Brasil: más de 1000 muertes en un día mientras investigan a aliados de Bolsonaro por financiamiento y difusión de noticias falsas

Brasil volvió a registrar más de mil muertes por coronavirus y el total asciende a 25.598

El Ministerio de Salud de Brasil reportó este miércoles 1086 nuevos muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, elevando el total de decesos por COVID-19 a 25.598. El balance de infectados, en tanto, ascendió a 411.821, tras registrar 20.599 nuevos casos.

Del total de contagiados, 166.647 se recuperaron, mientras que 219.576 siguen en tratamiento, de acuerdo a lo indicado por las autoridades sanitarias.

Con 89.483 casos y 6.712 muertes, San Pablo sigue siendo el estado más afectado por la pandemia. Le siguen Río de Janeiro, con 42.398 infectados y 4.605, Ceará (37.275 y 2.671), y Amazonas (33.508 y 1.891).

A nivel mundial, Brasil se mantiene como el segundo país más afectado, sólo detrás de Estados Unidos, que registra 1.695.776 casos y 100.271 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Pese a ser uno de los estados más golpeados, el gobernador de San Pablo, Joao Doria anunció este miércoles la reapertura gradual de la economía en algunas regiones a partir del 1 junio. “Mantendremos la cuarentena hasta el 15 de junio, pero con la retomada de algunas actividades económicas”, señaló Doria en una rueda de prensa junto al alcalde de San Pablo, Bruno Covas.

El Tribuno


Allanan casas de aliados de Bolsonaro por orden de la Corte de Brasil

La Policía Federal de Brasil allanó este miércoles residencias de empresarios, políticos y blogueros aliados del presidente Jair Bolsonaro por orden de la Corte y en el marco de una investigación sobre el financiamiento y divulgación de noticias falsas. El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, ordenó el operativo mediante el cual investigará a una red que se dedica a amenazar en forma constante a los miembros del máximo tribunal brasileño, cuyo cierre es pedido todos los fines de semana desde principios de marzo por manifestantes bolsonaristas en Brasilia , bajo el apoyo irrestricto del propio mandatario.

“La Policía Federal está acatando en la mañana de este miércoles órdenes judiciales como parte de la instrucción de la investigación 4.781 en el STF”, informó el cuerpo de seguridad en sus redes sociales. El caso 4.781 se refiere a las investigaciones que la Corte comenzó el pasado mes de marzo sobre las “noticias falsas, ofensas y amenazas que afectan a la honorabilidad y a la seguridad” del tribunal, sus miembros y las familias de estos. Los agentes salieron a las calles para cumplir 29 órdenes de allanamiento en seis de los 27 estados brasileños.

Según se informó oficialmente, el diputado paulista Douglas García, del ala oficialista del Partido Social Liberal, el magnate Luciano Hang, dueño de la cadena de importados Havan, y el corrupto confeso Roberto Jefferson, titular del Partido Trabalhista Brasileño, aliado de Bolsonaro, fueron los blancos principales del operativo. Estas personas son consideradas parte del nuevo poder brasileño, que desde 2018 alimentan las campañas virtuales del bolsonarismo, y fueron claves para su victoria electoral.

En tanto, hubo allanamientos en los domicilios de otros dos personajes populares de la extrema derecha brasileña: el periodista Allan dos Santos, del blog Terça Livre (Martes Libre) y la exmilitante feminista Sara Gironimi, que adoptó el nombre de Sara Winter a partir de una líder de la extrema derecha británica. Actualmente, Winter comanda un campamento en Brasilia llamado “300 de Brasil”, que según ella se encarga de adoctrinar a la población contra el comunismo. Esta joven de 27 años visita habitualmente al presidente Bolsonaro en la puerta del Palacio de la Alvorada.

Las residencias de magnates y empresarios también fueron allanadas en varios estados de Brasil, bajo la sospecha de financiar ilegalmente sitios generadores de fake news. Están en la lista de investigados, pero no de los allanados, seis diputados federales que son la fuerza de choque del presidente Bolsonaro en la Cámara de Diputados y en las redes sociales. Se trata de Carla Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real brasileña que gobernó hasta 1889.

