Condena histórica de la Corte IDH al Estado peruano por violación de derechos a una persona LGBTI+

Corte Interamericana concluye que el Estado peruano torturó a ciudadana trans

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) encontró al Estado peruano como responsable de discriminación, tortura y violación sexual de la ciudadana trans Azul Rojas. Esta sentencia marca un precedente histórico de reconocimiento a los derechos de las personas trans en el país al ser el primer caso de discriminación hacia una persona LGBTI en llegar a la Corte IDH.

Azul fue insultada, golpeada y desnudada a la fuerza por agentes de la policía en la comisaría de Casa Grande (La Libertad) en febrero de 2008. Incluso le introdujeron una vara de reglamento por el recto para torturarla. Once años después, ninguno de sus agresores ha sido sancionado aún.

Su caso fue llevado a la instancia internacional por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS, organización que trabaja para erradicar la trata de personas.

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encontró responsable al Estado peruano de no haber investigado con la debida diligencia la denuncia. Además, recomendó adoptar una serie de medidas para reparar el daño sufrido por Azul, incluyendo disculpas públicas, una pronta y efectiva investigación de los hechos; y adoptar garantías de no repetición. Sin embargo, el Estado no cumplió, por lo que el caso pasó a la Corte IDH.

Reparación pública

La sentencia de la Corte IDH, emitida el 12 de marzo de este año, fue por unanimidad y, dispone una serie de medidas concretas para reparar el daño causado a Azul Rojas y que el Estado debe cumplir para garantizar la protección de las personas trans en el Perú.

Entre las medidas dispuestas resaltan: Investigar y sancionar a los responsables de la tortura perpetrada contra Azul, pedir disculpas públicas a la agraviada y, en este mismo acto, reconocer que se ejerció tortura y se vulneraron los derechos humanos de la ciudadana trans.

Además, el Estado deberá crear un protocolo de investigación y administración de justicia para los casos de personas LGBTI que sean víctimas de violencia, implementar un plan de capacitación y sensibilización de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Serenazgo.

De la misma forma, deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre los casos de violencia contra personas LGBTI y eliminar de los Planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos peruanos el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis”, por ser altamente discriminatorio y exacerbar la discriminación a la ciudadanía que es parte de la diversidad sexual.

Wayka


Comunicado de la CIDH: Perú es responsable por torturas y violación sexual a una persona LGBTI por parte de agentes policiales

En la sentencia del Caso Azul Rojas Marín y otra Vs. Perú notificada hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró a la República del Perú responsable internacionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, a no ser sometida a tortura, a las garantías judiciales y a la protección judicial, en perjuicio de Azul Rojas Marín.

El resumen oficial de la Sentencia puede consultarse aquí y el texto íntegro de la Sentencia puede consultarse aquí.

El caso se refiere a las agresiones sufridas por la ciudadana Rojas Marín, cuando el 25 de febrero de 2008 fue detenida, sin motivo alguno, por agentes policiales quienes la golpearon, mientras, en función de ser una persona LGBTI, le gritaban e insultaban. Luego en la Comisaría de Casa Grande, fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, torturada y violada.

Al ser liberada, la víctima presentó una denuncia contra los agentes estatales en la Comisaría de la Policía Nacional del Perú de Casa Grande, que luego de varias instancias, fue desestimada, ordenando el archivo del expediente.

En su sentencia, la Corte reiteró que las personas LGBTI han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención.

La Corte determinó que el Estado violó el derecho a la libertad personal de la señora Rojas Marín pues su detención se basó en motivos discriminatorios, de modo tal que fue ilegal y arbitraria.

El Tribunal concluyó que la señora Rojas Marín fue desnudada forzosamente, golpeada en varias oportunidades, los agentes estatales realizaron comentarios despectivos sobre su orientación sexual, y fue víctima de violación sexual; constituyéndose en un acto de tortura en contra de la víctima. En consecuencia, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Perú por la violación de los derechos a la integridad personal, a la vida privada y a no ser sometida a tortura.

A su vez, la Corte determinó que el Estado no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual, violando los derechos a las garantías y protección judicial.

