Panamá: se intensifican las protestas en todo el país por el hambre y la desatención del gobierno

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Panamá protesta; crece la curva del descontento

En los más de 25 cierres de calles registrados durante las últimas dos semanas en diferentes puntos del país, la exigencia ha sido la misma: la falta de dinero para comprar comida y la ausencia de ayuda gubernamental en medio de la cuarentena impuesta para contener el coronavirus.

Ayer, miércoles, la vía Interamericana a la altura de Loma Cová, Arraiján, se convirtió en uno de los focos principales de las noticias: residentes de Valle del Sol, La Cascada, La Paz, y La Nubes, comunidades en su mayoría ocupadas por personas provenientes de la comarca de Guna Yala, cerraron los cuatro carriles de la ruta durante varias horas. Exigían la entrega de bonos y bolsas de comida del plan Panamá Solidario. Un grupo narró que desde que se decretó la cuarentena ha sido muy poca la ayuda que han tenido. Otros, incluso, reportaron que a sus comunidades no les ha llegado nada.

Contaron que el pasado martes les llevaron 500 bolsas de comida, pero que en la zona viven más cinco mil personas, por lo que se produjo un gran descontento. Otros decían que querían el bono.

Tocaron pailas y pitos. Gritaban que necesitaban ser atendidos.

La misma escena se registró en el Valle de San Isidro, en San Miguelito, donde moradores cerraron las vías de acceso a la zona. Exigían la entrega de las bolsas de comida y el bono. Omar Montilla, viceministro de Comercio e Industrias, y quien fue representante del corregimiento de Mateo Iturralde durante dos periodos, se comprometió a que hoy, jueves, la ayuda les llegaría.

 

Panamá protesta; crece la curva del descontento
Grupo de manifestantes de Felipillo, sector de la 24 de Diciembre. Reclaman bonos y bolsas de comida. Roberto Cisneros

En ese mismo distrito, pero, en Nuevo Progreso, un grupo de protestantes cerró el ensanche de la carretera Pedregal – Gonzalillo – Transítmica, más conocida como el “corredor de los pobres”. Se quejaron de que tenían “dos semanas” de no comer.

Uno de los manifestantes relató que a los residentes de algunas áreas sí les han entregaron bolsas de comida, pero que no alcanzaron para todos.

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Pero también hubo reclamos en Torrijos Carter, San Miguelito. En Rana De Oro, y Montería, sectores del corregimiento de Pedregal. Al igual que La Valdesa en La Chorrera, Panamá Oeste.

Pobladores de Colón también salieron a las calles. En las horas de la mañana los cierres de vías también fueron noticia. Los manifestantes, incluso, bloquearon la autopista Panamá-Colón a la altura de Puerto Escondido.

El escenario de todas las protestas era muy similar: quema de llantas, carteles con consignas contra el gobierno y gritos. Algunos lucían pasamontañas de colores rojo o negro. Personal de la Policía Nacional llegaba a los lugares para intentar aplacar los ánimos. Aún así, no lograban que se reabrieran las vías.

 

Panamá protesta; crece la curva del descontento
Las protestas en distintos puntos del país, se intensificaron esta semana. Roberto Cisneros

A finales de marzo, cuando arrancó el plan Panamá Solidario, el presidente Laurentino Nito Cortizo, anunció que la ayuda llegaría a por lo menos 1 millón de personas, y que los gobiernos locales (representantes de corregimiento y alcaldes del país) serían parte del equipo que entregaría los bonos y bolsas de comida, casa por casa. Lo harían en coordinación con otros ministerios: de Desarrollo Social, de la Presidencia, de Desarrollo Agropecuario, y de Seguridad Pública, entre otros. En ese momento, se anunció un partida inicial de $50 millones para activar el programa. Sin embargo, día tras día, las quejas por supuestas irregularidades en la distribución de las ayudas se incrementan. Uno de los reclamos más constantes es el supuesto criterio político al momento de elegir a los beneficiarios.

Mientras que el pasado martes, Panamá Solidario fue motivo de debate en el Consejo Municipal de Panamá. El representante de Bella Vista, Ricardo Domínguez, por ejemplo, aseguró que el sistema de entrega de bonos y bolsas de comida coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social, no ha sido “el más efectivo”.

Yoira Perea, representante de Chilibre, alegó que debido al tamaño de algunos corregimientos en los que viven hasta 28 mil personas, las juntas comunales no tienen la capacidad física para hacer las entregas a la velocidad que se requiere.

