Cientos de contagios, motines y muerte: la crisis carcelaria en América Latina se agudiza con el Covid-19

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Colombia | La de Guaduas se convierte en la cuarta cárcel con coronavirus

La cárcel de Guaduas, Cundinamarca, recibió en traslado desde Villavicencio a una persona privada de la libertad que fue confirmada este miércoles con coronavirus. Así, se convierte en el cuarto establecimiento penitenciario con casos de la enfermedad, después de Villavicencio, La Picota y Las Heliconias, en Florencia.

Los casos confirmados hasta este miércoles se distribuyen así:

Guaduas: 1 privado de la libertad

La Picota (Bogotá): 2 privados de la libertad

Las Heliconias (Florencia): 1 privado de la libertad

Villavicencio: 69 casos, así:

Privados de la libertad vivos: 52

Funcionarios vivos: 17

Fallecidos: 2 privados de la libertad*

*Una tercera persona falleció, después de haber quedado en libertad.

El epicentro de la enfermedad en población carcelaria es el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Villavicencio, donde inició y desde donde se dispersó hacia otras cárceles debido a traslados realizados a finales de marzo, antes de que se confirmaran las primeras pruebas positivas.

Tanto los contagiados en Bogotá, como en Florencia y Guaduas, provenían de la cárcel de Villavicencio. En otras cárceles que recibieron presos de ese establecimiento, como la de Yopal, se han descartado hasta ahora, gracias a las pruebas que dieron negativo, que se presenten más casos.

El Tiempo


Perú | Ejecutivo aprueba liberar a 3.000 presos por riesgo de coronavirus

Fernando Castañeda, titular del Ministerio de Justicia (Minjus), anunció que este jueves 23 se publicará, en el Diario El Peruano, el Decreto Supremo que permitirá determinar quiénes son los reclusos que serán indultados como medida de protección ante el coronavirus (COVID-19).

“Mañana (jueves 23) se va a publicar un Decreto Supremo que modifica el funcionamiento y la operatividad de la Comisión de Gracias Presidenciales. Establecerá las reglas de operatividad de esta comisión”, sostuvo el ministro en diálogo con ATV.

Asimismo, explicó que la norma posibilitará elegir a los reclusos más vulnerables y quienes cumplan con los requisitos, tales como ser madres con niños menores de 3 años, mujeres gestantes, adultos mayores de 70 años que no hayan cometido un delito grave o internos cuya condena esté por cumplir en los próximos 6 meses.

“Esta norma va a permitir determinar grupos vulnerables y los requisitos mínimos para los indultos, estos van a ser de oficio y los familiares no se tienen que desplazar”, resaltó.

“Se beneficiarán aproximadamente 3.00 internas e internos que corresponden a grupos vulnerables: mamás, mamás gestantes, adultos mayores que no hayan cometido delitos graves, además aquellos internos que estén próximos a cumplir su condena en 6 meses”, agregó.

En ese sentido, Fernando Castañeda precisó que del total de reclusos beneficiados, el total de madres será menos de cien.

“De los 3.000 internos e internas que serían indultados, el grupo de mamás gestantes y madres es un grupo reducido de menos de 100 personas”, explicó el titular del Minjus.

Los primeros indultados en salir de los centros penitenciaros se dará en los próximos siete días. “El primer gran grupo de indultos se dará la próxima semana, de priorizarán a las mamás”, detalló.

Castañeda Portocarrero expresó que son 97.000 presos los que actualmente hay en los 67 penales de todo el Perú por lo que, con este Decreto Supremo, sería un total de 3.000 internos los beneficiados al ser considerados vulnerables ante la expansión del coronavirus.

La República


Perú | Ministro de Justicia: 113 trabajadores del Inpe y aproximadamente 500 internos se contagiaron con la COVID-19

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Castañeda, informó este miércoles que 113 trabajadores del Inpe (Instituto Nacional Penitenciario) y aproximadamente 500 internos del país se contagiaron con la COVID-19.

“De esta cifra, 83 agentes están en su casa; 6, en la Villa Panamericana; 11, en el hospital, y tres han fallecido”, dijo en una entrevista con RPP.

Con respecto a los reclusos infectados, el titular de la cartera señaló que 13 de ellos murieron. “Lamentamos todo esto, pero estamos en una pandemia, estamos haciendo todo lo necesario para que el impacto del coronavirus, a diferencia de otras latitudes, sea el mínimo”, manifestó.

