El gobierno firma decreto de excarcelación para evitar contagio en penales

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Gobierno expide decreto de excarcelación para evitar contagio de covid-19 en cárceles

El Gobierno Nacional expidió en la noche de este martes el decreto 546 de 2020, a través del que dicta las condiciones para conceder medidas de detención preventiva y de prisión domiciliarias transitorias a los reclusos que están en las cárceles del país “con el fin de evitar el contagio de la enfermedad coronavirus del covid-19, su propagación y las consecuencias que de ellos derive”. La duración máxima de la medida será de seis meses.

De acuerdo con el artículo dos del acto administrativo, la excarcelación se concederá a personas que hayan cumplido 60 años de edad, a madres gestantes o con hijo menor de tres años, a quienes padezcan de cáncer, VIH e insuficiencia renal crónica, diabetes, insulinodependientes, trastorno pulmonar, anticoagulación, hepatitis B y hemofilia, artritis reumatoide, enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, enfermedades coronarias o personas con trasplantes, entre otras.

También podrá ser aplicado a personas con movilidad reducida por discapacidad debidamente acreditada, personas condenadas o que se encontraren con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento penitenciario y carcelario por delitos culposos, condenados a penas de prisión menores a cinco años y para quienes hayan cumplido el cuarenta por ciento (40%) la pena privativa de libertad en establecimiento penitenciario.

Sobre las personas con movilidad reducida, el decreto advierte: “No serán consideradas como personas con movilidad reducida por discapacidad afectaciones o la ausencia de alguna del cuerpo que no sea permanente o que no altere la funcionalidad antes señalada y no sea clínicamente significativa por los cambios producidos en movimiento independiente como caminar, desplazarse, cambiar o mantener posiciones del cuerpo, llevar, manipular o transportar objetos y realizar actividades cuidado personal”.

Señala, además, que los reclusos que hubiesen contraído la enfermedad dentro de los centros penitenciarios “serán trasladadas por el INPEC a los lugares que más aptos para tratamiento o a las instituciones de salud que se disponga por parte de las autoridades competentes; no se les concederá la medida de aseguramiento detención o prisión domiciliaria transitoria, hasta tanto las autoridades médicas y sanitarias así lo autoricen”.

Exclusiones

El decreto señala que estas medidas no aplicaran para personas condenadas por varios delitos, como genocidio, homicidio simple o agravado, feminicidio, desaparición forzada, secuestro simple o extorsivo, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, tráfico de niños, niñas y adolescentes, amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, violencia intrafamiliar, corrupción privada, lavado de activos, contrabando agravado, testaferrato, asesoramiento a grupos delictivos organizados y grupos armados organizados o financiación del terrorismo y de grupos delincuencia organizada, entre muchos otros.

El Espectador


Es urgente hacer más pruebas en cárceles para conocer la realidad de la situación

El Ministerio Público pidió que parte de esos exámenes se deben practicar en las cárceles para saber cuál es el nivel de contagio en los establecimientos penitenciarios.

El procurador Fernando Carrillo, en Twitter, insistió en que esos lugares tienen el “mayor riesgo de contagio, máxime por las situaciones sanitarias y de hacinamiento que presentan” e insistió en que el Gobierno debe tomar medidas urgentes.

Carrillo menciona justamente la emergencia carcelaria decretada el pasado 23 de marzo y sobre la que no se han dictado aún medidas que ayuden a aliviar la situación en las cárceles.

Incluso entre esas decisiones se contempló la casa por cárcel para más de 10.000 presos pero el Ministerio de Justicia no ha entregado detalles ni ha dado instrucciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) pese a que ya pasaron más de 20 días desde el anuncio.

Por eso, en una entrevista con RCN Radio, Carrillo indicó: “Hago de nuevo un llamado al Gobierno nacional para que se ponga en marcha las medidas que son de descongestión (…) aunque fuera únicamente desde el punto de vista humanitario”.