Mientras que Nelson Vergara, representante de la 24 de Diciembre, denunció que un diputado, cuyo nombre no reveló, envía personas a la junta comunal para retirar los bonos solidarios.

Vergara fue objeto de cuestionamientos en una protesta ciudadana en la 24 de Diciembre el pasado martes.

 

Panamá protesta; crece la curva del descontento
Tocaron pailas para manifestar el descontento en medio de la pandemia. Román Dibulet

¿Política?

Sin embargo, hay voces que argumentan que si bien hay manifestaciones legítimas que nacen de la necesidad que tiene el pueblo de comida y trabajo en medio de la crisis sanitaria, no se descarta que algunas protestas estén motivadas por intereses políticos.

De hecho, algunos diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se han dejado ver en compañía de los protestantes. “No quieren hacer caso y mi pueblo ya no aguanta más”, escribió el diputado colonense Jairo Bolota Salazar en su cuenta de Instagram, donde subió un video de una protesta en Colón.

En tanto, el presidente Laurentino Cortizo anunció ayer que a partir de hoy se activa la “cédula solidaria”, un vale que se podrá cambiar en los supermercados presentando la cédula.

Prensa


Alcaldes piden reunión urgente con el presidente Laurentino Cortizo

Los alcaldes y representantes de corregimientos agremiados en la Asociación de Municipios de Panamá, la Coordinadora Nacional de de Corregimiento, y la Asociación de Alcaldes de Panamá le solicitaron al presidente de la República una reunión urgente.

Los municipios, a pesar de las dificultades financieras, han gestionado acciones para mitigar, prevenir y garantizar a la población salubridad, seguridad ciudadana y apoyo constante para evitar la propagación del Covid-19.

El impacto institucional, financiero y social de esta pandemia para los municipios y corregimientos del país es importante.

“De no coordinarse medidas con el Órgano Ejecutivo, no solo está en peligro la estructura administrativa, financiera y gobernanza de los municipios, sino también la capacidad de estos para impulsar y garantizar la reactivación económica en las diferentes regiones del país, el orden y paz social, así como la gobernabilidad de los territorios; una vez se levanten las medidas de cuarentena”, señala la carta firmada por Julio Vivies, Eliécer Montenegro y Rolando Lee.

El presidente de Amupa, Julio Vivies, indicó que si el Ejecutivo no encuentra una solución para transferir fondos para el funcionamiento de los municipios y las juntas comunales, habrá una “ausencia de autoridades locales en medio de una crisis sanitaria”.

Vivies agregó que la solicitud que le hacen al presidente Cortizo es para cubrir los gastos de funcionamiento de los municipios, incluye salario de los funcionarios y aclaró que los fondos no se usarán para cubrir gastos de representación o de movilización de los alcaldes. “Sería antiético que en estos momentos los alcaldes cobren gastos de representación o de movilización”, dijo.

Los 81 municipios de Panamá están afectados y se proyecta que podrían cerrar operaciones el próximo 15 de mayo, y por ende más de 12 mil funcionarios quedarían cesantes debido a que no cuentan con recaudo, ni apoyo del Gobierno Central.

“Hemos tenido un bajón económico por la pandemia de Covid-19. No somos un municipio subsidiado, pero tampoco se nos ha dado una opción para mantener a flote el funcionamiento y administración municipal, lo que nos ha obligado a tomar medidas como son licencias sin sueldo, suspensión de contratos y reducción de salarios, según la jornada laboral actual”, manifestó Paula González, alcalde del distrito de Penonomé.

La Estrella


Elementos de una propuesta para enfrentar la crisis: propuesta para el debate en Tiempos de Coronavirus

Por FRENADESO

La solución tiene que venir de visiones heterodoxas de la economía, llámense keynesianas, neokeynesianas o marxistas. No se puede esperar que los economistas ortodoxos, los de la escuela del neoliberalismo, del llamado Consensus de Washington, sean la solución porque la estructura que imposibilita actuar ágilmente y con mayor eficiencia contra la Pandemia, fue construida por la política económica neoliberal, que desmanteló el ya malogrado Estado Social, que dejó el funcionamiento de la economía a las llamadas “fuerzas invisibles del mercado” (que nada de invisibles son), y que promovió achicamiento del Estado y deterioró el gasto social en cuestiones importantes como , salud, educación, agua potable, telecomunicaciones y energía eléctrica. La política económica que aceleró la destrucción de las condiciones sociales de la gente, la impulsaron los economistas ortodoxos.

