Perú | Gahela Cari, activista trans y feminista: “Quienes ejercen mayor violencia sobre las personas trans son los efectivos policiales”

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Entrevista a Gahela Cari, activista trans y feminista

Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL

En el marco de la crisis global por la pandemia del Covid-19, los gobiernos de Perú y Panamá han implementado restricciones diferenciadas entre hombres y mujeres para la libre circulación durante el aislamiento social obligatorio. Esto provocó un amplio rechazo por parte de los colectivos LGBTTI+, que denunciaron el incremento de los casos de violencia policial contra las personas trans. Finalmente, el presidente peruano Martín Vizcarra dio marcha atrás con esta medida, reconociendo el fracaso de su implementación. En entrevista con NODAL, Gahela Cari, activista trans, feminista y militante de Nuevo Perú, explica las dificultades por las que deben atravesar las mujeres y diversidades para sobrevivir durante el aislamiento social ante la falta de normativas que garanticen su seguridad, alimentación y el pleno ejercicio de sus derechos.

El gobierno peruano estableció días diferenciados entre hombres y mujeres para la libre circulación durante la cuarentena, aunque luego suspendió la medida. ¿Qué impacto tuvo en la comunidad trans?

Los múltiples casos de violencia, discriminación, burlas, humillaciones y transfobia que se dieron no hacen más que confirmar lo que ya habíamos alertado cuando se anunció esta medida. Comprueba el enorme peligro que representa para las personas trans, quienes aún seguimos a la espera de medidas específicas que garanticen nuestras vidas y nuestro derecho a la identidad, que es algo que sigue pendiente. No hace más que destapar un sistema asesino, transfóbico, patriarcal y cisnormativo que termina reproduciendo violencia sobre nuestros cuerpos y que demuestra lo que dicen las distintas investigaciones y estudios con relación a quienes ejercen mayor violencia sobre las personas trans que son justamente los efectivos policiales. Por eso es importante remarcar la sentencia de la CIDH sobre el caso de Azul Rojas Marín versus Perú, porque no hace más que reconfirmar la necesidad de contar con mecanismos específicos para garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual, de la diversidad de género y de las mujeres. Esta medida no representó un riesgo solamente para las personas trans, sino incluso para todas las mujeres en nuestra amplia diversidad porque provocó que todas salgamos y llenemos los mercados, las calles y que no podamos estar a más de un metro de distancia. En términos prácticos nos expuso a situaciones de riesgo y de peligro de contraer coronavirus.

¿Cuáles son las principales acciones de la comunidad LGBTT+ ante los hechos de violencia registrados debido a esta disposición? ¿Qué opina acerca de que el 80% de las personas detenidas durante la cuarentena sean mujeres?

Hemos tratado de acompañar los casos de discriminación, de violencia y de transfobia que han surgido pero además hemos puesto sobre la mesa algunas propuestas para poder establecer medidas específicas y diferenciadas con relación a las personas trans y así poder garantizar los derechos de todas ellas en nuestra amplia diversidad, tanto trans masculinos como femeninos y como no binarias. Sobre el hecho de que el 80% de las personas detenidas sean mujeres pienso que destapa una cultura machista dentro de un sistema capitalista-patriarcal que obliga a que las mujeres tengamos que asumir las tareas del hogar, del trabajo doméstico, del cuidado de las familias, de los niños, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad y seamos las encargadas “innatas” de tener que garantizar el ingreso de alimentos. Eso nos obliga a tener que salir a las calles a comprar víveres para poder alimentar a nuestras familias y a nosotras mismas. En otros casos mucho más complejos en los que no se cuenta con dinero tenemos que salir y tratar de realizar algún tipo de comercio ambulatorio. Creo que eso tiene mucho que ver con el porcentaje de mujeres detenidas, que merecería un mayor análisis y que además tendría que permitir que el gobierno pueda implementar medidas específicas con relación a las mujeres y garantizar nuestro derecho a la alimentación, congelar el pago de alquileres y otros gastos que hacen que tengamos que salir incluso poniendo en peligro nuestras propias vidas.

¿Cuál es la situación actual en materia de derechos de la comunidad LGBTT+ en Perú? ¿Cree que una ley de identidad de género es fundamental para combatir la homofobia y la transfobia?

Las personas LGTBI+ de este país, más allá del decreto legislativo 1323, no tenemos mecanismos legales ni las suficientes normas específicas que garanticen el goce pleno de nuestros derechos y eso es una deuda pendiente para con las personas de la diversidad sexual, de género y de las disidencias en general.

Definitivamente la ley de identidad de género representa una herramienta para poder combatir la transfobia. Sin embargo, no es la solución a toda la problemática de las personas trans. Creo que también existe la necesidad de una ley integral trans que aborde no solamente el cambio de nombre sino que también implemente medidas diferenciadas con relación a problemáticas de salud, de educación, de trabajo, de alimentación y de vivienda porque son de conocimiento público las brechas que existen entre las personas cisgénero y las personas trans para poder acceder a nuestros derechos. Habría que analizarlo en profundidad para poder terminar de construir propuestas legislativas integrales y también mecanismos a corto, a mediano y a largo plazo que garanticen los derechos de la comunidad trans. Por lo menos en este momento es necesario asegurar la alimentación y eso implica que tengamos que expandir los bonos.

La CIDH condenó a Perú por torturas y violación contra Azul Rojas Marín, ¿Qué significado tiene ese fallo en este momento?

Particularmente creo que la sentencia de la CIDH lo que hace es confirmar que los casos de transfobia por parte de los efectivos que hoy vemos no han empezado a ocurrir con la cuarentena sino que forman parte de una estructura. Todos estos hechos de transfobia, de discriminación, de burla y de humillación por las que estamos pasando actualmente las personas trans no son hechos aislados. Se circunscriben en un sistema cisheteronormativo, patriarcal, capitalista, extractivista e individualista para el que algunas vidas son sacrificables y que se basa en la acumulación de las riquezas a costa de la conquista de territorios y cuerpos. En ese contexto, las personas trans somos reutilizables para ellos. No somos más que un objeto de placer individual para el paradigma de hombre que tiene para pagar por nosotras. Creo que la sentencia de Azul pone en evidencia que esto ha sucedido siempre, no hace más que destapar un sistema capitalista, transfóbico, discriminador e individualista que merece una atención de forma urgente e impostergable. Me gustaría finalizar llamando a la acción, a la organización de la sociedad civil y a seguir denunciando esos hechos para acabar con este sistema asesino que nos oprime. También a tratar de tener una respuesta colectiva frente a esta situación de pandemia porque es la única forma de afrontarla de manera comunitaria, con respuestas sociales conjuntas.


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