En Perú y en Paraguay exigen atención inmediata a comunidades indígenas
Perú | Ucayali: Defensoría del Pueblo exige protección inmediata a comunidad indígena ante COVID-19
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali recomendó al gobierno regional adoptar acciones inmediatas a fin de proteger la salud de los miembros de la comunidad shipibo-konibo ‘Puerto Betel’, de la provincia de Coronel Portillo, donde se están registrando casos de personas contagiadas por la COVID-19.
En un documento dirigido al director regional de Salud de Ucayali, el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en esta región, Hugo Pari, solicitó que se garantice la atención médica de dos ciudadanos indígenas afectados por esta enfermedad, hasta su completa recuperación y posterior vigilancia clínica.
Asimismo, que se disponga la realización urgente de pruebas de despistaje al resto de miembros de la comunidad para determinar el número de afectados.
En otra parte del documento, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali solicita, además, la asignación de un presupuesto exclusivo para la prevención y atención de casos de nuevo coronavirus en las comunidades indígenas de la región.
La institución se dirigió también al titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali, solicitándole coordinar con la Dirección Regional de Salud, para informar a los miembros de las comunidades nativas sobre las medidas de protección frente al COVID-19, teniendo en cuenta aspectos de interculturalidad como costumbres y tradiciones.
Además la oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali pide que se facilite un albergue intercultural en la ciudad de Pucallpa para trasladar a los ciudadanos de comunidades indígenas que se vean afectados por la enfermedad.
También se solicitó al gobierno regional de Ucayali coordinar con la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a fin de que se dé cumplimiento a las medidas restrictivas para el tráfico fluvial intenso de los principales ríos de la Amazonía.
Cabe señalar que Ucayali alberga a más de 55 mil ciudadanos que se autoidentifican como parte de alguno de los 20 pueblos indígenas que existen en esta región. De ellos, más del 40% viven en la provincia de Coronel Portillo, lo que la convierte en la de mayor población indígena de esta zona del país.
Con 73 casos confirmados de COVID-19 en Ucayali hasta el sábado, la Defensoría del Pueblo advierte que la enfermedad podría expandirse a otras comunidades indígenas si no se actúa con rapidez, por ser este un sector altamente vulnerable debido a la precariedad de los servicios de salud.
De acuerdo a reportes de la institución, solo 4 de cada 10 comunidades indígenas cuenta con un establecimiento de salud en su territorio, por lo que resulta de suma importancia que el Estado implemente un plan de atención con enfoque intercultural, que responda a las necesidades de estas comunidades para darles la mayor protección posible.
Paraguay | Organizaciones exigen una atención a pueblos indígenas
Las organizaciones Amnistía Internacional, Tierra Viva y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) emitieron un comunicado conjunto donde exigen al Gobierno de Mario Abdo Benítez la asistencia alimentaria en el marco de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, ya que la situación de los mismos es de extrema vulnerabilidad.
Ayer, Día del Indígena Americano, el comunicado señaló que la pandemia evidenció con crudeza las profundas desigualdades y la emergencia permanente que tienen como víctimas a los pueblos indígenas.
Las estadísticas previas a la pandemia ya señalaban que el 65% de miembros de los pueblos indígenas se encuentran en situación de pobreza y más del 30% en pobreza extrema; a lo que se suma la situación actual que somete al aislamiento a las comunidades y les imposibilita salir a trabajar y lograr algún sustento.
“Como organizaciones que trabajamos por la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, no retrocederemos en nuestros esfuerzos de exigir la máxima protección para los pueblos indígenas. La concreción del derecho a la salud, la alimentación y el agua confluyen en una necesidad imperiosa que no pude seguir postergándose”, concluyeron.