La firma INDESA que se ha contratado para asesorar y elaborar el programa para el denominado “Día D” (el día después de la Pandemia, sugiere la expresión), así como otros miembros del equipo, fueron quienes impulsaron las políticas neoliberales. Guillermo Chapman era el Ministro de Economía en el gobierno de Pérez Balladares (PRD) cuando se refinanció la deuda en 1996 lo cual significó que la banca comercial nos convirtiera 1560 millones de intereses vencidos en deuda, cuando en razón de los efectos destructivos de la invasión, se pudo exigir la condonación de los intereses. A propósito, Ricaurte Vásquez, actual administrador del Canal, fue el jefe negociador de este paquete de deuda.   En dicho período se aceleró la privatización de empresas estatales, se liberalizaron los precios, se modificó el Código de Trabajo y el Régimen de Pensiones y Jubilaciones, en detrimento de los trabajadores.

Por tanto, la solución a la crisis económica supone superar las visiones de la ortodoxia económica neoliberal. Supone revisar las políticas que se han estado ejecutando y que han resultado en el debilitamiento de las capacidades del país para enfrentar situaciones de riesgo y han ubicado al país en alto nivel de vulnerabilidad, en todos los campos. Los que han creado el problema no lo van a aceptar; contrariamente van a tratar de encubrirlo, tratando de seguir la misma ruta, porque creen que es el camino a seguir hacia el “éxito”, cuando en verdad nos conducen hacia el abismo. Este debe ser el primer paso para encontrar una salida a la crisis actual: reconocer que es necesario cambiar la visión global del enfoque económico. Esto supone la ruptura con el neoliberalismo.

Qué medidas heterodoxas, es decir, contrarias a lo que se ha estado haciendo desde los años noventa se deben ejecutar?

Estas medidas las podemos dividir en las que hay que aplicar urgentemente, de inmediato, y aquellos relacionadas al “día D”, las de mediano plazo.

Lo inmediato.

La medida más importante es para mantener la gente en sus casas. Para ello se debe garantizar que tengan ingresos durante el tiempo que sea necesario. Esto es algo lógico. La gente depende de su ingreso del trabajo para sobrevivir. Si esto se corta y no se les apoya, no se puede esperar que la gente se quede en casa a morirse de hambre. Esto se pudo hacer mediante una acción combinada con las empresas y condicionando la moratoria fiscal que decretó el gobierno, pero que lo hizo gratuitamente y sin que fuera necesario. Esto todavía se puede modificar si hubiera voluntad política para hacerlo. Lo obligante es dar un BONO que permita sobrevivir a la gente. No puede ser una miseria de 80 balboas o bolsas de comida, que dicen que es de 20 balboas. Por ello la propuesta es de un BONO de 500 balboas por familia. Su operatividad puede ser variada; desde tarjetas de débito, hasta utilizando la cédula. Lo importante es que la gente tenga el dinero y decida qué comprar.

Cómo ejecutar esto? De dónde surgen los fondos para el BONO?

El gobierno necesita ingresos. La moratoria fiscal, que incluye el impuesto sobre la renta y otros pagos no ayuda al problema. El gobierno se hace harakiri. Los empresarios, felices. Aquí el propio gobierno dijo que no le pagaran. Pero, incluso lo hizo indiscriminadamente, sin condicionamientos (a mantener el pago a los trabajadores, aunque fuera parcialmente, mantener el empleo, por ejemplo), o según la empresa, su tamaño y condición económica, si era afectada por la situación de la Pandemia o no, o en qué grado estaba afectada. Aquí el criterio fue igual para todos los negocios y no todos son afectados de igual forma y tampoco todos tienen iguales condiciones para enfrentarla. Debe hacerse esa diferenciación. Sin embargo, para la entrega del bono de 80 balboas o las bolsas de comida sí se han establecido criterios sobre quiénes tienen derecho, y por exclusión, quiénes no tienen derecho.

Debía ser claro que los ingresos fiscales disminuirían, pero aquellos ingresos que debían pagarse porque correspondían a ganancias realizadas en al año fiscal 2019, no tenían por qué dejarse de cobrar, o postergar su cobro. Pero repetimos, si se hacía, debía ser con determinados condicionamientos y no gratuitamente. Además, se debía discriminar entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas, entre los conglomerados y las empresas individuales, entre las que eran más afectadas, menos afectadas y aquellas que incluso están haciendo negocios dentro de la Pandemia (farmacias, supermercados, y similares). Pero todos estos fueron beneficiados con la moratoria fiscal. Lo que se observa es que el gobierno aplica a los empresarios criterios más flexibles, más condescendientes, pero para los trabajadores, formales e informales, y los desempleados, tiene criterios más “estrictos”, y los ha desprotegido. Un bono de 80 balboas para las familias, algunas solo una bolsa de comida que dice vale 20 balboas, no constituye solución alguna, comparado con los millones que se destinan a los empresarios.

