Violencia en Colombia: 57 líderes sociales y 10 miembros de Farc fueron asesinados en lo que va del año

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LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ASESINADOS EN 2020*

No. Nombre Fecha de incidente Municipio Dept. Anotación
1 Carlos Cardona 2 de enero Ituango Antioquia Director de Salud Pública del hospital de Ituango. Denuncia realizada por la Asociación Colombiana de Salúd Pública y Anthoc
2 Cristian David Caicedo 3 de enero Guapi Cauca Hijo de Edgar Caicedo, integrante del Espacio Nacional de Consulta Previa de Comunidades Negras por el Cauca.
3 Anuar Rojas Isarama 5 de enero Nuquí Chocó Perteneciente a la guardia indígena de la comunidad Agua Blanca, en Nuquí, Chocó
4 Gloria Ocampo 7 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
5 Virginia Silva 7 de enero Paez Cauca Líder y médica tradicional de Páez
6 Emilio Campaña 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
7 Mireya Hernández 8 de enero Algeciras Huila Lider comunal
8 Oscar Quintero 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
9 Gentil Hernández 8 de enero Puerto Guzmán Putumayo Líder social que apoyaba los programas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
10 Henry Cuello 10 de enero Chiriguaná Cesar Lider comunal
11 Amparo Guegia 10 de enero Caloto Cauca Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica
12 Juan Pablo Dicué Guejia 10 de enero Caloto Cauca Comunera resguardo Huellas. Movimiento Nietos del Quintín Lame. Miembro de Marcha Patriótica
13 Nelson Enrique Meneses 10 de enero Inzá Cauca Defensor de DDHH. Miembro de Marcha Patriótica
14 Tulio César Sandoval 10 de enero Tibú Norte de Santander Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT. Miembro de marcha patriótica
15 Sergio Narváez 10 de enero Turbo Antioquia Exconsejal, líder político
16 John Freddy Álvarez 11 de enero Algeciras Huila Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos – Astracal. Miembro de Marcha Patriótica
17 Jorge Luis Betancourt 13 de enero Montelíbano Córdoba Lider Campesino y Comunal
18 Jaiber Alexander Quitumbo 14 de enero Toribío Cauca Comunero, miembro de la guardia indígena
19 Federico Peñalosa 15 de enero Nóvita Chocó líder campesino en la junta de acción de Tamaná
20 Yordan Tovar 16 de enero Puerto Guzmán Putumayo Directivo del Sindicato de Trabajadores Campesinos Agrícolas del Putumayo. Miembro de Marcha Patriótica
21 Wilmar Alexander Sanpedro 17 de enero Tarazá Antioquia Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc
22 Carlos Andrés Chavarria 17 de enero Tarazá Antioquia Líder del PNIS, Junta de acción comunal de la vereda Guaimaro. Anzorc
23 Luis Darío Rodríguez 18 de enero Tierralta Córdoba Líder de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta «UFADESVUL»
24 Hernando Herrera 21 de enero Sonsón Antioquia Líder de la vereda El Brasil. Excandidato al consejo de Sonsón
25 John Alexander Ulcue Mesa 25 de enero Caloto Cauca Comunero indígena, residía en la vereda de Santa Helena del municipio de Corinto. Denuncia realizada por ACIN
26 José Antonio Riascos 25 de enero El Tambo Cauca Pertenecía a la comunidad e integrante de la Junta del Consejo Comunitario Afro Renacer
27 Modesto Vega 25 de enero Puerto Guzmán Putumayo Reconocido líder de la Junta de Acción Comunal. Denuncia realizada por la Red de DDHH del Putumayo
28 Fernando Quintero Mena 26 de enero Convención Norte de Santander Exconsejal en el periodo 2012-2015, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guasiles y presidente de la Asociación de Juntas del corregimiento de la Trinidad. Denuncia realizada por JAC
29 Bayron Rueda Ruíz 29 de enero Puerto Asís Putumayo Ex-presidente de la vereda “La 18” y actual afiliado a la JAC de la vereda El Azul, Corredor Puerto Vega-Teteyé, Puerto Asís, Putumayo. Denuncia realizada por Red de DDHH Putumayo
30 Jhonatan Borja Perez 30 de enero Candelaria Valle Excandidato a la alcaldía de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana
31 Iván Giraldo 30 de enero Candelaria Valle Excandidato al consejo de Candelaria por Colombia Humana – Polo Democrático Denuncia realizada por Colombia Humana