Carrilo fue enfático en que “seguimos esperando esas medidas, habrá que ver que viene sucediendo, uno no necesita ser profeta para saber que había casos en las cárceles (…) máxime por las condiciones débiles y frágiles de higiene que se dan en este tipo de establecimientos”.

La situación es especialmente delicada en la cárcel de Villavicencio donde el fin de semana se confirmaron dos muertos por el virus, uno más está hospitalizado y hay otros 15 internos contagiados.

Justamente, eso motivó al alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, hacer una petición en la misma vía del procurador para que se hagan pruebas a los presos que permitan detectar los contagiados y se adelante el protocolo para aislarlos fuera del penal, citó Blu Radio.

“Si no existen pruebas masivas puede ser un disparo en el aire. Necesitamos pruebas masivas para valorar la gravedad de la situación. Eso es lo clave y es el llamado concreto que hemos venido estableciendo para el Gobierno Nacional”.

Entre tanto, ese penal no es el único en riesgo, pues en las últimas horas la Secretaría de Seguridad de Bogotá confirmó que el comandante de guardia de la cárcel Distrital dio positivo para coronavirus.

Pulzo


Las cárceles en la costa, sin elementos de bioseguridad

Un ambiente tenso se vive al interior de los establecimientos carcelarios del departamento en medio de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus en el país.

El fallecimiento de dos reclusos y la hospitalización de otro a causa de la COVID-19 en la cárcel de Villavicencio han prendido las alarmas entre los guardias en el Atlántico, debido al hacinamiento y las falencias que hay en los protocolos de prevención y protección ante esta enfermedad.

Milton Aníbal, vocero del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Atlántico, aseguró que actualmente no cuentan con los elementos de bioseguridad necesarios para evitar la transmisión del virus en los distintos centros de reclusión.

Indicó también explicó que los guardias han sacado dinero de sus bolsillos para la compra de tapabocas, gel antibacterial y otros elementos de bioseguridad: “Se han recibido algunas donaciones de esos elementos y hemos podido dar algunos elementos a los internos, aunque no es suficiente”.

Asimismo, expuso que existe gran preocupación por el alto nivel de hacinamiento en los centros carcelarios, donde no existen espacios para el traslado y aislamiento de posibles casos positivos. Hasta el momento se han realizado pruebas a dos internos en La Modelo y otro más en la Penitenciaría El Bosque, las cuales han arrojado resultados negativos.

Según los datos revelados por el sindicato del Inpec, tan solo en la cárcel Modelo hay un hacinamiento del 110%, ateniendo a cerca de mil internos, mientras que en la Penitenciaría El Bosque cuentan con más de 1.600 presos y el hacinamiento supera el 120%.

“Un solo caso positivo acá es perjudicial porque la capacidad está sobrepasada en más de 100% en las cárceles. No tenemos la capacidad para atender una situación de esa magnitud ni tampoco hay el personal necesario para custodiar a los reos en centros hospitalarios”, agregó.

Panorama en la URI

Con relación a la situación en la URI de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación expresó que se vienen realizando controles de aseo, limpieza y desinfección de celdas para evitar la propagación de la enfermedad

El fiscal Francisco Barbosa indicó que se habilitó una celda especial para tener un control inicial sobre la salud de los capturados: “Se cuenta con gel antibacterial y alcohol, tanto para capturados como para servidores quienes igualmente utilizan en todo momento los respectivos tapabocas”.

Además, explicó que los fiscales no tienen contacto ni con capturados ni con defensores, mientras que las audiencias se realizan virtualmente para reducir cualquier posibilidad de contagio.

En Villavicencio

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó este martes 15 nuevos casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio, donde desde el pasado fin de semana se reportaron tres casos de contagio y dos fallecimientos. El procurador Fernando Carrillo, entre tanto, alertó acerca de que la situación de la penitenciaría de la capital del Meta es el inicio de una tragedia anunciada: “Una vez más insistimos en la urgencia de contener la propagación del #coronavirus en las cárceles de Colombia. Se requieren medidas”, trinó.

