Ecuador: La Confederación de Nacionalidades Indígenas solicita a la CIDH una medida cautelar contra el Estado
LA CONAIE presentó ante la CIDH petición de medida cautelar en contra del Estado ecuatoriano por la afectación a los derechos de: vida, salud, expresión y opinión
El día martes 7 de abril de 2020, por cierto “Día de la Salud” la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C., al amparo de lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de este organismo la petición de varias medidas cautelares a favor de los habitantes del Ecuador, médicos y personal sanitario, familiares de víctimas mortales; y, miembros de pueblos, nacionalidades y comunidades Indígenas.
El análisis se realiza desde una óptica presupuestaria, que según las normas constitucionales deben ser financiado por ingresos permanentes, es decir por lo impuestos que pagamos, ingreso de divisas, etc.; es decir los valores que debían destinarse al sector salud nunca debía faltar, ya que el porcentaje de todo el presupuesto equivale el 40 por ciento del valor total presupuestario.
Por excepción y siempre que se requiera, el financiamiento debía realizarse con ingresos no permanentes, es decir, por las divisas de la venta del petróleo, activos del estado, regalías de la minería, etc.
El Gobierno ecuatoriano, así como el Ministerio de Economía y Finanzas, no han trasparentado información respecto a conocer ¿con qué dinero se paga a la salud?, es un secreto casi de Estado y reservado.
Pero, además, el presupuesto de salud según el parámetro del 0,6 por ciento establecido por la Constitución debía encuadrarse en aproximadamente 6 mil millones de dólares anuales; sin embargo, en papeles aparece la mitad, es decir 3 mil millones, pero en valores establecidos en el presupuesto devengado no pasa de los 350 millones de dólares.
Es decir, un presupuesto se maneja en el sector formal es decir solo para su aprobación y otra, el que se ejecuta, siendo un valor insignificante en situaciones normales para el sector de la salud.
Pero además se vislumbra que el pago de la deuda externa se privilegia por encima de los presupuestos de Salud, Educación y Justicia, tal como se evidencio en el mes de marzo 2020, cuando se pagaron 320 millones de dólares a los tenedores de los bonos global 2020 y dejando de lado la urgencia de esos recursos para satisfacer necesidades hospitalarias, insumos médicos, etc.
También se demuestra con casos concretos que entre el año 2018 y 2019 se dejaron sin efecto contratos ocasionales y nombramientos provisionales de médicos, sobre todo de asistencia familiar o de primer nivel; cuando la lógica debía ser fortalecer este sector; todo a pretexto de generar criterios de “austeridad y optimización”.
A mediados del mes de diciembre del año 2019, se conocía la inminencia del contagio a nivel mundial, por sendos avisos y alertas de la OMS (Organización Mundial de la Salud), pero las autoridades del Ecuador, omitieron sus deberes normativos, minimizando el impacto que se tendría, y sobre todo destinando estos valiosos recursos a otras acreencias, de las cuales el FMI y Banco Mundial indicaron que no se pague.
Estas omisiones deliberadas han desencadenado víctimas mortales, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, donde los fallecidos ni siquiera tienen una sepultura digna, solamente aquellos cuyos recursos lo ameritan, demostrándose una inequidad y desigualdad social galopante.
Por la falta de prevención y protección en el personal médicos y sanitario, así como militar y policial, se ha elevado dramáticamente el nivel de contagiados; motivo por el cual se solicita se declaren a estos sectores como de atención prioritaria.
Si esta situación es catastrófica en los sectores urbanos, en territorios y jurisdicciones indígenas es apocalíptico, ya que al no contar con agua, hospitales, con alto índice de desnutrición; son doblemente vulnerables, por lo cual se encuentran autoprotegiéndose, pero hasta la presente fecha no se ha emitido por los COE`s nacional, locales y provinciales, un “Protocolo” de atención a estos sectores, así como tampoco se ha demostrado que la planificación presupuestaria tenga un criterio intercultural, y pero aún las autoridades de estos organismos ancestrales participan de las decisiones de las entidades que manejan esta crisis, dejando de lado el denominado Estado Intercultural y Plurinacional.
Se reconoce que el colectivo “Acción Jurídica Popular”, presentó una demanda por incumplimiento ante la Corte Constitucional del Ecuador, en virtud de no movilizar recursos económicos para esta emergencia; lastimosamente en la sentencia de fondo decidieron inadmitir la demanda por improcedente. De manera inicial también se solicitaron la adopción de medidas cautelares, las que fueron negadas de inicio.
Al igual se demuestra que las garantías constitucionales, a excepción del hábeas corpus está funcionando en el Ecuador, toda vez que el Consejo de la Judicatura suspendió las actividades en toda la Función Judicial, motivo por el cual el agotamiento del recurso interno se ha verificado.
Se ha probado que los criterios de urgencia, daño irreparable y gravedad de la situación están presentes, razón por la que se justifica se expida de manera inmediata dicha petición.
Confiamos en la intervención del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como su objetividad; denunciando que estas falencias no solo han sido ejecutadas por el Gobierno de Lenín Moreno, sino por sus antecesores, sistema que en el anterior régimen fue desmantelado y debilitado.
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