COVID-19 y los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: desigualdades estructurales y respuestas comunes pero diferenciadas – Por María Fernanda Espinosa

Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.

COVID-19 y los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes: desigualdades estructurales y respuestas comunes pero diferenciadas

Por María Fernanda Espinosa (*), Especial para NODAL

Cada artículo o análisis que leemos sobre la COVID-19 dice que ya nada será igual, que debemos reinventarnos después de este brutal remezón para la humanidad entera. Y es cierto. También es cierto que la pandemia ha servido como un reactivo, en el sentido “químico” de la palabra. Se trata de una compuesto que permite “revelar la presencia de una sustancia diferente y que, a través de una interacción, da lugar a un nuevo producto”. En otras palabras, la COVID-19 ha puesto al desnudo las profundas desigualdades, las brechas de atención y servicios, las personas más vulnerables, el déficit de derechos, la incompetencia y la indolencia.  

La pandemia ha sacado a flote lo mejor y lo peor de nuestra especie. Por un lado vemos un despliegue de solidaridad, de generosidad lideradas por los propios ciudadanos, miembros de comunidades, voluntarios. En muchos casos las mujeres son quienes de manera más eficaz han respondido a esta pandemia presidentas, alcaldesas, perfectas. La presidenta de Nueva Zelanda o Finlandia, el Alcalde de Quito, El Gobernador de Nueva York  o la Prefecta de Pichincha,  han tomando la crisis en serio y han estado al frente de la tormenta tomando decisiones en favor de la vida de la gente y no de los intereses  de unos pocos o de réditos políticos. El arte, la poesía, la música, la fotografía han hecho despliegue de creatividad y sensibilidad. Los creadores, los artistas, los artesanos, los ciudadanos comunes han dado color, oxígeno y belleza al confinamiento. 

Si hablamos de lo peor, hemos sido testigos del resurgimiento de los ultranacionalismos, de la xenofobia, del racismo, del neo-darwinismo, del autoritarismo. Hemos visto las peores manifestaciones del  “sálvense quien pueda” y la “ley del más fuerte”. Hemos visto a los grandes negocios aprovechar de la desesperación, el miedo y la ansiedad social para multiplicar sus ganancias, para especular, para abrazar sus millones y su codicia en medio del distanciamiento social. 

Y en este escenario, los pueblos indígenas no solo son, como siempre, víctimas de las injusticias estructurales, de la herencia colonial, del desamparo, sino también ejemplo de dignidad, de creatividad, de resistencia. Recordemos que históricamente los pueblos indígenas de Sudamérica, Centro América y el Caribe  han visto amenazada su propia existencia por la introducción de nuevas enfermedades. El virus de la influenza, la transmisión de la viruela, la epidemia del sarampión, la tuberculosis y de la malaria son algunas enfermedades que continúan afectando a los pueblos indígenas. 

Uno de cada cuatro habitantes de América Latina y el Caribe es indígena o afrodescendiente. Esta población constituye cerca de la mitad del total de la población rural de nuestra región (FAO, 2019). Por eso, las respuestas y estrategias de respuesta de los gobiernos frente a la pandemia no pueden desconocer   la diversidad social, cultural y lingüística de los pueblos indígenas y  afrodescendientes.

De acuerdo al último boletín estadístico “La salud de los pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina” (OMS/OPS, 2013), la persistencia de las desigualdades constituyen factores determinantes en los niveles de acceso a la salud, bienestar, causas de mortalidad temprana y morbilidad de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes. 

Los pueblos indígenas en América Latina y el Caribe sufren 26% más los niveles de pobreza que las poblaciones no indígenas (CEPAL, 2019). Una realidad histórica que lamentablemente persiste fuera de cualquier emergencia sanitaria mundial. 

Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la región comparten realidades precarias como el acceso a la salud y la educación; a los servicios básicos como al agua potable y saneamiento; altos niveles de desempleo, trabajo informal o mal remunerados; limitado o inexistente acceso a medios de comunicación; altos niveles de mortalidad y desnutrición infantil; entre otros factores.

