Chile | COVID en territorios indígenas: cuando el conflicto histórico es también pandémico

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Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de NODAL. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

Por Alejandra Carreño Calderón

En salud pública hablamos de inequidades en salud para hablar de las desigualdades evitables en materia de salud entre grupos de población de un mismo país, o entre países. Esas inequidades son el resultado de desigualdades que se producen principalmente por los efectos de las condiciones sociales y económicas sobre la vida de las personas, sus riesgos de enfermar o sus posibilidades de tratar una enfermedad. Para ser más claros, si una persona nace en un espacio seguro, higiénico, recibe una buena alimentación y tiene acceso a una buena educación, tiene varias posibilidades más de sobrevivir a ciertas enfermedades o de frentón no padecerlas, frente a una persona que nace en un ambiente inseguro, hacinado, recibe mala alimentación, no accede a agua potable ni a buenos niveles de educación. Hoy COVID-19 nos muestra más que nunca la validez de esta tesis y las enormes desigualdades con que estamos enfrentando la pandemia.

En particular, los pueblos indígenas de Chile reciben la llegada e instalación del COVID-19 enfrentando grandes desigualdades. Los perfiles epidemiológicos realizados en las comunas con mayor presencia de pueblos indígenas han demostrado que entre ellos hay una mayor prevalencia de enfermedades asociadas a la pobreza, como tuberculosis, y que sus posibilidades de morir en la primera infancia son mayores que las de los niños no indígenas. Los índices de pobreza multidimensional y de falta de acceso a agua potable son también más altos en las comunas con mayor proporción de pueblos originarios, lo que agudiza la vulnerabilidad de estas poblaciones, en las que los consejos de “lavarse las manos”, “quedarse en casa” o “acceder al centro de salud más cercano” pueden ser medidas absolutamente irrealizables.

En este panorama no es de extrañar que los territorios indígenas estén presentando niveles alarmantes de contagio, especialmente si consideramos la fragilidad del sistema de atención de salud rural y la alta dependencia que presentan de los hospitales de alta complejidad, a veces ubicados a varias horas de camino.

Solo por poner un ejemplo, en la Región de Los Lagos la pequeña comuna de San Juan de la Costa presentó 32 contagios, número cercano al que presenta toda la ciudad de Puerto Montt. San Juan de la Costa es una comuna en la que el 80% de la población es rural y la amplia mayoría se considera huilliches y es también una de las comunas más pobres del país: el acceso a agua potable no está garantizado, los canales digitales para acceder a servicio no funcionan en buena parte de la comuna, existen solo dos “cajas vecinas” y hay un número importante de adultos mayores que tienen que viajar, es decir, exponerse al contagio, para recibir sus pensiones. En fin, la venta informal de productos agrícolas en Osorno es clave para la sobrevivencia de estas personas, pero hasta ahora solo a través de una autoorganización volvieron a trabajar al mercado local de Osorno, exponiéndose a través de viajes que siguen poniéndolos en riesgo, pero de los que no pueden prescindir para vivir.

Situación similar y aún más dramática es la que presentan las comunidades indígenas de La Araucanía, dados los niveles de conflicto histórico a que se ha llegado en los últimos años y a partir de administraciones municipales que han desatado una verdadera criminalización de las agricultoras indígenas.

El despojo histórico de los territorios habitados por pueblos indígenas, el empobrecimiento de sus economías agrícolas y la ruptura de las relaciones de confianza con las instituciones estatales, han puesto a estas poblaciones en una condición de particular riesgo frente a esa pandemia. La coordinación de acciones que permitan asegurar el papel que cumplen estas poblaciones en aspectos críticos para territorios en pandemia, como son el abastecimiento, la agricultura, el transporte, así como el fortalecimiento de la colaboración con agentes locales capaces de coordinar acciones que aseguren el bien común, son claves para reducir los efectos de estos riesgos.

Quizás llegó el momento de comprender que mejorar el bienestar de todas las poblaciones y de todos los territorios, es una inversión en la salud de colectiva de un Chile que es, aunque muchos lo nieguen, indígena y también mestizo.

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