En su Sentencia, la Corte constató que en la sociedad peruana existían al momento de los hechos, y aún hoy en día, fuertes prejuicios en contra de la población LGBTI, que en ciertos casos se manifiesta en hechos de violencia. Estos hechos violentos en algunas oportunidades son cometidos por agentes estatales, incluyendo efectivos de la policía nacional, tal como ocurrió en el presente caso.

En este caso la Corte determinó diversas medidas de reparación.

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La composición de la Corte para esta Sentencia fue la siguiente: Jueza Elizabeth Odio Benito (Costa Rica), Presidenta; Juez L. Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Vicepresidente; Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México); Juez Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia) Juez Eugenio Raúl Zaffaroni (Argentina) y Juez Ricardo Pérez Manrique (Uruguay). El Juez Eduardo Vio Grossi (Chile) no participó en la deliberación y firma de la Sentencia por razones de fuerza mayor.

CIDH


Organizaciones exigen medidas que protejan a personas trans durante tránsito restringido

La nueva medida de tránsito restringido por género que dictó Martín Vizcarra, puso los derechos de la ciudadanía transgénero en el centro del debate público. Si bien el Presidente aseguró que se respetaría la identidad de género de las personas trans, durante el primer fin de semana con esta medida, se registraron varias detenciones arbitrarias y violencia policial contra mujeres transgénero.

Esta situación de riesgo par la comunidad trans ya había sido advertida por las organizaciones que velan los derechos LGBTI y que advirtieron que son necesarios mecanismos concretos de denuncia ante actos de transfobia por parte de la Policía y Fuerzas Armadas, así como, disposiciones concretas y explícitas sobre el respeto a la identidad de género, pues lo dicho por el Presidente de que son un «gobierno inclusivo» no debe quedar solo en palabras.

Leyla Huerta, directora de Féminas, organización de mujeres trans, considera que “los efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas no están preparados para afrontar esta medida” y que más bien podría institucionalizar la transfobia.

“La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no están sensibilizadas con la problemática trans. Existen muchas denuncias previas de abuso de autoridad que lo demuestran”, alertó la organización en un pronunciamiento público.

El pasado jueves, luego de dictada la medida de tránsito restringido, el ministro de Defensa, Walter Matos, aseguró que los efectivos cumplirían con el respeto a la personas trans y que no pedirían DNI, pues este documento no contempla la verdadera identidad de la comunidad trans.

“No creo que haya problema porque acá no se va verificar su sexo, sino su apariencia. Si está vistiendo como una mujer, lo vamos a respetar como tal y si está vistiendo como varón, lo vamos a respetar”, precisó en una entrevista radial.  Mientras declaraba, en redes sociales un miembro de la Fuerza Aérea se negaba a cumplir con el respeto a la identidad de las personas trans. “Yo haré cumplir lo que diga el DNI”, señaló en su cuenta de Twitter.

Los abusos policiales ya existían antes de la pandemia por COVID-19 en Perú. Hay dos casos de tortura policial hacia personas trans que esperan resolución en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con las nuevas restricciones de estado de emergencia, es la comunidad trans quien se deberá enfrentar ante un escenario de violencia más complejo.

En Panamá, se aplicó esta medida de tránsito restringido por sexo y ya son varios los casos registrados de detención arbitraria. Uno de esos casos corresponde al de Bárbara Delgado, mujer trans que fue arrestada por la policía y humillada porque su cédula de identidad no consigna su verdadera identidad de género.

El ministro del interior, Carlos Morán, también se pronunció sobre el respeto a la identidad de género de las personas trans.

Más que palabras

Si bien el presidente y sus ministros han declarado públicamente que velarán por los derechos de la comunidad LGBTI durante el estado de emergencia. El decreto de urgencia publicado no contiene ninguna especificación sobre las medidas a tomar para garantizar el derecho a la identidad.

De manera muy breve, solo al final de la norma se dispone que no se permitirá ningún acto de discriminación. Ante esta ausencia de acciones concretas, estudiantes de Reforma Trans PUCP, colectivo universitario, señalan que urge una capacitación en materia de género para la policía.