Con la propagación mundial de la COVID-19, esta situación ya crítica se ha exacerbado. La mortalidad en estos grupos vulnerables puede ser hasta 4 y 5 veces más que en el resto de la población. La desigualdad y la discriminación se amplifican frente a un sistema de salud intercultural insuficiente o inexistente, la falta de políticas cultural y lingüísticamente adecuadas y en otros casos hasta la denegación de sus derechos humanos. 

Observamos un déficit histórico en la disponibilidad de datos sobre el impacto de epidemias pasadas en los pueblos indígenas y afrodescendientes. Este déficit está lejos de cambiar. En la situación actual se observa una vez más la inexistencia de información diferenciada sobre los efectos de la COVID-19 en estas poblaciones. Lamentablemente persiste una débil respuesta diferenciada y efectiva por parte de los Estados para abordar la emergencia sanitaria mundial desde una perspectiva étnicamente diferenciada. Es necesario tener datos, cifras, estadísticas con variables étnico-culturales.

Ante esto, se estima que la crisis económica mundial no hará sino empeorar la  situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Crecerá el hambre y la desnutrición;  los conflictos y la violencia vinculados a la escasez de recursos, incrementará el déficit en el acceso a agua potable y alimentos; se profundizará la  migración forzada a las ciudades y a otros países en busca de trabajo; entre otras consecuencias. 

“Quédate en tu comunidad”

La Organización Mundial de la Salud ha recomendado mirar a los pueblos indígenas y afrodescendientes como aliados naturales en esta lucha contra la emergencia sanitaria mundial. 

Al mismo tiempo, los gobiernos deben empezar por reconocer a los pueblos indígenas y afrodescendientes como poblaciones especialmente vulnerables y garantizar sus derechos humanos. Principalmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es la herramienta que garantiza los derechos individuales y colectivos de estos pueblos. 

Se requiere abordar las acciones informativas de prevención, de actualización de la situación, de procesamiento de datos e información, de toma de decisiones y del impacto de su implementación desde un enfoque intercultural y diverso efectivo.

Se debe garantizar su derecho a recibir información oportuna, veraz y en sus propias lenguas. Se debe amplificar los canales de comunicación comunitaria que permita trasmitir mensajes culturalmente adaptados a las realidades comunitarias para lograr una mayor compresión de la situación. Se requiere adaptar las recomendaciones y medidas de prevención a la situación de vulnerabilidad de estas poblaciones.

Las medidas de saneamiento como el lavado de manos y desinfección no pueden responder a un protocolo y a una comunicación uniforme. La realidad local y desigual a la cual se enfrentan los pueblos indígenas pocas veces corresponden a estas medidas estándar. Por lo general, no tienen acceso al agua potable, insumos de limpieza básicos que evitan la propagación del virus, medicamentos básicos, centros de salud. Muchas comunidades no tienen acceso a tierras fértiles y alimentos, entre otros muchos déficits. 

De igual forma, las medidas de aislamiento y distanciamiento social anunciadas  son difíciles de aplicar cuando las estructuras familiares y comunitarias son intrínsecamente colectivas y con una fuerte cohesión social. 

Es por esto que es importante fortalecer la comunicación, la coordinación y la toma de decisiones con la participación directa de representantes indígenas y afrodescendientes. Se debe fortalecer el rol y sentido de comunidad, revalorizar la solidaridad comunitaria en la apreciación de la situación y la toma de decisiones.  

No todos somos iguales ante la propagación de la COVID-19:  desigualdades estructurales

La CIDH en su Resolución sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas (Res. 01/2020) recomendó a los Estados que al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia se brinden y apliquen perspectivas interseccionales, con especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado en los derechos humanos de grupos históricamente discriminados o en vulnerabilidad.