32 Segundo Girón 1 de febrero Tumaco Nariño Integrante del consejo comunitario de Río Mejicano. Asesinado tras confrontación con policías que erradicaban coca y la comunidad se opuso a dicha erradicación.
33 Javier Girón Triviño 2 de febrero Santander de Quilichao Cauca Guardia Indígena Kiwe Thegnas del resguardo de Nasa Kiwe Tehk Ksxa’w. Denuncia realizada por ACIN
34 Johan Sebastián Muñoz Restrepo 3 de febrero Remedios Antioquia Trabajador minero, habitante de vereda desde hace 5 meses y estaba en proceso de afiliación a la Junta de Acción Comunal. La denuncia la hace Cahucopana
35 Libardo Arciniegas 4 de febrero Cocuy Boyacá Tesorero de la junta comunal de Pachacual Centro del municipio del Cocuy, Boyaca. Denuncia realizada por las JAC Colombia
36 Eliecer Gañan 4 de febrero Supía Caldas Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec-
37 Deigober Gañan 4 de febrero Supía Caldas Comunero indígena de Cauroma. Denuncia la hizo el Consejo Regional Indígena de Caldas –Cridec-
38 Yamid Alonso Silva 6 de febrero Guicán Boyacá Guardaparque del Parque Nacional Natural El Cocuy. La denuncia la realiza parques Nacionales Naturales
39 Efrén Ospina Velázquez 8 de febrero Tibú Norte de Santander Vicepresidente de la vereda de Totumito, Tibú e integrante del PNIS
40 Sandra Mayerly Vaquero 8 de febrero Arauca Arauca Docente sindicalizada
41 Ismael Angucho Yunda 9 de febrero Belén de los Andaquíes Caquetá Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies.
42 Pedro Yunda 9 de febrero Belén de los Andaquíes Caquetá Los indígenas eran fundadores del Resguardo Misak El Águila. Denuncia realizada por el Resguardo Indígena El Águila en Belén de la Andaquies.
43 Jaime Toscano Fernández 10 de febrero San José de Uré Córdoba Gestor de paz del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito. Beneficiario del PNIS.
44 Jeovanny Alirio Oliveros 10 de febrero Cunday Tolima Concejal del Partido Verde
45 Luis Alberto Parra 12 de febrero Puerto Guzmán Putumayo Fiscal de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo . Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC.
46 Jader Alberto Parra 12 de febrero Puerto Guzmán Putumayo Coordinador del Comité de Obras de la JAC de la vereda Villa Fátima, municipio de Puerto Guzmán Putumayo. Previamente secuestrados, denuncia realizada por la JAC .
47 Emilio Dauqui 15 de febrero Buenos Aires Cauca Comunero indígena resguardo Las Delicias
48 Albeiro Silva Mosquera 16 de febrero Miranda Cauca Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca.
49 Luis Hugo Silva Mosquera 16 de febrero Miranda Cauca Defensor de DD.HH, integrante de la Guardia Campesina, la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Morena y de la Asociación Pro constitución Zona de ReservaCampesina del Municipio de Miranda Cauca ASPROZONAC, filial de FENSUAGRO – CUT, de ANZORC, del PUPSOC y de Marcha Patriótica Cauca.
50 Miguel Ángel Marín Arango 17 de febrero Medellín Antioquia Líder juvenil y cultural en comuna 13 de Medellín
51 Jorge Humberto Alpala 18 de febrero Cumbal Nariño Líder indígena, quien se desempeñó como Regidor, Gobernador y Alcalde Municipal de Cumbal
52 Cristobal Anaya González 20 de febrero Lebrija Santander Lider Corporación de Derechos Humanos Sobrevivientes de Minas Antipersonas y Atentados en Colombia (Csomiaconcol)
53 Luis Mario Tálaga 20 de febrero Puerto Tejada Cauca Miembro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la industria agropecuaria
54 Marco Tulio Chocué 23 de febrero Corinto Cauca Pertenece al resguardo indígena Lopez Adentro de Caloto. Denuncia realizada por ACIN
55 Amado Torres 29 de febrero San José de Apartadó Antioquia Líder social de la vereda la Miranda
56 William Montoya 6 de marzo Montería Córdoba Minero artesanal y era el vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (Jac) del corregimiento Puerto Antioquia, de Tarazá.
57 Alexis Vergara 10 de marzo Puerto tejada Cauca Delegado ante la Asamblea Sindical de SINTRAINCABAÑA Puerto Tejada Cauca. Denuncia CGT Colombia

