En plena cuarentena, cientos de personas salen a las calles en reclamo de alimentos

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Beni rompe la cuarentena y sale a marchar por alimentos

Cerca de un centenar de personas, residentes de Riberalta y Trinidad, marcharon en plena cuarentena nacional, en reclamo de la canasta familiar prometida por el Gobierno central. Las multitudes en ambas ciudades fueron tan numerosas que superaron a la policía y a las fuerzas armadas que se encontraban garantizando el aislamiento obligatorio

“Decirle a la presidenta que no se olvide de su pueblo, porque su pueblo la apoyó. Ahora no tenemos qué comer, no nos dejan trabajar y nuestros hijos nos piden todos los días pan”, dijo una de las residentes de Trinidad

A esa protesta se sumaron los mototaxistas, quienes en medio de gritos y sonido de las bocinas avanzaron por la avenida Integración con rumbo al centro de la ciudad ante la impotencia de las fuerzas del orden.

“El pueblo nos llama y nos pide que hagamos algo por ellos. Estamos en marcha y ahora ellos deben apoyarnos”, señaló uno de los dirigentes de los mototaxistas, en imágenes recogidas por Benitv.

El residente añadió que quieren negociar con la policía y el ejército para que los dejen trabajar aunque sea medio día, ya que ellos viven de sus ingresos diarios.

Increpan al alcalde de Riberalta

El alcalde de Riberalta, Enzo Roca, se hizo presente en la protesta de dicha ciudad e intentó calmar a la población. “Esa no es potestad mía, es potestad de los militares, ellos son los que hacen cumplir el decreto”, afirmó Roca, de acuerdo a un video publicado por el portal Noti Riber. “Nosotros ya no podemos esperar. Esto no es político, es el pueblo boliviano, el pueblo riberalteño que no tiene qué comer. (…) Los niños no saben que hay decreto, ellos piden qué comer”, le responde uno de los manifestantes.

Finalmente Roca se comprometió a repartir unas raciones de alimentos de parte de la propia gobernación en coordinación con el Gobierno Municipal. “Creo que manejaban una mala información de raciones por barrio. No sé de dónde habían sacado eso, es falso”, señaló el alcalde. “Precisamente ahora funcionarios de defensa civil con los del COED están visitando diferentes barrios para ir viendo sus listas e ir definiendo recién el tema de las raciones”, agregó.

Respecto a la canasta familiar prometida por el Gobierno central, Roca afirmó que la información oficial dice que empezarán a repartirlas este jueves y viernes. “Los ministros nos pidieron un poco de paciencia y dijeron que a más tardar el viernes estarían entregando la canasta del gobierno”, sostuvo.

Desde el pasado domingo 22 de marzo, rige en el país una estricta cuarentena que limita la circulación de personas de acuerdo a su edad y número de carnet. Esta medida de prevención responde a la pandemia del coronavirus que se ha cobrado siete vidas en el país. Beni es el único departamento que, hasta el momento, no registra casos positivos, mientras que los otros ocho departamentos suman en su conjunto 107 personas contagiadas.

Página Siete


Asambleístas del MAS realizarán aportes voluntarios para crear una bolsa alimentaria para los más necesitados

Los asambleístas del Movimiento Al Socialismo determinaron realizar aportes económicos voluntarios para poder comprar alimentos y de esta manera entregar a las familias más necesitadas, que por la cuarentena no tienen un ingreso económico.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), Guillermo Vega Flores, informó que junto con la asambleísta Amanda Calizaya, Erwin Mancilla y Rubén Velasco, decidieron realizar un aporte económico voluntario, para comprar alimentos y de esta manera elaborar una pequeña bolsa alimentaria para entregar a las personas de escasos recursos, que por la situación actual que está viviendo el país, no pueden trabajar ni llevar alimentos a sus hogares.

“Nos vamos a reunir la próxima semana para determinar cuando vamos a dar inicio a esta campaña y a que barrios vamos a llegar “dijo Vega.

El Periódico


Evalúan en Bolivia enjuiciar a Jeanine Áñez por violación de derechos

El Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia evalúa un posible juicio contra la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, por violar los derechos humanos de connacionales varados en Chile al cerrar las fronteras por la Covid-19.

Más de 300 ciudadanos bolivianos se encuentran en la localidad chilena de Huara (norte), la mayoría en condiciones precarias, ante la imposibilidad de viajar a su país, una medida adoptada desde la semana pasada por el gobierno de Áñez para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

La declaró que están considerando procesar a la mandataria de facto por violación flagrante de los derechos humanos, una decisión que, a su juicio, deja mal parado al país suramericano a nivel internacional.

‘Nos parece absolutamente discriminatoria, racista, inhumana esta decisión que no se la vamos a admitir a la presidenta. Si les pasa algo a la gente que está en la frontera es absoluta responsabilidad de la señora Áñez’, enfatizó Brito.

Precisó que una vez concluido el periodo de cuarentena serán activados los mecanismos de investigación para conocer las razones del Ejecutivo para no habilitar vuelos humanitarios que permitieran el ingreso de los ciudadanos bolivianos concentrados en territorio chileno.

Asimismo, denunció que familiares del ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, y la periodista Ximena Galaza, afín con el régimen golpista, fueron favorecidos con el ingreso al país, así como el trámite de varias solicitudes del gobierno de Estados Unidos para la entrada y salida de personal de su embajada en La Paz.

La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, informó en su cuenta de Twitter el 30 de marzo que ‘por decisión presidencial, las fronteras del país se mantienen cerradas y se suspende la repatriación de los compatriotas bolivianos varados en Huara, Chile. El ministerio de Defensa tomará los recaudos para garantizar ayuda humanitaria a nuestros compatriotas’.

El anuncio, según expertos, constituye una violación de la Constitución Política del Estado que en los artículos ocho, 10, 16, 22 y 23 establece la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familiares, además de cumplir con los protocolos de salud para el retorno seguro en este tipo de casos.

La Época

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