales formales.

Eliminar el afiche, que ha sido tendencia en redes sociales y ya está incluso estampado en camisetas, es casi imposible. Su prohibición aumentó su reproducción física y digital.

El docente de Comunicación Política de la Universidad Externado Carlos Arias lo explica por dos teorías: el efecto priming, que se refiere a cómo un mensaje que queda en la memoria se recuerda de forma implícita cuando se pide que sea restringido.

Y, en segundo lugar, y como complemento, por la teoría de Lakoff, pues con el afiche instalado en la memoria implícita decir “no pienses en esto” tiene un efecto irónico. Así ha sido replicado en redes sociales por quienes le han puesto mensajes como ‘No compartir’ o ‘Este afiche no se puede publicar’.

El Tiempo


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