Ni visitas, ni nuevos reclusos en cárcel de Valledupar

Por Miguel Barrios

Para evitar que se presenten contagios con coronavirus en la cárcel judicial de Valledupar, que registra un hacinamiento cercano al 400%, teniendo en cuenta que de una capacidad de 256 internos, actualmente alberga 998, las directivas del penal en acatamiento a las medidas del gobierno nacional, restringieron las visitas de familiares a reclusos, incluso de abogados y de cualquier otra persona distinta al cuerpo de custodia.

Ciro Pérez, delegado de asuntos penitenciarios de la Personería de Valledupar, dijo que “desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus a Colombia, se adoptaron medidas de prevención para proteger la población carcelaria; entre ellas, no permitir visitas, ni la llegada de nuevos reclusos”.

Sostuvo que se ordenó que los guardianes que tuvieran algún síntoma gripal se abstuvieran de ir a trabajar; además, de estar atentos a la condición de salud de los internos. “Esto se está cumpliendo en la cárcel de Valledupar y hasta ahora no tenemos ningún caso de COVID-19 en la población reclusa”, precisó el funcionario.

En cárcel de Montería esperan elementos de protección

Por Óscar Cuello

El área de Sanidad de las cárceles de Córdoba aún no cuenta con los elementos de protección necesarios para enfrentar la pandemia de la COVID-19, que en el departamento deja 13 personas contagiadas, dos de ellas fallecidas por la enfermedad.

La situación fue dada a conocer por voceros del Sindicato del Inpec en la Cárcel Las Mercedes de Montería, con capacidad para 800 internos y tiene más de 1.500.

“La Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, no ha cumplido su papel como debe cumplirlo; han sido muy lenta en sus políticas y su gestión de los recursos ha retrasado el suministro para el personal de guardia, en especial para el personal que trabaja en el área de Sanidad”, indicó el sindicalista.

Los guardianes del Inpec en Montería temen que con la reciente renuncia del director del director de la Uspec, Ricardo Varela, se retrase aún más el envío de los elementos necesarios como batas, tapabocas, guantes, jabones, detergentes, entre otros elementos necesarios para evitar el contagio.

El personal que labora en la cárcel asegura que debe adquirir los elementos de protección con recursos propios.

En Sucre no los han dotado de los equipos

En la Cárcel de Mediana Seguridad La Vega de Sincelejo las visitas de familiares fueron suspendidas una semana antes de comenzar el aislamiento obligatorio. Esta medida, al igual que no permitir el ingreso de nuevos reclusos hacen parte de las adoptadas por la dirección del penal para evitar que la COVID-19 llegue a un establecimiento que tiene capacidad para 550 personas y a la fecha hay 763, de los cuales 39 son mujeres.

Jhonny Chadid, presidente del sindicato del Inpec, y quien fue uno de los primeros en rechazar la decisión del nivel central de recibir nuevos internos, ha ratificado en las últimas horas que la Uspec, la Unidad de Servicios Penitenciarios, es la que debe dotarlos de los elementos de bioseguridad y no lo ha hecho.

“Para nadie es un secreto que esta es una entidad que ha estado cuestionada por actos de corrupción y ha dejado de contratar estos elementos que necesitamos, pero esta responsabilidad no excluye a los entes territoriales (Gobernación y alcaldías) de su responsabilidad.

Desde que empezó la cuarentena solo han recibido dos internos y los tienen en aislamiento.

En el Magdalena están sin protección
Al problema de hacinamiento que se vive en las cárceles del Magdalena, se suma la falta de elementos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. La medida de contingencia implementada fue no recibir más reclusos y la suspensión de visitas tanto de familiares como juristas.

