Brote masivo y tres muertos por Covid-19 en la prisión más grande de Bolivia

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Bolivia | Aíslan a 53 reos tras 3 decesos por Covid-19 en Palmasola

La muerte de tres personas privadas de libertad por Covid-19 en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz obligó al personal médico a aislar a 53 reos para contener la propagación del virus, informó el secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña.

A la fecha en la prisión existen 25 casos confirmados de coronavirus y se aguardan los resultados de las pruebas realizadas a otros tres internos que murieron con síntomas de tener la enfermedad.

“Respecto a la atención, tenemos dos centros (de aislamiento) funcionando, uno para sospechosos en el PC4 y otro para contagiados con sintomatología leve”, señaló.

La Gobernación y la Alcaldía implementaron el fin de semana 120 camas de internación en las dos infraestructuras que se habilitaron para contener la pandemia en el reclusorio.

Respecto a la situación de los fallecidos, Peña precisó que el último interno de 41 años perdió la vida mientras recibía atención médica en el hospital San Juan de Dios y mencionó que los otros dos decesos se registraron fuera de centros de salud.

“Queremos hacer un llamado nuevamente a las autoridades judiciales a que desde este lunes puedan celebrarse las audiencias para poder evitar mayor contagio. Estamos conteniendo la pandemia, pero necesitamos que se inicie con el descongestionamiento de grupos vulnerables”, puntualizó.

El recinto alberga a 5 mil reclusos, por lo que la emergencia sanitaria preocupa a autoridades gubernamentales.

INDULTO BENEFICIARÁ A 250 PRESOS

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Efraín Chambi, informó que el descongestionamiento carcelario beneficiará a 250 internos de Palmasola.

Detalló que las audiencias serán virtuales y acotó que el Ministerio Público y Defensa Pública concretaron acuerdos con reos que no tienen sentencia para que se sometan a un proceso abreviado.

La Prensa


Archivamiento de proyecto sobre deshacinamiento de penales genera responsabilidad internacional para Perú

El archivamiento de los proyectos sobre deshacinamiento de los penales como medida para prevenir y controlar el Covid-19, coloca en peligro a los internos/as y genera responsabilidad para el Estado peruano, señala la Defensoría del Pueblo.

“Rechazo de normativas del Poder Judicial y Ejecutivo compromete nueva propuesta del Congreso. El deshacinamiento de centros penitenciarios y juveniles, demanda la acción conjunta del Estado tal como ha sido demandado por la ONU, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Defensoría”, señaló el organismo no gubernamental en su cuenta de Twitter.

La noche de este sábado 16 de mayo, el Pleno del Congreso rechazó los dictámenes en mayoría y minoría que proponían medidas excepcionales para el deshacinamiento de las cárceles frente a la pandemia del Covid-19.

En el debate virtual, los parlamentarios señalaron que esa no era responsabilidad del Legislativo, sino del Poder Ejecutivo y que el deshacinamiento, a través de la excarcelación, podría servir para que sea aprovechado por “delincuentes y por funcionarios corruptos”.

El rechazo se produjo a pesar de que la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Leslye Lazo Villón (AP) accedió a las modificaciones que parlamentarios plantearon.

La votación se llevó a cabo la noche del sábado y el primer resultado fue de 16 a favor, 49 en contra y 59 abstenciones. Con ello, las abstenciones superaron a los votos en contra y a favor, y el tema quedó en cuestión sin resolver.

Posteriormente, se realizó un voto de reconsideración que dio como resultado: 73 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Luego, la congresista Lazo Villón sustentó nuevamente su dictamen.

Finalmente, el dictamen en mayoría obtuvo el respaldo de 22 congresistas, 83 se pronunciaron en contra y 20 se abstuvieron. Con ello, se archivó el proyecto.

Por otro lado, también se votó el dictamen en minoría, de autoría de la congresista María Cabrera (PP), quien planteó la variación de la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a los imputados con penas menores de seis años. La votación sobre este proyecto fue de 110 en contra y 15 abstenciones. Esta propuesta también fue archivada.

La Mula


Colombia | Denuncian irregularidades en cárcel de Santa Marta

En un video filtrado del interior del penal se evidencia el hacinamiento y preocupación de los detenidos de la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, quienes piden que se les den mejores tratos ya que algunos presentan afectaciones de salud.

La denuncia se complica con el video en el que se observa a las dos personas positivas de COVID-19 del centro penitenciario aisladas, pero en un lugar infrahumano y lleno de utensilios de aseo.

Frente al hecho los organismos de control y vigilancia como la Defensoría del Pueblo, Personería, entre otros pidieron al director de la cárcel evidenciar la manera como estaban aislados y recibiendo tratamiento las personas privadas de la libertad.

Los familiares de los dos hombres afectados pidieron también al gobierno distrital, departamental y nacional intervenir el centro penitenciario para mejorar la calidad de vida de los internos y los enfermos.

