El gobierno de facto da marcha atrás con decreto que restringía la libertad de expresión

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El Gobierno anula la disposición denunciada por restringir la libertad de expresión

El Gobierno anuló la disposición que establecía restricciones a la libertad de expresión al penalizar cualquier difusión de información escrita, impresa o artística. Esa disposición estaba contenida en la disposición adicional única del decreto 4231 referida a la ampliación del tratamiento gratuito a personas con cáncer.

Organizaciones internacionales y nacionales cuestionaron los alcances de esa normativa por considerar afectaba el derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado y acuerdos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica.
Decisión

El gabinete reunido este jueves aprobó el decreto 4236 que deja sin efecto la siguiente disposición:

“Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

También se abrogaron los parágrafos II del artículo 13 del decreto 4200 y del artículo 7 del decreto 4199 que hacen referencia a la persecución penal a quienes desinformen en estos momentos de cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.

El texto de ambos parágrafos anulados era el siguiente: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Críticas

La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) coincidieron en criticar esa normativa.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó, a través de su cuenta en Twitter, de la abrogación de la norma, pese a que hasta el miércoles el Gobierno la defendía y estableció que la libertad de expresión tiene límites.

“A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa. Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia”, sostuvo el ministro.

La Razón


K’ara K’ara sin solución y ahora sólo pide la renuncia de Áñez

La ola de protestas en la zona sur de Cochabamba no cesa, sin embargo, las demandas de los sectores movilizados ahora se concentran en pedir la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y el ministro Arturo Murillo.

Y con menos fuerza el fin de la cuarentena para trabajar y la dotación de agua.

“Nosotros no vamos a levantar este punto de bloqueo porque Murillo dijo que nos da 24 horas antes que use el peso de la ley, pero los vecinos de la zona sur le damos 24 horas para que renuncie. También pedimos la renuncia de este Gobierno, porque nos está matando de hambre”, dijo un manifestante.

Añadió: “Estamos cansados de esta cuarentena. Queremos trabajar. No queremos su canasta familiar”.

El sur radicalizó sus medidas de presión. Instaló tres puntos más de bloqueo en los puentes del río Tamborada y mantiene los cercos en la avenida Petrolera, entre los kilómetros 4 y 6. En Uspha Uspha, en el kilómetro 8 de la carretera al valle alto.

A la protesta de la zona sur se sumaron ayer vecinos de Sacaba que bloquearon el túnel de El Abra e intentaron llegar hasta la Petrolera para reforzar la movilización. Sin embargo, fueron reprimidos por la Policía.

“Ya no podemos soportar esta cuarentena, no tenemos dinero para llevar comida a nuestros hijos. Si este Gobierno no puede dar atención a la salud, porque nuestros médicos no están equipados y en los hospitales no nos atienden como deberían, que renuncie pues”, dijo una manifestante en El Abra.

Las movilizaciones en el Distrito 15, en el sur, comenzaron el domingo con el “petardazo” que exigía el final de la cuarentena por la pandemia de la Covid-19. Además, demandan alimentos, agua gratis para la zona sur y tolerancia en el pago de sus créditos.

Ante el conflicto y el fracaso del diálogo el martes, el alcalde José María Leyes pidió a K’ara K’ara que “no castigue a un millón de habitantes” y reiteró que no puede garantizar la presencia de ministros en las negociaciones para reabrir el botadero.

Sobre las demandas sociales que tiene el sector como agua gratis por la emergencia sanitaria, dijo que “es imposible” subvencionar al 100 por ciento en las zonas que no tienen red de Semapa.

Pero proyecta subvencionar el 50 por ciento del costo y anticipó que esta medida será “hasta que las redes de agua de Semapa lleguen a todos los sectores”.

En tanto, el ministro Murillo señaló que los manifestantes que buscan desestabilizar el país “encontrarán la muerte por el coronavirus o la cárcel por no cumplir la cuarentena y las restricciones dispuestas ante la pandemia”.

El viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, anunció procesos por atentado a la salud pública en pandemia contra quienes impiden el ingreso al botadero de K’ara K’ara.

Basural

El botadero continúa cerrado y en la ciudad hay unas 2.400 toneladas de basura acumuladas en las calles porque EMSA no puede trabajar con normalidad.

La contaminación en plena pandemia es un factor de riesgo. El director del Sedes, Yercin Mamani, lamentó que la población, aparte de soportar la cuarentena, tenga que acopiar la basura en sus casas. Unos 100 camiones están repletos de basura y no logran ingresar.

PUNTO DE VISTA

“Como Alcalde no tengo posibilidades de convocar a ministros de Estado para que vengan a reunirse”. José María Leyes. Alcalde de Cbba.

“Si quiere dialogar tiene que hacerlo con la base. No queremos que vengan a ofrecernos canastas familiares”. Poblador. K’ara K’ara.

Los Tiempos


MAS exige a golpistas políticas efectivas ante crisis en Bolivia

Ante la crisis social y económica agudizada en Bolivia por la Covid-19, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, exigió hoy al gobierno de facto implementar políticas efectivas.

En su perfil de Twitter, Arce recuerda que el MAS advirtió desde el principio de la cuarentena sobre el impacto de la crisis en el empleo, sin embargo, actualmente se conoce del cierre de empresas y despidos que afectan a miles de familias.

Hicimos propuestas al respecto y exigimos políticas efectivas para evitar el aumento del desempleo y la agudización de la crisis que vivimos, expresó el líder partidista boliviano.

En días pasados, Arce publicó un conjunto de propuestas bajo la etiqueta #Primero la vida, enfocada en el enfrentamiento a la pandemia y sus efectos económicos y sociales inmediatos.

Uno de sus puntos contempla la reactivación de la economía y retomar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo para regresar a la senda del crecimiento, con redistribución del ingreso y erradicación del modelo neoliberal.

Igual propone fortalecer las fuentes de financiamiento de las políticas sociales como el Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad, Juana Azurduy y otros.

La propuesta incluye establecer líneas de crédito a tasa de interés cero para todas las empresas privadas micro, pequeñas, medianas y la gran empresa, destinadas al apoyo del pago de salarios e inversión.

Además, otorgar créditos a la producción agrícola para los pequeños agricultores de alimentos que se cosechen entre tres y seis meses, con cero por ciento de interés por el lapso de un año.

La línea del MAS apoya el no pago del servicio de la Deuda Externa Pública (capital e intereses) de todos los vencimientos de las gestiones 2020 y 2021, según señala el documento #Primero la vida.

En otro tuit publicado este jueves, Arce denuncia que durante la cuarentena en Bolivia se registran más de 90 violaciones a infantes, niñas, niños y adolescentes, más de una decena de feminicidios y una cifra superior a mil 300 casos de violencia doméstica.

Con el agravamiento del panorama nacional, el MAS demanda también al régimen de facto de Janine Áñez, acciones inmediatas contra toda forma de violencia.

La Época


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