El gobierno no sanciona aún la ley que la Asamblea Nacional aprobó sobre Moratoria en el pago de una serie de servicios, y el “Ministro Consejero” Rojas Pardini, salió defendiendo esa acción diciendo que había que ser “muy cuidadoso”, que no se afectaran negocios que eran importantes que continuaron funcionando (energía eléctrica mencionó). Es un argumento débil, para decir lo menos, porque una moratoria de estos pagos no puede poner en riesgo la sobrevivencia de un negocio. Se trata de empresas económicamente poderosas; con capacidad económica para resistir esta moratoria (y mucho más), si alguna conciencia social tuvieran sus directivos y accionistas. Pero, es una visión empresarial inhumana, que, ni siquiera en las actuales circunstancias están dispuestos de detener su carrera por enriquecerse cada vez más. La expresión del directivo del CONEP es un claro ejemplo de esta visión empresarial; dijo, “de qué sirve tener una población sana si vamos a tener un país en bancarrota” (en verdad se refería a los negocios y no al país). Esto es aberrante.

Incluso se permitió que la Superintendencia Bancaria modificara acuerdos vigentes para evitar que tuvieran que dejar de cobrar intereses a los clientes por incapacidad de pago, tal como lo establecía Acuerdo 4 de 2013.

El gobierno ha contraído varias contrataciones de préstamos, con el BID, el FMI, el Banco Mundial, colocado bonos en los mercados internacionales por 2,500 millones de balboas, y se le ha permitido el uso de 1,300 millones del Fondo de Ahorros de Panamá. Aquí están los fondos. Pueden ser complementados con el recorte de otros gastos que mencionaremos más adelante. Si le dicen al pueblo panameño que el país se va a endeudar para pagar el BONO, estoy seguro que nadie estará en desacuerdo. Sería el endeudamiento más productivo de todos los tiempos, que la gente siente que de verdad les beneficia. Hasta ahora se ha estado contratando deuda para pagar deudas. Nada para el pueblo.

Hay que inyectarle dinero al Banco Nacional para que sostenga el BONO. Todos los países se están endeudando para eso. Aquí, el gobierno se ha endeudado, pero al parecer el sostenimiento de las familias no está en sus prioridades. Esto tiene el agravante que la gente puede romper la cuarentena para no fallecer de hambre, o hacer que el gobierno levante la cuarentena antes de lo que sanitariamente es recomendable. Sería una acción mezquina e insensible: los empresarios están presionando para que se levante la cuarentena (sus negocios están “perdiendo” – dejando de ganar) y la gente está pidiendo el BONO para quedarse en casa, así que levantando la cuarentena se queda bien con todos. Los empresarios felices y el resto de la gente, que se exponga al contagio y busque cómo ganarse la vida para sobrevivir. Esto no es responsable de ningún gobierno. Todo por no hacer un sacrificio económico que redundaría en beneficio de todos, porque también la actividad económica se mejoraría si la gente tiene el ingreso del BONO.

Llama la atención la libreta de 80 balboas que se está entregando con el logo del Banco General, que sabemos pertenece a la familia Motta, los Humbert, los Arias Espinosa, Arias Arias, Alemán Zubieta, entre otros. Si fuera una donación del banco, con seguridad ya lo sabríamos; no se habrían quedado callados. Así que esto hay que descartarlo. Tampoco puede ser dinero del gobierno depositado en el Banco General porque sería violatorio a la Ley. Así que lo que queda como posibilidad es que sea un préstamo que el banco le está dando al gobierno. Esto es preocupante. A qué tasa de interés? Cuáles son las condiciones? Por qué no se contrató el préstamo con al Banco Nacional,? Por qué la las reservas de la CSS no se invierten en este crédito y las ganancias de la tasa de interés se le da a los asegurados y no al grupo económico propietario del banco? En la coyuntura se están haciendo cosas que merecen explicación, porque aunque la Pandemia nos impone restricciones ello no otorga a los mandatarios el derecho de actuar como dictadores, y hacer lo que les venga en gana.