Firmantes de acuerdo de paz. Excombatientes Farc asesinados/as en 2020

1 Benjamín Banguera González 1 de enero Guapi Cauca
2 Carlos Andrés Ricaurte 11 de enero Finlandia Quindío
3 Gerson Moises Morales 11 de enero Finlandia Quindío
4 Crescencio Santos 12 de enero Quibdó Chocó
5 Hober Arias Giraldo 15 de enero Dabeiba Antioquia
6 Duver Esneider Solano 22 de enero Mesetas Meta
7 Jhon Freddy Vargas Rojas 25 de enero Pitalito Huila
8 Cesar Dario Herrera Gomez 24 de enero Ituango Antioquia
9 Rafaél Zapata 14 de febrero San Juan de Arama Meta
10 Pedro Manchola Pastrana 15 de febrero Palermo Huila

Indepaz


Protección a líderes sociales: ¿Cuál es la queja de comunidades al gobierno?

La negativa de las organizaciones y plataformas sociales del Cauca a reunirse el martes 10 de marzo con la ministra del Interior, Alicia Arango, para la sesión del Plan de Acción Oportuna (PAO), deja claro el descontento de los defensores de derechos humanos con la forma en la que el Gobierno aborda el asesinato de líderes sociales y con los resultados del plan.

El malestar quedó plasmado en una carta abierta que publicaron y en la que no solo explicaron las razones por las cuales no estaban dispuestos a participar en un espacio de interlocución con el Gobierno, sino que pusieron sobre la mesa la discusión respecto a la falta de resultados del PAO y a lo ineficiente que ha resultado la militarización de los territorios.

El PAO se creó en noviembre de 2018 como respuesta del gobierno del presidente Iván Duque al aumento de asesinatos de líderes sociales. Con su puesta en marcha se formó una mesa de trabajo con la Cumbre Agraria y las plataformas de derechos humanos para conocer las preocupaciones de las organizaciones. Según Christian Mantilla, de la organización Pensamiento y Acción Social (PAS), el objetivo era crear un espacio de construcción, pero el Gobierno “emitió un documento sin consultar con las organizaciones y sin tener en cuenta sus sugerencias”.

Las organizaciones señalan que no fueron atendidas las más de 45 consideraciones hechas por las plataformas de derechos humanos y la Cumbre Agraria, emitidas en diciembre de 2018. “Insistentemente le hemos dicho al Gobierno no solo departamental sino nacional, que las discusiones del Plan de Acción Oportuna que van inclinadas al tema de militarización y respuestas rápidas, con la Fuerza Pública, no contemplan el enfoque de organizaciones. El Gobierno se sigue haciendo de oídos sordos”, afirma Joe Sauca, miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca.