Mientras se afirma que la pandemia afecta sin diferenciación a la población mundial, lo cierto es que hemos visto cómo las desigualdades se amplifican en las formas como la población -desde sus diversas realidades- enfrenta la propagación del virus.

Una misma acción puede representar diversas realidades. Mientras la disminución del contacto exterior en las grandes ciudades puede significar una acción para evitar la propagación del virus, las comunidades indígenas que deben continuar con actividades agro-productivas para abastecer de alimentos a las ciudades amplifican su riesgo de contagio o se enfrentan a la amenaza de la escasez de alimentos por el cierre de sus comunidades si no se tiene acceso a tierras fértiles o a espacios de intercambio de productos. 

Barreras geográficas y de acceso inmediato a infraestructura de salud exacerban aún más las desigualdades y la discriminación. Por ejemplo, los pueblos indígenas amazónicos de nueve países están entre los pueblos más afectados. En el caso de Brasil, Ecuador y Perú ya existen reportes de contagios en esos territorios.

Mientras se registra una disminución del nivel de inseguridad en las grandes ciudades debido al confinamiento, los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes se enfrentan también a un escenario de recrudecimiento de la violencia en general y de la violencia doméstica en particular. 

Los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes que habitan en las zonas urbanas se ven particularmente expuestos al contagio. Su posición precaria en el mundo laboral aumenta su nivel de exposición al virus. Sus actividades en mercados públicos, carga y descarga de productos, recolección de basura, trabajo doméstico, en la construcción y como jornaleros. En la mayoría de casos, se enfrenta una dolorosa disyuntiva entre la exposición al contagio o el no contar con ingresos para poder subsistir.

Ante esta dura realidad, la organización social de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes se ha puesto a prueba. Se requiere demostrar capacidad de organización, comunicación y gestión efectiva de sus territorios en coordinación con las políticas que implementen los gobiernos nacionales y locales, así como  las recomendaciones de los organismos internacionales.  

La estrategia de aislamiento es una estrategia familiar para los pueblos indígenas. Requiere al interior de las organizaciones indígenas y afrodescendientes un enfoque diferenciado de derechos. Si no se toman medidas diferenciadas, se pueden provocar consecuencias irreparables en el buen vivir de los pueblos indígenas. 

Las acciones deben concentrarse en las personas para garantizar y proteger sus derechos humanos

En días pasados la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó las directrices esenciales para incorporar una perspectiva de derechos en la atención a la pandemia

Precautelar las formas de vida tradicionales de los pueblos indígenas como fuentes de resiliencia. Contar con más datos sobre la tasa de infección por COVID-19 en los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes para conducir adecuadamente estrategias diferenciadas e inclusivas. Garantizar el derecho al acceso a la información a través de la amplificación de las campañas de comunicación comunitaria en sus diversas lenguas, así como garantizar su libertad de expresión y participación. Precautelar los derechos de las poblaciones indígenas refugiadas en zonas de conflicto, así como las personas en movilidad humana, las personas con discapacidad, las personas privadas de  libertad, principalmente niñas, mujeres y personas adúlalas mayores. 

La cosmovisión y el conocimiento ancestral sobre la salud constituyen recursos inmediatos e invalorables de los pueblos indígenas. Los Estados deben de igual forma garantizar el acceso a servicios públicos de salud adecuados e interculturales, así como intérpretes en la atención de salud; acceso a pruebas y protocolos de tratamiento de la COVID-19 en sus comunidades sin generar exposiciones a nuevos focos de contagio. Lamentablemente, la situación actual es que en muchos casos aún no se cuenta ni con un protocolo de prevención con enfoque intercultural. 

¿Qué pasará entonces con los kichwa Salasaka en el centro sur del Ecuador o con la población indígena afectada de varios pueblos en las grandes ciudades como Guayaquil o Quito?