En el marco del operativo, De Moraes, uno de los once magistrados de la Corte, ordenó además que la Policía Federal tome declaración el próximo martes al ministro de Educación, Abraham Weintraub, para que explique algunos comentarios ofensivos pronunciados contra ese tribunal. Weintraub, en una reunión ministerial cuyo contenido fue revelado por orden judicial en el marco de una investigación por sospechas de posibles “interferencias ilegales” de Bolsonaro en la Policía Federal, se pronunció duramente contra la Corte Suprema: “Por mí, pondría a todos los vagabundos en la cárcel, empezando por el STF”. Según De Moraes, esa declaración es “gravísima” y debe ser esclarecido en qué contexto fue insertada por el ministro: hay, como mínimo, indicios de delitos de difamación e injuria.

Las reacciones frente a las medidas dispuestas por el tribunal superior brasileño no se hicieron esperar. Tras el registro de su oficina en la Asamblea Legislativa de San Pablo, el diputado Douglas García denunció que la operación tiene como objetivo “criminalizar la libertad de expresión y la actividad parlamentaria”. “Yo soy diputado y a través de mi prerrogativa que la Constitución me da, puedo criticar a quien yo quiera”, señaló García en un video difundido en sus redes sociales, en el que acusó al Supremo de “perseguir” a quienes son “conservadores”.

“Esta investigación es inconstitucional, política e ideológica”, dijo por su parte Carlos Bolsonaro, principal asesor del presidente, concejal de Río de Janeiro a quien se le atribuye haber montado en el Planalto una red llamada “Oficina del Odio”. Otro de los hijos del presidente, el diputado Eduardo Bolsonaro acusó al juez Alexandre Moraes de haber tenido una conducta “dictatorial” contra sus aliados. “Los que creían que Brasil tendría medidas autoritarias a partir de las elecciones de 2018 acertaron, pero no contaban con que la orden dictatorial no vendría del presidente que ellos tanto acusan de dictador”, aseguró.

La operación se mantuvo en silencio hasta el miércoles, en el marco de las disputas del presidente por el control de la Policía Federal, una entidad autónoma que depende del ministerio de Justicia. El STF investiga si Bolsonaro intentó manipular las investigaciones de la policía, en base a una grave denuncia del exjuez Sergio Moro al abandonar la cartera de Justicia el mes pasado.

Página 12


Piden en Brasil suspender investigación a aliados de Bolsonaro

El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, pidió hoy al juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendiera la investigación contra aliados del presidente Jair Bolsonaro sobre la difusión de informaciones falsas.

La solicitud se hizo después de la operación de allanamientos y decomisos de la Policía Federal (PF) en varios estados del país, con el objetivo de tener pruebas acerca de un supuesto esquema criminal que propaga noticias falsas.

Aras afirmó que la Fiscalía General de la Nación estaba sorprendida por las acciones realizadas este miércoles ‘sin la participación, supervisión o consentimiento previo del organismo de persecución penal’.

Lo anterior, señaló, ‘refuerza la necesidad de dar seguridad jurídica’ a la indagación, ‘con la preservación de las prerrogativas institucionales del Ministerio Público de las garantías fundamentales, evitando la diligencia innecesaria, que podría eventualmente traer restricciones desproporcionadas’.

En marzo de 2019, el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, abrió una investigación penal para investigar ‘noticias fraudulentas’, delitos y amenazas que ‘afectan a la honorabilidad y la seguridad del tribunal’, los ministros y sus familias. El ministro Alexandre de Moraes fue nombrado relator del caso.

Las órdenes judiciales se ejecutan en los estados de Río de Janeiro, Sao Paulo, Mato Grosso, Paraná y Santa Catarina. También en el Distrito Federal.

Según el portal de noticias R7, uno de los objetivos es el presidente del Partido Trabalhista Brasileño, el exdiputado Roberto Jefferson, que tenía una dirección registrada por los agentes federales en un sitio en Río.