En los reparos al PAO, las organizaciones y líderes sociales sostenían que no era una respuesta efectiva, entre otras razones porque desconocía el marco normativo derivado del Acuerdo de Paz como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada con el objetivo de diseñar y supervisar un plan para el desmantelamiento de grupos paramilitares y organizaciones criminales que atenten contra defensores de derechos humanos.

“El PAO fue creado a través de un decreto ordinario y tiene unas funciones menores, parecidas a la de la Comisión, pero menos ambiciosas; tiene una composición parecida a esta, pero sin los miembros de la sociedad civil. Es evidente que el Gobierno lo creó para anteponerse a los desarrollos de la Comisión Nacional de Garantías”, asegura Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas y delegado de las organizaciones sociales ante la Comisión Nacional de Garantías, que está compuesta por delegados del Gobierno y cinco miembros de la sociedad civil.

Desde el Gobierno, sin embargo, aseguran que sí ha habido participación de la sociedad civil en el PAO. La ministra del Interior, Alicia Arango, afirmó que se analizaron las observaciones y se incluyeron aquellas que sí tenían que ver con el propósito del Programa y que tanto este como la Comisión Nacional de Garantías, son iniciativas complementarias. (Ver entrevista página 9).

Las organizaciones no pretenden que se elimine el plan sino que esté en concordancia con la Comisión Nacional de Garantías. “Esta comisión del PAO debió subordinarse a la Comisión Nacional de Garantías, en cambio, la Comisión ha estado inactiva durante este Gobierno. Aunque se ha reunido tres veces, han sido reuniones formales en las que se dan informes y luego se nos ha dado la palabra como miembros de la sociedad civil, pero no han sido reuniones de trabajo en las que podamos avanzar. No se está respetando la legalidad porque esta indica que la Comisión es una institución del Estado que debe ser convocada cada mes por el presidente”, afirmó Gallón.

Otra de las quejas, desde las organizaciones, es que las comunidades indígenas no han sido incluidas en el proceso. Fabian Álvarez, abogado de la consejería de derechos humanos de la ONIC, afirma que el PAO nunca fue consultado con estas comunidades y que se ha vulnerado el enfoque étnico. Esto significa “un retroceso porque se le han restado competencias al Acuerdo de Paz, donde se crearon espacios en los que sí se tenía en cuenta a las comunidades indígenas”, dice.

Desde la sociedad civil se le planteó al Gobierno la necesidad de crear una política pública de garantías para líderes y defensores de DD.HH.. Aunque en principio se dijo que se trataría de un trabajo conjunto con agenda común, las organizaciones sociales dicen que en la primera cita para adelantar las discusiones el Gobierno incumplió y los funcionarios designados para los diálogos no tenían capacidad de decisión. Por esa razón, y ante el aumento de asesinatos de defensores de DD.HH., se suspendió el proceso hasta que se dieran garantías.

“Al día de hoy el Gobierno no se ha pronunciado y, sin embargo, continuó con la agenda, convocando a líderes en diferentes partes del país. Lo que intenta el Gobierno es legitimar una agenda que va en contra de los acuerdos creados con los líderes que fuimos designados a nivel nacional”, afirma Fabian Laverde, de la ONG Cospacc y vocero de la Comisión de DD. HH. del Congreso de los Pueblos y de la Cumbre Agraria.

Las organizaciones dicen que el Gobierno no reconoce la sistematicidad de los asesinatos, y que hay una estigmatización hacia los líderes sociales. Incluso piden que la ministra Arango, quien en varias ocasiones ha hecho polémicas declaraciones respecto a este tema, sea separada del cargo.

El debate se da en momentos en que desde organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han llamado la atención sobre las cifras de asesinatos a líder es sociales. El sinsabor de fondo para las organizaciones sociales radica en que el Gobierno no ha asumido correctamente el reto de darle protección a defensores de derechos humanos y excombatientes, pues las cifras de ataques, asesinatos e intimidaciones crecen con los días.

El Espectador


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