Compra de respiradores con sobreprecio en Bolivia: revelan que tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares

Tres intermediarios iban a cobrar más de un millón de dólares de comisión por los respiradores

La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al que EL DEBER tuvo acceso.

Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como ‘testigo clave’ en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.

El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

“Hace tres semanas, aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Wálter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración en siete páginas.

La compra de los respiradores tuvo tres intermediarios y cada uno de ellos iba a ganar 340.000 dólares por haber hecho las gestiones de vincular al Ministerio de Salud con la fábrica, según señala un documento al que EL DEBER tuvo acceso.

Fernando Humérez, que se presentó en la Fiscalía como ‘testigo clave’ en esta compra, es uno de los mediadores y reveló que él y sus socios acordaron cobrar 340.000 dólares cada uno (un total de $us 1.020.000), dinero que fue conseguido haciendo que la fábrica suba el costo de los equipos de 20.000 a 26.000 dólares, a fin de que ellos puedan cobrar su parte.

El testigo, que aguarda una definición del Ministerio Público, para saber si se lo imputa por el caso en investigación, fue convocado para realizar la búsqueda de los ventiladores en el extranjero. Para lograrlo, reveló que contactó al abogado Wálter Zuleta (que fue defensor de Gabriela Zapata), quien a su vez se vinculó con Iñaqui García, de IME Consulting, representante de la empresa que tiene sede en Bilbao y que fue la intermediaria entre la fábrica y el Estado boliviano y que terminó vendiendo los respiradores al Ministerio de Salud.

“Hace tres semanas, aproximadamente, hacemos la llamada tripartita entre Iñaqui, Zuleta y mi persona; y una vez aceptada la propuesta con el Ministerio de Salud, hago la consulta a Iñaqui y a Wálter Zuleta sobre el precio del respirador, a lo cual el señor Iñaqui me responde que el precio propuesto en Bolivia es de $us 20.000 y seguidamente Zuleta e Iñaqui, al considerar que es una empresa privada y que puede disponer de sus utilidades de la forma en la que quisieran, me proponen poner un precio final de los respiradores de $us 26.000, de los cuales nuestros honorarios como gestores iban a ser de $us 2.000 por cada respirador y para cada persona, lo que vendría restado al precio final por respirador de $us 6.000. O sea, que cada persona tendría que ganar aproximadamente $us 340.000”, afirmó Humérez, según su declaración en siete páginas.

Mencionó también que el pago se haría una vez recibido el producto y cumplido con todos los procedimientos de calidad, garantías, mantenimiento y la aceptación del Ministerio de Salud.

La fábrica de los ventiladores publicó una declaración de su gerente, Pau Sarsanedas, en Twitter, en la que señala que cada respirador cuesta 6.000 euros, más 600 euros de accesorios y no los 20.000 que menciona el llamado testigo clave.

Humérez firmaría con Iñaqui un contrato de asesoría por las comisiones, cumpliendo con las obligaciones impositivas de Bolivia y su protocolización, ya que estas transacciones para fines legales, deben ser bancarizadas.

Señaló que Wálter Zuleta, quien radica en Lima (Perú) y que conocía el negocio por tener franquicias, logró conseguir el contacto con la empresa española para la compra de los respiradores en España.

Fernando Valenzuela, exdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, fue identificado como la persona que vinculó al Ministerio de Salud con estos tres intermediarios, quien -según Humérez- le dio el visto bueno para que haga la intermediación con el proveedor de España.

Iñaqui García convenció a Humérez que tenía representación única en Bolivia de la fábrica que produce estos respiradores. Sin embargo, en la negociación, Humérez le exigió que envíe una carta al Ministerio de Salud para aclarar esa representación. “Asumo que esta nota posibilita la concreción de dicho contrato”, añadió.

Humérez dijo que la empresa intermediaria se presentó como la única representante oficial de la fábrica de respiradores en Bolivia. Al final de su declaración dice que cree que hubo una trama entre la fábrica e Iñaqui García, y que considera que se actuó de buena fe desde el Ministerio de Salud.

La investigación

El precio acordado por cada uno de los 170 respiradores artificiales, según lo informó el Gobierno, fue de $us 27.683. Tras la llegada a Bolivia, los médicos expertos denunciaron que los equipos no eran aptos para su uso en cuidados intensivos, sino para ambulancias y para terapia intermedia.

La Fiscalía Departamental de La Paz consideró, que existe un daño económico de más de $us 3 millones en la mencionada compra. El exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otras cuatro personas fueron imputadas por la presunta comisión de siete delitos.

El Gobierno dispuso paralizar el pago del 50% restante a la firma española hasta que se aclaren los detalles del contrato.

