Lo que oculta la agenda bilateral Trump-Duque para reducir suministro de cocaína – Por Juan Sebastián Navarrete

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Juan Sebastián Navarrete *

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos, el pasado 5 de marzo de 2020 lideraron un diálogo con el gobierno de Colombia acerca de antinarcóticos, para establecer un agenda bilateral de -grupo de acción gubernamental para reducir los altos niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.

“El foco de la discusión fue expandir los resultados del programa integrado de erradicación de coca de Colombia al garantizar el uso completo de todas las herramientas disponibles, incluida la erradicación manual, el desarrollo alternativo y un componente de aspersiones aéreas liderado por Colombia, respaldado por programas de desarrollo rural y seguridad rural”, anotó el comunicado de la Casa Blanca (1).

Esto no es algo nuevo que proponga el gobierno de EU a los gobiernos de Colombia en la ‘perdida’ guerra contra las drogas, lo que sí aparece como nuevo –luego de meses de guardar silencio con el tema– es la propuesta de volver a las aspersiones con glifosato, suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno de Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como “probablemente cancerígeno”.

La negociación en curso, en ese momento con las Farc, también fue aliciente para ello.

¿A quién le hará caso el gobierno de Iván Duque? A Estados Unidos que desde 1971 –gobierno de Richard Nixon– instaló como uno de sus ejes de política exterior “la guerra contra las drogas”, la que pese al paso del tiempo no ha cumplido con sus propósitos pero sí ha militarizado infinidad de países, sumidos en espiral de violencia.

O intentará ejecutar de manera eficiente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que está contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

La primera de las opciones –seguir arrodillados ante Donald Trump y el Estado norteamericano, como ha sido práctica centenaria de parte de la oligarquía colombiana– y retomar las aspersiones con glifosato implicaría retomar una política que no ha dado resultados, como en su momento lo resaltó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia.

Ésta, creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México señala en su libro Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma: “Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos” (2).

La segunda de las opciones, si tienen algo de dignidad, los obligaría a ser consecuentes con lo firmado en el Acuerdo firmado con las Farc, como lo recordó el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, el pasado 4 de febrero vía su cuenta oficial de Twitter: “la Procuraduría no encuentra cómo se puede incumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos de paz. No hay una propuesta que armonice las medidas de sustitución voluntaria de cultivo ilícitos con la de aspersión”.

Alude así al necesario respeto de los protocolos fijados por la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente en la T236 de 2017, en la que se plantea un conjunto de requisitos mínimos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para que se puedan reanudar las aspersiones aéreas con esta sustancia.

Si bien el comunicado de la Casa Blanca también anotó que: “El diálogo se centró en aumentar la erradicación de la coca y la interdicción de la cocaína, mejorar la seguridad y las oportunidades económicas en las zonas rurales más afectadas por el tráfico de estupefacientes, y enfocarse en el lavado de dinero y las finanzas ilícitas relacionadas con los narcóticos”.

Estas finanzas ilícitas, una combinación entre la informalidad y la mafia, son economías subterráneas (la integran todas las actividades informales, el contrabando, la corrupción, las actividades especulativas, el lavado de activos, la venta de divisas en los mercados negros, la prostitución, el crimen y la delincuencia organizados, las mafias políticas, tráfico de armamento y el narcotráfico), son equivalentes al 40% del PIB del país. (3)

Adicionalmente, por ejemplo, desde Colombia se exportan 500 toneladas métricas de cocaína, negocio que le inyecta 3.000 millones de dólares anuales a la demanda interna del país. Es fácil detectar esta economía “paralela u oculta” por los movimientos de activos líquidos. En 2019, la base monetaria, constituida por todo el dinero legal en circulación, aumentó 10,5% ciento, esto es, 3,2 veces más que el crecimiento en valor del PIB que fue de 3,3, anotó el economista Libardo Sarmiento Anzola.

¿Cómo espera el gobierno colombiano, junto con la “desinteresada ayuda” del gobierno Estadounidense, derrotar una economía “ilegal” que está profundamente emparentada con la economía “legal” del país?

Es una realidad que ocultan, a pesar de la luz que emite, y con la cual uno de los que sale victorioso de la reiterativa y fallida política de drogas es Monsanto –ahora Bayer– con su glifosato, un herbicida –en realidad un veneno cargado de potentes compuestos químicos– que sirve para la eliminación de plantas y plagas.

“El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento”, anotó el periodista Felipe Martínez en un artículo publicado por desdeabajo. (4)

“El presidente Trump se enfoca en continuar reduciendo el número de estadounidenses que mueren por sobredosis, y una parte clave de esa misión es trabajar con nuestros socios internacionales para frenar el suministro de drogas mortales.

Este próximo año será crítico, y esperamos ver que los esfuerzos acelerados, incluidas las aspersiones aéreas, marquen la diferencia en la reducción del cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que eventualmente salvará la vida del pueblo estadounidense”, dijo el director de la (Ondcp) Jim Carroll, en el reciente y ya comentado comunicado publicado por la Casa Blanca.

Consecuente con el verdadero propósito de la Guerra contra las drogas –militarizar sociedades y someter Estados–, el presidente Trump sigue alimentando tal Guerra. Para romper tal continuidad, de nada sirve lo recomendado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia le propuso a la comunidad internacional un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices.

Estas son: 1. tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, 2. reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y 3. focalizar la represión sobre el crimen organizado.

¿Quiénes pierden con esta continuidad? En primera instancia, las comunidades campesinas e indígenas, tanto por la guerra sobre sus territorios como por el mismo envenenamiento de sus tierras producto de la aspersión de miles de litros de químicos sobre los mismos, envenenamiento que no solo afecta la coca sino también a todos los sembrados de pancoger, aguas y bosques en general, y de manera directa e indirecta el cuerpo y salud de sus habitantes, tanto humanos como animales en general.

En segunda instancia afecta al país todo, sumido por esta vía en una prolongada guerra que no parece tener final digno y justo para las mayorías. País con su soberanía arriada, sirviendo a su vez como policía de nuestra subregión.

Para remediar tan compleja realidad, la sociedad debe demandar respeto a la soberanía nacional, a la par de reclamar la implementación la tan anhelada y nunca llevada a cabo reforma agraria integral, también asumida en el Acuerdo de Paz, donde se ofrecen verdaderas oportunidades para que el campesinado tenga salidas integrales a sus demandas cotidianas, para que así la siembra de la coca y su transformación deje de ser una opción –la única– para sobrellevar una vida con un rango menor de dificultades.

Notas

1 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-colombian-officials-set-bilateral-agenda-reduce-cocaine-supply/

2 https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/06/drugs-and-democracy_book_ES.pdf

3 https://www.desdeabajo.info/sumplementos/item/39018-el-milagro-economico-colombiano.html

4 https://desdeabajo.info/ediciones/item/36496-la-guerra-quimica-en-colombia-tiene-nombre-de-glifosato.html

 

* Comunicador social colombiano. Publicado en desdeabajo.info

 


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