Además de Jefferson, otros blancos son el dueño de la empresa Havan, el empresario Luciano Hang, el diputado por Sao Paulo Douglas Garcia, la activista Sara Winter, el blogger Allan dos Santos y el humorista Rey Biannchi.

Prensa Latina


Hijos de Bolsonaro llaman inconstitucional y dictatorial operativo contra red de fake news

os hijos del presidente Jair Bolsaron calificaron de “inconstitucional” y “dictatorial” la investigación abierta contra empresarios, periodistas y diputados federales oficialistas, por presuntamente haber montado y financiado una red ilegal de noticias falsas de la ultraderecha que llegaron a amenazar a miembros del Supremo Tribunal Federal.

“Esta investigación es inconstitucional, política y ideológica”, dijo Carlos Bolsonaro, principal asesor del presidente, concejal de Río de Janeiro a quien se le atribuye haber montado en el Palacio del Planalto una red llamada “Oficina del Odio”.

En Twitter, Eduardo Bolsonaro, diputado, acusó al juez Alexandre Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima instancia judicial de Brasil, de haber tenido y una conducta “dictatorial” contra sus aliados.

“Los que creían que Brasil tendría medidas autoritarias a partir de las elecciones de 2018 acertaron, pero no contaban con que la orden dictatorial no vendría del presidente que ellos tanto acusan de dictador”, afirmó Eduardo Bolsonaro.

La operación, ordenada por el STF, sorprendió al bolsonarismo: las residencias de magnates y empresarios fueron allanadas en varios estados de Brasil, bajo la sospecha de financiar ilegalmente sitios generadores de mentiras contra reputaciones y amenazas contra jueces.

Están en la lista de investigados, pero no de los allanados, seis diputados federales que son la tropa de choque del presidente Bolsonaro en la Cámara de Diputados y en las redes sociales.

Se trata de Carla Zambelli, Bia Kicis, Daniel Silveira, Filipe Barros, Junior de Amaral y Luiz Phillipe Orleans e Bragança, descendiente de la familia real brasileña que gobernó hasta 1889.

Fueron allanados los despachos de dos disputados estaduales paulistas en la Asamblea Legislativa de San Pablo.

“Estamos viviendo un estado de excepción”, dijo Zambelli, quien pidió el juicio político del juez Alexandre de Moraes.

Grupo La Provincia


Bolsonaro anticipa más operaciones policiales contra los gobernadores

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció que “habrá más” operaciones policiales contra gobernadores, al referirse a los allanamientos de ayer en residencias y propiedades del alcalde en Río de Janeiro, Wilson Witzel, realizados por la Policía Federal en el marco de una investigación por supuesto hechos corrupción en la compra de insumos para combatir al coronavirus.

“Habrá más (operaciones contra los gobernadores). Mientras yo sea presidente habrá más, esto no es información privilegiada”, dijo Bolsonaro al ser consultado sobre la operación realizada contra Witzel, un alcalde opositor al mandatario, al que acusan de fraude en el contrato para la construcción de ocho hospitales de campaña en Río.

La declaración fue hecha por el presidente en su habitual declaración en la puerta del Palacio de la Alvorada, donde conversa con militantes de la ultraderecha, algunos de los cuales rezaron junto a él por la continuidad del gobierno.

La operación de este martes fue autorizada por un juez del Superior Tribunal de Justicia (STJ) en base a un pedido de la fiscalía federal de Río por presunta sobrefacturación y falta de cumplimiento de empresas contratistas del Estado.

Witzel denunció que la operación fue orquestada por el gobierno nacional y acusó a Bolsonaro de “fascista” y de utilizar esa fuerza contra sus rivales políticos.

El presidente de Brasil es investigado actualmente por el Supremo Tribunal Federal para determinar si utilizó la Policía Federal -órgano autónomo que cumple mandatos judiciales- para acceder a investigaciones y proteger a familia y amigos en supuestos casos de corrupción.

Télam


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