En el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, cuya capacidad es 312 reos, en la actualidad cuenta con 1.320, convirtiéndose en un riesgo latente  ante el virus. Pocos han sido las unidades de tapabocas recibidas, por lo que esperan empezar a fabricar estos elementos con los internos.

“Contamos con nueve reclusos en clínica, por lo que solicitamos el cambio de la medida de prisión o detención hospitalaria con vigilancia electrónica para evitar que los guardias estén visitando las clínicas u hospitales durante esta emergencia”, manifestó Dairo Cantillo, inspector de la cárcel de Santa Marta.

Igual situación se presenta en la cárcel de El Banco, donde está habilitada para 80 internos, pero tiene 147. Los miembros del Inpec les hacen un llamado a las autoridades para los aprovisionen con utensilios médicos, ya que ni la camilla está en buenas condiciones.

Entregan elementos de protección en La Guajira

Por Emelda Wberth

La primera medida ordenada fue suspender las visitas y el ingreso de todo personal particular. El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, dijo que para prevenir la COVID-19, en concurso con la administración del centro penitenciario, están desarrollando jornadas de orientación dirigidas a internos, guardias y el personal del INPEC, para que tengan claridad sobre qué es el coronavirus, sus síntomas y formas de prevenirlo.

En las diferentes áreas han realizado actividades de desinfección y se han recibido kits con elementos de aseo para el uso personal de los reclusos.

“Se les explicó a los detenidos lo difícil de la situación acá afuera y lo importante que es cuidarse en estos momentos para evitar un posible contagio, porque esto sería fatal con el hacinamiento que tiene esta cárcel” señaló Nemesio Roys Garzón.

Cada paquete entregado contiene alcohol, guantes, tapabocas y gel antibacterial.

Es preciso indicar que la cárcel de Riohacha es una de las más hacinadas del país. Su capacidad es para 99 personas y actualmente alberga a 450 internos, pese a ello, hasta la fecha no se ha registrado alerta alguna por posible caso de COVID-19.

Críticas por exponer a procesados y sus defensores durante las audiencias

Por Jesús Blanquicet

Otro de los temas que genera inquietud dentro del sistema de justicia es el trato que han tenido los procesados y sus defensores, al no poseer los implementos de bioseguridad, ni distancia durante la realización de las audiencias en los complejos judiciales del país.

El abogado penalista Francisco Bernate y presidente Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se refirió al caso desde su cuenta de Twitter, donde realizó un trino acompañado de cuatro fotografías durante la realización de una audiencia.

“Esto da vergüenza, todos muy resguardados en la Sala de Audiencias menos el procesado y su defensor, ni protección, ni distancia. Jugándose la vida. Tristemente, para nuestras autoridades hay vidas que no cuentan”, señaló el jurista en la red social.

Este medio contactó a Bernate para profundizar en la situación que padecen los defensores en las audiencias en los tiempos de la COVID-19 en el país y señaló que en efecto el Colegio Abogados Penalistas de Colombia, a través de los canales institucionales, recibió “estas lamentables imágenes”, donde se observa que el juez, el secretario y el representante de la Fiscalía tienen todas las medidas de bioseguridad.

“Definitivamente parece que para la institucionalidad colombiana la vida de los abogados defensores o de los procesados pues claramente no vale. En segundo lugar, nosotros cuestionamos nuevamente el que se utilicen estos trajes y todas estas herramientas de bioseguridad, mientras que los médicos del país y los ciudadanos no tienen acceso fácil a los mismos”, señaló Bernate.

Destacó el abogado “que lo más triste” es que se expongan vidas humanas por la “resistencia cultural” a utilizar los mecanismos tecnológicos para celebrar las audiencias a través de los canales virtuales.

“Mientras los ciudadanos utilizamos los mecanismos tecnológicos para conectarnos con familiares y amigos, la justicia colombiana se resiste a usarlos. Esto va en detrimento de la vida”, aseveró el jurista.

El Heraldo


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