El ministro de Justicia indicó también que este jueves será publicado un decreto supremo que permitirá otorgar indultos a internos vulnerables en 68 penales a nivel nacional en el marco de la emergencia por la COVID-19.

“(El decreto) establece cuáles son los criterios de selección o identificación de los grupos, los cuales son mamás con hijos, que viven con hijos menores de 3 años en los penales, gestantes, adultos mayores de 60 años que no hayan cometido un delito grave, enfermos y aquellos internos que cumplan su condena en los próximos 6 meses”, refirió.

RPP


Chile | Reos de cárcel de Puente Alto intentan motín con toma de rehenes a gendarmes

No es primera vez que una situación de este tipo ocurre en las últimas semanas, pero podría ser la más grave. Este miércoles, un grupo de internos de la Torre 1 de la cárcel de Puente Alto intentó un nuevo motín al interior de las dependencias del penal más afectado con el coronavirus.

Son más de 61 los internos contagiados en las dependencias de este establecimiento dependiente de Gendarmería, el cual ha enfrentado una serie de hechos de violencia, que pudieron tener su jornada más trágica.

Ello, pues a diferencia de otras veces, los reos intentaron tomar de rehenes a los gendarmes del establecimiento para exigir salir de la cárcel. Se trata de los internos de alto compromiso delictual, quienes no fueron beneficiados con los indultos promulgados por el gobierno.

Sin embargo, el intento se frustró, dado que los custodios pudieron zafar, pero no sin lesiones. Algunos quedaron con heridas, por lo que eran trasladados hasta el Hospital de Carabineros.

Desde Gendarmería, señalaron que “gracias a un trabajo coordinado entre los propios funcionarios de la unidad penal, se logró la intervención del sector en conflicto, donde 5 gendarmes fueron tomados como rehén.

Agregaron que “los funcionarios se encuentran en buen estado de salud, resultando con lesiones de carácter leve”.

La Tercera


En medio de crisis sanitaria Se agudiza el drama de hacinamiento e insalubridad en las cárceles chilenas

En un contexto mundial de confinamiento preventivo ante el coronavirus, el interior de una prisión se antoja a priori como un lugar de resguardo seguro, pero si el COVID-19 traspasa los barrotes, como ya ocurre en Chile, el paradigma de la reclusión se convierte en la paradoja del contagio.

De estar aislados del SARS-CoV-2 por encontrarse encerrados previamente, los presos y gendarmes han pasado a estar atrapados en las cárceles del país junto a la enfermedad, que ya saltó los muros de algunas penitenciarias del país.

Al menos 77 internos y 119 gendarmes, según cifras oficiales, se han contagiado ya de COVID-19 en las prisiones de Chile pese a los protocolos establecidos por Gendarmería para reducir los riesgos de contagio en el interior de las cárceles del país, que registra más de 11.000 casos y supera las 150 muertes por la pandemia.

La situación es crítica tras las rejas de algunos presidios, que ya arrastraban desde años hacinamiento e insalubridad graves, según denunció hace unos días la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema.

“La realidad de los recintos penitenciarios de nuestro país ha evidenciado que la privación de libertad implica, en sí misma, la privación de otros derechos o medios de subsistencia, tales como el acceso a agua potable, a una atención médica oportuna y a medidas de higiene y salubridad”, afirmó en un informe la fiscal judicial Lya Cabello.

Ese hecho, “acompañado de las altas tasas de hacinamiento y de deficiencias infraestructurales serias en varios establecimientos penitenciarios, convierten a las personas privadas de libertad en un grupo especialmente vulnerable a un contagio rápido y masivo”, agregó.

Es “una bomba de tiempo”, afirmó Cabello, quien recomendó reducir la población penitenciaria en la medida de lo posible.

Indultos conmutativos

Actualmente 49.380 personas están encarceladas en Chile, alcanzando 142.493 si se cuantifica a quienes cuentan con regímenes abiertos o postpenitenciarios.

De esos miles de presos unos 1.300 podrán acogerse a la ley de indulto conmutativo promulgada días atrás por el Ejecutivo, que principalmente beneficia a reos de avanzada edad y mujeres embarazadas o con hijos pequeños viviendo junto a ellas.

Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) explicaron que la medida es útil pero insuficiente: la crisis penitenciaria existente se puede convertir en una crisis sanitaria, y eso podría provocar una crisis de seguridad, dijo a Efe su director, Sergio Micco.

Condiciones inhumanas

“Cuando una persona comete un delito y la sociedad le sanciona, esa sanción es perder la libertad, no es vivir en condiciones inhumanas en una cárcel. Es una tremenda crisis que esperemos que no se transforme en tragedia en las próximas semanas”, afirmó.

Micco, junto a varios equipos del INDH, han visitado el interior de las presiones para verificar la situación de los internos y sus conclusiones son bastante pesimistas.

“Te encuentras con habitaciones de 25 metros cuadrados donde hay 60 personas, donde hay módulos y apenas dos tazas para hacer las necesidades y una ducha al lado de la basura. Son condiciones higiénicas muy malas que hacen temer que los brotes de coronavirus sean muy grandes”, explicó.

Protocolos de gendarmería

Para evitar la propagación de los contagios, Gendarmería estableció protocolos sanitarios como el distanciamiento entre personas, lavado de manos con jabón, uso de mascarillas, limitación de visitas… medidas adecuadas pero que son “letra muerta” sin recursos para aplicarlas, señaló Micco.

“Son camarotes (literas) de cuatro niveles, uno al lado del otro, sin ventilación, con humedad y calor. No hay que ser médico para saber lo que va a pasar ahí dentro si entra el coronavirus”, añadió el director del INDH.

Tanto reos como gendarmes están igualmente expuestos a la insalubridad del interior de algunas prisiones y al contagio por el coronavirus en aquellos recintos que ya registraron casos positivos de la COVID-19.

Por ese motivo comenzaron a organizarse para tomar las precauciones que pueden, como la fabricación de sus propias mascarillas para repartir entre el resto de miles de encarcelados en Chile, y también para sus carceleros.

Desde la ONG Leasur, con presencia en diversas prisiones del país austral, Nicolás Montero, coordinador territorial, explicó a Efe que los presos son conscientes de que están desamparados.

“Es muy ilustrativo del sentir de la población penal. Hay preocupación pero también ellos saben la valoración y el descuido que existe por parte de la instituciones respecto a su población, así que se adelantan y toman medidas porque saben que no pueden esperar”, indicó.

Su compañera Manuela Morales, también coordinadora, añadió que todas las medidas tomadas para evitar el contagio son “impracticables” entre rejas en Chile.

“El distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, desinfección de espacios y objetos… es impracticable en las cárceles porque hay condiciones de hacinamiento y falta de acceso a la salud y un millón de problemas. La capacidad de prevención que se tiene en las cárceles es prácticamente imposible”, señaló.

Riesgo de revueltas y motines

Desde que el pasado 3 de marzo se registró el primer positivo por coronavirus en Chile han ocurrido de desórdenes en el interior de algunos penales en los que los internos exigían mejoras en la situación sanitaria.

Desde el INDH advirtieron que tras los barrotes de algunas prisiones el ambiente empieza a ser insostenible y temen por una deserción masiva de gendarmes, que también están contagiándose al estar encerrados en los centros penitenciarios junto a los reos.

“Cuando hablo con los internos les digo que tienen que cuidar a los gendarmes porque si ellos empiezan a enfermarse y desertar va a llegar un momento en que les van a poner un candado por fuera a la reja y ahí no va a haber quién les cuide”, señaló Micco.

El Día


Argentina | La gran olla a presión de las cárceles en el aislamiento

Un muerto en el penal de Florencio Varela, el segundo en 24 horas

Por Raúl Kollmann

El virtual estado asambleario que hay en los 50 establecimientos carcelarios bonaerenses continuaba en la tarde del miércoles. La jornada ya tuvo el trágico saldo de un muerto en la unidad 23 de Florencio Varela que, según el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) se produjo por un enfrentamiento entre internos negociadores e internos con posturas más duras. La fiscal calificó el hecho como “homicidio en riña” y, en principio, la causa de la muerte fue un golpe en la nuca. Al mediodía, el juez de la Casación provincial Ricardo Borinsky dio a conocer un fallo categórico en el que, en forma tácita, le dijo a los magistrados que tienen que concretar las excarcelaciones y prisiones domiciliarias de quienes tienen más de 65 años o están enfermos, las mujeres con hijos chicos, las embarazadas, los presos que ya cumplieron gran parte de la condena, todos ellos siempre que no hayan cometido delitos violentos. Muchos de los beneficios se venían demorando por apelaciones y otras problemas burocráticos, pero Borinsky reiteró que hay un fallo de Casación que no admite efectos suspensivos, es decir que aunque haya apelación, la medida de excarcelación o prisión domiciliaria se tiene que cumplir.