Con fotografías los internos dejaron ver la manera como estaban los hombres en el pasillo tres, algunos con colchonetas y otros literalmente en el piso sin cómo resguardarse, grupo al cual pertenecen los dos internos que dieron positivo.

Ante las irregularidades se pudo verificar que la Defensoría del Pueblo en el departamento del Magdalena en cabeza de Nayara Vargas, desde el inicio de la pandemia venía realizando seguimiento a la cárcel Rodrigo de Bastidas para evitar la emergencia que se vive en otros penitenciarios del país.

Por ello, el pasado 6 de mayo solicitó a la Secretaría de salud del Distrito de Santa Marta realizar pruebas aleatorias de COVID19 a cerca de 32 internos, dando como resultado 2 positivos, de inmediato comenzó el drama para ellos y su familia, pero sobre todo la activación de los entes de control.

Conocidos los videos de los detenidos, la Defensoría del Pueblo, de la mano de la Personería solicitaron al director de la cárcel, coronel retirado Pedro Hugo Ángel pruebas sobre el trato de los dos aislados.

El oficial retirado aseguró que se habría habilitado el salón de clases de manualidades para tratar a los afectados de coronavirus dentro del centro penitenciario.

La cárcel Rodrigo de Bastida tiene un hacinamiento del 300% y de los 1.251 internos sólo 42 tendrían las condiciones para salir en libertad según las medidas especiales dispuestas por el gobierno con la finalidad de descongestionar los centros penitenciarios.

La Defensoría del Pueblo junto con la Personería y la Procuraduría se encuentran elaborando las recomendaciones basadas en las experiencias de los departamentos del Meta para controlar la expansión del virus dentro de los internos.

La FM


Argentina | Cárceles: una situación explosiva que dista de estar bajo control

Por Federico Trofelli

“Es uno el que va a buscar al virus”. Latiguillo de los especialistas que abogan por la cuarentena, esas palabras no aplican para lo que sucede en las cárceles, donde los portadores y propagadores de la enfermedad siempre provienen del exterior. Y esto ocurre en el peor contexto posible para las unidades penitenciarias federales y provinciales, sobre todo las bonaerenses, producto de un histórico pico de hacinamiento debido a la política punitivista del macrismo. Según datos oficiales, para fines de 2017 había poco más de 85.000 presos entre todas las jurisdicciones, más del doble de la cantidad de detenidos que había en 2007.

Desde fines de 2015, la cantidad de presos en las unidades federales comenzó a crecer de manera sostenida: de 10.323 presos, la cifra trepó a 14.314 a junio del año pasado, un 39% más. La Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) elaboró un informe ante la pandemia en el que precisó que a abril de este año, el número bajó a 12.743.

Al mismo ritmo que la pandemia avanzó en el país, se multiplicaron los reclamos de los presos, sus familiares y los organismos de derechos humanos, que exigen mayores medidas de seguridad e higiene para paliar el hacinamiento y, como premisa fundamental, la posibilidad de morigerar las penas para aquellos detenidos por delitos leves y que estuvieran cerca de recuperar la libertad.

Puertas adentro del penal federal de Villa Devoto, donde el 24 de abril hubo una fuerte protesta, se detectaron 8 contagios de coronavirus entre los presos. Sin embargo, el récord de casos se da en la Unidad Penal N° 1 de Corrientes (ver aparte).

En el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, colapsado por donde se lo mire, la situación no mejor: la sobrepoblación araña el 110 por ciento. Con 23.000 plazas de capacidad, hay alojados 49.000 presos.

A mediados de abril, Julián Arakaki, de 49 años, preso en la Unidad 42 de Florencio Varela, se convirtió en el primer preso con coronavirus del país. Paciente crónico renal, se habría infectado en el Hospital Presidente Perón, de Avellaneda, donde acudía tres veces por semana a hacerse diálisis. Ha habido otros tres casos de empleados infectados: un escribiente del penal de Melchor Romero, en La Plata; un agente penitenciario en Campana; y otra uniformada en Olmos, detectados a tiempo.

Con todo, las cárceles siguen siendo una bomba de tiempo a punto de detonar, azuzada por la campaña mediática que puso freno a la excarcelación de presos por delitos leves y en situación de riesgo que ante la amenaza del coronavirus se da en sistemas penitenciarios de casi todo el mundo.

Corrientes, caso testigo

Toda Corrientes registra 78 casos positivos de coronavirus, de los cuáles 40 permanecen activos: más de la mitad, 24, son presos de la Unidad Penitenciaria 1 de la capital provincial, donde el 21 de abril fue asesinado el detenido José María Candia, de 22 años, en medio de un despliegue represivo ante una protesta de los internos. Su cadáver tenía siete postas de gomas y tres perdigonazos de plomo.

Los peores presagios se hicieron realidad días más tarde, cuando al menos un agente penitenciario dio positivo. Puertas adentro, el virus ya se había esparcido. Del hisopado a 96 detenidos que habían tenido contacto con el caso cero, 24 estaban infectados.

Tiempo Argentino

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