Para cuántas familias sería el BONO? Cuánto sería el monto de los recursos que se necesitan?

Se necesita estimar cuántos familias están afectadas por la situación generada por la Pandemia, para así cuantificar el monto de recursos necesarios para financiar el BONO. Se recurre a las encuestas de hogares, integrando los datos oficiales de desempleo, empleo informal – cuenta propia, y los contratos laborales que se han suspendido. La estimación resultó en 10% de desempleo abierto, y unos 300 mil trabajadores de cuenta propia afectados, lo que establece el desempleo en el 23%, aproximadamente. Total, unas 500 mil familias. Pero observamos que este dato cambia diariamente por los contratos suspendidos que tramitan las empresas en MITRADEL. En la última semana se suspendieron contratos a más de 10 mil trabajadores.

De acuerdo a las estimaciones tendríamos 500 mil familias que atender, con posibilidades de que aumente éste número. Un BONO de 500 balboas mensuales resulta en 250 millones de balboas al mes, por 4 meses serían 1,000 millones de balboas. Para esto tiene capacidad el gobierno, considerando los recursos que hemos mencionado anteriormente. Incluso, si consideráramos una cifra más alta de familias afectadas, 750 mil, ello aumenta los recursos necesarios hasta 1,500 millones de balboas, para lo cual también hay recursos, si existe voluntad política real para ser solidarios con las familias afectadas. Los montos mencionados son pocos en comparación con las vidas que se pueden salvar. No es algo dramático para el endeudamiento que se está haciendo y que hasta ahora es para pagar deuda, esencialmente. Hacer esto para salvar una población engrandece al país.

Pero, además, pueden hacerse ajustes por la vía de los gastos del gobierno. Se observa que 12,900 funcionarios públicos, apenas 5.3% del total, le corresponde casi una cuarta parte (1/4) de los sueldos totales. Devengan 894 millones de balboas al año; 75 millones mensuales. Esto sin incluir a los altos directivos de la ACP. La mayoría de estos funcionarios (Ministros, directores, asesores) dependen directamente del Ejecutivo por lo cual puede conminarlos a bajarse los salarios, porque de no estar de acuerdo se les puede remplazar por alguien que esté dispuesto a aceptar un salario inferior.   De estos 894 millones podemos ahorrar el 25%, equivalente a 223 millones de balboas, y aun así, el promedio de salarios mensuales de ese grupo de trabajadores sería de 4,300 balboas.

Si añadimos la ACP, cuyos salarios de los altos directivos y de otro personal fueron duplicados al momento en que tomó posesión el nuevo administrador, Ricaurte Vásquez, también haríamos que la ACP fuera solidaria para enfrentar la crisis.

La planilla de la ACP corresponde a 9,590 trabajadores y 400 millones de balboas de salarios al año. Solo 513 trabajadores ganan salarios de 7,000 balboas y más. Les corresponde una quinta parte (1/5 = 20%) de los salarios pagados al año. Unos 80 millones para 513 trabajadores. Pero esto fue el año 2019, antes de que se aumentaran los sueldos, los cuales ocurrieron, precisamente, en estos 513 trabajadores. La planilla de la ACP, probablemente se aumente este año en 80 millones, lo que resultaría para estos funcionarios, 160 millones en total. Si se suspendieran estos aumentos tendríamos 80 millones adicionales para financiar el BONO.

De los gastos de funcionamiento del gobierno también se pueden hacer algunos ahorros. Las partidas de sobresueldos (de algunos cargos), dietas, gastos de representación fijos, otros servicios personales, viáticos, publicidad, combustible, consultorías, alquileres y las “asignaciones globales”, suman casi 600 millones de balboas. Estos gastos usualmente se vinculan a funcionarios de altos salarios, de niveles jerárquicos, con lo cual se les aumenta sus salarios.En el mediano plazo:

Estas se refieren a las medidas para el “´Día D”, el día después de levantada la cuarentena, la cual debe hacerse cuando haya seguridad que la situación está controlada. No antes.

Igualmente aquí las medidas tienen que ser heterodoxas, que rompan con el esquema hasta este momento ejecutado, porque esto es lo que ha hecho que el Estado haya disminuido, aún más, su capacidad de respuesta, no solo a la Pandemia, sino también a las circunstancias de riesgo que el propio esquema económico neoliberal produce, tanto en las capacidades de la reproducción material de la vida humana como en la depredación ambiental que produce, y que atenta contra las generaciones futuras. El enfoque económico ante la crisis debe romper con la lógica consumista y de crecimiento económico infinito a que nos ha sometido el neoliberalismo, y que ha puesto en peligro el planeta, debido a la depredación ambiental, y ha producido una concentración de la riqueza nunca antes vista, que afecta que la mayoría de la gente tenga ingresos suficientes para satisfacer las necesidades más elementales para la vida.

