Argentina: ¿Qué pasa con el agua potable en las villas de la Ciudad de Buenos Aires? – Por Melina Tobias

332

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Melina Tobias*

La muerte por coronavirus de Ramona Medina y Víctor Giracoy, dos referentes barriales de la Villa 31 en la Ciudad de Buenoas Aires que en los últimos días venían reclamando la falta de agua potable en el barrio, pusieron en tapa de los medios los problemas históricos que tienen las villas y asentamientos en relación a la accesibilidad a los servicios de agua potable y cloacas.

La explicación de la falta de agua en este caso responde a la combinación de distintos factores y responsabilidades por parte de los actores con competencia en el servicio. Por un lado, problemas técnicos que limitaron el funcionamiento de la Planta San Martín de AySA (principal planta potabilizadora que abastece con agua del Río de la Plata a la Ciudad y partidos de la zona norte y oeste del conurbano), y afectaron a varios barrios porteños, especialmente a las zonas con baja presión de servicio, entre ellas la villa 31. Y, por otro lado, el retraso en la realización de obras de tendido interno de redes y de conexiones intradomiciliarias por parte del Gobierno de la Ciudad, que permitan conectar las viviendas de la 31 con la red de AySA, ubicada en el perímetro exterior del barrio.

Las tensiones generadas entre AySA y el gobierno de la ciudad por las responsabilidades de este episodio, no hacen más que evidenciar un problema estructural vinculado a las competencias de provisión de servicios públicos en las villas y asentamientos de la ciudad (y también en los partidos del área metropolitana). Y es que, en la mayoría de estos territorios, las condiciones de informalidad han limitado la exigibilidad por parte de los vecinos de los servicios públicos esenciales (agua, cloaca, electricidad y gas). Así se explica que, según los datos provistos por el Registro Nacional de Barrios Populares y por la propia AySA, de los más de 1000 barrios identificados dentro del área de concesión de la empresa, sólo el 15% (153) posee servicios de agua potable por red y el 4% (38) tienen desagües cloacales.

Si bien históricamente el marco regulatorio de AySA eximía a la empresa de tener que dar servicios en villas y asentamientos por no cumplir con los requisitos técnicos exigidos, en los últimos años la empresa ha comenzado a flexibilizar sus criterios de construcción y operación, aceptando intervenir en calles que no se encuentren actualmente en el catastro o bien que tengan un ancho menor a 10m. Esto implicó la expansión de los servicios en distintos barrios populares, aunque aún quedan áreas grises donde las competencias no quedan del todo definidas. Este es el caso de las villas que, como la 31, se encuentran en procesos de urbanización y contienen en su interior gran cantidad de pasillos, con anchos de calle menor a 4mts, donde AySA ha decidido no intervenir. En estos casos, la operación del servicio queda en manos del Gobierno de la Ciudad, quien debe reemplazar las mangueras o cañerías instaladas y mantenidas por los propios vecinos a la red de AySA, por redes nuevas que permitan abastecer a la totalidad del barrio a través de la toma que ofrece la empresa. Así, termina conformándose un complejo entramado institucional donde, en un mismo barrio, deben intervenir distintos actores, con distintos recursos económicos y técnicos, y con ausencia de marcos claros de planificación, regulación y control que garanticen una prestación adecuada de los servicios en estos barrios.

Esta situación no hace más que agravar las condiciones de vulnerabilidad y la desiguldad preexistente de los habitantes de las villas y asentamientos, ya que no es claro a quiénes deben exigir el servicio, ni quienes serán los encargados de velar por su calidad y continuidad. De este modo, el caso de la falta de agua en la villa 31, no hace más que expresar el problema de gobernabilidad que afrontan los servicios públicos en estos barrios, donde los distintos organismos oficiales se deslindan de responsabildad, dejando vulnerados derechos esenciales y básicos para la reproducción de la vida como es el agua potable y el saneamiento.

*Investigadora de CONICET-IIGG/UNPAZ/CCC)


 

Más notas sobre el tema