Es importante que se aproveche  la organización social y se fortalezca el diálogo y trabajo conjunto con líderes indígenas y afrodescendientes. A partir de la existencia de estructuras colectivas, tanto a nivel familiar como comunitario, es urgente repensar desde la diversidad un aislamiento y distanciamiento social más efectivo y sostenible

Es imprescindible desplegar acciones humanitarias en coordinación directa con sus estructuras organizativas comunitarias. Es urgente prever la provisión de  alimentos para garantizar la nutrición de niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad de los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes más alejados. 

Es imperativo una respuesta culturalmente adecuada que priorice el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la integridad cultural. Asegurar los derechos colectivos de las personas y comunidades indígenas y afrodescendientes. 

Las mujeres indígenas y afrodescendientes son las más vulnerables. Niñas y mujeres son principalmente recolectoras, pescadoras, agricultoras que dependen de la venta de los productos para subsistir. Durante el confinamiento, las niñas y mujeres se encuentran más expuestas a violencia familiar y a mayores cargas laborales en las tareas del hogar. 

Finalmente, ante la crisis económica es urgente que los Estados tomen medidas diferenciadas e incluyentes que protejan la vida por sobre la codicia y la acumulación. Es imperativo fortalecer las economías de subsistencia de las comunidades productoras e integrar sus reivindicaciones y propuestas.

Pero, no todo es gris. En el lenguaje internacional, y lo digo con mucho dolor, se ha acuñado el término “la respuesta tipo Ecuador” al COVID-19, denotando lo que NO hay que hacer . En medio del desconcierto,  la confusión, el caos, la falta de respuestas y de liderazgo. La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA y la Confederación de Organizaciones Indígenas del Ecuador – CONAIE con sus filiales regionales, han tomado decisiones  respecto a la cuarentena y el distanciamiento, han establecido protocolos específicos para las comunidades en consulta con la Organización Panamericana de la Salud y la OMS,  y traducen la información oficial y científica en lenguas indígenas. La CONAIE ha  llamado a fortalecer el trueque y las ferias comunitarias para garantizar la provisión de alimentos y servicios, entre otras medidas.

Retos para los pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes en un escenario post COVID-19

En medio de la crisis, tenemos ahora la  oportunidad para ratificar los principios que guiaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y  la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 

El escenario post COVID-19 permite impulsar con mayor fuerza el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Observamos que somos radicalmente interdependientes, nuestro futuro común depende de la generosidad y la solidaridad entre los seres humanos. En este momento somos más conscientes de que pertenecemos a una gran familia humana y que todos somos frágiles, pero las desigualdades estructurales hacen que unos sean más vulnerables que otros. 

Los pueblos indígenas y  afrodescendientes constituyen actores centrales para cumplir la Agenda 2030. Son actores imprescindibles para enfrentar la crisis climática ya que  protegen el 80% de la biodiversidad mundial. Tenemos mucho que aprender de la cosmovisión indígena y sus conocimientos tradicionales  que darán pistas de cómo construir un futuro post COVID-19, principalmente en la mitigación y adaptación al cambio climático. 

Debemos aprovechar el inicio de la Década de las Lenguas Indígenas 2022-2032 para promover acciones globales en favor de sus  derechos. Las lenguas indígenas constituyen sistemas  de conocimiento únicos para comprender mejor  el mundo. 

El Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas requiere también un mayor impulso. Asegurar una aplicación plena y efectiva de los derechos humanos de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 

Es nuestra responsabilidad asegurar participación efectiva de los pueblos indígenas y  afrodescendientes en los diferentes niveles de toma de decisiones, en los espacios locales y nacionales pero también en el escenario internacional. 

El nuevo mundo post COVID-19 requiere mayor cooperación y solidaridad, un nuevo contrato social entre la sociedad, la economía y la naturaleza. Es momento de construir sociedades más igualitarias, pacíficas, sostenibles, multiculturales y resilientes. Sociedades en las que cada ser humano, desde su diversidad,  pueda tener una vida plena y digna. 

(*)Presidenta del 73 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y ex canciller de Ecuador”


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