El Deber


Longaric abre la posibilidad de destituir al cónsul en Barcelona

POR JOSÉ LUIS COLUMBA

La canciller Karen Longaric abrió la posibilidad de destituir al cónsul general de Bolivia en Barcelona, Alberto Pareja Lozada, luego que brinde un informe sobre su participación en el bullado caso de los respiradores españoles.

La Fiscalía anunció que convocará al diplomático por su presunta participación en la compra de equipos, que según los primeros indicios fueron adquiridos con sobreprecio.

“He pedido que preste un informe y después de ese informe se lo puede cesar de sus funciones o simplemente determinar que ha incumplido sus funciones, aparentemente si lo ha hecho”, afirmó la canciller en el programa Noches Sin Tregua de Cadena A.

Al ser consultada sobre la permanencia en el cargo de Pareja dijo que “hubiese sido muy fácil” destituirlo para “satisfacer expectativas” de personas que están “distorsionando los hechos” y que pretenden vincularla en el caso.

Longaric reconoció que la Dirección de Ceremonial del Estado, dependiente de la Cancillería, coordinó el permiso de la aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) que recogió los equipos de España. La jefe de la diplomacia explicó que es un proceso habitual para el sobrevuelo y aterrizaje en lugares donde las aeronaves con matrícula boliviana no tienen frecuencias. “La actuación de Cancillería no puede ser interpretada de manera forzada, ni distorsionada tratando de construir una mentira. La Cancillería ha prestado su colaboración tal como nos ha pedido el Ministerio de Salud, imagínese que tengamos que desconfiar de los diferentes ministerios”, complementó.

La Razón


En Beni la situación es compleja, 50% de médicos enfermos y los casos de COVID-19 suben a 902

POR CARLOS CORZ

Beni atraviesa por un momento crítico por el impacto del coronavirus. Solo tiene trabajando al 50% de los médicos del sector público porque el resto está enfermo, en tanto que el 24% de las licenciadas en enfermería contrajo el virus que hasta este jueves contagió a 902 personas, el mayor número después de Santa Cruz.

El estado de situación fue presentado por el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Jorge Gómez, en una jornada en la que también se difundió en redes sociales denuncias de demoras en llegada de ambulancias y fotografías del campo habilitado para el entierro de las personas con COVID-19 confirmados y sospechosos.

“Se está trabajando con 50% de médicos del sector públicos”, graficó, sin embargo matizó que reciben apoyo de galenos de la seguridad social que también tienen en sus filas a contagiados con coronavirus, aunque en menor porcentaje.

Otra muestra de la compleja situación, es el hecho que el Colegio Médico de Beni pidió auxilio inmediato ante el colapso del sistema de salud en el departamento debido a la demanda de atención de casos del coronavirus (COVID-19), pues los hospitales están saturados y falta personal para atender a los pacientes, que aumentan día que pasa.

Sobre las ambulancias, dijo Gómez que los choferes se encuentran con “estrés y cansados, y otros han dado positivo.

Hasta este jueves la cifra de decesos subió a 57. Gómez informó que los muertos por la enfermedad o con sospechas fueron sepultados en un campo habilitado para ese fin, sin embargo no dio cifras de cuántas personas fueron sepultados en ese lugar.

De acuerdo al reporte, en Beni se registraron hasta este jueves 902 casos positivos distribuidos en los municipios Trinidad, Santa Ana, Guayaramerín, Riberalta, San Ramón, San Andrés, San Ignacio y San Borja. Hay 365 sospechosos a la espera de sus resultados.

“El personal de salud está dando de si, lo vamos a seguir haciendo”, aseguró e informó que en el Sedes hay 22 personas contagiadas con el virus.

La Razón


Bolivia supera los 5.000 contagios y tiene 215 decesos por Covid-19

El Ministerio de Salud informó esta noche sobre 268 nuevos casos de Covid-19. Con estas cifras, en Bolivia los pacientes positivos suman 5.187.

Según el reporte diario de esa cartera de Estado, a la fecha han muerto 215 personas. Esta jornada se produjo 16 decesos, diez en Santa Cruz, tres en Beni, dos en Oruro y uno en La Paz.

Los nuevos casos corresponden a los departamentos de Santa Cruz (173), Beni (69), La Paz (12), Cochabamba (7), Oruro (3), Tarija (3) y Potosí (1).

Por otra parte, a nivel nacional son 561 las personas que se recuperaron. Los descartados suman 14.102.

Del total de los contagios, 3.414 son de Santa Cruz, Beni (902), La Paz (375), Cochabamba (266), Oruro (141), Potosí (41), Chuquisaca (19), Tarija (17) y Pando (12).

Entretanto, los casos sospechosos alcanzan a 693, que en las próximas horas serán confirmados o descartados por las pruebas de laboratorio.

Los Tiempos


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