La inversión del sector público será lo que apuntale la recuperación económica. No se puede esperar que sea el sector privado el que lo haga. Ello se requiere restructuraciones en distintos aspectos.

En el campo tributario, se requiere restablecer la progresividad del impuesto sobre la renta; el que gana más paga más. Atender con urgencia la evasión fiscal, lo que implica fortalecer la oficina de auditoria y cobros. La participación de los ingresos tributarios en el Producto Interno Bruto, que hoy se sitúa en el 8%, debemos duplicarlo, en un proceso escalonado, pero siempre dirigido a que el que más gana más paga. Esto en conjunto con los ingresos provenientes del Canal de Panamá debe apuntalar la base de financiamiento de las inversiones.

Lo anterior facilita que se salga de la estrategia con que se ha estado abordando la deuda pública, basada en el pagar deuda con más deuda, lo cual sangra al país por medio de los intereses que permanentemente lo convertimos en deuda, que a su vez empiezan a reclamar intereses, que como no se pueden pagar, se convierten en deuda y seguimos en una espiral interminable de endeudamiento que tiende a estrangular las capacidades de financiamiento de las inversiones importantes.

Dar prioridad en la producción agropecuaria e industrial, orientada hacia la seguridad y autosuficiencia alimentaria, dentro de un enfoque de sostenibilidad ambiental. Control de las importaciones para estimular la producción nacional y garantía de compra de la producción a los productores.

Reformar la entidad que maneja las cuestiones financieras y monetarias del país. Nos referimos a la Superintendencia Bancaria. Esta entidad no puede ser dirigida por los bancos, que anteponen los intereses privados de los accionistas al de la colectividad. Panamá carece de emisión de papel moneda y de banca central, pero la ventana estrecha que se tiene en el campo monetario, no se le puede dejar a los banqueros. El estado debe ser el regente, y la regulación monetaria y financiera debe estar en función del país y no de grupos privados. En la coyuntura ello ha sido evidente. La Superintendencia Bancaria reformó el acuerdo 4 de 2013 que obligaba a los bancos a no cobrar los intereses a quienes por imposibilidad real de pago, no pudiera afrontar sus compromisos. La reforma “inventó” un nuevo tipo de préstamo para evitar la condonación de los intereses; “los préstamos modificados”. El gobierno lo permitió y los banqueros hicieron lo que le dio la gana.

Prioridad de la inversión social en Salud, Educación, Agua Potable, Vivienda para sectores de bajos recursos, que han tenido que “quedarse en casa”, en una vivienda que no reúne las condiciones básicas de salud. Nuevamente, la reestructuración tributaria y el enfoque de tratamiento deuda pública son los pilares de esta inversión.

Política de precios y salarios que haga énfasis en mejorar la capacidad adquisitiva de los sectores de bajos recursos, lo cual, en conjunto con el gasto social, el control de precios para evitar la especulación, y las reformas tributarias que mejoren las recaudaciones de impuestos de quienes más ganan, contribuya a mejorar la distribución de la riqueza y el ingreso, y se combata la pobreza y la desigualdad social. Está demostrado que los aumentos de los ingresos en los sectores de ingresos más bajos produce un efecto multiplicador en la economía, superior a si los aumentos de ingresos se dan en los estratos de mayores ingresos, que es lo que hasta ahora ha ocurrido. Esto debe fortalecer la economía basándose en el aumento de demanda efectiva de los sectores ubicados en la parte inferior de la pirámide social y no en la demanda de las cúpulas de mayores ingresos, que es como se encuentra la situación hoy día. Una economía que produce para los de mayores niveles de ingresos. Los pobres son excluidos del mercado. No se produce para ellos porque no son negocios; esta es la lógica empresarial.

Las circunstancias han demostrado que el mundo puede funcionar sin que se continúen utilizando los recursos a las escalas hasta ahora impuestas por el neoliberalismo; se requiere, eso sí, mejor distribución de la riqueza producida. La política neoliberal debe darse por terminada y buscar caminos en los enfoques heterodoxos de la economía y la política. .

FRENADESO

Abril, 2020


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