Hasta el momento, debido al primer fallo de Casación, firmado por Víctor Violini, pero apoyado por otros cuatro magistrados del cuerpo, puso en la línea de salida a unos 2.100 internos con las condiciones requeridas para la morigeración. En su enorme mayoría son presos que ya tenían penas transitorias y con menos de un año de pena a cumplir. Lo que sucede es que a veces se dicta una prisión domiciliaria pero no hay pulsera o tobillera para ponerle al interno o no está el estudio socio–ambiental del lugar en el que va a vivir. Significa que la morigeración no se cumple.

Una parte de los jueces le echa la culpa de la situación al procurador Julio Conte Grand, porque dicen que públicamente se manifiesta de acuerdo con otorgar las excarcelaciones y domiciliarias, pero que bajo cuerda instruyó a los fiscales para que apelen. Otros apuntan directamente a los jueces que se niegan a firmar los beneficios para los presos. Y también están los que dicen que la burocracia frena los procesos. Lo cierto es que parte de los fallos están demorados y por eso Borinsky salió a la cancha dejando en claro que el fallo de Violini no permite el efecto suspensivo: o sea, aunque un fiscal apele, se debe concretar la domiciliaria o la excarcelación.

En ese marco, las cárceles son una olla de presión, porque los internos no tienen visitas, los familiares no les pueden llevar ni comida ni remedios, las condiciones sanitarias son deplorables y, como se sabe, el hacinamiento bate records. Es imposible cumplir con cualquier aislamiento.

En la mañana del miércoles, los presos de la Unidad 23 de Florencio Varela tomaron los techos y, adentro, otro grupo de presos retuvo a un penitenciario. Las escenas violentas se fueron multiplicando y, como suele suceder, empiezan a aparecer los pases de factura: en este caso, entre un sector más negociador y uno que exhibe más dureza. El conflicto terminó con un interno asesinado, aparentemente por un golpe en la cabeza. La autopsia se hará este jueves. Se trata del segundo preso muerto en 24 horas: el martes, en Corrientes, mataron a un joven que estaba en la cárcel por un robo.

Ya durante la tarde del miércoles, se multiplicaron las huelgas de hambre, en Junín, San Martín y otros penales. Estaban interviniendo las autoridades penitenciarias, las del ministerio de Justicia, que conduce Julio Alak, y se preparaban fuerzas especiales por si había que intervenir.

La mayor parte de los reclamos parten de la exigencia de alcohol en gel, barbijos y material para cuidar la salud, aunque la exigencia de fondo es que los jueces resuelvan lo que está demorado desde la feria judicial de enero. Hay miles de pedidos paralizados desde diciembre, porque se enganchó la feria judicial con demoras burocráticas en febrero y la cuarentena en marzo. Muchos presos ya tenían salidas transitorias, pero a raíz del aislamiento la decisión fue la contraria a la que se adoptó, por ejemplo, en Estados Unidos: allí los presos con excarcelaciones o con libertades bajo fianza o los que no pudieron pagar la fianza, directamente se los envió a su casa.

El sistema federal norteamericano y también los estados percibieron los peligros de contagios, tanto de presos como de penitenciarios, de manera que se produjeron miles y miles de excarcelaciones. El gobierno de Donald Trump llegó a proponer que fueran liberados presos que no hubieran cumplido ni siquiera la mitad de la condena, pero este lunes el equipo del mandatario se echó atrás con ese criterio. El cálculo es que hoy hay casi el 50 por ciento de los presos que había antes de la epidemia y la mayoría de los penales no aceptan ningún ingreso. Es decir que no puede haber nuevos presos. La persona detenida actualmente queda en la comisaría, porque temen que meta la covid-19 adentro del penal, o que el virus ya esté adentro y lo contagie a él.

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