De la misma forma, sostienen que es necesario implementar protocolo que contemple un canal de denuncia para abusos policiales, disponer la separación preventiva y sanciones para los efectivos que cometan actos transfóbicos u homofóbicos y especificar que no respetar el nombre con el que la persona trans se identifica es un acto de discriminación.

La organización Más Igualdad agrega que el contexto actual evidencia aún más la necesidad de la Ley de Identidad de Género para garantizar los derechos de la comunidad trans. Esta ley fue presentada en el Congreso en 2018; sin embargo, hasta la fecha no ha sido debatida.

Por otro lado, la Policía cuenta con un Manual de Derechos Humanos, aprobado por el Ministerio del Interior en 2018, donde explícitamente indica que no está permitida le discriminación basada en orientación sexual e identidad de género; sin embargo, el día a día muestra, una vez más, que no bastan los documentos y palabras, sino que estos se concreten en hechos.

Wayka


Regidor Manuel Siccha pide sanciones efectivas para policías que promueven transfobia [ENTREVISTA]

La difusión de un video donde se ve a una mujeres trans siendo humilladas por efectivos de la Policía Nacional en la comisaría de Bellavista, el regidor de Lima y activista LGTB Manuel Siccha pidió que se apliquen sanciones efectivas a los responsables de estos indignantes hechos ocurridos durante el estado de emergencia ante el avance del coronavirus en el Perú.

¿Cómo se puede evitar que más casos como el de Bellavista se repitan?

-Creo que llevando la política verbal del Gobierno, en particular del Ministerio del Interior a una protocolización real y escrita, pues los agentes policiales se guían por las normas e instrucciones directas de sus jefes inmediatos. La norma tiene que aterrizar a ellos sumada a las capacitaciones constantes y permanentes en derechos humanos, pero adicionalmente a ello, sancionar de manera efectiva a quienes van en contra de esa política inclusiva que tanto pretende el presidente Martin Vizcarra.

Esta medida (la restricción horaria por sexo en el estado de emergencia) ha expuesto la necesidad de tener el marco legal necesario para evitar la transfobia, y homofobia.

-Definitivamente van a seguir apareciendo o visibilizándose más casos. Desde que ha empezado la cuarentena parece que al componente humano de la institución policial le ha servido para valerse de la burla, humillación y discriminación hacia las personas trans y frente a ello y a que la cuarentena se va a extender es necesario contrarrestar o dar respuestas desde el Eestado frente a esta situación en particular. Se requiere una aprobación inmediata de una Ley de Identidad de Género atendiendo a este contexto extraordinario.

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO YA

El activista y regidor saludó las reacciones de la Policía Nacional al condenar la discriminación y hostilización a las mujeres trans.

Por ello, saludó el pedido de los congresistas Alberto de Belaunde y Daniel Olivares, ambos del Partido Morado, quienes enviaron una carta al presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama (Acción Popular) para solicitarle que el proyecto de ley de identidad de género sea exonerado del trámite en comisiones para que sea debatido en el Pleno.

El regidor Manuel Siccha dijo a Perú21 que de no contarse con este instrumento legal, las mujeres y hombres trans corren el riesgo de seguir siendo maltratadas. No olvidemos que la homofobia, y la transfobia matan.

En el video que se viralizó se puede escuchar la voz de un policía exigiendo a las mujeres trans que digan “quiero ser un hombre”.

Mientras las agresiones a las mujeres y hombres trans persisten, los activistas de ‘Con mis hijos no te metas’ siguen promoviendo el odio. Sobre este punto, el regidor metropolitano consideró que “estar en contra del respeto a la identidad de las personas va en contra de la Constitución Política del Estado”.

Manuel Siccha detalló que tener posturas que convocan y promueven el odio hacia personas trans no hacen más que evidenciar que el Estado como garante de nuestros derechos humanos tiene una responsabilidad por sancionar ese tipo de actos y prácticas y adicionalmente aprobar normas que garanticen el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano: “Más allá del tema del derecho formal, está la empatía y solidaridad que nos convocan situaciones de crisis como esta y que frente a videos como los que se han socializado debiera llamarnos a repensar a quiénes impactan más estás medidas restrictivas”.

Perú 21


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